Un reporte del JP Morgan Chase Bank para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una serie de operaciones financieras sospechosas que involucraban a empresas y personas vinculadas al grupo venezolano del Banco Caroní, controlado por las familias Maza y Kabchi. Entre las transacciones más llamativas, se encontraban dos envíos de dinero por más de 56 millones de dólares desde una firma bursátil panameña, Intersecurities International Inc, en la que los hermanos De Grazia, dueños de Bancamiga en Venezuela, eran accionistas principales. El reporte forma parte de los FinCEN Files, una filtración masiva de documentos obtenidos por BuzzFeed News y analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), en la que participó la web Armando.info.

Un banco barbadense como puente

El JP Morgan Chase Bank monitoreó entre enero y agosto de 2014 un total de 533 transacciones irregulares por un monto superior a los 205 millones de dólares, que atribuyó al mercado negro de divisas en Venezuela. La mayoría de esas transacciones tenían como origen o destino una pequeña entidad financiera en la isla caribeña de Barbados, el Continental Bank Corp, propiedad de los directivos venezolanos del Banco Caroní. El banco barbadense servía como puente para canalizar fondos entre empresas y personas relacionadas con el grupo Caroní, según el reporte que el JP Morgan Chase envió en septiembre de 2014 a FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, reseñó expresa.se.

La conexión panameña

De todas las operaciones reportadas, las más cuantiosas provenían de una compañía que no pertenecía al grupo Caroní, sino a otra familia venezolana con intereses financieros: los De Grazia. Se trata de Intersecurities International Inc, una casa de valores registrada en Panamá en 2008 y disuelta en 2018, cuyos accionistas y directores principales eran Carmelo De Grazia Suárez y Daniel De Grazia Suárez. Carmelo De Grazia es el presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, un banco que ha mostrado un crecimiento vertiginoso en los últimos años en Venezuela, desde que obtuvo la categoría de banco universal en 2017.

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Intersecurities International Inc realizó dos transferencias por un total de más de 56 millones de dólares al Continental Bank Corp en mayo y junio de 2014, según el reporte del JP Morgan Chase. Estas operaciones representaban casi el 30% del monto total reportado. Lo curioso es que la dirección bancaria disponible de Intersecurities correspondía a la sucursal en la isla de Madeira del Banco Espirito Santo (BES), un banco portugués que fue intervenido en agosto de 2014 por su grave situación financiera y por su implicación en casos de corrupción con funcionarios venezolanos.

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Un negocio fallido con el BES

El director de la oficina de Madeira del BES, Joao Alexandre Silva, fue el encargado de gestionar los negocios del banco con la Venezuela chavista, lo que incluyó el pago de sobornos a altos cargos del gobierno para que depositaran fondos públicos, por más de 3.000 millones de dólares, en las cuentas del banco portugués. Silva está siendo investigado y procesado por la fiscalía portuguesa por este escándalo.

En una declaración ante el ministerio público en 2016, Silva contó que había organizado una reunión en Venezuela con Intersecurities, a la que había presentado el Rio Forte Group, una subsidiaria del Espirito Santo que emitía obligaciones para financiar a su matriz. Intersecurities había comprado una emisión por 25 millones de dólares en mayo de 2014 -tres meses antes del colapso del Espirito Santo- que nunca fue reembolsada, generando una pérdida por el mismo monto a la compañía panameña.

Los negocios de los De Grazia

Los De Grazia son una familia originaria de Guayana, en el sur de Venezuela, donde iniciaron su negocio familiar: la restauración. El restaurante La Fontana, en Upata, fue la piedra fundacional que puso el patriarca, Palmerino De Grazia, quien todavía hoy aparece en los anuncios publicitarios del grupo alimentario, que suele patrocinar transmisiones de fútbol.

La familia expandió sus cadenas de restaurantes al estado de Florida, con las marcas Bocas, Francisca, Kitchen of the World, Laborejo y La Fontana. Esta expansión acelerada despertó una serie de rumores sobre la supuesta relación de los De Grazia con el Estado chavista y el uso de sus locales como fachada para lavar dinero. Carmelo De Grazia y uno de sus hermanos, Levin, quien lidera ese sector del negocio familiar desde el Bocas Food Group LLC, demandaron en 2019 a Gerardo Gils Dams, operador del blog UltimaHora24, y a la periodista Angie Pérez -seudónimo de Angélica Bianco-, quienes habían difundido acusaciones de ese tipo. La demanda también alcanzó a César González, un ex socio y gerente del primer establecimiento del restaurante Bocas en la ciudad de Coral Gables, a quien atribuyen la instigación de la campaña de desprestigio. El proceso judicial sigue abierto en un tribunal del condado de Miami-Dade.

Empresario venezolano Levin De Grazia pierde su green card en Estados Unidos

El empresario venezolano Levin De Grazia, propietario de los restaurantes Francisca y Bocas House en Miami y otras ciudades estadounidenses, fue retenido por autoridades migratorias de los Estados Unidos, las cuales, según se ha revelado en las redes y en medios en línea, procedieron a cortarle con una tijera su green card.

De Grazia es investigado debido a un posible fraude migratorio, blanqueo de fondos de su hermano Carmelo De Grazia y estafa.

El empresario Carmelo De Grazia es acusado de haberse «fugado» con más de $2 millones que pidió de forma fraudulenta a empresas vinculadas a él, ocasionando la ruptura de su sociedad con los ciudadanos Mauro y Uber Mantovani, su cuñado y sobrino, respectivamente.

A inicios de 2021, medios como el South Florida Business Journal, reportaron que Bocas Group, holding propiedad de los hermanos De Grazia, planificaban la apertura de 12 nuevos restaurantes Francisca Charcoal Chicken & Meats en Florida.

Personas familiarizadas con el asunto señalan que dada su situación, a Levin De Grazia le pidieron entregarse en los Estados Unidos y testificar contra Carmelo De Grazia, pero decidió trasladarse a Caracas para abrir tres restaurantes que son publicitados por el influencer venezolano Richard Linares. Los hermanos De Grazia planean supuestamente abrir otros restaurantes en Aruba y Panamá. Levin De Grazia permanecía, al menos hasta 2021, en Aruba.

Mauro y Uber Mantovani colaborarían actualmente con autoridades federales estadounidenses, testificando acerca de la riqueza de Levin y Carmelo De Grazia. Levin es acusado de haber salido de los Estados Unidos dejando una deuda con la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (Small Business Administration o SBA por sus siglas en inglés).

Una persona familiarizada con la situación ha dicho que Jesús Pita, socio de Levin De Grazia y operador de los restaurantes Francisca está en conversación con abogados y con autoridades de los Estados Unidos para separarse de su sociedad con los De Grazia y no ser salpicado con los escándalos de presunto blanqueo en los que estos están implicados. Pita es propietario de dos comercios denominados Baracco y El Brasero en el área de El Marqués, en Caracas.

La misma persona ha dicho que el Ocean Bank decidió colocar en pausa su relación crediticia con Jesús Pita, por su vinculación de negocios con los De Grazia y por las investigaciones que un fiscal federal adelantaría en los Estados Unidos sobre manejos de dinero de los hermanos.

Una información de la web Noticiero Venevisión en noviembre de 2018, haciendo mención al banquero venezolano de origen alemán Matthias Krull, señaló: «Se detectó, además, que aparecen nuevos nombres conectados con este banquero alemán, como los son los venezolanos Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia, quienes son empresarios de bajo perfil».

Referencias recientes indican que los propietarios de la red de restaurantes son sobrinos de Américo De Grazia, un exdiputado del antichavismo en Venezuela, quien fue alcalde de Upata, una ciudad ubicada en el interior de la provincia de Bolívar, al sur del país petrolero. Según personas con conocimiento de la situación, De Grazia tuvo un desempeño opaco como alcalde y se le ha relacionado con temidos sindicatos y grupos de mineros ilegales que operan en el Arco Minero del Orinoco, la mayor zona minera de Venezuela, en la que hacen presencia sanguinarias mafias dedicadas a la extracción de oro y otros minerales de gran valor. Una persona consultada ha dicho que pese a rumores, todavía no ha logrado probarse que el exdiputado tenga negocios ilegales con miembros del gobierno, pero que si los tuviera, deberían investigarse y ver si éstos tienen relación con los de sus sobrinos, dueños de los restaurantes Bocas Grill en los Estados Unidos, pues por ejemplo en el chavismo ya se han visto casos de figuras que tienen familiares con negocios fuera de las fronteras del país caribeño, que han sido ampliamente denunciados.

Américo De Grazia ha estado en los últimos años en el centro de la controversia, tanto por sus denuncias acerca de masacres de mineros en la provincia de Bolívar, como por las acusaciones en su contra. Unas de estas fueron las realizadas por la periodista venezolana exiliada en los Estados Unidos, Patricia Poleo, quien en 2016 denunció que varios diputados del antichavismo habían firmado un acuerdo de «guiso de corrupción» en el caso de unas plantas eléctricas adquiridas por el estado venezolano con sobreprecio, en un negocio que benefició a un grupo de jóvenes empresarios comúnmente denominados «bolichicos».

Poleo aseguró que los parlamentarios Américo De Grazia, Elías Matta, Ismael García, Jorge Millán, José Gregorio Noriega, Luis Carlos Padilla, Stalin González y Tobías Bolívar eran parte de una posible estafa. A esto De Grazia respondió: “Soy y seré denunciante de los ‘Bolichicos’ y sus desfalcos a la nación. Mal pudiera yo exonerarlos de responsabilidad”, sostuvo De Grazia asegurando no ser “extorsionable».

El mismo 2016 la periodista Patricia Poleo se manifestó extrañada acerca de por qué el diputado De Grazia se oponía a que una empresa de comprobada seriedad obtuviera una concesión minera en Venezuela.

En un hecho aislado, el 20 de mayo de 2016, el diputado Américo De Grazia denunció la confiscación de los equipos de la emisora Especial 95.5 FM, propiedad de su familia en Upata, en un operativo con despliegue militar por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una entidad que rige las telecomunicaciones en Venezuela, en poder del gobierno de Nicolás Maduro.

El 8 de mayo de 2019 fue levantada la inmunidad a Américo De Grazia como diputado, por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la fiscalía venezolana, al ser acusado de traición a la patria, concierto para delinquir y otros presuntos delitos, por haber participado en el intento de levantamiento militar contra Nicolás Maduro y en apoyo a Juan Guaidó, sucedido en Venezuela el 30 de abril de 2019.

Luego de permanecer exiliado en Italia desde 2019 y tras rumores de una negociación política con el chavismo, Américo De Grazia regresó a Venezuela donde fue aspirante por la oposición a la gobernación de la provincia de Bolívar.

“Enchufado”

Como «enchufado» o bien conectado políticamente con el chavismo en Venezuela es percibido por algunos venezolanos el empresario Carmelo De Grazia, accionista y miembro de la junta directiva del banco Bancamiga en el país suramericano.

Una de las razones parte de la conformación de una alianza entre el banco y el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), entidad dependiente del Gobierno chavista, que permitiría el uso de puntos de venta o terminales bancarios de Bancamiga para la realización de apuestas hípicas.

El banco ha informado que: «una alianza de Bancamiga con el Instituto Nacional de Hipódromos permitirá el sellado de cuadros del 5 y 6 a través de los puntos de venta. Una de las ventajas es que dejará a los comerciantes con POS Bancamiga un 5% del valor total del formulario sellado«.

Una persona familiarizada con el asunto ha dicho que negocios de esa naturaleza con instituciones dependientes del Estado venezolano solo son posibles gracias a contactos de alto nivel con personalidades del Gobierno chavista, algo que ubicaría a accionistas del banco, como De Grazia, en la lista de los empresarios a los que algunos venezolanos suelen denominar «enchufados».

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