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Panamá

Empresarios reprochan el intervencionismo comercial del Estado panameño

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La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá aseguró que la caída del país en mediciones de competitividad a nivel internacional es prueba de que el libre mercado es cada vez menos libre, asediado y amenazado desde distintos Órganos del Estado con mayor intervencionismo y funcionarios públicos que se extralimitan más allá de sus funciones.

Panamá ha estado en caída libre en la clasificación internacional «Doing Business» elaborada por el Banco Mundial, alcanzando el puesto 86 en la última medición, cuando en el 2014 se ubicaba en el peldaño 55.  Este índice mide las regulaciones para hacer negocios en 190 economías. De igual forma, desde el año 2014, el país ha experimentado un desplome en la medición del ranking de competitividad que presenta anualmente el Foro Económico Mundial. Luego de haber ocupado la posición 40, seis años después nos encontramos 26 puestos por debajo en el número 66 de 141 países analizados.

Agregó que la grave crisis económica que estamos viviendo es resultado del cierre obligado de nuestras empresas y el establecimiento de medidas restrictivas de libertad con graves consecuencias que surgen cuando en el Estado no se tiene pesos ni contrapesos ni mucho menos armónica colaboración para gestionar de manera ordenada la cosa.

«El silencio de la Corte Suprema de Justica en resolver los amparos de garantías presentados con respecto a los derechos ciudadanos y el Estado de Emergencia le han dado un golpe certero al Estado de Derecho y ha dejado en indefensión a todo un país. Mientras que, esperamos de la Asamblea Nacional propuestas ampliamente consultadas, que estén alejadas de contenidos populistas, centrándose en el desarrollo nacional y no en intereses electoreros», señaló en su escrito Cámara Opina, informó Panamá América.

Los empresarios consideran inaceptable la clasificación de actividades «esenciales» y «no esenciales» porque en la empresa privada todo colaborador es esencial. Para el trabajador que con su esfuerzo diario alimenta a su familia su trabajo es esencial.

Teniendo ya, desde hace meses, un firme entendimiento de la medidas sanitarias necesarias para prevenir la propagación del virus (mascarillas, pantallas faciales, distanciamiento, lavado de manos, etc.) resulta una total desconsideración que desde el confort y privilegio que representa el estar usufructuando de la planilla estatal, se le impida a miembros del sector privado llevar el sustento a sus familias y pagarle el salario a sus colaboradores por más de 10 meses, cuando lo desarrollan de manera responsable e implementando todas las medidas sanitarias necesarias, resaltó el gremio empresarial.

Añadió que en esta crisis, el sector público dista mucho de estar en el mismo barco que el sector privado; siguen en deuda de ser solidarios y realizar sacrificios por el bien común.

«Es imperativo y urgente una reducción del gasto público acorde a los ingresos, sobre todo la disminución de la jornada laboral para los funcionarios que no están en la primera línea de defensa contra el covid-19, que generaría ahorros para otorgar un apoyo a los miles de empleados suspendidos y empresas afectadas por el cierre de actividades ordenado por las autoridades», expresó el gremio.

Adquirir deuda para pagar funcionamiento sin un plan de control de gastos, equivale a hipotecar el futuro de las próximas generaciones. El Estado también debe ser solidario, concluyó.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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