El lunes 23 de octubre de 2023, Panamá vivió una jornada de caos y violencia debido a las manifestaciones populares que rechazan el nuevo contrato del gobierno con la empresa canadiense First Quantum Minerals, que explota la mina de cobre más grande de América Latina. El descontento social se expresó en bloqueos de calles, quema de llantas, enfrentamientos con la policía, saqueos e incendios de comercios, suspensión de clases y paralización de la ciudad.

Represión policial y heridos

La policía nacional usó gases lacrimógenos para dispersar a los sindicalistas y otros manifestantes que protestaban en diferentes puntos de la capital, como Calle 50, Marbella y Avenida Balboa. Los disturbios dejaron al menos 25 detenidos y un número indeterminado de lesionados, según las autoridades. Algunos ciudadanos denunciaron en las redes sociales la represión policial contra los jóvenes que protestaban pacíficamente. «No hay argumentos ni razones solo represión contra la población que se manifiesta», escribió el Centro de Incidencia Ambiental en su cuenta de X. El abogado Ernesto Cedeño también relató en X que dos de sus sobrinos fueron afectados por los gases lacrimógenos cuando participaban en la protesta en la cinta costera.

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Los manifestantes exigían la derogación de la Ley 406 que reglamenta el contrato minero entre el gobierno de Laurentino Cortizo y la Minera Panamá, una filial de la canadiense First Quantum Minerals. Con pancartas y consignas como “¡No al contrato minero!”, “¡Fuera los vendepatria!” y “Panamá vale más sin minería”, los manifestantes expresaron su desacuerdo con el acuerdo que consideran lesivo para los intereses nacionales y ambientales. Mauricio Ruíz, uno de los participantes en la protesta, dijo que estaban luchando porque no se escuchó a la voz del pueblo y que no se detendrían hasta lograr la derogación de la ley.

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La situación se agravó cuando algunos delincuentes aprovecharon el caos para saquear e incendiar algunos comercios en los alrededores de la Asamblea Nacional. En Pacora, un vehículo fue quemado por los manifestantes en la Junta Comunal de Las Garzas. Estos hechos provocaron el rechazo de varios sectores que condenaron la violencia y pidieron respeto al orden público.

Suspensión de clases

Ante la crisis social, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases para el martes 24 de octubre en todo el país. La medida buscaba garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes ante los posibles disturbios. Asimismo, se informó que se mantendría un monitoreo constante de la situación para determinar las acciones a seguir.

No solo en la capital se registraron protestas contra el contrato minero. En el interior del país, también hubo manifestaciones y bloqueos de carreteras en Santiago de Veraguas y San Lorenzo de Chiriquí. Los manifestantes anunciaron que mantendrían el cierre indefinido hasta que se atendieran sus demandas.

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