El exmandatario panameño y precandidato presidencial del Partido Popular (PP), Martín Torrijos, ha manifestado su inquietud por el proyecto de Contrato Ley que el gobierno ha negociado con Minera Panamá, alegando que se trata de una renuncia a la soberanía sobre los recursos naturales de Panamá.

Un proyecto inconstitucional y sin cambios sustanciales

En una misiva dirigida al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Crispiano Adames, Torrijos ha indicado que el texto del proyecto de Contrato Ley, que fue aprobado en el Consejo de Gabinete, no presenta diferencias significativas con respecto al que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de acuerdo con Panamá en Directo.

Asimismo, ha criticado que el gobierno haya realizado un simulacro de consulta pública, en el que se ignoraron las numerosas observaciones que hicieron profesionales del derecho, organizaciones ambientalistas y ciudadanos interesados en el futuro del país. Según Torrijos, las únicas modificaciones que se hicieron fueron las referentes a los beneficios para las comunidades aledañas a la concesión minera.

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Un contrato leonino y sin garantías

El exmandatario ha puesto en tela de juicio el contenido de las cláusulas 18va y 19na del contrato, las cuales conceden exoneraciones del pago de impuestos de importación y créditos fiscales de hasta B/.37.5 millones por año, respectivamente. También ha alertado que el ingreso mínimo de B/.375 millones anuales que recibiría Panamá podría disminuir después del tercer año de vigencia del contrato.

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Torrijos ha subrayado que estas condiciones suponen que el llamado “ingreso mínimo garantizado” para Panamá no es tal, y ha calificado el proyecto de Contrato Ley como “leonino, lesivo y contrario a los intereses nacionales”. Por ello, exhorta a los diputados a leer y analizar el contrato de forma exhaustiva.

Crispiano Adames y Martín Torrijos

Un debate pendiente en la Asamblea Nacional

El proyecto de Contrato Ley deberá ser enviado a la Asamblea Nacional para su discusión durante el nuevo período ordinario de sesiones, que comenzó el 1 de julio.

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