El contrato firmado por el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum, ha provocado la indignación y el repudio de diversos grupos ambientalistas y sociales, que lo consideran inconstitucional y lesivo para el patrimonio nacional. Desde el pasado jueves 6 de julio, estos grupos han iniciado protestas en todo el país para exigir que la Asamblea Nacional no avale ese texto.

Según la alianza Panamá Vale Más sin Minería, que agrupa a varias organizaciones ambientalistas y sociales, el contrato con Minera Panamá es una «estafa económica» inaceptable, ya que le otorga a la empresa el derecho a generar, producir y usufructuar los recursos y bienes, como energía, aguas y puertos. Además, le permite la explotación de fondo de mar y ríos, lo que implica una cesión de la soberanía nacional a grupos foráneos.

La directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Lilian González, dijo a la prensa que el contrato promueve la creación de enclaves que benefician a intereses extranjeros. La arquitecta y ambientalista Raisa Banfield coincidió en que el contrato es una muestra de la visión entreguista de los gobernantes de turno.

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Un contrato que viola la Constitución y la ley

Los ambientalistas también denunciaron que el contrato es jurídicamente inviable, ya que reproduce el vicio de inconstitucionalidad del contrato anterior, que fue anulado por la Corte Suprema de Justicia en 2017. Según el analista y activista ambiental José Eugenio Stoute, en el consorcio minero participan como accionistas Estados extranjeros, lo que es una clara violación constitucional. Además, afirmó que hay un desacato al fallo de la Corte Suprema, lo que puede ser descrito como un «acto de traición al país».

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Los ambientalistas también cuestionaron la forma en que se ha operado el contrato, con una falsa e inequitativa consulta vía internet, ignorando a la población afectada, así como las numerosas objeciones presentadas durante el proceso. Stoute remarcó que ello obliga a los diputados a actuar con plena conciencia y patriotismo en defensa de la nación.

Por su parte, el gobierno ha defendido el contrato con Minera Panamá, argumentando que brinda importantes beneficios económicos, fiscales, ambientales, laborales y sociales para el pueblo. El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, afirmó el 9 de marzo pasado que «el nuevo contrato conserva los términos que ambas partes acordaron en enero de 2022, brindando así las condiciones necesarias para que Minera Panamá continúe sus operaciones en un entorno de inversión justo y equitativo».

Abogado Ramiro Guerra critica contrato minero y privatización de la Caja de Seguro Social

El abogado Ramiro Guerra, quien ha sido asesor presidencial, asesor legal de la CTRP, miembro de la junta directiva del colegio de abogados y colaborador externo de la OIT, entre otros cargos, expresó su rechazo al contrato minero que el Estado firmó con la empresa First Quantum. Según Guerra, este contrato viola la soberanía nacional, crea un enclave y recuerda a la época de la Banana Republic.

Guerra dijo que el contrato minero, que el gobierno nacional considera clave para el desarrollo económico y social del país, es un retroceso histórico que nos remonta a la época del Panamá Cede, cuando se revisaba el Hay Bunao Varilla. “La normativa de ese contrato, lógica interna – externa, conduce a la violación de la soberania, da forma a un mini estado dentro del estado nacional. Nos recuerda a la época del Panamá Cede, cuando se revisaba el Hay Bunao Varilla”, indicó.

Un defensor de la soberanía y la paz

Guerra ha sido un abogado comprometido con la defensa de la soberanía y la paz en Panamá. Fue parte del equipo de abogados de Centro América y el Caribe para armonizar la legislación laboral, ex vice presidente del Consejo por la soberanía y la paz, uno de los representantes de Panamá en el Tercer Congreso Mundial de Economistas, realizado en Cuba, y participante del Ricardo Miró como escritor. También fue responsable de organización de la campaña del Dr. Renan Esquivel para la presidencia y autor de artículos políticos jurídicos para la prensa nacional.

Un opositor a la privatización de la Caja de Seguro Social

Guerra también manifestó su oposición a la privatización de la Caja de Seguro Social, que según él traería como consecuencia mucho más deterioro a la calidad de vida de los panameños.

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