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Panamá

La respuesta de la diputada Zulay Rodríguez ante video de Asamblea Replay

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EL QUE NO LA DEBE, NO LA TEME

Por la seriedad que me caracteriza y debido a que en las últimas horas los señores de la página Asamblea Replay, se han encargado de difundir un video evidentemente manipulado, aprovecho la ocasión para aclarar este tema y compartir con ustedes algunas consideraciones.

El video que fue puesto en circulación por esta página no oficial que se encarga de difundir el quehacer legislativo, es de la sesión del 25 de febrero del 2021, donde aprobamos en segundo debate, el Proyecto de Ley No. 120, mejor conocido como la Ley General de Adopciones de la República de Panamá.

El proyecto en mención, consta de 123 páginas y en el mismo, establecemos una serie de parámetros para agilizar el proceso de adopción de los niños que se encuentran institucionalizados, para los que no entiendan el significado de esa palabra sofisticada que la burocracia inventó, son los niños que están en los ALBERGUES y que han sido abandonados.

Ese día como responsable de la Comisión de la Familia, tenia que devolver 3 anteproyectos de Ley, que habían sido prohijados (admitidos por la comisión) y el estatuto de la Asamblea, faculta a los presidentes de las comisiones permanentes, como los responsables de devolver al Pleno de la Asamblea estos anteproyectos para su posterior tramitación.

Yo me acerque al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, y le dije que queria devolver los 3 anteproyectos para que se le diera tramite y el respondió «No, ZULAY ya vamos a aprobarte tú vaina» o algo así, pero ¿Qué era la famosa vaina?, bueno como se imaginaran era el proyecto 120.

Yo les voy a hablar con claridad, en mi estancia en la Asamblea Nacional, he visto pasar a varios presidentes de diferentes partidos, Beby Valderrama, Rubén De León, Yanibel Abrego y ahora Marcos Castillero. De todos esos presidentes, el diputado Castillero ha sido de los más eficientes en el manejo legislativo en la Asamblea. Y yo sé que un pocotón de gente va pegar el grito al cielo y salirme con el cuento de la vacuna, la planilla etc… pero señores en el periodo pasado, a mi no me aprobaban NINGÚN PROYECTO, no me deban la palabra, me apagan el micrófono, ni hablar de las citaciones, YO cité a Quijano antes de que saliera de la ACP, obtuve los votos en el Pleno y resulta que esa citación nunca se concreto.

Pero en este periodo no solamente me dan la palabra, sino que por ahi ha pasado Héctor Alexander, Rolando Mirones, Enrique Lau, el ex defensor del pueblo y la otra semana estará el Superintendente de Bancos. No conforme con eso, le recuerdo que la Ley de MORATORIA, que fue una iniciativa del LEGISLATIVO, se logró pasar debido a que Marcos como presidente de la Asamblea, no se rajó y propicio la discusión del proyecto. Y si quieren le doy más detalles, el PODER ECONOMICO de este país no queria ningún tipo de moratoria, porque los dueños de los bancos, también son los dueños de las empresas de telecomunicaciones, de las hidroeléctricas y de los canales de tv.

Debo también recordarles la lucha titánica que tuvimos para aprobar el proyecto de ley que le hizo justicia a los familiares de los mártires del 9 de enero, el cual se pudo concretizar gracias al apoyo de Marcos Castillero.

Yo sé que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo, pero al Cesar lo que es del Cesar, todo el problema aqui es que hay unos chiquillos irresponsables que están financiados por MOVIN que se la pasan distorsionando las cosas. La señora Annette Planells es miembro de la junta directiva de la sociedad Medios Digitales Transparentes, y esa es la sociedad que maneja FOCO PANAMA. Los COBARDES de MOVIN se dieron cuenta que en este pais nadie les cree absolutamente nada y por eso han modificado la estrategia y tienen a sus varilleros privados haciendo el trabajo sucio,

Esta gente, por una interpretación jalada de los cabellos y totalmente amanada, han comenzado a solicitar que el proyecto 120 no sea aprobado, en pocas palabras, lo que pretenden es que en Panamá no se modifique la Ley de Adopciones y con ello que los niños institucionalizados (encerrados en los albergues) sigan sin la oportunidad de conseguir el acogimiento de una familia.

La otra parte que evidentemente no dicen, es que este es un movimiento de gente que está en contra de LA VIDA, y que su mensaje PRO ABORTO, lo están camuflando con esta campaña ABSURDA. Para mí la vida comienza desde el momento de la concepción y ese bebe que está iniciando su camino por este mundo, tiene el mismo derecho a la vida, que tienen los varilleros que están irresponsablemente atacando un solo artículo de un proyecto de más de 123 páginas. Lo irónico de todo esto, es que la misma gente que ahora protesta en las calles, eran los que hace algunos años tenian en su movimiento a pedófilos condenados en Claramente.

Estos movimientos de gente irresponsable que actúa sin principios y sin valores, no son capaces de sostener un debate de altura, inclusive los voceros internacionales de esa forma de pensar han sido arrastrados en debates internacionales y si no me creen, busquen en Youtube el último debate entre Agustin Laje y Gloria Alvarez.

Me van a criticar por eso, que lo hagan pues… Soy NACIONALISTA, PROVIDA Y PRO FAMILIA. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso esto Corea del Norte, donde la gente no puede pensar diferente?

Hasta dónde puede llegar la miseria humana, que utilizan un vídeo de un tema de adopción de niños sin hogar, para hacer politiqueria barata, en favor de un COBARDE que no da la cara y que está protegido por el combo de Annette y compañía. Pero me voy más allá, estos son los mismos, que hace unos meses financiaban el matrimonio igualitario, estos son los mismos que querían que modificáramos el concepto de familia y estos son los mismos que abiertamente dicen que en Panamá no debe haber carreras protegidas, ni NINGUN tipo de control MIGRATORIO.

En pocas palabras, la agenda globalista progre, que está tratando de colarse a nivel mundial para que los estados reconozcan locuras como los 112 géneros y demás hiervas aromáticas.

Finalmente, les quiero decir que no vamos a ceder en nuestra lucha por hacerle justicia a los niños de los albergues, por Ley no podemos revelar nombres, eso seria causal para desestimación del caso y cuando escuchen a alguno de esos PAPAGAYOS, repitiendo esa incoherencia, diganle que son unos encubridores, que lo que buscan es que los delitos queden impunes, porque la LEY 3 del 2008, prohibe revelar información sobre menores y hechos que los vinculen.

Sin más que agregar, a sus órdenes siempre.

Zulay

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Panamá

Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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