El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) está haciendo circular unos panfletos en la Ciudad de Panamá que son repartidos por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) en diferentes «piqueteos» y protestas efectuadas en distintos puntos de la urbe, en ocasiones de forma simultánea y en otras de forma aleatoria, en un aparente intento de evitar que las autoridades se vean tentadas a reprimir las protestas, que usualmente se llevan a cabo cerca de donde se desarrollan obras de construcción, permitiendo a los obreros que participan en las protestas acudir fácilmente a las manifestaciones, durante determinado tiempo y regresar a sus labores, resguardándose de cualquier tipo de represión de la que puedan ser objeto.

En parte de los panfletos se puede leer lo siguiente:

Panamá Transfer Tours | www. panamatransfertours.com | (Publicidad) «La abogada de tres de las empresas, «Inmobiliaria Palma Bonita», «DB Hotel & Residence» y «Ocean Hill Pearl Island», es la sobrina de Cortizo, Melissa Cortizo Brown, de la firma Virtu Atelier Legal. Rehab Lab: el centro de fisioterapia que te prepara para el IRONMAN 70.3 Panamá 2024 Rehab Lab ( @rehablab.pty ) | Panamá Transfer Tours ( www. panamatransfertours.com ) | (Publicidad) Rehab Lab: un nuevo concepto de fisioterapia abre sus puestas en Panamá Este caso que implica tráfico de influencias, corrupción y peculado, entre otros, debe ser investigado y los responsables sancionados. Danza de los millones versus vida digna Y todavía se preguntan muchos por qué Panamá es uno de los países más desiguales del planeta. Un modelo económico basado en el espejismo del crecimiento económico que no se refleja en desarrollo humano real, en vida digna para todos, en lo que otros llaman, «vivir bien», «buen vivir», o «vivir sabroso», como ahora en Colombia. Hay un reparto extremadamente desigual de las riquezas que genera la sociedad que se concentran más y más en pocas manos. Fortunas en posesión de monopolios, oligopolios y mafias, creadas por su relación con los gobiernos. Es una aberración, para llamarle menos, un robo descarado, que mientras el pueblo se sumerge en un mar de apremiantes necesidades, el Estado regale millones de dólares a las clases pudientes que reciben subsidios millonarios y a la vez presionan por despidos masivos en el sector público, aumento de la edad de jubilación de mujeres y hombres y por eliminar programas de ayuda a los pobres como beca universal, vale digital, 120 a los 65, Angel Guardián, Red de Oportunidades, tanque de gas, que si bien no son la panacea y son utilizados para clientelismo político, en el momento actual resultan paliativos para la sobrevivencia de muchos panameños. Esta danza de los millones ocurre cuando los pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS), saqueada por estas mafias, reciben en el mejor de los casos, arroz con huevo o tuna como dieta diaria. Hay que organizarse y luchar no solo por cambios coyunturales sino también por trasformaciones reales y estratégicas. Exigir respuestas al pliego de peticiones de la Alianza Pueblo Unido por la vida que propugna por las principales reivindicaciones populares y seguir insistiendo y crear las condiciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes que barra con este sistema injusto, su modelo económico salvaje e inhumano y la institucionalidad podrida. Panamá, 28 de junio de 2022. FRENADESO FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES»

Pearl Island

Un proyecto cuestionado por las violaciones a los derechos humanos de sus habitantes, obtiene del Estado beneficios fiscales millonarios para construir un hotel. Arquitectura offshore, Pandora Papers y posibles conflictos de intereses convirtieron a Pedro González en Pearl Island, un megaproyecto de lujo en la República de primos, según una investigación de la periodista Sol Lauría en Concolón.

En un paraíso olvidado sobre el Pacífico panameño, una familia poderosa levanta un hotel cinco estrellas en el mayor proyecto turístico-inmobiliario que se construye hoy en el país: Pearl Island, en una isla del archipiélago Las Perlas que hasta ahora ha sido conocida con el nombre de Pedro González. Ese hotel, el Ritz-Carlton Reserve Pearl Island, ha estado involucrado en escándalos desde antes de que se pusiera la primera piedra en 2017.

Primero salió a la luz que, para ponerlo en marcha, sus promotores despojaron de las tierras a una comunidad que había vivido allí por un siglo y que a sus líderes, que protestaron por el bloqueo a sus fincas y playas, los detuvieron y les abrieron procesos judiciales. Los habitantes de Pedro González llevaron el caso en 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al Estado panameño garantizar los derechos de la comunidad, entregar un informe detallado sobre el proceso de consulta previa y comenzar un diálogo, con reuniones periódicas entre las partes, para resolver el conflicto socio ambiental.

Cuatro meses después de esa audiencia y en medio del proceso de conversaciones que apenas iniciaba, el entonces presidente Juan Carlos Varela viajó al rincón en conflicto para inaugurar la obra del hotel junto a sus promotores, un consorcio encabezado por el grupo panameño Eleta. Parado sobre la arena blanquísima y con el mar más esmeralda de frente, Varela dijo en la playa que es símbolo de querencia para los lugareños: “Más que una historia de negocios, es una historia de amor, una historia de compromiso y deja muy claro los valores que hacen grande a Panamá: los valores de familia y de fe”. Fue una muestra inequívoca de con quién estaba el compromiso del gobierno nacional: la familia Eleta, con la que Varela comparte lazos de sangre.

Los Eleta, una dinastía empresarial que también es activa en política, son dueños del Grupo Eleta, un conglomerado familiar con inversiones en energía, telecomunicaciones, desarrollos inmobiliarios, turismo y agroindustria. En 2008 decidieron montar un megaproyecto turístico-inmobiliario de lujo en la isla de infarto que es Pedro González, con el que cosecharon denuncias por parte de los lugareños y favores del lado del poder en la ‘República de primos’, como en Panamá llaman a su propio país por pequeño y endogámico.

Durante la presidencia de Varela, entre 2014 y 2019, el gobierno le otorgó 17 millones de dólares como “incentivo turístico”. Con el siguiente mandato, con Laurentino Cortizo a la cabeza, los habitantes se ilusionaron: tal vez los favoritismos desaparecerían en una gestión cuyo eslogan de campaña había sido “el pueblo primero”. Pero Cortizo cortó los diálogos promovidos por la CIDH y aumentó los privilegios hacia los Eleta: el Ritz-Carlton Reserve recibirá un subsidio por 232 millones de dólares en forma de créditos fiscales, gracias a una ley aprobada en la la Asamblea Nacional el 20 de abril de 2022.

¿Por qué el Estado aceptaría dejar de cobrar impuestos en beneficio de Pearl Island y concederle a un grupo sólido una suma millonaria en medio de una crisis económica? ¿Por qué apuesta a construir un hotel de lujo para fomentar el turismo, con el rechazo del propio sector? ¿Por qué obvió su papel, desoyendo las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el mayor órgano en la región, para un proyecto con un pasado complejo?

La estrategia para lograr semejante ventaja, que incluyó dos proyectos de ley en el legislativo tras una demanda de inconstitucionalidad ante el primer intento, fue pergeñada y ejecutada por personas ligadas a los promotores y, al mismo tiempo, al presidente del país.

La familia Eleta tiene como socio local en el megaproyecto al grupo panameño VerdeAzul, del exministro de Economía, banquero y político, Alberto Vallarino. El funcionario que impulsó la ley que le dará al hotel cientos de millones, el ministro de Turismo Iván Eskildsen, fue empleado de los dos grupos antes de asumir el cargo. La cabeza detrás de la jugada y el principal armador de las políticas de turismo en el país, es otro de ese club: Juan Manuel Henríquez, exyerno del presidente Cortizo y quien hasta el año 2020 fue gerente de una hacienda del Grupo VerdeAzul.

Henríquez, quien estuvo casado y tiene dos hijos con la hija del presidente, fue la ficha clave en el armado que beneficiará a las empresas aliadas para convertir a la isla Pedro González en el nuevo enclave de lujo Pearl Island. Fue quien promovió la medida con el sombrero de representante de la Cámara de Turismo de Pedasí y asistió a los debates en la Asamblea Nacional durante 2019, mientras trabajaba con los Vallarino, para apoyarla tras bastidores, cuidándose de no hablar en público. Con perfil bajo, Henríquez fogoneó en las sombras hasta marcar su nombre en el proyecto: “Esa ley es de Juanma”, dijo un ministro superpoderoso en los pasillos del palacio de Las Garzas.

La historia no termina ahí.

Aunque el proyecto vende residencias por más de 3 millones de dólares, no parece haber actualizado hasta ahora el valor catastral de la isla. Según documentación notarial del Registro Público de Pänamá (folio real 9625), al momento de esta publicación la propiedad de 1,464 hectáreas de arenas blanquísimas, mangle y corales tenía un valor de 40 mil dólares. El precio de mercado, sin embargo, podría superar los 73 millones de dólares, sólo por los terrenos de la porción de la isla prevista para el desarrollo (el 20 por ciento del total). El predio de más de 9.000 metros cuadrados donde se ubica la obra del el Ritz-Carlton Reserve, al que se le acaba de otorgar 232 millones de dólares por ley, está valuado en 26.43 dólares. Es una artimaña usual y extendida en Panamá para esquivar el pago de impuestos inmuebles.

Y hay más.

El grupo que construye el hotel forma parte de un entramado de sociedades en jurisdicciones offshore como Chipre, las Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo y Delaware, una compleja arquitectura empresarial que incluye socios cuestionados y que está reflejada en cientos de documentos de la investigación global Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), analizados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Concolón.

Para completar la película, el conflicto socio ambiental sigue creciendo. Tras la decisión del Gobierno de suspender los diálogos —algo que la CIDH consideró fundamental para la salud de pobladores, la empresa, el proyecto empresarial y la propia isla—, los habitantes de Pedro González y otros defensores del ambiente pidieron una nueva audiencia y sentaron al nuevo gobierno ante la CIDH el 18 de marzo de 2022. Casi cuatro meses después, el gobierno convocó a una reunión exprés el miércoles 15 de junio, donde no se acordó ningún plan.

 

La historia comenzó en 2008.

El año avanzaba cuando la familia Eleta desembarcó en Pedro González para avisar a la comunidad que esa isla de ensueño, con sus playas, sus caminos, el monte y hasta el pueblo, era suya y la iba a explotar con un megaproyecto con hoteles cinco estrellas, aeropuerto y residencias de lujo: “Un auténtico destino privado esperando a ser descubierto”, como promocionaba en su sitio web.

Fue un 17 de mayo de 2008, pero los habitantes lo recuerdan con el mismo espanto con que lo cuentan hoy: “De la noche a la mañana aparecieron ellos aquí, que ellos eran los dueños, y uno se quedó así, ve”, dijo Icelka Mejía, una gonzaleña de 47 años que, después de decirlo, abrió los ojos con la cara llena de sorpresa. Para Eloísa Santimateo, lo mismo: “Nosotros estábamos pajareando y cogiendo arroz, verduras, toda la vida aquí y ellos diciendo que son los dueños, ¿por qué no aparecieron cuando mi tatarabuela vivía aquí?”.

¿Por qué decían que eran los dueños si fueron ellos mismos, los lugareños, quienes forjaron la comunidad durante décadas, levantaron la escuela y lograron que el Estado los reconociera como corregimiento en 1984? ¿Quiénes eran estos empresarios que pretendían extender sus pertenencias hasta la playa a la que iban casi a diario, los mares en los que pescaban, las tierras que sus abuelos y bisabuelos cultivaron y les heredaron sin necesidad de un papel, porque con la palabra alcanzaba?

El fundador del grupo Eleta fue Fernando Eleta Almarán. Empresario, ministro y, curiosamente, negociador de la primera emisión pública de bonos de Panamá, Eleta Almarán compró la isla en octubre de 1971, según una escritura pública alojada en el Registro Público de Panamá, por 16,500 dólares (unos 120 mil de hoy) a los descendientes de Víctor Plise, un famoso acopiador de perlas que en tiempos de la colonia logró quedarse con ella por derecho de asentamiento. En 1903 uno de sus herederos, Washington V., aprovechó el anuncio de la construcción del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos para promocionar la venta del legado en el periódico San Francisco Call: “Plise tiene una cajita de madera que contiene las escrituras de su dominio insular, estampadas y adornadas con los sellos de la república de Colombia”, dice el artículo titulado El emperador de la isla enseña música, en el que el protagonista juró haber recibido una oferta de 223,000 dólares de parte de un senador de Estados Unidos para la explotación de carbón.

Más de un siglo después, los negocios en Pedro González pasan por el turismo, el desarrollo inmobiliario y son manejados por un nieto de Eleta Almarán: Guillermo de Saint Malo Eleta, uno de los hombres más ricos de Centroamérica según la lista Forbes, que también circula en política, en 2017 intentó postularse para presidente de Panamá y es miembro del Frente Empresarial del actual partido de gobierno (el PRD). Guillermo es el mayor de los hijos de la mayor de las hijas de don Eleta Almarán, Mercedes Eleta de Brenes, más conocida como Baty, es la cabeza del Grupo Eleta y fue el encargado de avisar a los gonzaleños que la vida iba a cambiar para siempre en mayo de 2008.

A partir de ahí, la familia decidió fogonear el proyecto asociándose a varios inversores.

En 2008, el mismo año en que Guillermo viajó a Pedro González a darles la noticia, dieron la bienvenida a Dolphin Capital Investors Limited, una empresa con experiencia en el sector de complejos residenciales. Registrada en Chipre, Dolphin era conocida en Europa y Oriente Medio pero poco en Panamá: fue la primera vez que emprendió en el país. Sin embargo, uno de sus directores, el chipriota Orestes Fintiklis, ya participaba de otro negocio que desató polémicas y denuncias: el hotel Trump, que logró arrebatarle al expresidente Donald Trump gracias a su habilidad para tejer alianzas locales con amigos influyentes y para armar estructuras empresariales complejas, con el único fin de mantener todo en secreto (ver la investigación Pandora Papers reveal new details about how a Miami businessman out-trumped Trump, publicada en el Miami Herald en el marco de los Pandora Papers).

Para trabajar en la isla hotelera, ambos socios enlistaron los servicios de algunos de los abogados más poderosos de Panamá. Los Eleta tenían al bufete Morgan & Morgan, el más grande del paraíso de los abogados. Dolphin buscó a Alemán, Cordero, Galindo & Lee, más conocido como Alcogal. Esta firma, liderada por el exministro de Justicia y exembajador en Estados Unidos Jaime Alemán, les prometió la máxima fidelidad y confidencialidad.

“Alemán Cordero Galindo & Lee no revelará ninguna información recibida de usted, a menos que esté expresamente autorizado para hacerlo, o sea requerido por una solicitud formal de una autoridad competente, o por un procedimiento legal. En tales casos, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (…) solo divulgará el material después de recibir su autorización”, escribieron en una primera carta dirigida a Dolphin Capital Partners, que fueron encontrados entre los documentos del bufete que forman parte de la filtración de los Pandora Papers.

Entre las decenas de correos electrónicos, acuerdos y contratos que pasaron por Alcogal, hay detalles sobre la arquitectura montada por los socios de Pearl Island para darle forma al proyecto.

Los documentos revelan que dividieron en parcelas el territorio sobre el mar más esmeralda del mundo para compartimentar los negocios con sus socios locales y extranjeros según los fines —hotel, residencia, marina, puerto, restaurantes, etcétera—, a través de al menos 64 sociedades que unieron a Panamá con puntos como Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Barbados y Luxemburgo.

Muchas de las empresas abiertas en jurisdicciones opacas, son accionistas de algunas de las sociedades panameñas que desarrollaban el proyecto en el istmo y tienen como beneficiario final a los mismos socios: los grupos Dolphin y Eleta. Un ejemplo es Pearl Island Limited S.A., la piedra fundamental del megaproyecto y la propietaria de la isla desde 2008, que tiene como accionista a Wentworth Insurance Company Ltd., registrada en Barbados. Wentworth es accionista de cuatro sociedades más vinculadas a los promotores, entre ellas la madre del hotel que recibirá el crédito millonario del gobierno, el Ritz-Carlton Reserve (ver más abajo): Don Bernardo Hotel S.A.

¿Por qué un negocio panameño y desarrollado en Panamá necesita recurrir a una estructura offshore compleja con pies en el Caribe británico y en el Mediterráneo? ¿Qué busca un panameño en otros paraísos que lideran los rankings de jurisdicciones opacas de la ong Tax Justice Network?

“Panamá es un paraíso fiscal para los extranjeros pero un infierno fiscal para los panameños”, dijo el abogado panameño Miguel Antonio Bernal. Mientras los Piñera, los oligarcas rusos y los chavistas del mundo abren empresas offshore en el istmo, los locales pagan renta, ganancias y utilidades. Cuando los panameños invierten fuera, no necesitan declarar lo invertido ante la autoridad local. Otro motivo frecuente para estructurar este tipo de esquemas es la diversificación de riesgo y seguridad jurídica: sellar el patrimonio, protegerlo de demandas o de cuestiones como divorcios, además de diluir responsabilidad ante cualquier evento. También, claro, facilitar operaciones globales con socios no panameños.

La información disponible en Pandora Papers sobre el conglomerado empresarial detrás del Grupo Eleta es básica: muestra las sociedades, fechas de registro y, en algunos casos, los directores y accionistas. No es posible saber para qué se usaron. Consultada para esta investigación, la empresa indicó que “diversos inversionistas y accionistas en el proyecto tienen sus propias estructuras legales de inversión, todas las cuales pasan por un proceso de diligencia debida para asegurar el cumplimiento con las leyes panameñas y las normas internacionales”.

Otros documentos obtenidos por ICIJ dan pistas de cuestiones eludidas por dueños y abogados. Una debida diligencia que Alcogal hizo para Dolphin en marzo de 2008, por ejemplo, tiene detalles de la verificación de documentos de Pedro González S.A. —dueña original de la isla que luego traspasó la titularidad a otra sociedad, Isla Pedro González S.A., para finalmente dejarla en Pearl Island Limited S.A.—, litigios y el título de propiedad de la isla, pero ni una sola mención sobre los habitantes de décadas ni sobre el pueblo reconocido como corregimiento por el Estado en 1984. Sí recomendó una inspección técnica “in situ” para, entre otras cuestiones, obtener “cualquier consideración respecto a la ocupación o posesión ilegal”.

Cuatro años después de asociarse a Dolphin, en 2012, los Eleta sumaron a un poderoso socio local: el Grupo VerdeAzul, cuya cabeza es el empresario y banquero Alberto Vallarino.

Vallarino merece un párrafo aparte, por ser otra figura de peso en la República de primos. Bisnieto de un presidente, banquero y empresario, también forma parte del universo de gente conocida que pasa con facilidad y sin pena de lo privado a lo público, ocupa posiciones claves en el Estado y luego vuelve a sus asientos corporativos, para enredarse después otra vez en otro gobierno. Fue ministro de Economía en la gestión de Ricardo Martinelli, quien resultó presidente por la alianza de su partido nuevo con el experimentado panameñismo, liderado entonces por Juan Carlos Varela, amigo íntimo de Vallarino. Luego, cuando Varela fue electo presidente en 2014, fue vicepresidente de ese partido, justo cuando la cabeza era el hombre de los Panama Papers, Ramón Fonseca Mora. Mucho antes de la publicación de la investigación global que sacudió a los poderes del mundo, en 2011, Vallarino consiguió junto a Varela, que entonces era vicepresidente de Martinelli, que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) retirara a Panamá de su lista gris. Un enredo claro como el mar de Las Perlas.

Como empresario, Vallarino ya manejaba proyectos inmobiliarios cuestionados sobre el Pacífico cuando se asoció a los Eleta. Uno de ellos fue foco de denuncias y escándalos por erigirse en unas tierras cuyo dueño original, un estadounidense millonario de apellido Lucom, había ordenado vender para donar lo recaudado, calculado en 50 millones, a la Fundación Wilson C. Lucom. La idea que Lucom dejó en su testamento, era que el dinero terminara en comida, útiles escolares, ropa, vivienda y apoyo para los niños pobres del país. Pero el destino, tras un proceso legal plagado de artimañas investigadas hasta por el FBI, según una publicación del Council on Hemispheric Affairs (COHA), fue otro. Se trata de la Hacienda Santa Mónica, propiedad de Vallarino y cuyo gerente fue hasta el 2020 el exyerno del presidente Cortizo, el mismo que impulsó en el año 2019 el beneficio de 232 millones de dólares para el hotel en la playa Don Bernardo: Juan Manuel Henríquez.

El grupo comandado por Vallarino entró a Pearl Island para desarrollar la primera fase, llamada La Península. Hoy él comparte la directiva de 21 sociedades vinculadas al megaproyecto con integrantes de la familia Eleta y con otro socio curioso: el banquero colombiano Jorge Gallo Restrepo, quien en aquellos tiempos supo ganar la predilección de la élite panameña y después, el 5 de febrero de 2019, donó 5 mil dólares a la campaña de Cortizo.

Aunque el valor de mercado de una hectárea en Pearl Island, en el año 2022, es de un promedio de 250 mil dólares, los promotores han mantenido ante las autoridades el mismo valor de avalúo desde 1971: 40 mil dólares. La propiedad del proyecto, según los mismos registros oficiales, tiene 1464 hectáreas, por lo que el valor de la tierra de la porción de desarrollo (20 por ciento del total) superaría los 73 millones de dólares, según fuentes vinculadas al sector inmobiliario. El predio del hotel, que recibirá 232 millones a través de una sociedad que declara un capital social de un millón, es de 26.43 dólares. Más barato que un corte de pelo en Panamá.

Consultada para esta investigación sobre el avalúo de la propiedad, la empresa indicó que la finca, “cuyo título data de finales del siglo XIX, ha estado en el grupo desde principios de los años ’70” y desde entonces, “ha tenido cambios en su superficie y valor producto de reorganizaciones internas, desarrollos parciales y donación de tierra a la comunidad”. Y, aunque no emitió comentarios sobre el avalúo de 40 mil dólares, indicó que “las áreas no desarrolladas y la significativa superficie destinada a reserva forestal según el EIA aprobado por las autoridades ambientales, podrían representar un 81% de la superficie y el valor”.

La práctica de registrar casas y fincas por un valor menor al del mercado, es común en Panamá: un porcentaje amplio de propiedades en el país están registradas por un precio muy por debajo del de venta. En Panamá no existe el hábito de actualizar los valores catastrales y cada vez que se intentó, luego del último en los 70´s, los gremios privados bramaron hasta que lograron suspenderlos —pasó en 2013 y en 2017. En el archipiélago Las Perlas, los ejemplos se repiten y en otros proyectos que contaron con el asesoramiento de Alcogal, también. Por eso, el Estado deja de recaudar cerca de 400 millones de dólares al año. Si Pedro González estuviera registrada al precio por el que se vendería, sus dueños deberían pagar un aproximado de 730 mil dólares al año en impuesto a la renta, solo por la tierra destinada a residencias y sin incluir las mejoras.

La isla ya tenía antecedentes de problemas con los impuestos. Según un aviso publicado en la Gaceta Oficial de Panamá del 18 de noviembre de 1934, el Estado ordenó rematarla por mora y puso un precio inicial de 12 mil dólares. ¿Qué pasó después? La historia da un brinco hasta 1971, cuando Eleta Almarán compró la propiedad a los Plise. Y entonces, bajo la administración del nieto Guillermo, sobrevino el conflicto socioambiental que aún perdura y tampoco llamó la atención del bufete.

En una carta dirigida a KPMG, la empresa multinacional contratada para una auditoría, Alcogal indicó que no tenía conocimiento de que existiera “algún litigio” o “algún reclamo de importancia pendiente de resolución”. Los conflictos existían en la isla desde 2009, pero la carta fechada el 28 de julio de 2010 los obvió.

Más adelante, en enero de 2017, Dolphin Capital Investors vendió su parte por 27 millones de euros a Grivalia Hospitality, una sociedad de servicios financieros constituida en 2015 en Luxemburgo. Según el Registro Mercantil de Luxemburgo, en ese momento era la subsidiaria de una empresa griega de inversión inmobiliaria llamada Grivalia Properties REIC que, luego de fusionarse a EuroBank en 2018, fue re-bautizada como Grivalia Management Company.

Dueños de medios de comunicación y agencias de publicidad, además de haras y cafetales, los Eleta han logrado la discreción sobre las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la isla. Pero esa línea se cortó cuando se supo que el país financiaría su hotel de lujo en Pearl Island.

El 31 de diciembre de 2019, pasados cinco meses de la asunción de Laurentino Cortizo como presidente, el Gobierno benefició a la empresa con una ley de incentivo a la industria turística que iba a otorgarle un crédito fiscal al cien por ciento —o sea, le retribuía la inversión de 232 millones. La iniciativa fue demandada por inconstitucional por el abogado Ramón Ricardo Arias, porque implicaba una reducción sustancial del presupuesto del Estado y la Asamblea no está facultada para eso: “La Constitución mantiene un mandato que prohíbe aprobar leyes que afecten los recursos asignados en el presupuesto, sin que al mismo tiempo se establezcan las rentas sustitutivas”, dijo Arias. Enseguida, el procurador encargado Javier Caraballo le dio la razón. La Corte probablemente también iba a hacerlo, pero ya no tendrá esa posibilidad.

El 7 de febrero de 2022 se presentó una nueva propuesta que deroga esa, tuvo un trámite récord en la Asamblea y fue sancionada por el presidente el 20 de junio de 2022, momentos antes de que el Gobierno hiciera pública una noticia lamentable: Cortizo padece un cáncer de “riesgo intermedio”.

La nueva norma propone básicamente lo mismo: créditos fiscales que devuelven entre el 60 y el 100 por ciento del monto de las inversiones en hoteles en el interior del país a un grupo limitado de inversionistas. Un párrafo conveniente indica que a las empresas que hayan hecho los trámites con la norma anterior, se les reconoce el total, el 100.

La mecánica es indirecta y, simplificada, es la siguiente: empresarios como los Eleta registran una empresa en la Superintendencia de Valores, ofrecen las acciones en la Bolsa de Valores y a quienes las compran —un inversionista, un testaferro—, el Estado le devuelve el valor total de lo que pagó, en créditos fiscales. En esa maniobra, el Gobierno le otorga 232 millones de dólares al Ritz-Carlton Reserve: seis veces el presupuesto destinado a Cultura y casi el cuádruple de lo que se fijó en Ambiente para el 2022, dos áreas claves para promover el turismo.

Con eso, cada panameño —incluidos los gonzaleños que esperan desde hace una década que el Estado intervenga en defensa de sus derechos—, aportará para mejorar los negocios de un solo grupo empresario que despojó, persiguió y reprimió a los pobladores de la isla donde tiene esos negocios.

La iniciativa fue presentada por quien, en los papeles, cumple el rol de autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen. Justo antes de asumir ese cargo, en julio de 2019, Eskilden trabajó para el Grupo Eleta como director financiero y quien lo recomendó para ese cargo, según contestó él mismo a La Prensa, fue el ahora exyerno de Cortizo: Juan Manuel Henríquez. Antes de eso, Eskilden estuvo en las filas del otro socio panameño del megaproyecto Pearl Island: fue el supervisor financiero del conglomerado Grupo VerdeAzul entre 2007 y 2010. Al lado, al frente y a los costados de Eskildsen, opera el hombre que lo puso ahí: Henríquez, quien además de exyerno del presidente fue gerente de Hacienda Santa Mónica, del Grupo VerdeAzul, hasta 2020. Según una decena de entrevistas con referentes de la Asamblea, asesores de gobierno, representantes del sector turístico, entre otros, Henríquez fue el gran impulsor del privilegio que inyectará cientos de millones en el hotel que, cuando se anunció, iba a construirse por 80.

“Como panameño y empresario, he participado desde el sector privado en impulsar políticas públicas relacionadas al turismo y a la construcción para el desarrollo de proyectos que beneficien al país y todas las empresas, con el fin de generar buenos empleos para todos los panameños”, respondió Henríquez a Concolón al ser consultado para esta investigación sobre las aseveraciones que lo señalan como el impulsor de la norma. A Henríquez se lo vió en varias actividades de la campaña de Cortizo para presidente y viajó como invitado junto a él, a ministros, oficiales de protocolo y de seguridad, en la Misión Oficial a Texas para atraer inversiones en julio del 2021, según el detalle de viajes y viáticos publicados en el sitio oficial de Presidencia.

Y, aunque al momento de cierre de esta investigación aún compartía junta directiva de al menos 10 sociedades vinculadas a los negocios de los Vallarino, indicó que no tiene conflictos de intereses: “No soy empleado ni accionista de Grupo VerdeAzul ni de Pearl Island, tampoco funcionario público. Soy un empresario panameño que busca impulsar todo el sector turismo”, dijo.

Además de Henríquez, hay otra familiar de Cortizo involucrada en el proceso. El asesoramiento legal de emisión de valores del hotel de los Eleta está a cargo de la firma de abogadas Virtú Atelier Legal, cuya socia es sobrina del presidente: Melissa Esther Cortizo Brown.

La nueva ley, además de a los Eleta, beneficia a otras empresas con vínculos en el Gobierno. Los Eleta correrían a la Bolsa con cuatro vinculadas al megaproyecto, según un documento de la Autoridad de Turismo de Panamá: Ocean Hills Pearls Island, S.A., por 26 millones de dólares; Lora Marina View, S.A, por 7; Pearl Island Fishing Lodge Inn, por 27; y DB Hotel & Residences, el Ritz-Carlton Reserve de Pedro González, por 232 millones.

“Es un subsidio para millonarios cercanos al poder”, dijo Ramón Ricardo Arias. “Equivale a que todos los ciudadanos sufraguemos el costo de las inversiones turísticas, pero solo estos inversionistas se benefician de las mismas —escribieron en una carta abierta al presidente, miembros destacadísimos de su propio partido, referentes de movimientos sociales, feministas y otras figuras públicas—. Esto, solo y de por sí, es un abuso a la ciudadanía”. La medida, además, no pone condiciones: “Se dan incentivos exorbitantes y se pide muy poco concretamente a cambio”, escribió el abogado Carlos Barsallo. No se comprometen, por ejemplo, a asegurar la creación de puestos de trabajo, aunque la ley se promocionó con esa promesa.

“Aquí en Panamá el gobierno no manda. Mandan los millonarios ”, dijo Adán Toker, pescador y residente de Pedro González.

El diputado Gabriel Silva, quien votó en contra de la iniciativa porque, entre varias sinrazones, no cree que en un país con 48 por ciento de ocupación hotelera hagan falta más hoteles, marcó además que el proyecto obvió requisitos constitucionales obligatorios: los informes técnicos con estudios previos del Ministerio de Economía y Finanzas, y de Contraloría.

Silva pertenece a la bancada independiente y promovió una norma que regula los conflictos de intereses, justamente para evitar que sucedan cuestiones como lo que sucedió con el “incentivo turístico” al que se opuso.

Los promotores del proyecto no han adoptado reglas de buen gobierno corporativo, según la información que brinda la propia empresa en el documento “Prospecto informativo DB Hotel & Residences, S.A.”, que presentaron en la Superintendencia de Valores para comenzar el proceso de venta de valores. Sí, según indican en la página 52 de ese documento, un código de ética que marca que se “evitarán” y “reportarán” en “todos los niveles organizacionales”, situaciones, actividades o negocios “que por su naturaleza generen potenciales “conflicto de interés” y pudieran poner en riesgo la integridad de la empresa”. Según la vicepresidenta de Asuntos Públicos del grupo, Mercedes Morris, “todos los directores y ejecutivos se comprometen a cumplirlo”.

El ministro Eskildsen no respondió a la consulta sobre ese posible conflicto de interés, enviada por el equipo periodístico de esta investigación. Tampoco la Autoridad de Turismo ni el Grupo VerdeAzul. Un representante del Marriott, la marca asociada al Ritz en Panamá, respondió a Concolón: “La persona correcta para contactar es el Sr. Guillermo St. Malo Eleta”. En la empresa de Guillermo no ven la norma como un “beneficio al proyecto”: “La normativa establece que el Estado panameño ofrece incentivos fiscales limitados y temporales a inversionistas en proyectos de turismo (…) Nuestro proyecto ha aplicado de manera que pueda atraer inversionistas que a su vez podrán acceder a esos incentivos fiscales temporales”, respondieron.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores prometieron contestar sobre el proceso de negociación que deberían estar liderando, por mandato de la CIDH, entre el Grupo Eleta y los habitantes de Pedro González, pero al cierre de esta edición tampoco lo hicieron. Cortizo, por su parte, vetó la iniciativa sobre conflicto de interés del diputado Silva el 9 de junio pasado y, así, garantizó que los privilegios que denuncia Arias no se corten en la República de primos.

La jugada de la ley fue tan alevosa que todos los medios bramaron. “Ley de incentivos fiscales favorece a los allegados al poder”, publicó La Prensa. Y la televisora nacional TVN: “Créditos fiscales turísticos: un drenaje de fondos públicos”. Hasta las cámaras de Comercio y de Turismo, siempre de la mano de Eletas y Vallarinos, salieron al cruce de la medida.

Un dato pasó desapercibido en la avalancha: Pearl Island ya había recibido casi 18 millones de dólares del Estado para el megaproyecto en Pedro González.

En 2015, con Varela en la presidencia, la Autoridad de Turismo (ATP) le dio 17,792,625.00 dólares para “desarrollo de turismo náutico en la isla Pedro González del archipiélago de Las Perlas” a la sociedad Peninsula Resort S.A., según un documento de la Contraloría de la República. Península Resort fue registrada en julio de 2010 por Alcogal, con Alberto Vallarino, Jorge Gallo Restrepo y Guillermo de Saint Malo en la directiva. Es dueña de 25 fincas y seis propiedades en la isla, ninguna supera los 1000 dólares de valor en los documentos del Registro Público.

Además, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) dio 200 mil dólares para la instalación de “piloto fotovoltaica aislada híbrida con Grupos Electrógenos” en 2018 a Pearl Island Power, S.A., sociedad que el grupo creó en diciembre de 2013 y está integrada por gente vinculada a él: Guillermo de Saint Malo Eleta, Dianik Elizabeth Peren García y Anaximedes Cedeño Espino. Un año después, con otro presidente de otro partido en el poder, el panorama no cambió.

En enero de 2020, antes de que un virus frenara el mundo, en Panamá los alertas estaban puestos en otro tema: la escasez de agua.

Las lluvias descendían, las temperaturas aumentaban y el agua que alimenta al Canal de Panamá se evaporaba. Las alarmas se encendieron de inmediato y comenzó una seguidilla de eventos empresariales con títulos como “crisis hídrica” o “estrés hídrico”. El domingo 19, en un programa de debate televisivo, la mamá de Guillermo de Saint Malo, Mercedes Eleta de Brenes, le echó la culpa a la gente, que recibe subsidios y la desperdicia: “Vamos a dejar de tener el agua que necesitamos para la columna vertebral de este país porque le tenemos que dar a los panameños que consuman y sigan botando. Hay que pagar más agua, ¿el agua es gratis? ¿Tenemos el derecho humano del agua? Perfecto, anda al río y búscala”.

Tan solo 19 días antes, el Grupo Eleta abrazaba los subsidios en paquete de 232 millones.

La cofradía del Bristol

Los Eleta, Vallarino y otros miembros de una pequeña élite son quienes se han erigido como amos de la mayor parte de los grandes desarrollos inmobiliarios que se edifican en Panamá y de desarrollos turísticos, teniendo el manejo también de hoteles que son de su propiedad. Algunos miembros de esa élite suelen reunirse en el Hotel Bristol Panamá, cuya junta directiva es encabezada por Alberto Vallarino. Allí la élite ha conformado una especie de cofradía espartana, hedónica y donde la exacerbada admiración entre personas de igual género parece ser una práctica común. Las escenas rememoran las mismas que se daban en la antigua Grecia, donde comúnmente los hombres consideraban que las mujeres estaban a un nivel inferior, despreciándolas muchas veces. Algunos de quienes se suman a ese círculo en el Bristol, participan también de esas espartanas reuniones, en las que dan rienda suelta a sus pasiones más desinhibidas, disfrutando del placer mutuo entre seres del mismo género.

Panamá, una «perla» para los Eleta y los Vallarino

Cuenta la historia que por estas tierras se encontró una gran perla que se convirtió en leyenda. Al sitio llegaron conquistadores como Vasco Núñez Balboa y Francisco Pizarro. En numerosos cestos, en la arena de las playas, los indígenas, bajo el mando del cacique Terarequí, tenían abundantes perlas. Por ello, a esas islas se les llamó el Archipiélago de Las Perlas. Entre las perlas encontradas estaba una de 31 quilates. Por ella uno de los expedicionarios, Pedro de Puerto, pagó 200 pesos. Arrepentido por lo que consideró una locura el precio, la vendió por la misma suma a Pedrarias de Ávila, fundador de la ciudad de Panamá, quien se la dio a su esposa, doña Isabel de Bobadilla y ella a su vez a la reina Isabel que la hizo parte de las joyas de la Corona. La perla se le conoció con varios nombres, “la huérfana”, “la viajera” y “la peregrina”. Este último nombre fue el más conocido. Inspiró a escritores y poetas como Miguel de Cervantes Saavedra y López de Vega, Luego de la invasión de Napoleón Bonaparte a España a principios del siglo XIX, su hermano José Napoleón se la llevó a París. Allí permaneció hasta que Napoleón III necesitó impulsar sus finanzas y se la vendió al inglés James Hamilton, duque de Abercorn. En 1969, en una subasta, el actor Richard Burton la adquirió por 37 mil dólares y se la regaló a su esposa, la afamada actriz, Elizabeth Taylor (“Cleopatra”), cuyo perro, un pequinés, casi se la traga. “En diciembre de 2011, tras la muerte de Taylor, se vendió en una subasta por US$11,8 millones a un comprador anónimo” (BBC). ¿Sería panameño?

A esas islas llegaron esclavos negros de África a pescar perlas y en ellas se escribieron gloriosas páginas. Muchos esclavos se rebelaron, entre ellos Felipillo. Estalló la lucha del cimarronaje, según asegura FRENADESO en 2021 en kaosenlared.net.

Hablamos de más de 500 años de una historia de codicia, avaricia, ambición, injusticias, saqueos, guerras imperialistas, de conquistadores, piratas y esclavos que todavía continúa.

En 2008, arribó a la isla de Pedro González, Guillermo Saint Malo Eleta (MEDCOM, Power Club), blandiendo un título de propiedad de 1971, de 37 años antes, y reclamando para él, su familia y socios, ese territorio ante los sorprendidos moradores cuyos ancestros habían vivido por cientos de años en ese apacible lugar.

Guillermo de Saint Malo Eleta, hijo de Mercedes “Baty” Eleta, la de: “¿El agua es gratis? ¿Tenemos el derecho humano del agua? Perfecto, anda al río y búscala”, aseguraba que en 1971, en plena dictadura militar, su abuelo, el magnate Fernando Eleta Almarán, la había adquirido por 40 mil dólares de una tal familia Pliset. Además, informaba a los pobladores que la isla no se llamaría más Pedro González, sino “Pearl Island” donde desarrollarían un lujoso complejo turístico.

Fernando Eleta Almarán fue un empresario, político e hípico. Propietario de RPC radio y televisión y otras reconocidas empresas. Siendo joven fue Ministro de Hacienda y Tesoro y Canciller en los Gobiernos liberales antes del golpe de 1968. Fue negociador de los tratados del Canal “3 en 1” rechazados por los patriotas luego que fueran revelados por Floyd Britton y sus compañeros en las Conferencias de OLAS y Tricontinental celebradas en La Habana, Cuba, en 1967.

Eleta Almarán fue amigo de Omar Torrijos, a quien invitó a México para ver correr a su yegua “Quimera” en el Clásico del Caribe en diciembre de 1969. Allá lo sorprendió un golpe de Estado en su contra, obligándolo a retornar de inmediato a Panamá. Eleta le garantizó sus contactos para que Torrijos y su comitiva volvieran a Panamá en avioneta. El viaje se financió con los fondos de la Caja de Seguro Social (Ver: CSS, 80 años de saqueo oligárquico, FRENADESO, 2021). Torrijos fue rescatado por Manuel Antonio Noriega el 16 de diciembre de 1969. Ese día los militares y el PRD posteriormente lo recordarían como el “Día de la Lealtad”. La amistad entre Torrijos y Eleta se tornó más fuerte.

Los Eleta no fueron la única familia en beneficiarse de su relación con la dictadura y con intereses en las islas del archipiélago de Las Perlas. Gabriel Lewis Galindo adquirió y desarrolló el proyecto de Isla Contadora, un paradisiaco paraje del que dice que se enamoró luego que su yate “Casimiro” se accidentara allí en los 60. El nombre de “Contadora” tenía su origen en los tiempos de los piratas, porque era el lugar donde contaban el botín de las perlas que saqueaban. Los amigos millonarios de Lewis Galindo erigieron en ese sitio mansiones y él construyó el Hotel. Al lugar, que incluyó una playa nudista, iban celebridades como John Wayne, Cantinflas, Julio Iglesias, Elizabeth Taylor, la familia Kennedy y otros políticos y artistas. Fue refugio en 1979 del Sha de Irán y su esposa, por el que pagaron 14 millones de dólares que fueron repartidos entre los miembros del Estado Mayor de Torrijos, según su primo, el ex coronel, Roberto Díaz Herrera. Pero no solo fue centro de la farándula, también lo fue de eventos políticos (el acuerdo de Contadora) y de los capos mafiosos de la droga. El complejo hotelero fue declinando, luego que su último propietario, el empresario colombiano, Carlos Alberto Arango Duque, falleciera en un accidente aéreo. A Arango se le vinculó a los grupos narco paramilitares de Colombia.

Los Novey son otra de las familias que adquirieron islas en esa época de la dictadura militar. Se trata de la isla de San José, contaminada por los explosivos y armas utilizadas por el ejército norteamericano en prácticas y experimentos. Seguramente adquirida en otra gran “ganga”, el diario “El Mundo” de España la catalogó en 2011, la isla más cara del mundo. Se ofertaba por 217 millones de euros. Una isla similar, Pedro González, ya dijimos fue comprada por los Eleta por 40 mil dólares, 260 mil dólares actuales, o sea, 0.1% del supuesto valor de la isla San José.

En Isla Viveros, empresarios colombianos construyeron residencias, Introdujeron el sicariato y en una represión de la policía, el 16 de agosto de 2007, es asesinado el obrero del SUNTRACS, Luiyi Argüelles.

Estas son algunas familias beneficiadas de los que algunos llamaron el “proceso revolucionario”. Valga decir que en esas islas nunca rigieron en esta pandemia de la COVID-19 las medidas restrictivas del Ministerio de Salud. Los millonarios continuaron con sus viajes y fiestas en yates y villas como si nada estuviera pasando en Panamá y el mundo.

Los Eleta: “Esta isla se llama ahora Pearl Island”

Los Eleta arribaron con su sospechoso título de propiedad, amenazando e intimidando a la comunidad y advirtiéndole que, de pronto, ellos eran propietarios de todo un corregimiento con hermosas playas, invaluable flora y fauna, calles pavimentadas, iglesia, parque, centro de salud, perlas, corales, historia y cultura. Con la ayuda de los entes de seguridad (DIJ, SENAFRONT, Aero Naval, policía) emprendieron una persecución y represión contra los moradores. Hubo heridos hasta de bala. Se erigió una cerca electrificada para impedir el acceso a los humildes moradores que por cientos de años se dedicaron a la agricultura y a la pesca de subsistencia y a quienes los distintos gobiernos les negaron sus derechos posesorios. Derribaron árboles y destruyeron sembríos y casas. Los efectivos policiales y autoridades eran llevados a la isla en los yates de los supuestos propietarios para imponer el “orden”. La persecución fue tal que cuando los pobladores iban a tierra firme, Panamá o La Chorrera, a cumplir trabajos eventuales, citas médicas o visitas familiares, eran arrestados y llevados por meses a La Joya, La Joyita o al Renacer, incluido el suplente del representante de corregimiento. Eran las instituciones y los órganos del Estado al servicio de poder económico. Poco se conoció de esto, porque los Eleta, socios de los dueños de los grandes medios de comunicación, imponían la censura y el silencio.

Por esta isla, un corregimiento desde 1984 con cerca de 400 habitantes, dicen los Eleta que pagaron 40 mil dólares. Es decir, 6.60 dólares la hectárea, 0.0006 centavos el metro cuadrado. ¡Un momento! Dirán los aduladores del poder económico,. “Eso fue en 1971”. Pues bien, a los cálculos de hoy sería todavía una bicoca, 260 mil dólares, es decir, 0.004 centavos, menos de medio centavo el metro cuadrado por una isla de casi 60 kilómetros cuadrados. Es decir que, con menos de 10 meses de salario (26,600), Ricauter “Catín” Vásquez, administrador del Canal de Panamá, hubiese hoy podido comprar esta isla, mientras numerosas familias panameñas no pueden acceder a un terreno ni vivienda digna pese a haber trabajado toda su vida.

Lo peor es que, a pesar de este insólito atraco al Estado, los Eleta pretenden vender acciones por 232 millones a cambio de créditos fiscales por 10 años a los compradores. Es decir, entre los beneficios, la exoneración del impuesto sobre la renta en base a una ley de incentivos aprobada en este Gobierno del PRD de Laurentino Cortizo. Se busca así, dicen, incentivar y subsidiar a grandes empresarios y capitales transnacionales, mientras se critica y ataca programas de ayuda social a los pobres. En el caso de los Eleta, pretenden que seamos los panameños, luego de arrebatarnos una isla, los que financiemos su mega proyecto turístico Ritz Carlton Reserve. Así esta clase oligárquica-burgués parasitaria se ha enriquecido históricamente de las arcas del Estado.

Los Eleta y Alberto Vallarino

En este “emprendimiento”, los Eleta se asociaron al grupo Verde Azul, nada menos que de Alberto Vallarino Clement, siempre omnipresente en atracos y negociados de este tipo. Recordemos la estafa de Banistmo y la ley que impulsó para ello en el Gobierno PRD de Martín Torrijos. Él (también Stanley Motta), fue denunciado por su amigo Ricardo Martinelli, siendo Presidente y él ministro de Economía, de pagar solo un balboa anual de impuesto sobre la renta.

«Los Eleta y Vallarino no están solos. Tienen como aliado al administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, quien antes de ocupar ese cargo fue vicepresidente de Finanzas de Grupo Eleta y de Verde Azul (Vallarino). En entrevista a La Prensa dijo que quien lo recomendó para ese cargo fue el yerno de Cortizo, Juan Manuel Henríquez, gerente de la Hacienda Santa Mónica, que Alberto Vallarino Clement le quitó a los niños pobres de Panamá.

También los Eleta tienen el apoyo legal de la firma Morgan y Morgan, la misma de Panamá Ports y Cobre Panamá. Así como de Ernesto Orillac de la Cámara de Turismo de Panamá (CAMTUR) y de José Ramón Icaza Clement, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), pariente y socio de Alberto Vallarino Clement.

Lo que vemos en la isla de Pedro González es lo mismo que ocurre con muchos asentamientos humanos. Panameños sin vivienda ocupan terrenos ociosos y baldíos por décadas y de repente aparecen dueños con supuestos título de propiedad pidiendo su expulsión. “Invasores” les llaman y de eso se hacen eco los medios de comunicación como los de propiedad de los Eleta, Motta y Eisenmann, la dictadura mediática, y las autoridades de estos gobiernos que le quitan a los pobres para darle a los ricos, ordenan la represión.

Así nos roba esta clase oligarca, mientras panameños con contratos suspendidos deben realizar trabajos forzados para obtener un mísero bono en pandemia.

FRENADESO

FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCALES

Panamá, 11 de agosto de 2021.

Dedicado al compañero Bolívar Barría en los 35 años de su desaparición física.»

Verdeazul

El Grupo Verdeazul posee un amplio portafolio de “proyectos y oportunidades de inversión”, que incluye bienes raíces residenciales, en proyectos tales como: Buenaventura, Calamar, Villa Marina, Buenaventura Marina, Santa María Golf & Country Club, Greengarden Panamá, Santa María Court, The Crescent, Bristol Residences, Ciudad Santa Mónica y Pearl Island (asociado con Zoniro). Cuentan también con el proyecto Santa María Park, en su cartera de bienes raíces comerciales.

Según su sitio web, Grupo VerdeAzul S.A. (“GVA”) fue fundada en 2006 con el objetivo de hacer crecer los activos de bienes raíces y hospitalidad del Grupo.

Alberto Vallarino, Fundador y Presidente de Grupo VerdeAzul, fungió como el CEO de Banistmo de 1988 a 2006.

Mientras estaba en Banistmo Vallarino creó y dirigió Valores del Istmo, el brazo de Responsabilidad Social Corporativa del banco, y llevó su filosofía a Grupo VerdeAzul a través de la Fundación Grupo VerdeAzul en 2007.

Algunas de las principales inversiones del grupo anteceden a su fundación. Buenaventura, su desarrollo inmobiliario bandera, fue adquirido por la familia Vallarino en 1993 cuando era un rancho ganadero frente al mar. El Hotel Bristol abrió sus puertas al público en 1997.

Desde 2006, Grupo VerdeAzul ha crecido para convertirse en una empresa de inversión diversificada, con un manejo de activos que superan la cantidad de un billón de dólares, y emplea a más de 1,000 profesionales de varias empresas que operan en los campos de bienes raíces, hospitalidad y logística.

Convenio

En mayo de 2022 el Grupo VerdeAzul (GVA) y el Instituto Técnico de Educación Superior (Itse) firmaron un convenio marco de cooperación educativa, con el objetivo de impulsar la formación técnica en turismo y la industria de hospedaje, como una alternativa para el impulso económico y la generación de empleos en Panamá.

Según una reseña publicada el pasado 25 de mayo por el diario El Capital Financiero, afín a ambos grupos, el convenio establece que el Itse y GVA construirán un ecosistema que promueva proyectos de capacitación, práctica e investigaciones en general y en apoyo a poblaciones vulnerables en particular, en un esfuerzo conjunto para alcanzar un mayor fortalecimiento al avance de los planes establecidos por el Estado y las necesidades de la industria.

La alianza académica se realizó en las instalaciones del Instituto y se selló a través de la firma de Milena Gómez Cedeño, gerente educativa del Itse y Ana María Vallarino, directora de Personal de las empresas representadas por GVA.

La doctora Gómez Cedeño destacó que el turismo y que la industria del hospedaje es un sector líder en la economía del país que vive en constante transformación y es la clave para contribuir a su desarrollo es abordar el capital humano como el recurso más valioso.

Por su parte, Vallarino, hizo énfasis en la importancia de este acuerdo, que reafirma el compromiso del GVA, como creyentes en que la educación es un factor determinante en las oportunidades y calidad de vida de los panameños.

“Apoyamos la filosofía educativa, Aprender, Haciendo, esta oportunidad que tendrán los estudiantes de llevar a cabo prácticas profesionales dentro de nuestras instalaciones, pondremos nuestro granito de arena para un talento humano mejor preparado”, destacó Vallarino.

Los principales beneficiarios de la firma de este convenio son los estudiantes que cursan carreras en las escuelas de Negocios y Hospitalidad y Turismo del Itse, quienes contarán con un escenario para la ejecución de prácticas profesionales guiadas por el Itse y el GVA.

Durante la firma de este convenio, actuó como testigo de honor Gustavo Taft, director de la Camarita de Construcción e Inmobiliario, en representación de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Borrado

A pesar de que Juan Manuel Henríquez Portuondo, exyerno del presidente Laurentino Cortizo, forma parte del Grupo Verdeazul, mismo señalado de haberse quedado con la Hacienda Santa Mónica, que era administrada por Henríquez y que fue levantada sobre terrenos que el difunto multimillonario estadounidense Wilson Charles Lucom había dejado en su herencia como legado para los niños pobres de Panamá; inexplicablemente el nombre de Henríquez Portuondo desapareció del sitio web del Grupo Verdeazul, algunos piensan que posiblemente con la intención de deslindar al grupo de su relación con alguien allegado al entorno presidencial. Pero todas las señales no pueden ser borradas, aunque una búsqueda del nombre de Henríquez arroja que su ficha ha dejado de aparecer en el sitio web del Grupo Verdeazul.

 

¿Quién es Guillermo de Saint Malo Eleta”

Guillermo de Saint Malo Eleta dirige Grupo Eleta, un conglomerado empresarial diverso con inversiones en telecomunicaciones, energías renovables, logística, bienes raíces, turismo de lujo y agroindustria, según Luis Alberto Sierra en Estrategia & Negocios.

El fundador de Grupo Eleta es su abuelo Fernando Eleta Almarán, con quien se originó el fondo, y fundador de la primera compañía de radiodifusión de Panamá (RPC Radio). A su abuelo, quien en 2022 cumpliría 100 años, lo reconoce además «como uno de los modelos en su vida, un pionero también en negocios como la televisión y cría de caballos, y un servidor público que buscó siempre un Panamá más próspero, y, quien siempre les exigió excelencia en todo; no ser el más grande sino el mejor (…)».

Guillermo de Saint Malo sirve como director en oenegés como ProChiriqui, y Ancon (Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza).

De Saint Malo Eleta Impulsó el proyecto de turismo de lujo Pearl island, y en agroindustria, empresas como café Eleta, café Unido y Ninety Plus.

Lidera el fondo de inversión Canal Venture Capital, con el que ha invertido en empresas de salud y bienestar, servicios marítimos, proyectos inmobiliarios y startups en tecnología.

En sus apariciones en los medios de comunicación, los Saint Malo Eleta y los Vallarino intentan siempre imponer su visión sobre sus negocios, mostrándose usualmente no sólo como unos empresarios de éxito, sino también de prestigio y con mucha calidad humana.

Las Perlas de los Vallarino y los Eleta

El Pearl Island cuenta con una amplia promoción en los medios de comunicación, además de desarrollarse en el archipiélago Las Perlas, zona que desde la época de la dictadura de Omar Torrijos se había respetado. El archipiélago dispone de una de las reservas de fauna marina más importantes y que todavía quedan vírgenes en Panamá. Expertos en el tema reconocen que allí se pueden hallar los ejemplares de mero vivos más grandes del océano pacífico y quizás de todo el planeta.

Sobre un área del país, como Las Perlas, que hasta ahora era considerada virgen, los Vallarino y los Eleta han ido promoviendo en los medios de comunicación una imagen orientada en la que destacan el potencial de la zona para el turismo y los negocios,explicó en 2021 Eudomar Chacón Hernández en América Retail. .

Don Bernardo Hotel, S.A., sociedad que está detrás de la operación del monumental proyecto de Pearl Island, estaría por conseguir a través de la venta de acciones cerca de US$232 millones.

Con la venta de estos instrumentos financieros, la empresa conseguiría los fondos que necesita para construir el proyecto Ritz Carlton Reserve, que incluye un hotel cinco estrellas. La operación es liderada por Guillermo De Saint Malo Eleta, presidente de Don Bernardo Hotel.

Vermeer –una compañía de responsabilidad limitada de Delaware (paraíso fiscal en Estados Unidos)– es la que realizará la inversión en el sector turístico a través de la compra de acciones, en una operación estructurada por Credit Suisse y con el Banco Nacional de Panamá actuando como agente local de colocación y custodio de los certificados fiscales.

Lo novedoso de esta operación es que el inversionista que compra esos instrumentos financieros tiene el incentivo de recibir en créditos fiscales la totalidad del dinero invertido a través de Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, la cual fue reglamentada mediante Decreto Ejecutivo 364 el 23 de julio de 2020.

Según el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, estas inversiones ampliarán la infraestructura de hospedaje existente en las regiones donde se encuentra un gran porcentaje de los atractivos turísticos del país.

La proyección de Don Bernardo Hotel, en el que participa la familia Eleta, es conseguir cerca de US$232 millones (el monto recaudado será menor al valor de cara de los certificados fiscales porque se venden a descuento) que permitirían construir el hotel y otras amenidades que forman parte de la segunda etapa de su proyecto.

Ya en la isla se ha desarrollado una primera etapa del proyecto Pearl Island, que incluye un conjunto de lujosas viviendas, además de una pista de aterrizaje, servicios de carreteras, agua, electricidad y comunicaciones telefónicas. Una marina y restaurantes al frente del Océano Pacífico.

Esto ocurre en Pedro González, una isla en el archipiélago de Las Perlas, situada en el golfo de Panamá y a menos de una hora de la ciudad capital, en la que desde hace más de una década empezó el movimiento turístico de lujo de Pearl Island.

Allí, una residencia se vende en más de US$2 millones. Es turismo de alta gama, orientado al jet set local y extranjero que busca conectarse con la biodiversidad y la riqueza natural de la zona, pero en soledad y total privacidad.

En la estructuración financiera en la que participaría Vermeer, se esperaría reclamar los incentivos en forma de certificados de créditos fiscales por un valor total de US$232 millones a partir de 2023 y hasta 2029.

Basados en el monto esperado de la inversión, se proyectan créditos fiscales -a razón de 15% del valor total por año- por US$34,8 millones de 2023 hasta 2028; y US$23,2 millones en 2029, como la cantidad restante que se convierte en elegible para ser utilizada en ese último año.

Vía Zoom, Guillermo De Saint Malo Eleta, presidente de Don Bernardo Hotel, dijo que ve en esta ley de incentivos turísticos el empujón que necesita el país para que se desarrollen proyectos con los que se pueda competir a nivel mundial frente a otros destinos.

Explica que estos incentivos deben verse como los estímulos que, por ejemplo, recibe la industria de la construcción, cuando el Estado hace toda la infraestructura en carreteras, accesos y servicios públicos que se necesitan en una zona en la que después las constructoras edifican sus proyectos.

A su juicio, lo más importante es que el sacrificio fiscal es nulo, entendiendo que la misma actividad turística en operaciones generará el pago de impuestos y permitirá la creación de nuevas plazas de trabajo en las etapas de construcción y de operación.

Por otro lado, indica que dichos incentivos se convierten en una fórmula que dinamiza a un sector que difícilmente encuentra financiamiento en la banca local, que no ve con luces largas el negocio y no entiende el potencial que tiene el país.

El 90% de los atractivos turísticos naturales y únicos que tiene el país están fuera del distrito de Panamá, pero la oferta hotelera se concentra en la ciudad capital, y con esto se justifica el incentivo, según la ley.

La ATP indicó que actualmente hay más proyectos turísticos en proceso de trámite para la ley de incentivos a la inversión.

El acuerdo

Pearl Island es una isla de 1,466 hectáreas ubicada en el archipiélago de las Perlas, con 11 playas de una belleza natural única y con una reserva natural privada de más del 75%.

En 2012 se anunció el lanzamiento al mercado local panameño y al mercado internacional de la primera fase de este proyecto llamada “La Península”, la cual tendría un conjunto de lotes privados desde 3,000 metros cuadrados, así como residencias, villas y condos de 3 y 4 recámaras, con los altos estándares de calidad y acabados. “La Península” incluiría un hotel 5 estrellas, club de playa, spa, restaurantes, una marina privada con 40 atraques inicialmente y un aeropuerto con una pista de 1,100 metros. El proyecto Pearl Island se presentó como un nuevo destino turístico y de segunda vivienda en Panamá, reseñó Panama Economy Insight.

El mismo año, 2012, Grupo Eleta y Grupo Verdeazul llevaron a cabo la firma de un acuerdo para el desarrollo de Pearl Island. En la firma del convenio estuvieron presentes Guillermo de Saint Malo Eleta, Presidente Ejecutivo de Grupo Eleta, Alberto Vallarino Clément, Presidente de la Junta Directiva de Grupo Verdeazul, Diego Vallarino, entonces VP de Desarrollo Inmobiliario de Grupo Verdeazul, Jorge Gallo, Presidente Ejecutivo de Valor Centroamérica y Pierre Charalambides, Socio de Dolphin Capital Partners.

Grupo Verdeazul es una empresa de capital panameño que se dedica al desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios, comerciales y hoteleros. Esta compañía ha sido responsable de proyectos como Buenaventura, hotel Bristol Panamá, JW Marriott Panama Golf & Resort, Buenaventura Golf Club, Casa Mar, entre otros.

Incentivos

La Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, sancionada por el presidente Cortizo el 31 de diciembre de 2019 y reglamentada a través del Decreto Ejecutivo 364 el 23 de julio de 2020, que busca incentivar a los inversionistas en valores emitidos por «Empresas Turísticas o Sociedades de Inversión Inmobiliarias» y que otorga créditos fiscales hasta el cien por ciento (100%), tiene sus primeros beneficiados según la ATP, según FOCO.

La ley de incentivo parece tener pleno apoyo de la «Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)», ya que, a través de un comunicado de prensa en su página web, señaló que «La Ley 122 del 31 de diciembre de 2019 /…/ ha incentivado la creación de proyectos por un valor total de B/.899,285,410.00 en lo que va de este año.»

Uno de sus primeros beneficiados sería Don Bernardo Hotel, S.A., quién está detrás del proyecto Pearl Island según «La Prensa».

Para poder acceder a este beneficio, la sociedad Don Bernardo S.A. estaría emitiendo bonos por un valor de $232 millones en la Bolsa Latinoamericana de Valores (antigua Bolsa de Valores de Panamá).

Luego de obtener dicha suma, entonces podrá llevar a cabo la segunda etapa el proyecto «Ritz Carlton Reserve», que incluiría un hotel cinco estrellas en aproximadamente 40 hectáreas de terreno sin desarrollar en la isla Pedro González, informaba «La Prensa».

Quien esta liderando esta ambiciosa operación es Guillermo Saint Malo, CEO de Grupo Eleta y también actual presidente y apoderado general de la sociedad Don Bernardo Hotel, S.A.

Cabe destacar que el actual administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Ivan Eskildsen, laboró previo a su cargo público en «Grupo Eleta».

Los datos aquí aportados son precisos al evidenciar que este caso se trata no más que de un sistema de puertas giratorias, en el que antiguos actores del sector privado ahora se sitúan en el sector público, ocupando posiciones de poder que les permiten favorecer a las empresas a las que antes pertenecieron como ejecutivos.

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