En un fallo contundente, el máximo órgano judicial de España ha ratificado la sentencia que condena a Ana María Cameno, apodada la «reina de la coca», a una pena de prisión de 16 años y al pago de una multa multimillonaria. Esta decisión, conocida el martes 16 de abril del presente año, confirma íntegramente el veredicto previo de la Audiencia Nacional, que también impuso condenas de entre 4 y 9 años de cárcel a otros 11 individuos involucrados en la vasta red criminal encabezada por Cameno.

Un aspecto crucial de las operaciones ilícitas de la «reina de la coca» trascendía las fronteras españolas. Las investigaciones revelaron que Cameno blanqueaba millones de euros procedentes de los beneficios del narcotráfico a través de complejas maniobras en Panamá. Este país centroamericano se convirtió en un escenario clave para la organización criminal, utilizado como plataforma para reintegrar a la economía legal las cuantiosas ganancias obtenidas de manera ilícita, dificultando su rastreo y ocultando su verdadero origen delictivo.

La sentencia establece, sin lugar a dudas, la existencia de una organización delictiva liderada por la acusada, quien, pese a carecer de actividades lícitas, disponía de un patrimonio considerable integrado por bienes inmuebles, vehículos y cuantiosas sumas de dinero en efectivo. Las pruebas presentadas demuestran que Cameno orquestaba complejas operaciones de lavado de capitales, adoptando medidas de seguridad extremas y evitando comunicaciones telefónicas para burlar a las autoridades.

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En 2014, la denominada «reina de la coca» fue detenida en el sur de España, acusada de dirigir la distribución de 100 kilogramos de cocaína en diversas regiones del país, lo que derivó en el desmantelamiento de una vasta red de narcotraficantes. La investigación que condujo a su captura se remonta a 2013, cuando se detectó que Cameno, pese a sus antecedentes vinculados al tráfico de estupefacientes, persistía en este tipo de actividades ilícitas.

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Según la sentencia firme, Cameno lideraba esta empresa criminal junto a su entonces pareja sentimental, actualmente prófugo de la justicia. Para reintegrar a la economía legal las ganancias obtenidas del narcotráfico, la «reina de la coca» contactaba con otros individuos, también condenados por su participación en operaciones de blanqueo de capitales. La investigación sobre este último delito se desencadenó a raíz del hallazgo fortuito de 48.750 euros en una papelera de un sótano de una cafetería en Majadahonda, cerca de Madrid, donde Cameno se había reunido con otra persona.

La investigación que desmanteló la red criminal de Cameno

En un giro revelador, la investigación que finalmente condujo al desmantelamiento de la vasta red criminal liderada por Ana María Cameno, la autoproclamada «reina de la coca», tuvo su origen en el año 2013. En ese momento, las autoridades detectaron que Cameno, pese a sus numerosos antecedentes vinculados al tráfico de estupefacientes, continuaba incursionando en estas actividades ilícitas sin restricción alguna.

Esta pista inicial desencadenó un arduo proceso investigativo que culminó con la detención de Cameno en 2014 en el sur de España. La operación, meticulosamente planificada, logró desarticular una vasta red de narcotraficantes liderada por la acusada, quien fue señalada como la responsable de dirigir la distribución de 100 kilogramos de cocaína en diversas regiones del país.

A través de una ardua labor investigativa, las autoridades lograron desentrañar la compleja trama delictiva encabezada por la «reina de la coca», desmantelando así una de las organizaciones criminales más notorias del país, responsable del tráfico de toneladas de estupefacientes y el lavado de millones de euros en ganancias ilícitas.

La sentencia emitida por el Tribunal Supremo de España ratifica las penas impuestas por la Audiencia Nacional a otros miembros clave de la organización criminal liderada por Ana María Cameno. Entre ellos se encuentran individuos condenados a penas de prisión que oscilan entre los 4 y los 9 años, con la excepción de uno de los acusados, quien no recurrió al fallo del máximo tribunal.

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