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Panamá

Empresarios reprochan el intervencionismo comercial del Estado panameño

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La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá aseguró que la caída del país en mediciones de competitividad a nivel internacional es prueba de que el libre mercado es cada vez menos libre, asediado y amenazado desde distintos Órganos del Estado con mayor intervencionismo y funcionarios públicos que se extralimitan más allá de sus funciones.

Panamá ha estado en caída libre en la clasificación internacional «Doing Business» elaborada por el Banco Mundial, alcanzando el puesto 86 en la última medición, cuando en el 2014 se ubicaba en el peldaño 55.  Este índice mide las regulaciones para hacer negocios en 190 economías. De igual forma, desde el año 2014, el país ha experimentado un desplome en la medición del ranking de competitividad que presenta anualmente el Foro Económico Mundial. Luego de haber ocupado la posición 40, seis años después nos encontramos 26 puestos por debajo en el número 66 de 141 países analizados.

Agregó que la grave crisis económica que estamos viviendo es resultado del cierre obligado de nuestras empresas y el establecimiento de medidas restrictivas de libertad con graves consecuencias que surgen cuando en el Estado no se tiene pesos ni contrapesos ni mucho menos armónica colaboración para gestionar de manera ordenada la cosa.

«El silencio de la Corte Suprema de Justica en resolver los amparos de garantías presentados con respecto a los derechos ciudadanos y el Estado de Emergencia le han dado un golpe certero al Estado de Derecho y ha dejado en indefensión a todo un país. Mientras que, esperamos de la Asamblea Nacional propuestas ampliamente consultadas, que estén alejadas de contenidos populistas, centrándose en el desarrollo nacional y no en intereses electoreros», señaló en su escrito Cámara Opina, informó Panamá América.

Los empresarios consideran inaceptable la clasificación de actividades «esenciales» y «no esenciales» porque en la empresa privada todo colaborador es esencial. Para el trabajador que con su esfuerzo diario alimenta a su familia su trabajo es esencial.

Teniendo ya, desde hace meses, un firme entendimiento de la medidas sanitarias necesarias para prevenir la propagación del virus (mascarillas, pantallas faciales, distanciamiento, lavado de manos, etc.) resulta una total desconsideración que desde el confort y privilegio que representa el estar usufructuando de la planilla estatal, se le impida a miembros del sector privado llevar el sustento a sus familias y pagarle el salario a sus colaboradores por más de 10 meses, cuando lo desarrollan de manera responsable e implementando todas las medidas sanitarias necesarias, resaltó el gremio empresarial.

Añadió que en esta crisis, el sector público dista mucho de estar en el mismo barco que el sector privado; siguen en deuda de ser solidarios y realizar sacrificios por el bien común.

«Es imperativo y urgente una reducción del gasto público acorde a los ingresos, sobre todo la disminución de la jornada laboral para los funcionarios que no están en la primera línea de defensa contra el covid-19, que generaría ahorros para otorgar un apoyo a los miles de empleados suspendidos y empresas afectadas por el cierre de actividades ordenado por las autoridades», expresó el gremio.

Adquirir deuda para pagar funcionamiento sin un plan de control de gastos, equivale a hipotecar el futuro de las próximas generaciones. El Estado también debe ser solidario, concluyó.

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Panamá

El drama de los menores en los albergues panameños

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Suena el teléfono, y puede ser el Senniaff, el Ministerio Público o el Mides, que preguntan si el albergue, puede recibir a un nuevo menor de edad.

La respuesta de Sor Lourdes, directora del Hogar San José de Malambo, siempre es afirmativa, no hay espacio para dudas.

Solo dos albergues para menores y adolescentes en el país son estatales, el resto son de ONGS privadas.

El mides destina 5 millones de dólares anuales para las fundaciones sin fines de lucro y entre ellos están los albergues, informa Leonardo Grinspan en Radio Panamá.

Así como lo escucha, el presupuesto anual aproximado del Hogar San José de Malambo, es 1 millón 800 mil dólares, y el subsidio anual que envía el Mides a esta institución, solo son 300 mil dólares anuales.

Cada menor, cuesta 500 dólares mensuales, entre comida, atención, medicinas, ropa y demás.

La falta de mantenimiento y supervisión por parte del estado a los albergues no es nueva y es un problema de arrastre.

Hay una ausencia de políticas públicas claras para que el Estado enfoque su atención a la situación del menor.

Un simple ejemplo de esto es que según la reglamentación del Senniaf con los albergues, se debe colocar el permiso de funcionamiento, y cada niño debe tener su expediente, el cual debe ser entregado los primeros cinco días del mes a la Seniaff para ser supervisado por el Mides. El tema aqui es que muchas veces, los menores llegan sin identificación ni expedientes.

Para Sor Lourdes, es un problema de arrastre, y en este momento muchos han querido distraer la atención de lo que realmente importa, que es el futuro de las próximas generaciones del país.

El debate en estos momento debe ser la protección de los menores, que son las futuras generaciones del país.

Y este punto está muy lejos de llegar a darse, ya que el asunto se ha politizado y desviado de su problema de origen.

Por lo que la interrogante aquí planteada es:

¿Será que el Estado asume su responsabilidad y comienza a cumplir su rol en la supervisión de los menores en albergues del país, o se continuará en la protección a aquellos que sólo buscan sacar provecho y abusar del sistema?

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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez se opone a decreto varelista para regularizar a más de 60 mil extranjeros y rechaza presiones de venezolanos

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Una marcha hasta la Asamblea Nacional (AN) convocó la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá (ARENA), para exigirle al presidente del Legislativo que retire «cuando antes» el proyecto que elimina el otorgamiento de la residencia permanente a un grupo de inmigrantes.

El presidente de ARENA, Rafael Rodríguez, dijo que están en contra del anteproyecto de ley que presentó la diputada perredista, Zulay Rodríguez, que propone eliminar la posibilidad de que los extranjeros a quienes se les vence su carné de residencia con seis y 10 años, logren su permanencia definitiva en el país, informó Panamá América.

Recordó que el presidente Juan Carlos Varela, antes de abandonar el poder, emitió el Decreto Ejecutivo 249 que ordena otorgarle la residencia permanente al grupo de extranjeros antes mencionado.

En tal sentido, la diputada ha rechazo las presiones de extranjeros, especialmente de venezolanos.

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Panamá

El delivery de droga lleva años operando en Panamá para bares y restaurantes

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La Policía Nacional de Panamá desmanteló el miércoles 3 de marzo pasado una organización delictiva dedicada a la venta al menudeo de droga, que utilizaba el servicio de Delivery para la distribución de sustancias como éxtasis, marihuana y LSD.

Durante el procedimiento, unidades policiales y personal del Ministerio Público efectuaron allanamientos en Bella Vista, El Dorado y Bethania, logrando la detención de varias personas.

Los traficantes camuflaban las sustancias con la apariencia como de dulces como ‘brownie’, tal y como lo informó la jefa de la Zona Policial de San Francisco, comisionada Cynthia Meneses, quien señaló que fueron incautadas sustancias que se supone son drogas, en diferentes presentaciones y equipos para el procesamiento de estas sustancias.

En los allanamientos fueron detenidos tres panameños que se encargaban de las entregas a domicilio en diferentes puntos de la ciudad de Panamá.

Se presume que existen otras redes delictivas que utilizan a motorizados para distribuir los estupefacientes, por la agilidad con la que se mueven por la ciudad y la facilidad para escabullirse de la policía.

Desde 2018 se reportan casos de delivery de droga en bares y restaurantes

Desde 2018 hay comentarios de cómo en bares y restaurantes de Costa del Este, a empleados panameños y extranjeros se les permitiría consumir sustancias estupefacientes, para que mantengan una alta productividad durante largas jornadas laborales, que tienen una duración incluso por encima de lo establecido en la ley, pero también a los clientes.

Algunos, como un par de restaurantes en Costa del Este, o bares y restaurantes en el Casco Antiguo, son lugares de mucho prestigio y renombre, cuyos cocineros y empleados recibirían los delivery de droga. COn esto los empleados se mantendrían ágiles, de buen ánimo y contendrían la necesidad de comer.

 

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