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Panamá

Minera Panamá sigue llevándose la riqueza mineral panameña frente a la mirada complaciente del Gobierno

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Por José Dídimo Escobar Samaniego
Opinión

Después de tres año y dos meses del gobierno actual y luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara hace cinco años la inconstitucionalidad del Contrato de explotación de Cobre y Oro por la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la minera canadiense First Quantum Minerals, que extrae de Panamá, Oro, Cobre, Molibdeno y otros minerales de alto valor comercial, que acostumbrada a hacer lo que le venga en gana, sigue después de cinco años de inexistencia legal de Contrato alguno, explotando y llevándose miles y miles de toneladas del mineral y dejando a Panamá la vergonzosa cantidad del 2% de las utilidades, cuando el país tiene derecho a percibir por lo menos el 50% de esa riqueza que bien podría servir para impulsar el desarrollo nacional y no tener que estar endeudando al país en la forma en que lo han hecho los diferentes gobiernos en los últimos treinta años, especialmente en los últimos trece años, de la cual mucho de ese dinero ha ido a parar a los bolsillos y cuentas bancarias de quienes han participado del gran desfile de la corrupción rampante en Panamá.

En medio de las circunstancias actuales, a la presente generación, le es imperativo tomar todas las previsiones a fin de garantizar nuestra existencia digna, habidas cuentas de que el país que nos regaló Dios, y por el cual lucharon las generaciones pasadas, fue esta codiciada cintura ístmica, llena de ríos, de peces, de mariposas, de gente buena y también de oro y otros minerales preciosos y es nuestro deber intransferible, legar responsablemente, algo más que angustias, y onerosas deudas a las futuras generaciones.

Hace dos días atrás, el precio del metal amarillo registró 1,713.12 dólares por onza troy y el cobre se cotizó hoy a 3.40 la libra.

La gente sabe que la emisión alegre de moneda sin el respaldo en oro, como debió ser, abre una puerta de desconfianza muy seria, por lo que las economías serias, todas están apostando al valor real del oro, como base segura de su riqueza, pues desde que EE-UU, dejó el acuerdo de Bretton Woods, en donde el oro era la base del dólar estadounidense y otras monedas estaban vinculadas al valor del dólar estadounidense. El Sistema Bretton Woods llegó a su fin a principios de la década de 1970 cuando el presidente Richard M. Nixon anunció que Estados Unidos ya no cambiaría oro por moneda estadounidense.

Como quiera que la contracción económica nos ha sobrevenido brusca y aparatosamente, los inversores buscarán el oro como inversión más segura y real y nadie quiere estar sometido a una moneda que se emite sin su debido respaldo, porque tarde que temprano todo el edificio se puede venir abajo irremediablemente. Con el Cobre pasa algo similar al Oro. Su precio ha subido en más de 300% en los últimos años.

Las actuales circunstancias, como hemos escrito, nos obligan a revalorizar y proteger todos nuestros activos como nación, porque nadie vendrá a tendernos la mano generosamente, para poder salir del hoyo en que estamos, Solo Dios y la oportuna diligencia y esmero que, de nosotros mismos debe surgir, en búsqueda de una respuesta prudente y sabia.

Desde hace casi 27 años atrás, un grupo de avivatos, malos panameños, obtuvieron del gobierno de entonces, concesiones amplias de casi todo el territorio nacional para hacer estudios exploratorios, que ya el Estado tenía preliminarmente través de misiones de la Organización de Naciones Unidas, para que nuestro país pudieran saber con los recursos minerales que podíamos contar, a efectos de extraer el oro, el cobre y otros minerales que Dios nos legó en su infinita misericordia y los utilizáramos en el desarrollo y promoción social y económica de los panameños.

Acto seguido, dichas concesiones fueron negociadas con empresas extranjeras, y de allí, El Estado otorgó un contrato leonino de concesión a la empresa Minera Panamá, donde se llevan el oro y el moro y a Panamá solo que quedan migajas, en un tiempo en que el país necesita desesperadamente de esos recursos para salir de la situación en que estamos inmersos.

El Estado Panameño no tiene acceso ni siquiera a verificar “in situ” las reales dimensiones del peso y las medidas de la extracción y envió real del dorado metal, que representa la mayoría de los miles de toneladas cúbicas que se envían desde el puerto de Coclé del Norte, puerto en el cual las autoridades marítimas y de seguridad nacional no ejercen dominio ni jurisdicción.

El Gobierno de Laurentino Cortizo-Cohen, cuando asumió el mandato, hace casi treinta y ocho meses, determinó que, ese contrato era, como en efecto lo es, leonino y altamente gravoso a los intereses nacionales y nombró una comisión para reelaborar un contrato distinto que reconociera nuestro interés nacional.

No obstante, al día de hoy, ese nuevo contrato aún no se ha presentado a la Asamblea Nacional, pero la empresa a pesar de ello, no ha dejado de extraer inmisericordemente el mineral y no ha parado el envío a Canadá de cientos de miles de toneladas, sin ningún fundamento jurídico que ampare el despojo y saqueo de nuestro patrimonio minero.

Es de reseñar que, cuando se estaba desarrollando la campaña publicitaria, pagada por la empresa para presionar la aprobación del contrato suspendido, se decía que esta actividad le daría trabajo directo a más de 10,000 panameños con muy buenos salarios. La realidad es que efectivamente laboran en la mina, unas 6 mil personas de las cuales 2,500 son panameños y cerca de tres mil quinientas son extranjeros, de diferentes partes del mundo, Filipinas, Sudáfrica, Perú, China, Korea, a los cuales, no se les paga seguro social, ni se cumple con las obligaciones que tiene el empleador con un salario y demás beneficios y se obtienen permisos de trabajo a través del Ministerio de Trabajo a todas luces violatorios a la Ley Laboral Vigente.

Quienes hayan sobrevolado la extensa concesión, habrán podido observar la amplia defoliación de todo ese paisaje, que antes era selva virgen y ahora un gigantesco campo pelado y horadado, de donde se extrae el mineral, sin misericordia. La Empresa, sin embargo, ante esta realidad ha expresado el interés de ampliar el área de concesión, según informan distintos medios de prensa.

En el medio de estas alegres concesiones, algunos panameños desde el sector privado y funcionarios de los gobiernos pasados, han obtenido beneficios que, no les corresponde, porque nadie puede comprometer, sin fundamento legal alguno, el patrimonio de todos los panameños. Estas personas deben devolver lo recibido al Estado y deben ser procesados por la audacia de vender lo ajeno, igual debe ser sancionada la empresa que participa de estos tratos chimbos en contra de nuestro interés nacional y de la transparencia que el país requiere, porque la corrupción, es precisamente, el vehículo que nos ha llevado al frente del sepulcro en donde estamos.

Esta empresa se ha dedicado a realizar una suerte de relaciones públicas, financiando algunas actividades en la región, sabiendo que esta no es la conducta adecuada, porque de lo que se trata, no es de una generosidad calculada y fría, sino de entregar a Panamá la parte que en justicia le corresponde, y que como socio dueño de estos minerales, se les otorga para que ellos lo extraigan, y la paga de los respectivos impuestos nacionales y municipales, de modo que; como dijera en su momento José Antonio Remón Cantera, “no queremos ni millones, ni limosna, queremos justicia”. La empresa, en vez de pagar lo que en justicia le corresponde al país, se empecina en una amplia campaña publicitaria en donde, una minúscula parte, de lo que le niega al país, lo emplea en hacer propaganda, con obras pasajeras en distintas comunidades, obligación que le corresponde al Estado y que lo podría hacer, si ellos pagaran lo que corresponde, lo cual indica que se adscriben un papel de generosos con nuestros propios recursos.

El distrito en donde se desarrolla la actividad minera, lleva el Nombre del patriota Omar Torrijos Herrera, seguramente que en su tumba se revolcaría de vergüenza, si nosotros seríamos pendejos y no defendemos el derecho a que nos respeten y nos traten con dignidad, por muchos millones que represente una empresa de la que tenemos evidencia que calla cuando los beneficios se los atraganta sola.

Un contrato nuevo, debe y tiene que reconocer la condición nuestra; de dueños de esa riqueza y no queremos ni podemos ser convidados de piedra, sino socios en pie de igualdad, respetuosos, como debe de ser, con acceso a los beneficios que de nuestra riqueza provengan. Si eso no es así, el interés nacional aconseja suspender en forma definitiva el contrato, porque no podemos regalar a extranjeros, lo que le privamos a nuestros propios compatriotas.

EL ministerio de Comercio e Industrias, tiene el deber moral de presentar al país y a la Asamblea Nacional, el nuevo Contrato que contemple los nuevos términos en pie de igualdad, es decir que elimine todo concepto leonino o enfrentar al pueblo panameño, legítimo dueño de esas riquezas a la cual tiene el derecho de disponer como le convenga.

Noqueremos vernos en la penosa necesidad de que el pueblo salga a las calles a enfrentar cualquier maniobra de querer pasar a ultima hora un contrato igualmente leonino, antipatria y antipopular, pero no dudaremos ni por un instante enfrentar a los corruptos y traidores qu nos quieren vender por treinta monedas.

¡Por un país decente y una patria para todos!

¡Así de sencilla es la cosa!



 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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