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Panamá

La peligrosa relación de los bufetes panameños Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA) y Rolando Candanedo con el traficante de armas chileno Carlos Remigio Cardoen Cornejo

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Por Alberto Arellano (CIPER) y Francisca Skoknic (LaBot)
CIPER | Chile

La filtración de más de 86 mil registros del bufete ARIFA de Panamá revela cómo el ex comerciante de armas, Carlos Cardoen, constituyó en ese país una fundación y una red de sociedades offshore para manejar sus negocios. La primera se registró en 1985, cuando ya exportaba bombas a Irak. Recién en 2006, los abogados de ARIFA se preocuparon del pasado de Cardoen y quisieron cortar la relación. Desistieron cuando se les informó que en Chile “sus asuntos con Estados Unidos” los conducía un estudio jurídico que tenía entre sus socios al ministro de Justicia de la época, Isidro Solís. Hoy Cardoen está a la espera de que se resuelva una solicitud ante la Cancillería para revertir la alerta roja de Interpol que le impide salir del país.

En marzo de 2006 se encendió una alarma en las oficinas del bufete Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA), una de las firmas más connotadas del mercado offshore en Panamá. Entre varios de los servicios legales que ARIFA ofrece a corporaciones y grandes empresas en materias de regulación, está también el de la planificación tributaria a través de sociedades, fundaciones y fideicomisos para clientes de alto patrimonio en distintas jurisdicciones. A ellos se refiere como “clientes selectos”.

Uno de esos selectos fue el empresario chileno y ex fabricante de armas Carlos Cardoen Cornejo. Desde 1993 Cardoen arrastra una orden de captura de la Interpol, luego de que Estados Unidos lo acusara de exportar circonio ilegalmente desde ese país, elemento químico con el que confeccionó armamento que luego comercializó con el régimen iraquí de Saddam Hussein.

Carlos Remigio Cardoen Cornejo

La relación de Carlos Cardoen con ARIFA es de larga data y se remonta a la década de los ’80, cuando el empresario ya era un prominente comerciante de armas y le proveía de bombas de racimo a Irak en medio del conflicto con Irán. Estados Unidos, que sabía de ese negocio, no puso reparos hasta agosto de 1990. Fue entonces cuando Irak invadió Kuwait y el tablero geopolítico se dio vuelta. También la situación de Cardoen.

Antes de que eso ocurriera, el empresario vivía un auspicioso presente. En diciembre de 1985, solicitó los servicios de ARIFA para constituir en Panamá Farkit Trading Corporation, sociedad que fue descubierta por CIPER en una investigación de 2019. Poco se sabe de ella. Datos recientes recogidos por CIPER y LaBot indican que a través de esa offshore panameña Cardoen compró cerca de 60 hectáreas agrícolas en la provincia de Colchagua (Región de O’Higgins) donde hoy vive y concentra sus negocios.

Fue recién en 2006 que los ejecutivos de ARIFA parecen haberse percatado del nutrido pasado de Cardoen y de sus líos con la justicia estadounidense. En marzo de ese año, uno de los socios del bufete panameño notificó por carta a un alto ejecutivo de Empresas Cardoen que “por motivos del giro de la empresa” no seguirían teniéndolo como cliente. ¿La razón? Según se lee en un documento reservado, habrían tomado “conocimiento de que Empresas Cardoen se dedica o se dedicaba a la producción y venta de armamento bélico”.

Ese documento forma parte de más de 86 mil registros filtrados de la firma ARIFA. Los archivos fueron recibidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) tras la publicación de los Pandora Papers y compartidos con CIPER, LaBot y otros medios regionales. La mayoría refiere a registros –contratos, acuerdos financieros y escrituras– creados entre 1990 y 2013.

Tras un largo intercambio de comunicaciones ARIFA echó pie atrás en su decisión. Lo hizo luego de que Marcia González, gerenta de Asuntos Legales y Corporativos de Empresas Cardoen, enviara un email al bufete detallando la situación legal de Cardoen con Estados Unidos e indicando que la firma que representaba al empresario en esa disputa tenía entre sus socios al entonces ministro de Justicia del gobierno de Michelle Bachelet, Isidro Solís.

“No tengo ninguna información sobre la carta (email) que me menciona, no conocí de su existencia ni se me consultó o pidió autorización para enviarla. Conozco socialmente a Carlos Cardoen Cornejo hace muchos años y tengo una gran opinión sobre él, sin embargo nunca le he prestado servicios profesionales. No lo he hecho ni personalmente ni a través de mi sociedad de asesorías profesionales, ni a él cómo persona ni a ninguna de sus empresas, particularmente porque colegas con los cuales he tenido oficina en conjunto han sido sus abogados hace muchos años; por lo mismo puedo declarar que nunca he recibido pagos de ningún tipo ni de Carlos Cardoen ni de ninguna de sus empresas”, respondió Solís.

El ex ministro dejó de ser socio del estudio Hermosilla, Solís, Levi, Yaconi & Cía. en 2013. La defensa del empresario ha estado históricamente encabezada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien no quiso hacer comentarios para este reportaje.

Luego de que los abogados panameños decidieran conservar a Farkit Trading en su cartera de sociedades, se crearon nuevas entidades en Panamá vinculadas a Cardoen. A fines de 2006 y de la mano del mismo bufete, se constituyó una fundación de interés privado (FIP): la Fundación Colchagua, donde Carlos Cardoen aparece como principal beneficiario. La existencia de esta fundación fue dada a conocer en 2017 por un reportaje de The Clinic (ver aquí). Otras dos offshore panameñas relacionadas con Carlos Cardoen y la Fundación Colchagua también quedaron bajo la administración de ARIFA.

 

De acuerdo con un documento interno de ARIFA que promociona el uso de fundaciones de interés privado, estas se usan generalmente como vehículo de planificación patrimonial. Una de sus grandes ventajas, precisa el informe, es el secreto: “La fundación evita que los activos se mantengan directa o indirectamente a nombre del cliente” y en cualquier momento se pueden transferir a sus beneficiarios sin que ello genere “consecuencias fiscales en Panamá”. De esas eventuales transacciones no queda huella, pues “no hay registros públicos involucrados, siendo la documentación totalmente privada”.

CIPER y LaBot le enviaron un extenso cuestionario por escrito al empresario sobre su fundación y sociedades en Panamá, los movimientos que pudieron tener, y el objetivo de informarle a ARIFA que el ministro de Justicia era socio del estudio de abogados que lo defendía. Desde Empresas Cardoen respondieron que “las estructuras financieras en Panamá son estructuras muy antiguas que obedecieron a los efectos de la alerta roja en 1993 (cuando se decretó la orden de captura internacional), donde se hacía muy difícil la actuación financiera”. Agregaron que estaban trabajando permanentemente para reducir aquella estructura y que “los flujos financieros de la familia Cardoen están en Chile”. Respecto del abogado Solís, dijeron que “nunca ha sido abogado del señor Cardoen ni de sus empresas”

Hoy Cardoen se encuentra a la espera de que la Cancillería se pronuncie sobre una solicitud presentada por los abogados del empresario para conseguir un amparo diplomático con el que buscan que el gobierno interceda para levantar la alerta roja que le impide moverse fuera del país. La inédita petición tomó fuerza hace algunas semanas, luego de que tras una consulta de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores sobre cómo proceder, la Contraloría General de la República instruyera a esa repartición iniciar un proceso administrativo para resolver el requerimiento. Como no existe precedente al respecto, el naipe está totalmente abierto.

Cabe recordar que la solicitud de amparo diplomático fue presentada poco después de que, en agosto de 2020, la Corte Suprema rechazara una petición de Estados Unidos para extraditar al empresario.

Años antes de que se convirtiera en un enemigo para Estados Unidos –país donde obtuvo un doctorado en Metalúrgica de la Universidad de Utah–, Carlos Cardoen amasaba fortuna y reputación como un prominente fabricante y exportador de armas. En su origen, el negocio de Cardoen fue impulsado por solicitud del régimen de Augusto Pinochet para proveerle de armamento en caso de guerra con países vecinos.

Parte de sus operaciones se concentraba en Miami, donde en agosto de 1984 y de la mano de sus colaboradores registró la sociedad Swissco Management Group Inc., la que a comienzos de la década de los ’90 quedaría bajo el radar de la justicia estadounidense envuelta en la trama de importación de circonio.

En Miami, Cardoen se codeó con hombres de negocios y políticos. En 1986, por ejemplo, participó de una actividad de recaudación de fondos para la campaña senatorial del candidato demócrata Bob Graham, quien en ese entonces y desde 1979 ocupaba el puesto de gobernador de Florida. Según el diario local St. Petersburg Times –hoy Tampa Bay Times– ambos se conocieron luego de que Graham y su esposa le vendieran al empresario chileno su casa de Miami Lakes en US$ 575 mil. Cardoen pasó a formar parte del comité de “Amigos de Bob Graham”. Su relación con el político estadounidense le traería problemas años después.

El negocio armamentístico de Carlos Cardoen iba en alza y ya exportaba decenas de millones de dólares anuales a Irak. La compra de ese bien raíz fue el inicio de una serie de inversiones en Miami que lo llevaron a amasar un feudo inmobiliario avaluado en unos unos US$30 millones de la época, según cálculos del gobierno norteamericano.

Fue a mediados de esa década que Carlos Cardoen abrió su primera sociedad en Panamá. Farkit Trading Corporation fue registrada por abogados de ARIFA el 13 de diciembre de 1985. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 1992 sobre inversión extranjera en Chile, indica que en 1986 esa sociedad panameña invirtió US$600 mil en la compra de predios agrícolas en el país.

El artículo completo puede ser leído en expresa.se



 
 

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