La Alianza Pueblo Unido por la Vida, que agrupa a las principales organizaciones sindicales y comunales de Panamá, anunció que el próximo 1 de julio se movilizarían en las calles para exigir justicia social. Los líderes del colectivo ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron los motivos de su protesta y las demandas que le hacen al Gobierno.

Un año después de la gran movilización, el Gobierno incumple los acuerdos

Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, recordó que en junio de 2022 el pueblo organizado se levantó en todo el país y obligó al Gobierno a dialogar con ellos en la ciudad de Penonomé (Coclé) y a adoptar medidas paliativas a la crisis provocada por los altos precios de alimentos, medicamentos, combustible y electricidad, entre otros rubros. Gil indicó que las manifestaciones del 1 de julio comenzarían en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (parlamento).

Según Gil, el Ejecutivo ha incumplido los acuerdos alcanzados hace un año y ha suspendido algunas medidas que beneficiaban a la población. Además, ha dejado sin resolver los problemas estructurales, financieros y la falta de medicinas de la Caja de Seguro Social, y pretende pasarlos al próximo Gobierno que resulte electo en los comicios generales de mayo de 2024.

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Los movimientos populares y originarios siguen apostando por el diálogo

Jorge Guzmán, coordinador del Frente Nacional en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, afirmó que los movimientos populares y originarios no han renunciado a la vía del diálogo a partir de la propuesta de una segunda fase, pero aquel que aporte soluciones concretas y no este que los gobernantes boicotean.

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Guzmán también denunció la represión policial a pobladores indígenas en Changuinola (Bocas del Toro) que la víspera demandaban el uso de sus tierras, una acción que viola acuerdos del diálogo y el compromiso del ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, de suspender los desalojos.

Estudiantes universitarios y trabajadores de la construcción se suman a las protestas

El pedagogo Abdiel Becerra, de la Asociación de Profesores de Panamá, explicó que las protestas comenzaron de manera temprana con los estudiantes universitarios en la capital que recientemente demandaron mayor calidad de la educación y vida y también fueron reprimidos por fuerzas antimotines y el uso de gas pimienta.

Abdiel Betancourt, del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, condenó el empleo de fondos públicos de la llamada descentralización, destinados a las comunidades, para campañas políticas y electorales hacia el año venidero.

Rechazo al contrato con Minera Panamá

La Alianza en su conjunto señaló que la convocatoria al multitudinario acto de protesta del sábado 1 de julio ante el Legislativo, iba a ser también para rechazar el contrato suscrito con Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, en violación de normas constitucionales, con el objetivo de entregar preciados recursos naturales cuyos dueños son los panameños.

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