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Schlumberger Logelco, subsidiaria panameña de SLB, entre las trasnacionales petroleras con «las manos bañadas de sangre» en Myanmar (Birmania)

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En los dos años transcurridos desde que una junta asesina lanzó un golpe de Estado en Myanmar, algunas de las compañías de servicios de petróleo y gas más grandes del mundo continuaron ganando millones de dólares con operaciones que han ayudado a apuntalar el régimen militar, sugieren documentos fiscales vistos por The Guardian.

El ejército de Myanmar tomó el poder en febrero de 2021 y, según el relator especial de las Naciones Unidas sobre Myanmar, está «cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a diario». Más de 2.940 personas, incluidos niños, activistas a favor de la democracia y otros civiles han sido asesinados, según la Asociación de Asistencia para Presos Políticos.

En medio de esta violencia, los registros fiscales filtrados de Myanmar y otros informes parecen mostrar que los contratistas de yacimientos de petróleo y gas de Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, que brindan servicios esenciales de perforación y otros servicios a los operadores de yacimientos de gas de Myanamar, han seguido obteniendo millones en ganancias en el país después del golpe, según The Guardian.

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Los documentos fueron obtenidos por la organización sin fines de lucro de transparencia Distributed Denial of Secrets y analizados por el grupo activista de Myanmar Justice For Myanmar, la organización de periodismo de investigación Finance Uncovered y The Guardian.

Los documentos sugieren que, en algunos casos, las subsidiarias de las principales empresas de servicios de yacimientos de gas de Estados Unidos continuaron trabajando en Myanmar, incluso después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtiera en enero del año pasado que había riesgos significativos al hacer negocios en el país, incluso con entidades estatales que benefician financieramente a la junta, como la compañía nacional de petróleo y gas Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE).

El martes, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá anunciaron más sanciones a Myanmar, incluso contra el director gerente y el subdirector gerente de MOGE. Pero no llegaron a sancionar al propio MOGE.

En febrero pasado, la Unión Europea se convirtió en la primera jurisdicción en anunciar sanciones contra el propio MOGE a la luz de la «intensificación de las violaciones de los derechos humanos en Myanmar» y los «recursos sustantivos» que MOGE proporciona a la junta.

Las sanciones de la UE prohíben a las empresas europeas trabajar en los proyectos de yacimientos de petróleo y gas de Myanmar. Pero los Estados Unidos y el Reino Unido aún no han introducido medidas similares y ese trabajo, que puede implicar tratos directos o indirectos con el MOGE, no está prohibido.

Entre los hallazgos, los documentos fiscales filtrados muestran que:

  • Myanmar Energy Services, filial del gigante estadounidense de servicios petroleros Halliburton, con sede en Singapur, reportó ganancias antes de impuestos de $ 6.3 millones en Myanmar en el año hasta septiembre de 2021, que incluye ocho meses mientras la junta estuvo en el poder.
  • La sucursal de Baker Hughes, con sede en Houston, con sede en Yangon, reportó ganancias antes de impuestos de $ 2.64 millones en el país en los seis meses hasta marzo de 2022.
  • La firma estadounidense Diamond Offshore Drilling reportó $ 37 millones en tarifas a la autoridad fiscal de Myanmar durante el año hasta septiembre de 2021 y otros $ 24.2 millones desde entonces hasta marzo de 2022.
  • Schlumberger Logelco (Sucursal de Yangon), la subsidiaria con sede en Panamá de la compañía de perforación costa afuera más grande del mundo que cotiza en Estados Unidos, obtuvo ingresos de $ 51.7 millones en el año hasta septiembre de 2021 en Myanmar y hasta septiembre de 2022 se le debían $ 200,000 en tarifas de servicio del ministerio de energía de la junta.

Los servicios prestados a los operadores de yacimientos de gas de Myanmar en Asia por estas empresas dieron un apoyo vital al MOGE, que es un accionista importante en todos los proyectos de petróleo y gas más importantes del país.

MOGE recauda impuestos y regalías para el estado en proyectos de campos de gas, asegurando que la junta obtenga lucrativos pagos de impuestos y regalías, así como una gran parte de las ganancias. Según las propias cifras de la junta, la industria del petróleo y el gas es su mayor fuente de ingresos en moneda extranjera, con 1.720 millones de dólares solo en los seis meses hasta el 31 de marzo de 2022.

Yadanar Maung, portavoz de Justicia para Myanmar, calificó la situación de «deplorable».

“Las empresas de servicios petroleros en Myanmar tienen las manos manchadas de sangre por operar en una industria que financia a la junta militar ilegal de Myanmar, mientras lleva a cabo una campaña de terror contra el pueblo”, dijo Maung.

“Estas empresas han violado sus responsabilidades internacionales de derechos humanos y pueden ser cómplices de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de la junta al prestar servicios a proyectos de petróleo y gas que financian las atrocidades de la junta”.

Maung dio la bienvenida a las últimas sanciones, pero dijo que “se necesita hacer mucho más.

“Hasta ahora, solo la UE ha sancionado a MOGE, que financia a la junta. Hacemos un llamado a los EE. UU., el Reino Unido, Canadá y Australia para que sigan a la UE y también sancionen a MOGE”, dijo Maung.

Myanmar es uno de los países más pobres de Asia, pero también es rico en yacimientos de petróleo y gas. Los principales proyectos del país exportan gas a China y Tailandia , con alrededor del 20% del gas retenido para uso doméstico.

Los principales proyectos de gas en los que MOGE tiene participaciones significativas están a cargo de la corporación surcoreana Posco International, la tailandesa PTTEP y Gulf Petroleum Myanmar, también de Tailandia.

 

Los activistas argumentan que cualquier papel que desempeñen los contratistas de campos de gas occidentales en la industria del gas y el petróleo de Myanmar después del golpe los convierte en cómplices de la guerra de agresión de la junta. Algunos expertos legales argumentan que los contratistas podrían enfrentar futuros problemas legales por sus actividades en el país.

Baker Hughes le dijo a The Guardian que sus contratos se firmaron antes del golpe y se completaron a principios de 2022. La compañía dijo que no había firmado nuevos contratos desde el golpe y que tenía “una cantidad muy limitada de personal en el país para apoyar las necesidades críticas de seguridad y operaciones”. .

Halliburton, Schlumberger y Diamond Offshore Drilling no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios.

En enero pasado, Total de Francia y Chevron de EE. UU., que durante mucho tiempo han sido criticadas por su papel como operadores de proyectos de gas en el país, anunciaron planes para salir de Myanmar.

Chevron le dijo a The Guardian que ahora había vendido su participación del 41,1% en el Proyecto Yadana a Et Martem Holdings, una subsidiaria de propiedad total de MTI Energy, una empresa canadiense.

La situación se complica por la postura ambigua de EE.UU. sobre MOGE. Las industrias estatales de gemas, perlas y madera de Myanmar han sido sancionadas por Estados Unidos, pero Washington aún no ha abordado a MOGE, el eje de la mayor fuente de ingresos extranjeros de la junta.

En 2021, el New York Times informó que el gigante petrolero Chevron había liderado un intenso esfuerzo de cabildeo contra las sanciones que interrumpirían las operaciones petroleras en el país. Ese informe se produjo después de que el relator especial de la ONU sobre Myanmar, Tom Andrews, le dijo al Congreso que MOGE estaba «ahora efectivamente controlado por una empresa criminal asesina» y pidió que se sancione a él y a otras entidades estatales para «degradar significativamente las fuentes de la junta». de ingresos”.

En enero pasado, el departamento de estado advirtió específicamente sobre los peligros de hacer negocios en el país y citó a MOGE como particularmente problemático. MOGE y otras empresas estatales “no solo generan ingresos para un régimen militar que es responsable de ataques letales contra el pueblo de Birmania, sino que muchas de ellas también están sujetas a denuncias de corrupción, trabajo infantil y forzoso, vigilancia y otros abusos humanos”. y abusos a los derechos laborales”, advirtió.

Pero aunque EE. UU. impuso sanciones al Consejo de Administración del Estado, el órgano rector de la junta que controla MOGE a través del Ministerio de Energía, no llegó a imponer sanciones más duras al propio MOGE. Y la guía comercial del país del departamento de comercio de EE. UU. para Myanmar, actualizada por última vez en julio de 2022, describe el sector «dinámico» del petróleo y el gas como una «industria con las mejores perspectivas» con «oportunidades significativas para los inversores estadounidenses».

Se entiende que la administración Biden está luchando con el deseo de implementar sanciones más fuertes mientras mantiene buenas relaciones con Tailandia, un socio estratégico y también un importante comprador de gas natural de Myanmar.

Justice for Myanmr’s Maung dijo que el enfoque contradictorio de la administración Biden hacia Myanmar «ha permitido que las corporaciones estadounidenses de petróleo y gas continúen con sus negocios como de costumbre en Myanmar, lo que permite los crímenes internacionales de la junta».

“Si bien el Departamento de Estado ha advertido que tratar con MOGE corre el riesgo de lavar dinero, promover la corrupción y contribuir a graves violaciones de los derechos humanos, el Departamento de Comercio de EE. UU. está aconsejando a las empresas estadounidenses que busquen ganancias en los sectores del petróleo y el gas en Myanmar y que compitan por Licitaciones de MOGE”, dijo Maung. “Hacemos un llamado a EE. UU. para que apoye al pueblo de Myanmar imponiendo sanciones a MOGE y ayudando a cortar el flujo de fondos a la junta”.

Está aumentando la presión sobre la administración de Biden para que actúe. El año pasado, los senadores demócratas Jeff Merkley, Cory Booker, Dianne Feinstein, Edward Markey y Gary Peters escribieron al Tesoro de EE. UU. instando a la administración de Biden a imponer sanciones para ayudar a detener la brutalidad de la junta, especialmente cortando los ingresos de MOGE. “Las sanciones de MOGE son una de las acciones más significativas que Estados Unidos podría tomar para degradar la capacidad de operación de la junta”, escribieron.

En diciembre, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), que incluía una sección que describía la acción sobre Myanmar que planteó la posibilidad de que Joe Biden imponga sanciones a MOGE, pero no llegó a emitir un dictamen más firme.

“A finales del año pasado, el Congreso hizo un gran progreso al autorizar sanciones al sector energético de Birmania, que representa casi la mitad de los ingresos en divisas de la junta. La administración debe usar estas autoridades y trabajar con socios regionales para cortar la capacidad de la junta para impulsar su brutal campaña contra los civiles”, dijo Merkley a The Guardian.

La Unión Europea endureció su postura sobre MOGE en febrero de 2022, ampliando sus sanciones contra la junta, convirtiéndose en la primera jurisdicción en sancionar al propio MOGE y prohibiendo la prestación de asistencia técnica que beneficie directa o indirectamente a la entidad estatal, con una exención limitada para desmantelamiento de un proyecto.

Una empresa europea, Gavin & Doherty Geosolutions, con sede en Dublín, una consultora especializada en ingeniería geotécnica, obtuvo un contrato para trabajar en el proyecto de desarrollo Zawtika de propiedad tailandesa de PTTEP International frente a la costa de Myanmar, según informes de agosto de 2021. El contrato se anunció antes de que se impusieran las sanciones de la UE a MOGE, pero siete meses después del golpe. Gavin & Doherty rechazó reiteradas consultas sobre la naturaleza del contrato o si todavía estaba trabajando en el país.

MOGE posee el 20% de Zawtika y las ganancias del proyecto fluyen directamente a la junta.

Los documentos fiscales sugieren que Intermoor, una subsidiaria de Acteon, una empresa de servicios submarinos con sede en el Reino Unido, también continuó beneficiándose del trabajo en Myanmar hasta al menos febrero de 2022. El Reino Unido ha emitido sanciones contra algunas personas y entidades en Myanmar. Pero al igual que EE. UU., hasta ahora no ha llegado a sancionar a MOGE y ninguna sanción del Reino Unido prohíbe trabajar directa o indirectamente con la entidad controlada por la junta.

Las presentaciones a la autoridad fiscal de Myanmar por parte de Diamond Offshore Drilling indican que realizó pagos repetidos a Intermoor entre octubre de 2021 y febrero de 2022 por el trabajo realizado en nombre de Posco International. Posco dirige el proyecto de gas Shwe, en el que en 2020 Intermoor había anunciado públicamente que estaba trabajando. MOGE tiene una participación del 15 % en Shwe, además de los ingresos que obtiene de impuestos y regalías.

Ni Intermoor ni su empresa matriz, Acteon Group, respondieron a las reiteradas solicitudes para comentar esta historia.

A pesar de la renuencia de EE. UU. y el Reino Unido a atacar a MOGE, los abogados ambientales afirmaron que las empresas que trabajan en proyectos de gas en Myanmar aún enfrentan riesgos legales por sus actividades.

Ben Hardman, asesor político y legal de Myanmar en Earthrights , una organización sin fines de lucro ambiental y de derechos humanos con sede en Washington, dijo: “Las compañías de servicios de campos petroleros no solo están trabajando con las grandes petroleras internacionales, sino que están apoyando empresas conjuntas con MOGE, una agencia gubernamental. que efectivamente ha sido tomado como rehén por la junta. Cuando las empresas presentan una factura, la junta finalmente paga una parte de ellas y el apoyo de estas empresas asegura que la junta pueda seguir incautando los ingresos que fluyen a través de MOGE.

“Si estas empresas tienen presencia en la UE, corren un grave riesgo de infringir las sanciones de la UE a MOGE. Las empresas en los EE. UU. y el Reino Unido también enfrentan riesgos porque ambos gobiernos han sancionado al Consejo de Administración Estatal de la junta, que controla la gestión y los ingresos de MOGE”.


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