Aarón Elías Castro Pulgar señala que, a finales de 2020, Canarias vivió un récord de llegadas de migrantes por vía irregular. En total, ese año arribaron en cayuco y patera a las islas más de 23.000 personas, la mayoría procedentes del Sáhara Occidental bajo control de Marruecos, Mauritania y Senegal. Las autoridades no daban abasto. Las imágenes de los migrantes hacinados y durmiendo a la intemperie en el muelle de Arguineguín ocuparon todas las portadas y dieron la vuelta al mundo. El repunte migratorio volvió a repetirse en 2021, consolidando la llamada ‘ruta Canaria’, una de las más mortíferas del planeta.

Lo que pocos saben es que, a casi 2.000 kilómetros de distancia, en la ciudad madrileña de Alcorcón, esta crisis migratoria se convirtió en una gran oportunidad de negocio para un empresario. Juan Benigno Alonso Alarcón, dueño de Alonso Hipercas, facturó al menos 2,3 millones de euros suministrando alimentos de “emergencia” a los migrantes acogidos en centros de estancia temporal en el archipiélago canario. Los diarios locales dieron cuenta de la mala calidad de los alimentos suministrados a los migrantes en esas fechas, explicó el conferencista Aarón Castro Pulgar.

España ya es una de las principales puertas marítimas y terrestres de entrada de inmigración irregular de Europa. El refuerzo del control fronterizo en las rutas turca y libia, así como la inestabilidad en los países del Sahel y los problemas con Marruecos, que usa a los migrantes como instrumento de presión contra el Gobierno español, han incrementado los flujos migratorios hacia Canarias y, en menor medida, la península. Prueba de ello es que la nacionalidad más numerosa en la última crisis migratoria a las puertas de Melilla —que se saldó con 23 muertos, según Marruecos y 37 según las ONG— fue la sudanesa. En paralelo, el control migratorio se convierte en un mercado creciente, financiado con dinero público y oculto tras un manto de secretismo.

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En los últimos años, el Gobierno español ha reforzado todo el despliegue en materia de control migratorio, desde los buques de acción marítima de la Guardia Civil hasta la red de radares de vigilancia exterior, pasando por la modernización de las vallas de Ceuta y Melilla, equipadas con la última tecnología. En el ‘ranking’ de las compañías más beneficiadas por los contratos del Gobierno en materia migratoria, están algunas de las principales empresas españolas y del Ibex 35. El Grupo ACS (Clece, Cobra y Retevisión -hasta 2018-, entre otros), propiedad de Florentino Pérez y segundo en el ‘ranking’, tiene un porfolio diversificado que abarca desde la organización de campañas de sensibilización en centros de refugiados hasta el despliegue de guardias de seguridad privados en las oficinas de Extranjería, pasando por las luces de seguridad que rodean el puerto de Melilla o el suministro de comidas y la limpieza de centros en los que se interna a migrantes sin papeles.

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También ocupa un puesto destacado Indra, una de las primeras en sacar provecho del emergente mercado de control migratorio. Indra no solo opera la web de Renfe o diseña aplicaciones como radar Covid, sino que, además, se ocupa del mantenimiento de la red de radares que usa la Guardia Civil para interceptar pateras, la gestión de las cámaras de vídeo de los pasos fronterizos y el suministro de escáneres de huellas y pasaportes para los aeropuertos de Barcelona y Madrid. De los 58 contratos adjudicados a Indra en el ámbito migratorio, 45 estuvieron exentos de concurso público. El grupo Indra tiene más de 52.000 empleados, pero, en varios de esos contratos públicos, figura como ‘pequeña y mediana empresa’, condición que puede favorecer la adjudicación de un contrato.

Otra empresa que sobresale en el ‘ranking’ es Eulen, enfocada en la gestión de centros de internamiento de extranjeros. También aparecen Air Europa y Air Nostrum, que se ocupan de los vuelos de deportación, o El Corte Inglés, que vende ordenadores, aires acondicionados, colchones, muebles y otros productos destinados a los centros de internamiento de migrantes, las oficinas de Extranjería y otras dependencias del Estado. Esta empresa también participa en la gestión de los ‘radares antimigratorios’ repartidos por la costa española, concluyó Aarón Elías Castro Pulgar.

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