Por Rubén Blades
24 de Julio, 2023

Como se esperaba, el fallo judicial referente al caso “New Business” resultó adverso al expresidente Ricardo Martinelli.

Fue declarado culpable, sentenciado a diez años de cárcel y al pago de una multa de 19 millones de dólares.

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Es la segunda vez en nuestra historia republicana que un mandatario panameño ha sido condenado a pena de cárcel (el anterior fue Juan Ramón Guizado, acusado de formar parte del complot para asesinar al presidente Remón, y sometido a un procedimiento judicial hoy generalmente considerado como amañado).

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Damos por supuesto que el fallo contra Martinelli será apelado y que sus abogados agotaran todas las avenidas legales existentes para defenderlo y para sacarle la mayor cantidad de dinero posible, mientras puedan hacerlo.

El punto sobre el cual parece concentrarse el interés de todas las opiniones vertidas al momento radica en si resulta o no posible para Martinelli el presentarse como candidato presidencial en el 2024. La ley es clara al respecto: mientras no se haya agotado el proceso actual, que aún incluye dos instancias judiciales por recurrir, la sentencia no se ejecutará y el reo podrá continuar disfrutando de todas las oportunidades disponibles para quien goza del derecho ciudadano, incluyendo ser candidato a puestos de elección (artículo 180, Constitución Política de Panamá).

En Panamá, donde los casos judiciales languidecen, cumplen años, envejecen y/o mueren por no haber sido atendidos oportunamente, muchos aseguran que, a pesar del fallo que lo declara culpable, Ricardo Martinelli podrá ser incluido como candidato presidencial en la papeleta de su partido. Basan su pronóstico en que los fallos de las apelaciones judiciales en Panamá son consistentemente tardíos y que el tiempo para las decisiones legales que prevengan su incorporación a la oferta electoral del 2024 es, en este caso, de solo dos meses. Aunque justificado, ese argumento no atiende la característica que confiere al asunto un tono especial: su urgencia. La percepción popular sobre la investigación del Ministerio Público es que persigue un motivo evidente: producir la inhabilitación política de un candidato, declarado corrupto y considerado como un factor desestabilizador, para evitar que participe en un proceso electoral donde supuestamente lidera las encuestas.

Por esa razón, la usualmente lenta experiencia burocrática sufrida por el ciudadano promedio podría ser reemplazada por rápidas y sucesivas decisiones forenses, la última de estas ante la Corte Suprema de Justicia. De existir la voluntad judicial, las apelaciones podrían ser resueltas dentro del plazo señalado por la ley Electoral.

Por otro lado, si Ricardo Martinelli llega efectivamente a candidatearse pero luego sus apelaciones fracasan y la confirmación de su condena se decreta antes de la votación en mayo del 2024, quedaría inhabilitado para participar en actividades políticas y el nominado como su vicepresidente en la papeleta ocuparía automáticamente la primera posición de su partido, sustituyendo a Martinelli como candidato presidencial.

Ahora, asumamos lo peor: el declarado corrupto Ricardo Martinelli llega a ser candidato presidencial, gana la elección y solo después, agotada la última instancia denominada Casación, la Corte Suprema de Justicia afirma el fallo en su contra: ¿qué pasaría entonces?

Aceptaría un Ricardo Martinelli electo presidente ir a la cárcel? ¿Qué ocurriría si rehúsa acatar la decisión de la Corte Suprema? ¿Como respondería el electorado ante ambas situaciones? ¿Que actitud moral asumiría la población frente a la crisis? ¿Cómo reaccionaría la comunidad internacional? ¿Cómo afectaría al país económica, comercial y diplomáticamente el tener como presidente de la República a una persona condenada judicialmente por corrupción?

No creo que el asunto llegará a tales extremos, pero en nuestra sociedad, donde incluso hay ahora gente asegurando que la tierra es plana y no redonda, considerar exabruptos como el de, “Martinelli presidente”, resulta una triste necesidad.

El hecho de que el caso “New Business” haya avanzado judicialmente y que Ricardo Martinelli haya sido juzgado en Panamá y finalmente condenado, algo prácticamente imposible de considerar un par de años atrás, se produjo gracias a la cooperación, ayuda, e información proveniente de fuentes extranjeras. Esta colaboración ha impulsado y apoyado en Panamá la investigación de la comisión de actos delictivos públicos. Pero la asistencia internacional a nuestro Ministerio Público en sus pesquisas no ha producido en Panamá una reacción unánime de agradecimiento.

Para algunos, la colaboración de oficiales y departamentos de gobiernos extranjeros, v.gr., de los Estados Unidos de Norteamérica, es una intromisión en los asuntos internos de Panamá. No estoy de acuerdo con esa caracterización. Alertar a un gobierno sobre la comisión de un delito, apoyar sus investigaciones y compartir información dirigida a identificar corrupciones y a corruptos, no constituye, “un acto de intervención extranjera”. Resulta perversamente Interesante que la mayoría de los que votaron por Ricardo Martínelli en 2014 denominaron «liberación» a la invasión militar de 1989 ordenada por el presidente norteamericano George Bush, un acto ilegal y de abierta connotación imperialista, que produjo la muerte a un número aun no determinado de panameños. Hoy los defensores de la corrupción política alimentada por el clientelismo condenan la ayuda extranjera a nuestro Ministerio Publico, para investigar y llevar a juicio a los que desde adentro intervienen para destruir a Panamá y a su futuro.

Como quiera que se analice, la presente situación política en mi país nos recuerda una expresión popular, originada en Francia en el siglo 19 y usada para explicar el escándalo político y financiero causado por el fracaso del ingeniero Ferdinand de Lesseps en su intento de construir en nuestro territorio un canal a nivel, ¡“Que’l Panamá”!

O dicho en el idioma del patio, ¡»menso lío”!

Artículo publicado en rubenblades.com

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