Este miércoles 25 de octubre, Panamá ha vivido una jornada de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y policías por la renovación de la concesión a la empresa Minera Panamá, que opera la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. La concesión, que fue aprobada el viernes 20 de octubre por el gobierno de Laurentino Cortizo, ha generado el rechazo de diversos sectores sociales, ambientales y sindicales, que la consideran lesiva para los intereses nacionales y ecológicos.

Choques violentos en varios puntos del país

El lunes, los principales focos de conflicto se registraron en las Garzas de Pacora, cerca de la capital panameña, donde grupos indígenas intentaron tomar un puente estratégico para el tráfico y fueron repelidos por las fuerzas antidisturbios con gases lacrimógenos. Los manifestantes respondieron con una lluvia de piedras y quemaron un vehículo del Estado. La Policía informó que capturó a 22 personas en ese lugar, entre ellas un menor de edad.

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Otro enfrentamiento se produjo frente a la sede del Partido Revolucionario Democrático (PRD), al que pertenece el presidente Cortizo. Miembros del sindicato de la construcción Suntracs lanzaron piedras y bombas molotov a los agentes antimotines, que también usaron gas lacrimógeno para dispersarlos. Tres personas fueron detenidas por «vandalizar» autos que transitaban por una vía y efectuar «detonaciones».

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Además, hubo bloqueos en varios puntos de la carretera Panamericana, que comunica al país con Centroamérica, y en dos de las principales arterias viales de la capital. El Ministerio de Educación suspendió las clases en el sector público y privado ante el llamado a protestas.

Huelga de maestros contra el contrato minero

Los maestros del sector público anunciaron una huelga de 48 horas prorrogables a partir del martes 24 de octubre para exigir la derogación del contrato ley entre el Estado y Minera Panamá. «Nos vamos a volcar en las calles de manera indefinida», dijo el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego. El líder sindical pidió a los padres de familia que se unieran a la lucha para «garantizar el futuro ecológico» de sus hijos y estudiantes.

El polémico contrato ley

El contrato ley establece una concesión a 20 años prorrogables para que Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, explote la mina Cobre Panamá, que exporta el mineral desde junio de 2019, especialmente para el mercado chino. La mina, con una inversión de unos 10.000 millones de dólares (9.373 millones de euros al cambio actual), cuenta con 5.279 trabajadores directos y genera cerca de 40.000 indirectos, según datos del gobierno y la empresa. Su operación representa el 50 % de la producción global de First Quantum y el 3,5 % del producto interno bruto (PIB) panameño, según datos del Deutsche Bank difundidos en Panamá.

Los opositores al contrato ley argumentan que mantiene los mismos vicios que llevaron a que el anterior contrato fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el 2017, años después de que en 2009 el grupo ambientalista CIAM presentara un recurso en ese sentido. También denuncian que el contrato es lesivo para los intereses nacionales, ya que no garantiza una adecuada compensación económica ni ambiental por la explotación minera.

Por su parte, el gobierno defiende que el nuevo contrato ley cumple con las normas legales, establece un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares al fisco, «10 veces más que el anterior», el pago de impuestos antes exentos, así como amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, entre otros.

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