Panamá
Recolectora de firmas de la precandidata presidencial Zulay Rodríguez fue condenada en 2007 por falsificación de rúbricas en documentos migratorios
Débora Tang Portes, ciudadana condenada a 48 meses de prisión por falsificación de firmas y corrupción de servidores públicos, es activista recolectora de firmas de la diputada y precandidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez.
La ciudadana, que está inscrita ante el Tribunal Electoral como recolectora de firmas de Zulay, fue condenada en el año 2007 por falsificar firmas en documentos migratorios de ciudadanos chinos, en ese momento era secretaria en el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), informó FOCO.
El expresidente Ricardo Martinelli le otorgó a Débora Tang una rebaja de pena, actualmente es funcionaria del Banco Hipotecario Nacional con salario de $3 mil.
Detalles de la condena
El Juzgado Noveno de Circuito del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, Ramo Penal, condenó a Débora Susana Tang Portes, a 50 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
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Tang Portes fue declarada como autora de los delitos de uso de documento falso y corrupción de servidores públicos, previa celebración de la audiencia, según el diario Crítica.
El sumario seguido a Débora Susana Tang Portes por los delitos Contra la Fe Pública (falsificación de documentos en general) y Contra La Administración Pública (corrupción de servidores públicos), en perjuicio de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia, fue instruido a la Fiscalía 2da. Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación.
De las pruebas incorporadas al sumario se acreditó que el modo de operar de esta funcionaria era efectuar pagos a abogados, a fin de que en representación de distintas empresas firmaran poderes y solicitudes de visas especiales, confeccionados por su persona, ante la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, a favor de ciudadanos chinos que no cumplían la calidad de técnicos y/o expertos exigida por la Ley 25 de 1992, para el régimen especial migratorio aplicado a Zonas Procesadoras.
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