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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez presume implicación de “peces gordos” en caso de abusos en los albergues

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Los casos de abusos y maltratos en varios albergues del país mantiene en alerta no solo a la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, sino a cientos de panameños que sienten una gran indignación luego que se descubriera que este tipo de hechos se estaban registrando.

La diputada y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional Zulay Rodríguez dijo que está segura que detrás de estos casos «hay peces gordos», ya que hay personas que no han dejado que muchas investigaciones de esta índole sigan su curso, informó Sugey Fernández en Panamá América.

«Cómo es posible que para poner en una lista de agresores sexuales, el diputado Crispiano Adames me tumbó ese proyecto para proteger a una Fiscal y aquí hay personas grandes que han sido investigadas por delitos de pedofilia», asegura Zulay Rodríguez.

Esta lista de ofensores sexuales existe en todo el mundo dijo Zulay Rodríguez, ya que en las páginas web se coloca la cara de la persona para que se tenga ya una advertencia, porque las personas desconocen si su vecino, un familiar, la persona que educa o hasta un amigo puede ser un pedófilo o depredador sexual, agregó.

La diputada Zulay Rodríguez dijo que aún no se tiene conocimiento sobre la investigación que lleva el Ministerio Público en este momento y sobre este caso, por el tema de la reserva y confidencialidad.

Sin embargo, desde el pasado 3 de septiembre de 2020 la diputada aseguró, que la ex directora Sara Rodríguez y a la ex subdirectora Carla García de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), ya tenían conocimiento de algunos casos, ya que fueron citadas por la Comisión e incluso la citación consta en las actas públicas, con cuestionamientos muy fuertes, sobre la violación de dos menores de edad que tenían discapacidad.

Rodríguez dijo que cuando se le preguntó a la ex directora de la Senniaf Sara Rodríguez y estaba presente la ex directora García, del porqué se permitió que estos niños fueran reiteradamente abusados e incluso se les mantenía en el mismo lugar donde trabajaba el agresor, que era un albergue de adultos mayores, cuando estos pequeños deberían estar en albergues de niños.

La respuesta de la exdirectora de la Senniaf fue que no tenía presupuesto y que había sobrepoblación y que el menor ya había sido re victimizado, aseguró la diputada Rodriguez, por lo que ella junto a las demás diputadas que conforman la Comision de Familia de la Asamblea Nacional les dijeron que no podían creer esta respuesta que ella les estaba dando.

En la investigación que realizaron las diputadas no solo se percataron de los abusos a los menores, sino también el abuso de albergues de adultos mayores, donde se pudieron dar cuenta de las condiciones infrahumanas en las que se encontraban e incluso a los menores se les quitaban su beca universal, se le quitaban los subsidios, aunado a la denuncia que ya se hecho al brindarles comida de perro combinada con porotos.

La diputada agregó que en la investigación se pudo corroborar que tanto adultos mayores, como menores de edad dormían en colchones con sus propias heces, algunos estaban amarrados y encerrados.

Además, vecinos aledaños a algunos albergues del interior del país, aseguraron que varias niñas se habían escapado porque decían que habían sido violadas por el administrador del albergue y que incluso las habían obligado a abortar.

«En la investigación se abrió una caja de pandoras y en vez de estar las niñas jugando a las muñecas o disfrutando de su niñez, las menores estaban criando niños», aseveró la diputada.

Esta situación manifestó Zulay Rodriguez, que ella misma la pudo corroborar porque en una visita que hizo a un albergue al interior junto a la diputada Petita Ayarza, pudieron ver a menores de edad con hijos en sus brazos.

Rodríguez dijo que la responsabilidad en primera instancia recae en los administradores de los albergues, que deben denunciar, y debería recaer en el equipo multidisciplinario, pero a veces estas personas callan por temor a perder su trabajo y ahora con más razón por el tema de la pandemia.

 

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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