El pasado 14 de diciembre expiró el plazo establecido para que la compañía Minera Panamá, de propiedad mayoritaria de la traslacional canadiense First Quantum Minerals, firmara un nuevo contrato con el estado panameño.

Por tal motivo el Gobierno panameño ha decidido retirarle la concesión a Minera Panamá para seguir operando el proyecto Cobre Panamá.

Posiblemente First Quantum Minerals opte por acudir a un arbitraje internacional para reclamar el derecho sobre sus activos en Panamá.

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La no firma del contrato representa una señal de incertidumbre para la macroeconomía panameña, dado que se esperaba que el mismo se convirtiera en una de las más importantes fuentes de ingresos para el país.

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La decisión del Gobierno es percibida por algunos analistas como una coyuntura con un matiz expropiatorio que rememora el estilo del chavismo venezolano.

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El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que casi un año después “Minera Panamá no ha cumplido los compromisos acordados en enero de 2022. Eso no es aceptable”, por lo cual se informó del cierre de operaciones comerciales.

Cortizo, anunció que, junto al Consejo de Gabinete extraordinario del jueves 15 de diciembre, aprobó instruir a los ministros de Comercio e Industrias, de Ambiente y de Trabajo y Desarrollo Laboral, a adoptar las medidas administrativas de conformidad con las leyes de la República, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de 2017 de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del Contrato Ley entre el Estado panameño y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., hoy Minera Panamá, S.A., informó TVN Noticias.

A través de un mensaje en cadena nacional televisado al país, Cortizo dijo que, de igual forma, el Gobierno Nacional buscará “las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato que establezca beneficios justos para las partes”.

De acuerdo con Cortizo, el Gobierno Nacional hizo los esfuerzos necesarios para lograr con Minera Panamá un contrato, toda vez que la Constitución Política de Panamá señala claramente que “las concesiones para la explotación del suelo y el subsuelo se inspirarán en el bienestar social y el interés público”.

En ese sentido, agregó que, tras el acuerdo de enero de 2022, que calificó de satisfactorio para las partes, luego de largas negociaciones con Minera Panamá, “nos sentíamos confiados y optimistas”.

Cortizo sostuvo que puso en esta tarea “toda la paciencia necesaria, la buena fe y la mejor de las voluntades para lograr que la Minera ratificara lo acordado, y por eso esperábamos reciprocidad de la empresa, lo cual no se dio”, dijo en su mensaje al país.

Ante este escenario, agregó el Presidente, tomó la decisión, junto a sus ministros, de instruir al titular de Comercio e Industrias para que se ejecute un Plan de Preservación y Gestión Segura; es decir, de cuidado y mantenimiento; así mismo, al ministro de Ambiente, a continuar con la supervisión, control y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto minero; y a la ministra de Trabajo, a tomar las acciones requeridas y necesarias para garantizar que se mantenga la fuente de empleo y la protección de las prestaciones laborales de los trabajadores de la mina.

Concluyó señalando el Presidente que las acciones tomadas por su Gobierno garantizan el principio establecido en nuestra Constitución: “los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño”.

El Consejo de Gabinete, en sesión extraordinaria encabezada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, aprobó instruir al Ministro de Comercio e Industrias a que ordene a Minera Panamá S.A., la suspensión de operaciones en el proyecto Cobre Panamá luego de que la empresa no cumplió con los compromisos acordados en enero de 2022 para lograr un contrato “razonable y satisfactorio” para el pueblo panameño.

La Resolución No.144-22, aprobada de manera unánime instruye al titular del MICI a adoptar las medidas administrativas de conformidad con el Código de Recursos Minerales, con el propósito de ordenar a Minera Panamá, S.A., que establezca y ejecute un plan de preservación y gestión segura, (cuido y mantenimiento), es decir, cese de operaciones en el proyecto Cobre Panamá.

También instruye al titular de MiAmbiente a adoptar las medidas para que supervise, controle y fiscalice el cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto minero.

La resolución instruye a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, a efectos de que de que supervise, vele y verifique el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la relación laboral existente entre los trabajadores del proyecto Cobre Panamá y la empresa Minera Panamá, S.A., y tomar las acciones que sean requeridas y necesarias para garantizar el mantenimiento de la fuente de empleo y la protección de prestaciones laborales de los trabajadores del mencionado proyecto minero.

La Resolución establece que entrará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.

El 17 de enero de 2022, Minera Panamá, S.A., a través de una carta firmada por Manuel Aizpurúa y dirigida al entonces titular del MICI, Ramón Martínez, manifestó que considera razonable un aporte anual mínimo de B/.375 millones.

“En ese sentido, aceptamos la propuesta del Gobierno Nacional, a la vez que solicitamos se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto”, agregó la misiva de la empresa.

La Resolución sustenta que el artículo 257 de la Constitución Política de la República de Panamá señala que las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado y podrán ser objeto de concesiones o contratos para su explotación, mientras que el artículo 259 del propio texto fundamental dispone que las concesiones se inspirarán en el bienestar social y el interés público.

El citado Contrato Ley entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A., hoy Minera Panamá, S.A., otorgó derechos exclusivos a la empresa para explorar, explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar todos los minerales base o preciosos en cuatro zonas que totalizan 13,600 hectáreas, ubicadas en los distritos de Omar Torrijos Herrera y Donoso, en la provincia de Colón.

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