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Panamá

Las quejas desde 2020 contra Banesco Panamá por mal servicio, cargos ocultos y multitud de irregularidades

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Para los venezolanos son cada vez menos las opciones que les permiten acceso al sistema financiero internacional y al manejo de divisas. Métodos como Zelle, Paypal y las transferencias de bancos estadounidenses como Bank of America y Wells Fargo o de bancos panameños como Banesco Panamá y Mercantil Panamá, estas dos entidades con orígenes en Venezuela, son formas de pago muy comunes en el comercio venezolano.

Durante años, Banesco ha ofrecido a sus clientes en Venezuela la posibilidad de abrir una cuenta de ahorro o corriente regular en su filial Banesco Panamá, cumpliendo diferentes requisitos y siempre que mantengan un mínimo, que ha pasado a lo largo del tiempo desde $500 a $1000$. Pero ya en julio de 2020, en plena crisis por el COVID-19 y como una mala señal del estado de la institución financiera, el banco les notificaba a sus ahorristas que debían mantener en sus cuentas un mínimo de $3000$ (un aumento del 300% respecto al monto anterior), para evitar cargos mensuales adicionales por el mantenimiento de cuentas. $3000 es una cifra que para el común de panameños o venezolanos con acceso a divisas es como subir una pendiente inclinada, pues un grueso número de cuentahabientes difícilmente pueden mantener ese monto como ahorro. En adelante, las cuentas de ahorro regulares solo podrían realizar mensualmente dos transferencias a otros bancos panameños y dos transferencias internacionales, como máximo, mientras que no hay límite conocido para el número de traspasos o transferencias entre cuentas del mismo banco, informó el 26 de agosto de 2020 Mel Lee en expresa.me.

El 5 de junio pasado Wells Fargo anunció a sus clientes en Venezuela que deshabilitaría su acceso a la plataforma Zelle a partir del 26 de junio. Desde entonces, las cuentas de ahorro simplificadas de Banesco Panamá parecieron ser un nuevo producto ideal para las necesidades financieras de aquellos venezolanos que reciben o realizan pagos en divisas y no poseen cuentas en otros bancos extranjeros. Los beneficios que ofrecen las cuentas de ahorro simplificadas incluyen la obtención de una tarjeta de débito aceptada internacionalmente, la recepción de transferencias de bancos internacionales y de otros bancos panameños y el traspaso de fondos a terceros solo en Banesco Panamá, pues la cuenta no permite realizar transferencias a otros bancos en Panamá. Todo eso y a diferencia de las cuentas regulares, con las limitantes de permitir en las cuentas de ahorro simplificadas un saldo máximo de $5,000.00, un manejo mensual de hasta $2,500.00, tanto en depósitos como en consumos y un mínimo de $250.00 de saldo, para evitar cobros por mantenimiento. Según la publicidad, la cuenta puede ser abierta mediante Internet siguiendo varios pasos que van desde completar algunos formularios con datos personales y enviar fotografías de los documentos de identidad y una selfie de los aspirantes a ahorristas.

Pero tras las cuentas de ahorro simplificadas se ocultan situaciones prácticamente desconocidas para los nuevos clientes de Banesco Panamá, quienes con amargura descubren que la sola apertura de la cuenta es una apuesta costosa y riesgosa, en la que el banco, aplicando la filosofía de los casinos, nunca pierde, amparándose en un contrato de servicio hecho a su medida y que deja en indefensión a los clientes, considerando que es un producto financiero disponible solo para clientes de Banesco en Venezuela, muchos de quienes difícilmente tendrán la posibilidad de realizar reclamos ante las oficinas del banco en Panamá.

El de Berney Romero es uno de muchos ejemplos de cuentas de ahorro simplificadas que luego de su apertura y en un abrir y cerrar de ojos, fueron cerradas sin que mediara plazo o explicación alguna. El 12 de agosto de este 2020 el ahorrista reveló en un hilo de Twitter cómo después de haber abierto una cuenta simplificada de Banesco Panamá y luego que el banco le debitara más de $ 70, que incluyeron cargo por trámite de apertura ($15), cargo por emisión y membresía de una tarjeta de débito clásica Mastercard ($28) y envío vía courier ($25), más, sumado a cada uno de los cobros, el correspondiente Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), un impuesto que grava las transferencias de bienes muebles y la prestación de servicios en la República de Panamá; luego de todo eso y de recibir varias transferencias que no superaron el límite de $2,500.00, el ahorrista recibió un e-mail de “Notificación de Cancelación de Cuenta” remitido por Banca Internacional de Banesco Panamá en el que solo le invitaban a escribir a su Oficial de Cuenta. El cuentahabiente había realizado la apertura apenas el 26 de junio y ya el 7 de agosto, en menos de dos meses, su cuenta había sido cerrada, sin posibilidad de recuperar los más de $ 1600 que disponía en saldo, sino solo mediante un cheque que solo podrá retirar en una agencia del banco en Panamá, algo que para muchos venezolanos resulta poco factible pues pasaría por obtener una visa, el trámite o renovación de pasaporte si no lo poseen o se encuentra vencido y costearse un viaje a Panamá.

Pero aunque pudiera suponerse que el de Berney es un caso aislado, las redes están plagadas de quejas de clientes a los que también les fueron cerradas sus cuentas simplificadas en un santiamén. Adicionalmente se han reportado casos de venezolanos a los que les han cerrado cuentas jurídicas inusitadamente y que por el solo hecho de reclamar a oficiales de cumplimiento del banco, también les han cancelado sus cuentas personales.

El cierre de cuentas es un procedimiento en el que el banco hace de acusador y juez y en el que el cliente está sujeto al dictamen del banco, prácticamente sin posibilidad de defensa y/o apelación.

Situaciones como recibir depósitos en efectivo y transferencias desde bancos extranjeros, por pequeños que sean los montos, han sido motivos suficientes para que Banesco Panamá les haya cerrado cuentas a algunos ahorristas venezolanos, por el tema de las operaciones inusuales y sospechosas, convirtiendo sus cuentas en un instrumento financiero riesgoso, pero no para el banco panameño, sino para los clientes que se arriesgan a perder su dinero.

Consultado, un experto en el tema bancario comentó que los bancos en Panamá están sometidos a una reglamentación legal contra el lavado de dinero, que los oficiales de cumplimiento deben acatar. No obstante, señaló que en ocasiones las reglas son aplicadas de una manera muy subjetiva y a discreción de la entidad financiera, sin que priven argumentos lógicos y en algunos casos a capricho de los oficiales de cumplimiento. Asimismo reconoce que los límites de los montos y características que pueden manejar las transacciones de cuentas simplificadas las hace poco prácticas y atractivas en operaciones de blanqueo, por lo que raramente pudieran ser utilizadas para ese propósito.

Envíos impuntuales

Otra de las quejas de los clientes radica en el envío de sus tarjetas de débito mediante Envíos Envex, una empresa poco conocida en el sector de las encomiendas, con oficinas en Panamá y Venezuela, que amén de las restricciones por la pandemia de Covid-19, según atestiguan clientes, puede tardar semanas en entregar los envíos a sus destinatarios en Venezuela. La empresa, aunque lleva por lo menos 3 años sirviendo a Banesco Panamá, ha perdido presencia en las redes, su web muestra secciones en construcción y según reportan clientes del banco, sus números de contacto y sus oficinas se caracterizan por la informalidad.

Irónica coincidencia

El 4 de febrero de 2018 Juan Yagüe se quejaba porque la pizzería Dominos’s se había tardado más de dos horas en entregarle una pizza, por lo que catalogó su servicio de entrega de “inaceptable”. El 12 de agosto del mismo año Yagüe se dirigió en Twitter a Advantage Rent a Car, una compañía estadounidense de renta de automóviles en Orlando – Florida, señalando en inglés… “son probablemente una de las peores empresas a las que he alquilado un automóvil. No solo me cobraron porque no tenían el automóvil que pedí, sino que cuando me subí al automóvil me di cuenta de que no habían limpiado el automóvil y tenía basura y botellas por todas partes”. Mientras que el 11 de julio de 2020 el mismo Yagüe se manifestó indignado contra la empresa de telecomunicaciones panameña Cable Onda, de la que dijo “Engañan a los clientes y no cumplen con el servicio… @AcodecoPma deberían auditar esa empresa y los servicios por los que facturan y los que brindan”, solicitando así a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá (ACODECO) tomar medidas contra la compañía. Serían quejas regulares de otro cliente, sino fuera porque Juan Yagüe funge como vicepresidente de Banca Internacional de Banesco Panamá, el mismo banco con decenas de reclamos por cierre de cuentas y retención de fondos, por ofrecer un servicio deficiente, costoso y al que los clientes exigen a la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) auditar, ante las muchas irregularidades que presentan. En todo caso, ha sido Banca Internacional de Banesco Panamá, la unidad de la que Yagüe es segundo a bordo, la que ha notificado a clientes venezolanos acerca del cierre de sus cuentas.

El banquero venezolano Juan Carlos Escotet es el rostro visible del grupo Banesco, como su fundador, accionista y presidente de Banesco Internacional. En España, donde desarrolla su mayor actividad en la actualidad, Escotet preside el Grupo Internacional Financiero Banesco ABANCA. Desde mediados de 2019 Alfonso Prieto funge como presidente ejecutivo y gerente general de Banesco Panamá, luego de haber asumido las riendas de manos de Carlos Alberto Escotet, hijo de Juan Carlos Escotet. En España Prieto ocupó varios cargos en ABANCA.

Alfonso Prieto

Contra Banesco Panamá abundan muchas otras quejas por mal servicio, cargos ocultos, mala atención en los canales telefónicos, cargos no reconocidos a tarjetas, inobservancia de la moratoria decretada por el Gobierno de Panamá en favor de deudores bancarios y otras irregularidades.

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Panamá

El comercio informal alcanza cifras record en Panamá durante la pandemia

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La crisis sanitaria del coronavirus ha provocado que miles de panameños ingresen al mercado laboral informal debido a que perdieron sus empleos o se mantienen con contratos suspendidos.

Actualmente 777 mil 162 personas tienen un empleo informal. En el último año la informalidad pasó de 44.9% al 52.8% provocado por la crisis sanitaria del coronavirus, informó Panamá América.

El Centro Nacional de Competitividad (CNC), señaló que el aumento del empleo informal genera efectos negativos como reducción de la recaudación fiscal, no contar con jubilación ni acceso a servicios y beneficios, no ser sujeto a crédito, aumento de los subsidios y baja productividad.

Agregó que para contrarrestar los efectos negativos se debe facilitar los trámites (pago de impuestos, registros y cuotas), adecuar costos y requisitos al tamaño de la empresa y concienciar a la población sobre los beneficios de ser un trabajador formal.

El empleo formal son todos los trabajo no agrícolas ya sea en el sector formal , informal o en hogares, durante un periodo determinado con los trabajadores no cuentan con contrato ni seguridad social, excluyendo los profesionales, administradores.

En los últimos 10 años (2010-2020), década en la cual se amplió el Canal de Panamá y hubo importantes inversiones en infraestructura, el 92% de los empleos creados fueron informales.

En esa época hubo millonarias inversiones en infraestructura y el salario promedio aumentó 90%, 92 de cada 100 empleos generados fueron informales, y los otros 8 fueron resultado de aumentos en la planilla estatal. De no haberse dado esos incrementos, el desempleo hoy sería 25%, no 18.5%. Más aún, entre el 2018 y 2019 (antes de la pandemia), 100% de los empleos generados fueron informales.’

Una de las principales características del entorno laboral panameño es que el país genera principalmente empleo informal, típicamente es estigmatizado como «buhoneros y extranjeros».

René Quevedo, empresario y experto en inserción laboral, explicó que 2 de cada 3 trabajadores es informal o funcionario. «Estamos ante un acelerado e insostenible proceso de precarización y estatización del empleo», agregó.

Aseguró que la covid-19 no «generó» empleo informal, sino que destruyó el empleo formal, lo cual tiene mucho más graves consecuencias económicas, fiscales y sociales, en momentos cuando debemos enfrentar la caída del 40% en los ingresos Caja del Seguro Social (CSS) y 27.9% en los ingresos fiscales, en medio de una precaria situación financiera de un Estado sobreendeudado, grave descapitalización del sector privado y complicadas perspectivas de reactivación de los 5 sectores que aportan 60% del empleo en el país.

Cada $1 de salario privado contribuye $0.23 a las finanzas del Estado (ISLR, Seguro Educativo, CSS), proveniente de actividades que aportan a la expansión de la economía. El salario del funcionario también, pero al ser el Estado el empleador, es «sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro». Los informales por su parte aportan poco al financiamiento del funcionamiento estatal.

Para el economista Augusto García la informalidad ha ganado terreno por la políticas neoliberales que se implementan en el país desde hace 30 años, afectando actividades como la agricultura y la industria.

«La pandemia ha tenido un impacto sobre la informalidad y el mundo, por lo que considero que la informalidad está por encima del 55%», señaló.

Agregó que este tema nos afecta a todos y sobre todo al país porque no aporta a la economía nacional que tanto lo necesita en este momento de crisis.

El año pasado (2020) se perdieron 288 mil 951 empleos, los cuales, en una economía que genera unos 45 mil empleos anuales, llevará más de 6 años recuperar.

Sin embargo, la planilla estatal aumentó y el impacto laboral de la covid-19 lo está sufriendo el sector privado, que ha perdido 327 mil 340 empleos asalariados, agravando la contracción que inició en el 2013, cuando éstos representaban 53% de los empleos del país, para caer a 33% en el 2020, una reducción de 20 puntos en 7 años.

A la fecha se han reactivado más 140 mil contratos suspendidos de un total de 289 mil ,209 y 10 mil 664 empresas han reabierto de 20 mil 309, según datos de la Contraloría General.

No obstante, más de 18 mil personas han quedado cesantes durante esta pandemia, según registros del Ministerio de Trabajo.

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Panamá

Denuncian falta de independencia judicial en tribunales de Panamá tras cambio repentino de jueces en proceso contra Martinelli

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«No es normal, es inconstitucional y va en contra de las normas y convenios internacionales firmados por Panamá en materia de Derechos Humanos», calificó el abogado penalista, Sidney Sittón, el cambio de jueces repentino para el segundo juicio al expresidente Ricardo Martinelli, en el caso de los supuestos pinchazos.

Sittón añadió que es la primera vez que conoce de un cambio como este en Panamá.

«Hay un principio, usted tiene un juez natural, que es la persona que lo va a usted a juzgar y no puede ser que existiendo un Tribunal de Juicio, a pocas horas decida cambiarse el mismo, ¿en razón de qué? ¿por qué?, no han dado una explicación, ni la podrán dar, porque es un tema inconstitucional y que atenta contra las garantías constitucionales y es un tema que atenta también contra las reglas y principio del sistema adversarial y en consecuencia debe darse una explicación», dijo, según Panamá América.

El jurista defensor indicó que a su juicio solo un ente como la Corte Suprema de Justicia pudo haber hecho un acto como este o haberlo permitido. «Esto que se dio no es casual, en la vida las casualidades no existen», subrayó.

Añadió que el daño que se causa es incalculable porque nunca había existido un cambio «abrupto» y «atípico» como el que se ha dado con los jueces que tienen que conocer este caso, y eso es lo «censurable».

«La Corte Suprema de Justicia debe dar un paso al frente y explicar qué es lo que ha sucedido y que no nos venga con ese cuento de que cada juez tiene independencia en el desempeño de sus funciones, vamos a partir del hecho que ningún juez de la República llegó al cargo en atención a un concurso de oposición a méritos, todos llegaron por la puerta de la cocina de a dedo, esa es la verdad y por eso no existe independencia judicial», expresó.

Frente a esto, Sittón señaló que ningún ente internacional puede tomar en serio a la República de Panamá, «sabiendo que sus jueces y fiscales fueron nombrados de a dedo».’

«Nadie lo respeta, en el contexto internacional, cuando usted va a una argumentación o a un debate y dice Panamá, todo el mundo sabe, es un Estado salvaje, un Estado donde jueces y fiscales llegan de a dedo llegaron simplemente porque pegaron papeletas en la campaña política o porque simplemente son amigos, familiares o personas que le hacen favores a quienes los ponen en esos cargos, y es la triste realidad de nuestro sistema de justicia «, explicó.

Ante lo que ha sucedido, el jurista Sittón enfatizó que es evidente que se está ante una afectación de derechos en cuanto a este cambio repentino de jueces.

«Esta situación que se ha dado viola el derecho a defensa, el debido proceso legal y la estricta legalidad, y lo ha hecho la Segunda Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio, la cual también responde a los magistrados, recuerden que allí todo el mundo llega de a dedo y ese es el problema que hay», puntualizó Sittón.

De forma clara, el penalista dijo que frente a los concursos que se dice que se van a ser, «los jueces están en pánico, están temblando y no es extraño que algunos de ellos piense que si se cuadran, como se dice en buen panameño, piensan que van a tener el beneplácito para quedarse en el puesto, pero yo creo que es lo contrario».

En tanto, Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá, señaló que «en Panamá se pasan por las vestiduras un tribunal previamente establecido», aludiendo al caso de Martinelli.

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Panamá

Ministerio Público de Costa Rica solicitó prisión preventiva para empresarios y funcionarios públicos por el «Caso Cochinilla»

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El Ministerio Público de Costa Rica informó el viernes 18 de junio que solicitó un año de prisión preventiva contra 14 personas, entre empresarios y funcionarios públicos, sospechosos de conformar una red de corrupción para la adjudicación de contratos de obra pública vial.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pidió al Juzgado Penal de Hacienda, en San José, un año de prisión preventiva contra 14 sospechosos, así como otras medidas no privativas de libertad contra los restantes 16 detenidos por este asunto que ha sido nombrado por las autoridades judiciales como Caso Cochinilla, informaron agencias.

La solicitud de prisión preventiva incluye a empresarios como Carlos Cerdas Araya, dueño de la constructora MECO, una de las firmas más fuertes en la región; y Mélida Solís, propietaria de la empresa H.Solís. Estas dos empresas han sido las principales contratistas del Estado costarricense en los últimos años. También requirieron prisión preventiva para el gerente general de la empresa Constructora Herrera, William Herrera; el presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos de la empresa ITP, Óscar Martínez Martínez, y otras 5 personas ligadas a empresas.

Asimismo, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), órgano encargado de adjudicar obras y que forma parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entre estas personas están la directora de Proveeduría, Carmen Madrigal Rímola, y otros funcionarios de apellidos Mora Obando, Carmona Rivas, y Fallas Zúñiga, así como para el exgerente financiero de la entidad Carlos Solís Murillo.

«La petición de las medidas se fundamentó con base en la probabilidad de la autoría de cada una de las personas implicadas, así como los peligros procesales existentes, los cuales, son peligro de fuga, de obstaculización de la investigación y continuidad delictiva», explicó la Fiscalía en un comunicado.

La audiencia de medidas cautelares comenzó el 15 de junio y continua, pues la cantidad de delitos y de personas involucradas ha hecho que el asunto se extienda por varios días, mientras que quienes están bajo sospecha permanecen en detención.

El 14 de junio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo 57 allanamientos y detuvieron a 30 sospechosos de haber conformado una red de corrupción en la adjudicación de contratos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial.

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