Representantes del clero rechazan el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá a la vez que alertan sobre daños ambientales

El Estado panameño y la empresa Minera Panamá firmaron un contrato para la explotación y comercialización de cobre en la mina de Donoso, en la provincia de Colón. Sin embargo, este acuerdo ha generado el rechazo de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) y de diversas organizaciones ambientalistas y sociales, que denuncian los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Los argumentos de la CEP

La CEP emitió un comunicado, difundido por Twitter, en el que expresa su inconformidad con el contrato minero. Según la entidad religiosa, el Estado debe cumplir con el marco constitucional y las normas internacionales que ha suscrito, en relación con la protección de los recursos naturales. Además, cuestiona que el desarrollo económico que se promete no se traduzca en mayor justicia social y bien común.

La CEP también manifiesta su sorpresa por el hecho de que varios gobiernos hayan otorgado licencias de exploración y explotación minera en distintas regiones del país, sin consultar efectivamente con la sociedad y, en especial, con las poblaciones afectadas directamente. Para la CEP, este es el Talón de Aquiles del actual modelo de crecimiento del istmo, que genera mucha desigualdad y excluye a las grandes mayorías de sus beneficios.

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«En Panamá vivimos la paradoja de haber experimentado, en los últimos años, el crecimiento económico más significativo de América Latina, incluso después de la Covid-19, pero no se refleja en una mejor calidad en los servicios de salud, educación y seguridad social, cuya crisis está afectando a cientos de jubilados y pensionados», concluyó la CEP.

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Las críticas de los ambientalistas y sociales

El contrato minero, que según el Gobierno generaría ingresos de 375 millones de dólares anuales por la venta de cobre, también es criticado por organizaciones ambientalistas y sociales. Estas recuerdan que la ley que respalda el acuerdo fue declarada constitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.

Lilian González, directora del Centro de Incidencia Ambiental, afirmó que el pacto con la filial de la multinacional canadiense First Quantum promueve la creación de enclaves que ceden la soberanía nacional a grupos extranjeros. La experta anunció a los medios diversas acciones de repudio al controvertido arreglo oficial para presionar al Parlamento que no lo apruebe.

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