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Panamá

Comunidades cercanas al proyecto minero en Donoso temen perder sus tierras por expropiación establecida en contrato ley 1043

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La discusión del contrato ley 1043 entre Minera Panamá y el Estado panameño, que se lleva a cabo esta semana en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Panamá, ha generado una gran preocupación entre los habitantes de las zonas cercanas al proyecto minero ubicado en Donoso, provincia de Colón.

Estas comunidades temen que sus propiedades, tanto las que tienen título como las que no, sean expropiadas o adquiridas por la empresa minera, que según el contrato tendría el derecho a comprar, arrendar o usufructuar tierras del Estado dentro o fuera del área de concesión, sin necesidad de someterse a mecanismos de selección de contratistas.

 

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Así lo expresó Ricardo Gómez, de la comunidad de San Benito, quien pidió ante los diputados que se les garantizara por escrito el respeto a sus tierras. Gómez reconoció que el proyecto minero los ha “ayudado mucho”, pero dijo que eso no serviría de nada si ponen en juego sus terrenos.

Un contrato inédito y escandaloso

El contrato minero ha sido calificado como “inédito” y “especialmente escandaloso” por el abogado ambientalista Harley Mitchell Morán, quien señaló que el Código de Recursos Minerales establece con mucha claridad que al proyecto minero solo le pertenecerán las estructuras necesarias para la extracción del mineral, y no los derechos reales sobre la superficie de la tierra.

Mitchell Morán también criticó que el contrato considere la actividad minera como de interés público, lo que facilitaría al Estado activar procesos expropiatorios en caso de que la empresa no llegue a un acuerdo con los propietarios privados. Además, advirtió que el contrato no tiene límites claros sobre la extensión del proyecto, ya que dice que se podrá expandir y modificar mediante adendas.

Rechazo social al contrato minero

La población panameña ha manifestado su rechazo al contrato minero que presentó el Ejecutivo a la Asamblea y que actualmente está en primer debate. Según una encuesta realizada por OMG, S.A. y The Marketing Group entre el 17 y el 27 de agosto pasado, el 53% de los encuestados se opuso a su aprobación, de acuerdo con La Prensa.

Este rechazo coincide con lo expresado en el Informe del Pacto por el Bicentenario, un diálogo impulsado por la administración Cortizo para atender las demandas sociales y el descontento con las reformas constitucionales. La mayoría de los participantes en las consultas del diálogo pidió una moratoria de minería metálica en Panamá.

Por otro lado, algunos trabajadores y proveedores de Minera Panamá han defendido la actividad de la empresa por los beneficios económicos que les representa, entre los empleos generados y las compras a los productores de la región.

Sin embargo, el debate en la Asamblea Nacional no ha profundizado en temas como el de la posible venta y expropiación de tierras, debido a que el presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, Roberto Ábrego, decidió no discutir el contrato por bloques temáticos.


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