Según el diario El Confidencial, la Guardia Civil de España ha descubierto que la empresa constructora FCC habría sobornado con 178 millones de dólares a funcionarios panameños para conseguir contratos en ese país. Un informe entregado al Juzgado Central de Instrucción número 2 muestra que la compañía usó una red de intermediarios para dar comisiones al exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014).

El informe indica que entre 2010 y 2014, FCC habría pagado ilegalmente 178,2 millones de dólares a altos dirigentes del Gobierno de Panamá para obtener más de diez obras públicas. Las pesquisas revelan que FCC habría facilitado dinero para que Martinelli comprara un piso de lujo en el barrio madrileño de Los Jerónimos, valorado en 3,2 millones de euros. Estos fondos se transfirieron mediante una operación financiera diseñada para ocultar el origen del dinero.

Entre los principales beneficiados de este supuesto entramado de corrupción se encuentran el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y varios de sus hijos. De acuerdo con el Grupo de Blanqueo de Capitales de la OCU, Martinelli y su entorno cercano exigieron cobros de sobornos como un porcentaje de cada contrato otorgado durante su gobierno. El informe señala que la suma millonaria se consiguió mediante sobreprecios en las obras concedidas, así como mediante la inflación de los precios del acero utilizado en la construcción de la Línea 1 del Metro, proyecto en el que la empresa española FCC participó en consorcio con la brasileña Odebrecht.

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Además de varios directivos españoles de FCC, el abogado Mauricio Cort y el ex presidente Ricardo Martinelli están imputados en este caso, luego de una solicitud presentada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón que los señala como presuntos beneficiarios de los sobornos. El informe explica que la constructora española habría atendido las demandas de altos funcionarios del gobierno de Martinelli y canalizado los pagos de sobornos a través de intermediarios, como Mauricio Cort y Riccardo Francolini Arosemena. Estos pagos se realizaron mediante contratos de servicios falsos y se estima que ascienden a $82.5 millones a través de sociedades vinculadas a Mauricio Cort, y otros $12.8 millones a través de la firma Martínez Acha y Asociados, también de origen hispano-panameño, de acuerdo con Panamá en Directo.

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Además de los pagos realizados por FCC, que terminaron en cuentas bancarias en Suiza y Andorra, la Guardia Civil española también rastreó sobornos pagados por otras dos contratistas: Telvent Tráfico y Transporte, S.A. y SCES Steel Services, LLC., que habrían transferido $5.6 millones y $800,000 dólares, respectivamente. El informe resalta que los pagos millonarios en perjuicio del erario público panameño se realizaron a los integrantes del esquema corrupto liderado por Martinelli y su entorno cercano, y que una de las formas de generar fondos fue a través de adendas a los contratos de obras y la aceptación de sobreprecios, firmados por el ministro Federico Suárez.

El informe detalla numerosas transferencias bancarias que se movieron entre sociedades controladas por las empresas involucradas, luego a los despachos de los abogados y finalmente a cuentas bancarias europeas que resultaron ser propiedad de la familia Martinelli. Actualmente, aproximadamente la mitad de los $178.2 millones están congelados por las autoridades europeas, mientras que el destino del resto aún se desconoce.

Estas conclusiones, basadas en exhaustivas pesquisas realizadas por la U.C.O., han sido remitidas al Juzgado Central de Instrucción número 2 para su evaluación y posible acción judicial. El caso ha generado gran repercusión tanto en España como en Panamá, y se espera que se lleven a cabo las medidas legales correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes.

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