Por el Licenciado Emilio Eduardo Batista
Opinión

Mediante un artículo publicado en fecha reciente; por este prestigioso medio escrito, nos referimos a las disposiciones consagradas en los artículos 275 y 276, contenidos en el Título IX, Capítulo 3, de la Constitución Política de la República de Panamá, que establecen la Contraloría General de la República y sus funciones. Las citadas disposiciones constitucionales han sido desarrolladas por la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República; con sus respectivas modificaciones y adiciones establecidas en las leyes No.67 de 2008 y No.351 de 2022.

La Constitución y la Ley, le otorgan al Contralor General amplias y rigurosas facultades, que lo convierten en el funcionario público que mantiene LA INVESTIDURA LEGAL Y LA OBLIGACIÓN SUPREMA, de defender el patrimonio del Estado, realizar las investigaciones de auditoría necesarias para determinar la afectación de fondos públicos y toda clase de bienes y patrimonio pertenecientes al Estado; y además, que todos los actos públicos de disposición patrimonial, se realicen con corrección, para lo cual cuenta con una estructura nacional conformada por profesionales de gran experiencia y amplios conocimientos; a lo que debe agregarse la capacidad financiera y logística.

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Por otra parte, la Constitución y la Ley obligan al Contralor General a realizar las acciones para asegurar el patrimonio estatal, y presentar las acciones correspondientes ante el Ministerio Público, una vez determinado el hallazgo lesivo e irregularidades.

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A partir del año de 1997, fecha en que se inició la actividad minera de explotación de cobre y oro a cargo de la concesionaria Minera Petaquilla, el patrimonio del Estado ha sido saqueado, con el beneplácito y la indiferencia de los gobiernos de turno; pero lo más grave y escandaloso, es lo que se pretende pactar con la sociedad Minera Panamá, S.A. mediante el aberrante e ilegal Proyecto de Contrato Ley de Concesión Minera, que hoy se debate en la Asamblea Nacional y conlleva el más lesivo, cruel, traidor, destructivo y despiadado despojo, de la riqueza de la población del Estado; población, que es la víctima inocente de tan perverso e inhumano accionar de nuestros gobernantes antipatriotas y entreguistas a gobiernos y capitales extranjeros.

El actual Contralor General al Refrendar el Proyecto de contrato de Concesión ha infringido de manera directa y por omisión las disposiciones constitucionales y legales que regulan sus actuaciones. En lugar de refrendar el contrato, estaba obligado a realizar las investigaciones de auditoría tendientes a determinar el monto invertido por el Concesionario, el valor de todo los minerales extraídos, el daño causado al medio ambiente y establecer la LESIÓN PATRIMONIAL CUSADA AL ESTADO PANAMEÑO, y presentar las denuncias de rigor ante el Ministerio Público y procurar la recuperación económica correspondiente a cargo de los implicados en los delitos cometidos.

El Refrendo o firma del Proyecto de Contrato Ley con Minera Panamá S. A., lo hace responsable directo del despojo billonario que se hará a Panamá y merece ser denunciado, querellado, investigado, juzgado y sancionado por acción y omisión en el ejercicio de su cargo, de conformidad a lo previsto en la Constitución y en las Leyes vigentes, en especial el artículo No. 4 de la Ley 251de 2022, que modifica la Ley Orgánica de la Contraloría General, y establece las causas por las cuales el Contralor General, puede ser suspendido o removido por la Corte Suprema de Justicia; a saber:

» 1. Haber incurrido en delito contra la administración pública, contra el patrimonio o la fe pública o, en general, en delito cuya pena principal sea prisión.

Haber incurrido en abuso de autoridad o infracción de los deberes de los servidores públicos, o
Haber incurrido en ineptitud o negligencia en el ejercicio de su cargo.»
La pregunta obligada es: A quién representa el Contralor General de la República; a la PATRIA O LA OSCURIDAD??

Así de sencilla es la cosa!! como termina sus escritos el colega José Dídimo Escobar Samaniego.

El autor fungió como abogado y asesor legal de la Contraloría General de la República.

Artículo original publicado en El Periódico de Panamá

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