En panfletos repartidos en distintos puntos de Panamá por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) y por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) se ha informado a la ciudadanía en torno a casos de corrupción en la administración de Laurentino Cortizo, que hasta hace poco eran prácticamente desconocidos.

Hay dos de esos casos que pasarán a la historia como unos de los más representativos en materia de corrupción del actual Gobierno panameño. Uno de esos casos es el referente a los proyectos turísticos del consorcio conformado por el Grupo VerdeAzul y el Grupo Eleta, que han recibido incentivos por parte del Gobierno de Cortizo, a través del ministro de Turismo Iván Eskildsen, quien fuera empleado de ambos grupos antes de asumir el cargo y quien llegó al gabinete presidencial de la mano de Juan Manuel Henríquez Portuondo, exyerno del presidente Cortizo. Vale acotar que Henríquez ha ocupado importantes posiciones en el Grupo VerdeAzul.

Grupo VerdeAzul de los Vallarino y Grupo Eleta recibieron incentivos del Gobierno de Cortizo para sus proyectos turísticos en el archipiélago Las Perlas gracias al fenómeno político de las «puertas giratorias»

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Otro de los casos sobre los que han alertado los panfletos del Suntracs y Frenadeso es el de la corporación NG Power, que obtuvo una concesión por parte del Estado panameño, mediante una mínima inversión, que al parecer no fue mayor a los $3 millones.

Uno de los socios de la corporación es el comentarista de boxeo Juan Carlos Tapia, recordado por su espacio de televisión “Lo Mejor del Boxeo” y al que algunos panameños identifican como el Joseph Goebbels de la administración Cortizo. Tapia, sin embargo, se ha dado a conocer en Panamá como un “luchador” por el adecentamiento de la administración pública y por la rectitud de quienes desempeñan cargos públicos, como lo deja entrever en sus análisis políticos. Pero paralelamente el comentarista y empresario ha visto crecer su fortuna durante el Gobierno de Laurentino Cortizo.

Panamá tiene su propio Goebbels, pero su maquinaria propagandística ha sido un rotundo fracaso para la administración Cortizo

Durante meses, Tapia desplegó una campaña a través de su programa de televisión, afirmando que no se podían desarrollar en Panamá fuentes alternas de generación de energía eléctrica. Tras negociar su venta y en menos de diez años de haber iniciado operaciones, la empresa fue adquirida por el Estado panameño, con una participación del 25%, en asociación con otras dos firmas, por un monto de $300 millones. En esa transacción, Tapia, como poseedor del 1% de las acciones de NG Power, lograría embolsarse $3 millones, según lo denunciado por el Suntracs y Frenadeso.

El tema se ha traducido en un escándalo que ha trascendido las fronteras panameñas hasta países vecinos como Costa Rica, pues para muchos luce como un caso de corrupción inocultable y de descarado favoritismo.

El proyecto original de NG Power en Panamá incluía la generación de energía eléctrica suficiente para ser vendida a la zona limítrofe con Costa Rica.

Un Gobierno que le quita a los pobres para darle a los ricos

El pasado 1 de julio, Genaro López, Secretario general de Conusi-Frenadeso, en un artículo titulado: “Un gobierno que da a los ricos”, publicado por el diario La Estrella de Panamá, explicó cómo la compañía NG Power consiguió ser favorecida por la administración de Laurentino Cortizo. López señaló:

“Con el tráfico de influencia aquí opera el sistema que le quita al pobre para darle al rico. Y aún se preguntan ¿Por qué Panamá es uno de los países más desiguales del planeta?  Cortizo -PRD favorece a los sectores que ostentan el poder económico, los 115 ultra millonarios del país.   En estos últimos cuatro años, donde las familias panameñas han enfrentado uno de sus peores momentos producto de una crisis económica que ya venía de antes de la pandemia y fue agravada por ésta, en solo 4 negociados, un puñado de oligarcas obtuvieron ganancias por más de 3,222,000,000 (tres mil doscientos veintidós millones), más de 805,000,000 (ochocientos cinco millones) por año.  Si a ellos agregamos la explotación de la mina a cielo abierto de First Quantum Mineral (FQM-Minera Panamá), el negociado portuario, plantas de energía, Blue Apple, infraestructura pública, zonas francas, las cifras resultan aún más impresionantes. Todo un escándalo en medio de la creciente pobreza, desempleo, necesidades de agua, vivienda digna, deterioro de la salud, educación y transporte público, encarecimiento de los productos de primera necesidad, inseguridad, represión, exclusión, falta de oportunidades, 8,355 muertos y rumbo al millón de contaminados oficialmente por covid-19 y más de 43,000,000,000 (cuarenta y tres mil millones) de deuda pública.  Frenadeso denunció los cuatro negociados que hacemos referencia:  Venta del 80% de las acciones de Cable Onda por mil cuatrocientos sesenta millones a Millicom (Tigo), de una concesión del Estado adquirida por treinta y dos millones de la iglesia católica que incluyó también las instalaciones de TVN en Tumba Muerto. Los beneficiarios: Grupo Motta, Familia Eleta y González Revilla. Venta por 300 millones de dólares de una concesión del Estado a AES, es decir, una supuesta planta de Gas Natural que debió desarrollar NG Power en la que no invirtió un solo centavo. Entrega de un aeropuerto, obra de 1,000,000,000 (mil millones) de dólares sin incluir el negocio de los duty free, a Stanley Motta, financiada con los impuestos de los panameños de a pie que en su mayoría nunca lo pisarán ni viajarán en avión. Más de cuatrocientos millones en incentivos fiscales a grupos oligárquicos en seis proyectos hoteleros, lo que les permitiría a sus propietarios recuperar las supuestas inversiones que realizaron. Aunado a ello, el vicepresidente Carrizo, anunció que se comprará en farmacias privadas medicamentos para tratar la hipertensión y el colesterol, supuestamente para acabar con el “no hay”, medida que encarecerá el costo de los mismos para la Caja, el cuál será asumido por los asegurados cotizantes. Como dicen “se favoreció a las mafias farmacéuticas”. En enero de 2022, lo advertimos “El nombramiento de una comisión presidida por el vicepresidente no abriga expectativa de la población. Se trata de otro gatopardismo, cambiar algo, para que nada cambie”.  Definitivamente este es un sistema que le quita al pobre para darle al rico. Se trata de un espantoso tráfico de influencia. Y todavía se preguntan muchos ¿Por qué Panamá es uno de los países más desiguales del planeta?  En las calles se encuentran diversos sectores sociales exigiendo al gobierno que, de respuesta a sus necesidades, en ella exigiendo rebaja del precio del combustible, disminución y control de precios de los bienes y servicios y de los medicamentos, empleo y aumento de salarios. Bajo la consigna “Justicia para los pobres”, el martes 28 de junio el pueblo se movilizó a la Presidencia, convocados por la “Alianza Pueblo Unido por la Vida”, en busca de respuesta a las 32 demandas presentadas. En la semana, también, se desarrollaron jornadas de protestas en todo el país, transportistas, obreros, productores, envenenados con dietilenglicol, siendo reprimidos por unidades de la policía nacional con gas pimienta y perdigones, como dijera uno de los manifestantes “…para estos pertrechos y movilización de la fuerza represora, si hay recursos”.  Hay que organizarse y luchar no solo por cambios coyunturales sino también por trasformaciones reales y estratégicas. Exigir respuestas al pliego de peticiones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida que propugna por las principales reivindicaciones populares y seguir insistiendo y crear las condiciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes que barra con este sistema injusto, su modelo económico salvaje e inhumano y la institucionalidad podrida.  Secretario general de Conusi-Frenadeso"

Sospechas de fraude y corrupción en concesión otorgada a NG Power en 2013

En 2021 el escándalo sobre la cuestionada inversión de una planta energética en la norteña ciudad de Colón, vínculo a dos empresarios de supuesto pasado dudoso con el presidente del país, Laurentino Cortizo.

El canal TVN reportó la investigación de una televisora hispana de Estados Unidos sobre la venta de la concesión de la empresa NG Power al consorcio Generadora Gatún, compuesto por InterEnergy con el 51 por ciento de las acciones, el Estado (25 por ciento) y AES Corporation (24 por ciento).

Los empresarios Mayor Alemán (panameño) y José Dapelo (ecuatoriano), figuras visibles de la entidad vendedora, aparecieron en el pasado en pesquisas sobre lavado de activos, narcotráfico y corrupción de funcionarios públicos realizadas en Estados Unidos y el Principado de Andorra, según la fuente.

El medio señaló que Alemán es cercano a la administración de Laurentino Cortizo, la cual favoreció la validez de las prórrogas solicitadas por NG Power para el inicio de la inversión de una planta de generación eléctrica a base de gas natural, otorgada en 2013 por el Gobierno -encabezado por Ricardo Martinelli- y con denuncias de fraude, como informara la agencia de noticias Prensa Latina.

Cortizo anunció la transacción, cuando en junio de 2021 expuso al país el plan de desarrollo energético con los objetivos de cubrir la demanda y bajar los precios de la electricidad, y destacó la inversión de Generadora Gatún que ejecutaría la proyectada industria a un costo de $1.000 millones de dólares.

Otro cuestionamiento de la investigación mediática es la forma en que NG Power ganó como único oferente tras cambios de requisitos, que dejaron fuera de concurso a la estadounidense AES, una de las más importantes transnacionales del mundo.

En lo que algunos reporteros calificaron como ‘turbio pasado’, la pesquisa periodística citó a importantes medios estadounidenses y españoles, los cuales publicaron que una sociedad propiedad de Dapelo hizo desde Andorra pagos, presuntamente injustificados, a padres de un exministro de Martinelli.

La intervención y cierre en Panamá de la Banca Privada D’Andorra por su participación en el esquema de corrupción de la brasilera Odebrecht reveló también operaciones desde la cuenta Monteverde NG Power a los padres de Demetrio Papadimitriu, ministro de la Presidencia de Panamá entre 2009 y 2012, en fecha posterior a la concesión.

Sobre Alemán, quien actualmente es dueño del diario Metro Libre, la pesquisa recordó que en 1994 la compañía aérea Trans Latin Airways, de la cual era accionista, fue acusada de narcotráfico en una corte federal estadounidense de Illinois, pero no le imputaron cargos al panameño.

La fuente se refirió, además, a supuestas presiones no confirmadas de Estados Unidos sobre el Gobierno del entonces presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, para que destituyera a Alemán de la directiva del estatal Banco Nacional, a la vez que el Departamento de Estado presuntamente le retiró la visa estadounidense.

NG Power vendió papeles que la acreditaban como concesionaria de un proyecto que nunca se materializó

En junio de 2021, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, anunció con bombos y platillos un nuevo plan para el desarrollo del sector eléctrico del país centroamericano que incluyó la construcción de una generadora de gas natural en consorcio con empresas líderes del sector energético de Estados Unidos y América Latina. El mandatario explicó que Panamá no tendría que poner “ni un solo centavo’’ de los 1,000 millones de dólares de inversión en el proyecto en el que se asoció con InterEnergy Group y AES Panamá, filial de AES Corp, una gigantesca empresa de energía que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Pero en medio del ambiente de celebración del anuncio presidencial quedaron varios interrogantes en el aire. Una revisión de Univision Investiga del proceso de asociación entre el gobierno y las empresas, muestra que InterEnergy y AES Panamá, suscribieron un millonario contrato con una compañía cuyos principales accionistas son dos empresarios con un turbio pasado, informaron Gerardo Reyes y Julia Frankel en Univisión Noticias.

En el centro de los cuestionamientos están el magnate panameño de la construcción Mayor Alfredo Alemán y el ecuatoriano residenciado en Panamá, José Dapelo Benites. Ambos son dueños de Panamá NG Power. La empresa vendió a las multinacionales energéticas la concesión de un proyecto de generación de energía que estaba paralizado desde hacía ocho años y que fue aprobado por el Gobierno panameño en medio de denuncias de fraude en el proceso de adjudicación.

InterEnergy y AES Corp. dieron el visto bueno al negocio pese a que era de público conocimiento que una sociedad de Dapelo afrontaba una investigación por pagos no justificados a los padres de un ministro de la presidencia de Panamá y que ambas empresas sabían que Alemán no tiene visado para ingresar a Estados Unidos.

Alemán, quien a mediados de la década de los noventa debió renunciar a la presidencia de la junta directiva del banco central de Panamá por presiones del Departamento de Estado, es uno de los empresarios más cercanos al presidente Cortizo. Univision Investiga confirmó con cuatro fuentes que la embajada retiró la visa de Alemán hace más de un año. El Departamento de Estado se negó a dar información de los motivos por política de confidencialidad. Alemán no confirmó ni negó la remoción de su visa.

InterEnergy y AES Corp. respondieron a Univisión que habían realizado un detallado estudio de debida diligencia sobre los antecedentes del proyecto conocido como Generadora Gatún y de las personas involucradas en las negociaciones. En un correo electrónico la casa matriz de AES en Estados Unidos aseguró que aplicó “estrictos estándares de cumplimiento y diligencia debida para evaluar completamente el proyecto de gas natural Gatún para asegurar que estamos cumpliendo con las leyes de Estados Unidos y locales y satisfacer todos los requisitos de información’’.

En los mismos términos se pronunció InterEnergy. Pero ninguna de las compañías respondió preguntas específicas de Univisión sobre los antecedentes de los empresarios y los cuestionamientos a la forma como el Gobierno de Panamá adjudicó la concesión a Panama NG Power.

Univisión se enteró de que un bloque de accionistas minoritarios de AES está inconforme con la forma poco transparente, según ellos, como se ha manejado el proyecto Gatún. Los accionistas expresaron a la filial de AES en Panamá los riesgos reputacionales que podría generar el contrato, según una persona relacionada con ellos.

En un reporte trimestral a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) AES informó en forma general sobre el proyecto sin mencionar a Panamá NG Power, el valor del contrato ni la fecha exacta de su firma. Dos fuentes familiarizadas con el negocio dijeron que la venta se acordó en unos 300 millones de dólares.

“Básicamente lo que NG Power vendió fueron unos papeles que la acreditan como concesionaria porque el proyecto nunca se materializó, no hay una infraestructura de nada’’, explicó el abogado Moisés Joel Bartlett Quiel, quien ha presentado quejas y denuncias contra el proyecto ante autoridades de Panamá y Estados Unidos en defensa de la ciudadanía panameña, según sus escritos.

En el cuestionario enviado en julio de 2021, Univisión preguntó a AES e InterEnergy Group si la diligencia de investigación reputacional de los empresarios había tenido en cuenta que la sociedad de Dapelo, Monteverde NG Power, fue mencionada en un escándalo de corrupción que estalló en 2018 a raíz de una investigación de autoridades del principado de Andorra, paraíso financiero de Europa.

De acuerdo con documentos obtenidos por Univisión y publicados originalmente en febrero de 2018 por el diario El País de España, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra estableció que Monteverde NG Power, de la cual Dapelo es socio, hizo transferencias sospechosas a los padres de Demetrio Jimmy Papadimitriu cuando este se desempeñaba como ministro de la presidencia de Panamá (2009-2012).

La intervención de Banca Privada D’Andorra se realizó bajo sospechas de que este pequeño banco del principado había sido usado por la multinacional de la construcción Odebrecht para pagar sobornos a funcionarios públicos de América Latina. La juez andorrana Canolich Mingorance rastreó transferencias sospechosas que sumaban más de 200 millones de dólares.

Univisión investiga tuvo acceso al Tomo XIX de pruebas presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra a la justicia de ese principado. Allí aparecen cinco transferencias de Monteverde NG Power SA de Panamá a Malena Investments S.A. Los socios de Malena eran entonces Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas, padres del ministro. Las transferencias de Monteverde NG Power a Malena Investments suman 630 mil dólares.

Al momento de la apertura de la cuenta, la pareja explicó al banco que depositaría allí dineros producto de “ahorros acumulados, herencia familiar de la señora y rentas de trabajo’’. El motivo para abrirla: “diversificar el riesgo país’’. Una casilla del formulario advertía que “el hijo de los Srs Papadimitriu ostenta un alto cargo político en Panamá’’. Diamantis Papadimitriu falleció. Su esposa fue imputada.

Los padres del ministro recibieron sumas millonarias de otras empresas y personas que habrían actuado como intermediarias de Odebrecht, según la investigación. La firma Odebrecht fue acusada en varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, de pagar millonarios sobornos a altos funcionarios públicos entre quienes se encuentran presidentes y ministros. Papadimitriu fue detenido en septiembre de 2017, acusado de cargos de corrupción. Luego obtuvo libertad bajo medidas cautelares.

La vocera del Ministerio Público de Panamá, Magda Maxwell, informó a Univision que los pagos de la firma de Dapelo a los padres del exministro están bajo investigación aunque no se han formulado cargos al empresario ni a la sociedad. Papadimitriu fue imputado en abril de cargos de lavado de capitales y corrupción de servidor público junto con cincuenta personas más y Odebrecht.

Las revelaciones de El País causaron un terremoto político en América Latina. Los medios panameños hicieron eco de la publicación española. El diario La Prensa explicó que la “gran novedad’’ de los papeles de Andorra “es que las cuentas [de los padres de Papadimitriu] fueron receptoras de dineros de una sociedad que pertenece a José Dapelo, presidente de Panamá NG Power, que en 2013 fue favorecida en una licitación en la que el único oferente fue esa empresa’’.

En 2018 al conocer los señalamientos de las autoridades antilavado de Andorra, Dapelo explicó en un comunicado que las transferencias de su empresa a los padres de Papadimitriu, correspondían al pago por la construcción de un depósito de combustible en Vacamonte, al occidente de Panamá. Dapelo no anexó pruebas de esa transacción, según uno de los periodistas que recibió el comunicado.

Un mes antes de que se revelaran las cuentas de Andorra, los medios panameños informaron que el gobierno había prohibido el ingreso de Dapelo a Panamá. Según le dijo a Univision una fuente del alto Gobierno de ese momento, la medida se tomó al establecerse que Dapelo, ciudadano extranjero, estaba financiando una campaña de desprestigio contra el entonces presidente Juan Carlos Varela.

Univisión tampoco recibió respuesta de las empresas del consorcio a la pregunta de si sus directivos consideraron relevante el retiro de la visa estadounidense de Alemán. En un correo electrónico enviado a Univisión, el empresario no negó que se le hubiera revocado la visa y declinó responder sobre las razones por las que cree que Estados Unidos tomó esa medida. Solamente invitó a Univisión a que confirmara la información con la embajada.

¿Qué es exactamente NG Power?

Panama NG Power S.A. (PNGP). Es una empresa que opera principalmente en el sector Energía Eléctrica. Esta empresa cuenta con operaciones en Panamá. Algunos temas relacionados a sus desarrollos son: Licencias y Concesiones, Ciclo combinado, Combustible búnker/Diésel, Generación a Gas natural, Capacidad y Generador de Energía Eléctrica.

Panamá NG Power S.A. es una empresa local que posee una licencia definitiva otorgada por el gobierno nacional en 2016 para desarrollar el proyecto de generación eléctrica Telfers. El proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento de una central térmica de ciclo combinado a gas natural, con una capacidad de 670MW, en el distrito de Cristóbal, en la provincia y distrito de Colón. La compañía es filial de LNG Group Panama, S.A. y su sede se ubica en Ciudad de Panamá, según bnamericas.com.

Intimidación y venganza

En el cierre de 2021, a seis meses de su primera denuncia a Panamá NG Power, Moisés Bartlett, director del estudio Bartlett Quiel, fue objeto de denuncia penal, de secuestro civil por la suma de 125 mil dólares y de demanda civil por 1 millón de dólares. Todo esto, serían “acciones emprendidas por Panamá NG Power como mecanismo de intimidación y venganza”, en palabras de Bartlett.

Es preciso recordar que el Estado panameño otorgó el contrato a Panamá NG Power en el año 2013, en una licitación que fue cuestionada por todo el mercado eléctrico.

En 2021, ocho años después, el contrato pasó a estar en poder del consorcio conformado por InterEnergy Group (51%), AES (24%) y el Estado panameño (25%), quienes se encaminaron a realizar próximamente el proyecto a gas natural Generadora Gatún.

Ahora bien, la licencia definitiva otorgada a NG Power -necesaria para tener vigente el contrato de suministro de energía y potencia- habría vencido. El 18 de noviembre del año 2020 la Autoridad de los Servicios Públicos de la República de Panamá certificó que no habían prorrogado la licencia y a partir de ahí inició el camino de esta batalla legal embanderada por Bartlett “yo solicité de oficio que lo que procedía era su cancelación, pero no se pronunciaron”, indicó el abogado.

Cuando empezó a hablarse de tres contratos para el suministro de energía y potencia vinculados a la Generadora Gatún, el estudio Bartlett Quiel acudió a la sala tercera contenciosa administrativa de la Corte Suprema de la República para solicitar su nulidad a mediados de año.

“La demanda de nulidad no fue admitida por «excusas» de formalismos. Apelamos la decisión unilateral del Magistrado Carlos Vásquez. Se ha concedido el recurso de apelación”, explicó Moisés Bartlett al medio Energía Estratégica.

Hasta finales de 2021, la misma se encontraba en la Sala Contenciosa Administrativa donde tres magistrados debían decidir si admitían la demanda.

Hasta tanto eso suceda, el director del estudio Bartlett Quiel adelantó que preparaba nuevas denuncias para que finalmente se pudiera cancelar la licencia al proyecto a gas, declarar la nulidad de las prórrogas del contrato para liberar la capacidad comprometida y licitar renovables.

“Dependiendo de la decisión que tomen los magistrados, es decir, si no admiten la demanda de nulidad por causa de extremos formalismos, ya he preparado tres demandas de nulidad pendientes de aquella decisión”, aseguró.

Desde la perspectiva del abogado que impulsó las primeras demandas en el primer semestre de 2021, lo que correspondía en derecho es que el Estado a través de la Autoridad de los Servicios Públicos capte la fianza por no ejecutar el proyecto a tiempo, exija el resarcimiento, e inclusive llamara a una nueva licitación. En una entrevista previa, consideró:

“En el mundo de hoy lo adecuado para el medio ambiente es tener energías sostenibles. En derecho, debe hacerse efectiva la cancelación de las licencias, declarar la nulidad de las prórrogas y abrir una licitación dirigida a la energía renovable. Eso debería hacer la República de Panamá”.

Estas habían sido las palabras y la posición de Bartlett en una entrevista concedida a Energía Estratégica, en junio de 2021, que le valieron un conflicto penal con NG Power.

¿Cuándo iniciaron las irregularidades del proyecto Generadora Gatún? Este contrato se otorgó por el Estado panameño a favor de NG Power en el año 2013, en una licitación que fue cuestionada por todo el mercado eléctrico. ¿Qué polémicas identificó? Fueron razones muy específicas. Entendemos que los pliegos variaron 24 horas antes de la presentación de propuestas para hacer un traje a la medida de NG Power. Ese fue el primer acto que se demandó por la vía penal. Sumado a aquello, NG Power no cumplió nunca con los requisitos y exigencias pautadas en ese contrato. Entre otros, nunca presentó un cierre financiero. Nadie supo qué empresa o qué entidad bancaria iba a financiar este proyecto. Se le dieron una serie de flexibilidades para que cumpliera con estas exigencias y nunca fueron presentadas. En tercer lugar, este proyecto que llamo «proyecto fantasma» -porque hace años debió entrar en operación y lo que hoy existe es simplemente un terreno baldío, no hay ningún movimiento de tierra o estructura levantada- se aprobó con un estudio de impacto ambiental categoría 2. ¿Qué implicaría esta categoría? En la normativa Ambiental de Panamá significa que su impacto es mínimo. Sin embargo, otros proyectos de generación de energía eléctrica a base de gas natural colindantes exigen un estudio de impacto ambiental de categoría 3 por el riesgo que exige estar en la zona de entrada atlántica del Canal de Panamá, con navegación continua de números significativos y además con presencia de comunidades en los alrededores. Esto también lo demandamos penalmente, lastimosamente. ¿Debería cancelarse el contrato de este proyecto? La licencia definitiva otorgada a NG Power ha vencido. Nuestra legislación exige que para tener vigente un contrato de suministro de energía y potencia se debe contar con una licencia definitiva. El 18 de noviembre del año 2020 la Autoridad de los Servicios Públicos de la República de Panamá me certificó que ellos no habían prorrogado la licencia. A partir de ahí yo solicité de oficio que lo que procedía era su cancelación. Pero no se pronunciaron. ¿Cómo es que este año ya se hablan de tres contratos para el suministro de energía y potencia? Eso es absolutamente ilegal. Por eso, hemos acudido a la sala tercera contenciosa administrativa de la Corte Suprema de la República para solicitar la nulidad. ¿El Estado podría haber cobrado por los perjuicios de no haberse ejecutado el proyecto a tiempo? No conozco las cifras, pero evidentemente hay una fianza extendida por una aseguradora que lo que corresponde en derecho es que el Estado a través de la Autoridad de los Servicios Públicos capte la fianza, exija el resarcimiento, e inclusive llame a una nueva licitación. En el caso de continuar con el contrato, ¿no se requeriría un ajuste de precios? Ese contrato es sumamente caro, por encima del resto de los actores del mercado eléctrico. Con una prórroga, la proyección en 20 años al 2043 significa que se va a incrementar el costo de la compra para las distribuidoras y la propia empresa de distribución eléctrica de la República de Panamá me ha certificado que ese costo sería trasladado a los consumidores. Eso significa que hay una afectación significativa en el costo de la energía eléctrica para los ciudadanos. Comentaba que en un debido proceso correspondería llamar a una nueva licitación pública… Sí, si es que el mercado así lo exige. Esto permitiría acomodar los precios a la realidad, logrando una equidad con el resto de los generadores o hasta valores más competitivos. Hasta ahora, la licitación del 2013 que nació mal, se ha mantenido con trámites y argumentos que son desde irregulares hasta ilegales. ¿De ese modo se está privilegiando un proyecto a gas por sobre eventuales licitaciones de energías renovables? En el mundo de hoy lo adecuado para el medio ambiente es tener energías sostenibles. En derecho, debe hacerse efectiva la cancelación de las licencias, declarar la nulidad de las prórrogas y abrir una licitación dirigida a la energía renovable. Eso debería hacer la República de Panamá. ¿Considera oportuno que la Acodeco – Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia- emita su posición respecto? Ya muchos actores han pedido que no se continúe con la negociación de esos contratos. Y debería intervenir no sólo la Acodeco, sino también el Sindicato de Industriales, la Cámara de Comercio y demás asociaciones de generadores.

Gas vs. energías renovables

A lo largo de 2021 el avance del proyecto de la Generadora Gatún generó polémicas en Panamá. En julio del mismo año, durante el periodo de incidencias ante el Pleno de la Asamblea Nacional el diputado Juan Diego Vásquez se pronunció en contra del acuerdo que desde el Ejecutivo nacional panameño había cerrado con empresas privadas en junio de 2021.

“Este Gobierno decide a espaldas del pueblo comprar acciones de la pasada licitación a NG Power”, introdujo, mientras cuestionaba privilegiar esa tecnología por sobre otras sostenibles y más baratas.

“La licitación que en su momento se manejó de manera muy extraña establece costos indexados muy superiores a los antes licitados, lo que hace que la energía no vaya a ser más económica sino todo lo contrario”, remarcó Vásquez, según Energía Estratégica.

En aquella convocatoria mencionada no resulta menor que haya participado un solo oferente que terminó adjudicado y que ya debería haber comenzado a producir su energía en marzo del 2017 y hasta 2021 no había mostrado signos de avance, hasta que fue adquirido por el Consorcio Group Energy Gas Panamá, conformado por InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (24%) y el Estado Panameño (25%).

El diputado, elegido por el distrito de San Miguelito, cuestionó al Ejecutivo por plantear que Panamá requiere más producción eléctrica a base de gas.

En este sentido, se sostiene que la matriz eléctrica ya cuenta con penetración deseada de generación en base a gas natural con la entrada de operación de la Central Costa Norte (381 MW) y la construcción en proceso de Gas To Power Panamá GTPP (458 MW).

Inclusive el diputado remarcó que las generadoras a gas existentes tienen periodos donde no se las requiere y estaban completamente apagadas.

Datos del Sistema de Información en Tiempo Real del Centro Nacional de Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) respaldan aquella información.

“Varios días al mes, incluso días consecutivos, la planta térmica Costa Norte de AES permanece apagada ya que no se hace necesario su aporte al sistema energético panameño”, alertó.

Y propuso: “Hay que tomar en cuenta las fuentes de energías sostenibles”.

“Presidente, pese a que estamos en invierno la energía solar está alrededor del 15% de la generación y eso que no hemos creado la realidad jurídica y social para que más personas y empresas puedan trabajar con esta forma de generación”, concluyó el diputado Juan Diego Vásquez.

Promesas presidenciales

En 2021, el Gobierno y dos empresas generadoras socias adquirieron los derechos para desarrollar, con una inversión de US$1,000 millones, la planta de gas que tenía concesionada NG Power y que debía generar unos 670 MW al parque eléctrico nacional de Panamá.

De esta manera se puso punto final a una cuestionada concesión que inició en el año 2011 y que a la fecha no había iniciado su construcción y ponía en peligro el suministro de energía eléctrica en el país, según ANPanamá.

En el marco del lanzamiento del Plan para el Desarrollo Integral del Sector Eléctrico en 2021, el Presidente Laurentino Cortizo anunció la inversión que permitiría la construcción del proyecto Generadora Gatún a base de gas natural. “Como accionista Panamá no tendrá que poner ni un solo centavo de inversión”, aseguró Cortizo.

Se informó entonces que el proyecto tendría una inversión de US$1,000 millones, que generaría más de 3,000 empleos directos y miles de empleos indirectos en su fase de construcción.

“La entrada de operación de la Generadora Gatún a la matriz energética contribuirá a estabilizar la tarifa eléctrica nacional, creando las condiciones para la disminución del costo de la energía de forma significativa”, aseguró.

El presidente Laurentino Cortizo brindo unas palabras en el acuerdo de energía para el desarrollo del sector eléctrico, en Santa Rita, provincia de Colón. Video Román Dibulet #LaPrensaSecuestrada sigue informando en https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/rwo9jFP61G

— La Prensa Panamá (@prensacom) June 1, 2021

En tanto, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) dijo que con respecto al anuncio mediante el cual Panamá NG Power cedió el contrato de potencia y energía a Generadora de Gatún, S.A., el gremio solicitó que se velara por los mejores intereses del país atendiendo las características del mercado que garantizaran un mejor precio de la energía.

Por otro lado, el presidente adelantó que como parte de la estrategia el Gobierno mantenía negociaciones con AES para adquirir todas las acciones de la Hidroeléctrica Bayano.

Explicó que, a través de esta negociación, el país podría disponer del uso de las aguas del embalse de Bayano, la segunda reserva de agua más grande del país con una capacidad de almacenamiento de 27 mil millones de metros cúbicos de agua, que sería utilizada para el suministro del vital líquido en el área metropolitana, para la operación del Canal de Panamá y para generar energía eléctrica.

“Estamos en la etapa de conversaciones y se harán las auditorías necesarias para determinar el valor y estructurar las bases para una transacción justa” de la hidroeléctrica de Bayano, dijo Cortizo.

Agregó que, con los nuevos planes e inversiones, el costo de la generación de energía debía bajar en un tiempo prudencial; es decir, la luz les costaría menos a los panameños.

Una inversión no rentable para el Estado panameño

Luego que el presidente Laurentino Cortizo anunciara en 2021 una inversión de mil millones de dólares en la compra por cesión de planta de gas natural y el contrato de NG Power por parte del consorcio mixto Generadora Gatún S.A., expertos aseguraron que es una transacción riesgosa para el Estado.

Gustavo Bernal, experto en materia energética, aseguró que es una inversión riesgosa porque el precio de la energía del 2013 que ellos contrataron, no es el mismo que pueden vender en el 2024 cuando termine el proyecto.

"Ellos utilizaron al Estado como parte de sus garantías para que un banco multilateral le prestara los mil millones de dólares que cuesta construir la planta de gas. El Estado a mi opinión puede salir perdiendo porque están usando sus garantías para pedir el préstamo y el valor de la energía que quieren vender no es el mismo que se ganaron en el 2013", señaló.

Agregó que el gobierno no puede ser socio de ninguna generadora porque tiene que suscribir un contrato que debe ser avalado por la Contraloría General y la Asamblea Nacional, lo cual no se hizo, según Panamá América.

Resaltó, que ese contrato que se hizo en el 2013, ocho años después no tenía el mismo valor.

Bernal aclaró que la energía no subiría porque el precio del suministro dependía del valor del gas y en el 2013 era 60% más caro que en 2021. Eso significa que la compra de ese proyecto por parte del Estado es muy onerosa y no se va a retornar la inversión en el tiempo que se estipula.

Con una promesa de inversión de mil millones de dólares y tras haber desembolsado $300 millones en la transacción, Generadora de Gatún se quedó con el contrato que obtuvo NG Power tras participar como única interesada en una licitación en 2013, cuando se adjudicó un contrato de venta de energía (PPA, por sus siglas en inglés).

La movida se dios en 2021 luego de una negociación de varios meses, en la que NG Power, compañía en la que eran socios el empresario activista del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) Alfredo Mello Alemán y el empresario ecuatoriano José Dapelo, cedió los derechos del proyecto a Generadora de Gatún.

El sitio Panama NG Power Crónicas recoge una cronología de las polémicas alrededor de un caso, que como ya se ha dicho, revestiría uno de los escándalos de corrupción más grandes en el Gobierno de Laurentino Cortizo.

Una seguidilla de denuncias presentadas por "Denuncias Panamá" en 2021 mediante varios audios en la plataforma SoundCloud, explicaron en detalle las irregularidades que engloban la adquisición por parte del Estado panameño de la compañía NG Power.

 

Razonablemente, existen motivos suficientes para que la administración Cortizo sea acusada de malversar fondos públicos en una costosa adquisición, que a todas luces solo ha beneficiado hasta ahora a la parte vendedora y que según expertos, no generará rentabilidad al Estado y tampoco beneficiará a la ciudadanía, contrario a lo que desde el Palacio de Las Garzas han intentado hacer creer a la colectividad panameña.

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