Desde 1927, las sociedades anónimas panameñas, incluyendo las offshore, han servido para diversos propósitos: proteger el patrimonio, facilitar las operaciones comerciales y financieras de nacionales y extranjeros, y también atraer críticas e incluso inspirar la película “La lavandería”. Sin embargo, estas entidades jurídicas, que llegaron a generar hasta US$89 millones al año solo en concepto de tasa única, han sufrido una caída del 63% en sus inscripciones en los últimos diez años, según Mary Triny Zea en Bloomberg Línea.

Así lo revela el análisis realizado por Bloomberg Línea, que recabó los datos de inscripciones, quiebras y disoluciones de las sociedades anónimas y fundaciones de interés privado del Registro Público panameño, entre 2012-2022, así como de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y de Delaware (Estados Unidos), jurisdicciones que se consideran como importantes competidoras del país centroamericano.

Según datos extraídos del Registro Público y procesados por la plataforma Panadata, a solicitud de Bloomberg Línea, medio que pidió la cifra oficial al Registro Público, pero no recibió respuesta, actualmente hay 222.975 sociedades anónimas y 39.188 fundaciones de interés privado vigentes en Panamá.

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No obstante, en la última década se ha observado “una disminución significativa” tanto en las inscripciones como en un “aumento importante” en las disoluciones de las sociedades anónimas y las fundaciones de interés privado, coinciden en señalar Carlos Barsallo, abogado expresidente de Transparencia Internacional y fundador del Instituto de Gobierno Corporativo, y Mayra Rodríguez, abogada miembro de la World Compliance Association.

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Las inscripciones de las S.A. descendieron de 34.274 en 2012 a 12.742 en 2022, mientras que las disoluciones se incrementaron de solo siete en 2013 a 5.575 el año pasado. La mediana de las inscripciones y disoluciones fue de 15.413 y 5.180, respectivamente.

En los últimos cuatro años (2019-2022), la cantidad de disoluciones de S.A. supera la mitad de las inscripciones. Solo el año pasado, por ejemplo, se inscribieron 12.742 y se disolvieron 5.575.

Precisamente, el año pasado las S.A. aportaron al fisco US$69.037.000 solo en tasa única, según la Contraloría General de la República. En tanto, entre 2012 y 2022 solo se registraron nueve quiebras.

Además de la tasa única, “esta importante reducción” implica menores ingresos derivados de estos servicios como notarías, traducciones, trámites registrales, recordó Barsallo.

Todo esto ocurre luego de que dos o más personas mayores de edad, de cualquier nacionalidad y aunque no residan en Panamá, constituyen una sociedad anónima -mediante la Ley No. 32 de 1927- para cualquier fin lícito. Con ello pueden ocultar la identidad de sus dueños, limitar la responsabilidad personal de los accionistas al invertir en operaciones riesgosas; adquirir negocios o transacciones financieras de alto impacto económico, según el tratado sobre la ley de sociedades anónimas panameñas de Juan Pablo Fábrega Polleri.

Las sociedades anónimas panameñas tienen múltiples usos: comprar yates y barcos tanqueros en el extranjero; ser dueñas de condominios en Panamá o en otros países; abrir cuentas bancarias en distintas plazas financieras; adquirir mercancías en Oriente y constituir fideicomisos sobre bienes en otros continentes; participar en ofertas públicas de adquisición (OPA’s) de grandes empresas o hacer emisiones de valores por millones de dólares, según el texto de Polleri.

Las fundaciones de interés privado, por su parte, se emplean solo para proteger el patrimonio familiar, no requieren un capital mínimo, su propietario es el fundador, no tienen accionistas y los bienes se administran mediante un reglamento. Esta figura jurídica también ha experimentado un descenso del 15%, en el mismo periodo al registrarse 2.920 fundaciones el año pasado, frente a las 3.474 de 2012, y pasó de casi ninguna disolución a una mediana de 643.

La caída en las inscripciones y el aumento de las disoluciones, tanto de S.A. como de fundaciones de interés privado, se deben al impacto reputacional, asegura el presidente del Colegio de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz. Curiosamente, en 2016, cuando se publicó la investigación periodística Panama Papers por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se registró el mayor pico de disoluciones de S.A., con 14.172.

Esta investigación, que se inició tras una filtración de más de 11,5 millones de registros financieros y legales- de la firma panameña Mossack y Fonseca-, “expone un sistema que permite el crimen, la corrupción y las fechorías, oculto por compañías secretas en el extranjero”, describe el consorcio en su portal.

Otras voces, como la de Mayra Rodríguez, quien también es docente universitaria, afirman que se debe a las políticas reguladoras que surgieron por presiones internacionales para salir de listas grises lo que ha endurecido la regulación panameña al imponer más obligaciones al agente residente (firma de abogados tramitante) y ha generado renuncias masivas debido a que ahora tienen más riesgos de multas.

Entre las nuevas regulaciones al respecto están las adecuaciones en transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva mediante la Ley 254 de 2021 y la que establece la creación del sistema privado y único de registro de beneficiarios finales o Ley 129 de 2020

En resumen, el Registro Público suspende los derechos corporativos de las sociedades que no pagan tasa única y que no tienen agente residente, que está obligado a conocer y tener registros contables, además de saber quién es el contador de su cliente. Al incumplirse estos principios, el Registro Público consigna la renuncia de su agente residente, posteriormente la entidad la suspende y es finalmente disuelta, explicó Rodríguez la razón de las cifras.

“Nadie está visualizando el efecto que esto pueda tener en el ámbito comercial y financiero. Imagínense que usted tenga ahorita una empresa y la sociedad no pague la tasa única o que sea suspendida porque no tiene agente residente. Se le suspenden los derechos corporativos, e imagínese que su empresa tenía un crédito ¿cómo el banco acciona contra usted si se le suspendieron los derechos corporativos?” se preguntó la abogada.

Sin embargo, estos cambios favorecen la transparencia y buscan disminuir que se utilice las entidades panameñas con fines ilegítimos, confirma Araúz, presidente del CNA, aunque resalta que fueron “bruscos, impuestos para salir de listas discriminatorias” y las exigencias se dieron “en desigualdad“, entre los países prestadores de estos servicios.

Los usuarios de las sociedades anónimas se están moviendo a otras jurisdicciones, incluso con menores controles que los que tiene el país canalero y se menciona entre las posibilidades a BVI y Delaware, sostiene el Colegio Nacional de Abogados.

Sin embargo, la estadística de BVI, recopilada por Bloomberg Línea, muestra una disminución de inscripciones de corporaciones en el mismo periodo, pasando de 64.062 nuevas incorporaciones en 2012 a 28.770 el año pasado, rango en el que la mediana fue 36.178 nuevas incorporaciones, según datos oficiales.

En cambio, Delaware sí presenta un aumento sostenido durante toda la década. Se inscribieron 32.394 nuevas corporaciones en 2012 y hasta 2021 -la cifra más reciente- se cuentan unas 62.510. La mediana de los nuevos registros en Delaware fue de 40.903.

“A pesar de los esfuerzos que Panamá ha realizado para tener un estándar de control al más alto nivel de cualquier jurisdicción del mundo todavía está impactada por la reputación del país, porque el consumidor final todavía siente que vincularse a Panamá de alguna manera le genera algún tipo de incomodidad, razón final por la que no se están constituyendo nuevos registros”, argumentó Araúz.

Para el jurista, lo grave del asunto es que el tema es un tabú, se desconocen los empleos perdidos. Citó como ejemplo el cierre de la firma Mossack y Fonseca con cientos de empleados, pero es apenas una firma grande y le siguen las pequeñas. “‘¿Qué vamos a hacer hacia el futuro, vamos a reinventar el instrumento, a encontrar nuevas formas de ganar la confianza del consumidor extranjero que podría adquirir este producto y servicio que sigue siendo legítimo como una herramienta del comercio mundial?, cuestionó Araúz”.

Dicho termómetro de la confianza reputacional podría regularse o dispararse con su dictamen en la próxima revisión de Panamá ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en junio próximo, una decisión a la que el sector bancario le tiene la lupa puesta.

“Lo que resta competitividad neta al país es el permanecer en las listas como la de Gafi” y que el impacto del declive en el otrora negocio de las offshore no perjudica al sector bancario tanto como la mala imagen toda vez que la clientela de corporaciones se mantiene al día en sus obligaciones registrales, afirmó Otto Wolschoon Jr. presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá a Bloomberg Línea.

“Estas estructuras se usan para muchos propósitos. Muchos legítimos y muchos ilegales o cuestionables. De haber menos se reduce la posibilidad de instrumentos usados para actividades delictivas” comentó Barsallo. Panamá tendrá que demostrar que se puede conocer los beneficiarios finales y que se puede investigar y exigir responsabilidad al usuario en caso de actividades ilícitas.

Las sociedades anónimas han quedado desfasadas para el derecho corporativo y urge una reingeniería total, acotó Barsallo.

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