El pasado 20 de octubre de 2023, el Congreso de Panamá dio luz verde a un nuevo contrato con la empresa canadiense First Quantum Minerals, que le permite operar la mina más grande de Centroamérica por 20 años, prorrogables por otros 20. Este contrato ha desatado una ola de indignación y protestas en el país, que cuestionan su legalidad, su rentabilidad y su impacto ambiental.

Un contrato exprés y sospechoso

El contrato fue aprobado por la mayoría del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la Asamblea Nacional, en un proceso que muchos han calificado de «entre gallos y medianoche». Según algunos rumores no confirmados, los 45 diputados que votaron a favor del contrato habrían recibido algún tipo de estímulo económico. Además, el contrato fue publicado en la Gaceta Oficial pocas horas después de su aprobación, lo que evidencia la prisa por evitar un debate público al respecto.

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El contrato establece que la compañía canadiense pagará al Estado panameño un mínimo anual de 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo anterior. Sin embargo, muchos consideran que esta cifra es insuficiente, teniendo en cuenta los beneficios que obtendrá la empresa y los daños que causará al país. Además, el contrato implica una cesión de la soberanía nacional en las zonas donde se ubica la mina, lo que viola la Constitución panameña.

El contrato también ha generado una gran preocupación por el impacto ambiental que tendrá la explotación minera a cielo abierto, que es una de las más nocivas para el ecosistema. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y varios obispos católicos han expresado su rechazo a «las amenazas de la minería en Panamá». Asimismo, el contrato ha provocado una fuerte reacción social, con manifestaciones masivas en todo el país, que han sido reprimidas por la Policía con gases lacrimógenos. Entre los sectores que se han movilizado se encuentran el SUNTRACS, el gremio de los educadores, la clase media y los estudiantes universitarios. Incluso un reportero gráfico perdió un ojo durante las protestas.

Un contrato que desafía al pueblo panameño

El presidente Laurentino Cortizo parece ignorar el costo político que le supone este contrato, y confía en que el PRD repetirá en el poder en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, su decisión ha generado un amplio rechazo entre la oposición y la ciudadanía. «Este contrato es leonino y perjudica a la nación panameña (…), ahora nosotros estamos cediendo nuestro territorio como si fuera un enclave colonial», afirmó la diputada Zulay Rodríguez. «Traidores, vamos a la calle a demostrarles que no son los dueños del país», escribió en su cuenta de X (antiguo Twitter) el candidato presidencial centrista Ricardo Lombana.

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