Una subteniente de la Policía Nacional de Panamá ha puesto en el ojo del huracán al Director de la institución, John Omar Dornheim Castillo, junto con dos comisionados y una capitana, al presentar una querella penal por violencia institucional y acoso sexual en el ámbito laboral. Esta acción ha movilizado a seis organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y a un grupo de feministas, quienes han solicitado al Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, que se adopten medidas de protección urgentes para la afectada.

La denuncia de la subteniente relata una serie de injusticias y acoso, incluyendo agresión psicológica, amenazas, malos tratos, vejaciones y chantajes, como represalias por haber rechazado avances sexuales de su superior, DORNHEIM CASTILLO. Las organizaciones FUNDAGENERO, APAEIS, CIMUF, ESPACIO ENCUENTRO DE MUJERES, EPICA, OBSERVATORIO DE VIOLENCIA MEDIÁTICA y las feministas JUANA CAMARGO, HAYDÉE MÉNDEZ, SANDRA ESCORCIA ALVARADO y CARMEN SOLANO, se han hecho eco de esta situación a través de una «Carta Abierta».

Medidas de protección insuficientes

Según la «Carta Abierta», a pesar de la gravedad de los hechos, el Ministerio Público, encabezado por Javier Caraballo, no ha otorgado las medidas protectoras necesarias a la víctima. El documento también menciona represalias internas como la orden de una prueba de polígrafo sin el protocolo adecuado, la omisión del envío de la víctima al psicólogo de la unidad de protección a víctimas, y la inclusión de la subteniente en una lista para revisar su prescripción médica, lo cual podría derivar en su destitución.

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La «Carta Abierta» también revela que la subteniente sufrió maltrato durante su embarazo, cuando tenía seis meses de gestación. Según el documento, se le obligó a permanecer de pie desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la parte externa del Edificio 743 de Balboa y se le suspendió su periodo probatorio faltando dos meses para que se cumpliera, con el pretexto de que estaba embarazada. Esta solicitud de medidas protectoras fue presentada inicialmente el 16 de enero de 2024 y reiterada el día siguiente.

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La impunidad no debe prevalecer

Las organizaciones y feministas firmantes de la «Carta Abierta» enfatizan la importancia de la celeridad en la toma de medidas de protección mientras se realiza la investigación y advierten sobre la necesidad de combatir la impunidad, en caso de que se compruebe la culpabilidad de los acusados. Subrayan que los funcionarios de alto mando deben ser ejemplares en su comportamiento y cumplimiento de la ley, y recuerdan que la justicia debe ser igual para todos, desde el Director hasta el último agente de la Policía Nacional, que tiene el deber de proteger y servir a la ciudadanía.

La «Carta Abierta» dirigida a Caraballo y con copia a la Ministra Juana Herrera, exige que se haga justicia sin distinciones y que se garantice la seguridad de la subteniente, quien ha sido valiente al exponer su situación y buscar un entorno laboral libre de acoso y violencia.

La denuncia y las demandas de estas organizaciones y activistas han creado un precedente significativo en la lucha contra el acoso sexual y la violencia de género en instituciones estatales. Al exponer estos graves alegatos, la subteniente no solo busca justicia para sí misma sino también impulsa un cambio en la cultura institucional que, a menudo, guarda silencio frente a estas prácticas reprobables.

La acción legal emprendida por la subteniente y la respuesta pública a través de la «Carta Abierta» demuestran un esfuerzo colectivo por erradicar la impunidad y asegurar que las instituciones públicas, como la Policía Nacional, sean espacios seguros y respetuosos para todas y todos los que forman parte de ellas.

Se espera que la atención sobre este caso genere un efecto dominó en la concienciación sobre la importancia de erradicar la violencia y el acoso sexual en el ámbito laboral, y que las autoridades competentes actúen con la debida diligencia para proteger a la víctima y castigar a los responsables, independientemente de su rango o posición.

La sociedad panameña y la comunidad internacional estarán atentas al desenlace de esta situación, esperando que se haga justicia y se restablezca la dignidad de la subteniente y de todas aquellas que han sido silenciadas por el miedo o la coerción. El mensaje es claro: la integridad y la justicia deben prevalecer sobre cualquier intento de abuso de poder.

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