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Cómo fue que dos abogados, un empleado de Scothiabank y una excompetidora del programa Calle 7 terminaron siendo acusados de lavado de dinero

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Lo impensable sucedió en varios bancos de Panamá, y así quedó evidenciado y registrado en la audiencia de control realizada en el Sistema Penal Acusatorio donde la Juez de Garantías Clara Montenegro, decidió que se levantaran cargos por la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de lavado de dinero contra 17 personas a solicitud de la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada.

Todo comenzó en el banco Scothiabank, el 20 de febrero del 2020, cuando se presume que un oficial senior, decidió empezar a sacar dinero de la cuenta de un ciudadano de El Salvador identificado como Andrés Jovel, el cual mantenía una cuenta desde hace años, pero no la había movido (hecho más depósitos) y solo devengaba los intereses que le generaba los fondos y logró acumular en los últimos 10 años un capital de 1 millón 900 mil dólares, informó Julia E. Alvear P. en Panamá Press.

Las investigaciones del Ministerio Público revelaron como el oficial Senior quien está prófugo, empezó por activar la cuenta con 10 dólares que depositó. La Fiscalía basó su investigación de Blanqueo de Capitales, basado en la existencia de un delito precedente, en este caso en particular la presunta comisión de un delito financiero, el cual inicia en febrero de 2021, con la denuncia interpuesta por una entidad bancaria.

En las investigaciones se establece que en la cuenta del cliente Jovel, se realizaron 126 transacciones, utilizando como mecanismo las transferencias de grandes sumas de dinero desde la opción banca en línea y transferencia a terceros, previa supuesta autorización vía correo electrónico del titular. Igualmente se investiga la creación de sociedades, supuestamente con el fin de justificar dinero obtenido ilegalmente y posterior a ello comprar vehículos y propiedades, para ser utilizados por la
delincuencia organizada.

El Oficial Senior tenía acceso a los datos originales del cliente Jovel, y con ayuda de sus otros compinches, un nicaragüense y dos panameños más, que también están prófugos, crearon un correo similar al del cliente, falsificaron firmas, y solicitaron al banco la reactivación de la cuenta. También la bandita saca plata, logró extraer información personal que les permitió acceder a los celulares y utilizar información sensible, además de los correos en internet y todos los datos personales que aparecían en Facebook u otras redes sociales. Y así comenzó la trama poco a poco fueron vaciando la cuenta. Los movimientos de dinero establecieron las cuentas donde se hicieron las transferencias durante los 13 meses. Todos estos dineros eran movilizados a otras cuentas bancarias entre ellas la de una excompetidora de Calle 7, quien también juega fútbol y que según señaló el Fiscal Gilberto Augusto Arona Cárdenas (imputó los cargos recibió más de 90 mil dólares a su cuenta. El abogado de la excompetidora de Calle 7 señaló que su cliente es una influencer y que se va a poner a lavar dinero, pero las evidencias y los movimientos bancarios reflejan otra cosa.

El oficial Senior vulneró la confianza del banco y aprovechó su posición, y pudo operar junto a su grupo criminal desde febrero del 2020, hasta marzo del 2021 período en el cual le sacaron al Señor Jovel la suma de más medio millón de dólares.

Las aprehensiones y allanamientos se dieron el pasado jueves 29 de abril, en diversos puntos del país. En ese momentos se aprehendieron a 25 personas, se incautaron vehículos, cuentas bancarias y aparatos tecnológicos.

En la audiencia de Garantías, la Juez Clara Montenegro admitió 17 imputaciones de las 25 que solicitó el Ministerio Público, además negó la medida de detención provisional para estas personas pedida por la fiscalía y ordenó la medida cautelar de notificación y prohibición de salida del territorio nacional a los imputado.

La Juez Montenegro decretó para 10 ciudadanos la “Prohibición de Salida del País y Restricción del Pasaporte, mientras que a otras siete (7) personas se les aplicó la medida cautelar de reporte periódico ante el Ministerio Público, la Prohibición de Salida del País y la Restricción del Pasaporte, por la posible comisión del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

De estas personas imputadas, 16 fueron por el artículo 254 del Código Penal y la restante, por el artículo 257 de la misma normativa. De las personas imputadas, figuran 2 abogados. Mientras que a 8 personas no se le imputaron cargos (figuran un abogado y pavo de bus, técnico de reparación de computadora, al considerar que no se les había podido acreditar que en sus cuentas bancarias recibieron dinero.

De estas personas imputadas 16 fueron por el artículo 254 del Código Penal y la restante, por el artículo 257 de la misma normativa. De las personas imputadas, figuran 2 abogados. En la audiencia de imputación estuvo en representación de la Fiscalía el fiscal Gilberto Augusto Arona Cárdenas.

En la audiencia que duró dos días hasta entrada la noche, y culminó el sábado 1 de mayo salieron a relucir que este mismo modus operandis ocurrió en otros bancos de la localidad, que también han presentado la denuncia ante el Ministerio Público y que podría alcanzar los 6 millones de dólares. Cada denuncia será un proceso llevado al SPA.

La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, representada por la fiscal Jenny Moreno quien hizo la petición de las medidas cautelares de detención, presentará recurso de apelación ante esta decisión este lunes 3 de mayo de 2021.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Empresa Galmobile implicada en irregularidades en la adquisición de vehículos potabilizadores por parte del Ministerio de Salud (Minsa) en perjuicio del Estado panameño

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Transformar agua cruda en potable podría costar millones de dólares en sobrecostos debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) está dispuesto a pagar $4.6 millones por diez unidades móviles de segunda mano, utilizadas para purificar y desalinizar agua. Es decir, pagaría unos $460 mil por vehículo, pese a que en el mercado se adquieren entre unos $53 mil y $140 mil, según las especificaciones.

En la página web del fabricante israelí Galmobile (galmobile.co.il) se indica que el precio del vehículo es de 475 mil séquel (moneda de Israel), unos $136 mil, al cambio, informó La Prensa.

La licitación para obtener estos vehículos 4×4 se realizaría el pasado lunes 26 de septiembre, en medio de reclamos de la empresa Raditex, S.A. que advirtió de posibles irregularidades en el pliego de cargos del Minsa para supuestamente favorecer a una empresa que cuenta con el equipo requerido. Tras reclamos de Raditek para que se hicieran cambios al pliego de cargos, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el acto público en mayo pasado, hasta el 22 de agosto, cuando archivó la queja y ordenó que continuara el acto público.

El titular de la DGCP, Raphael Fuentes, consideró que el Minsa “subsanó” las situaciones advertidas y modificó el pliego de cargos, aunque nada dijo del precio de referencia, uno de los puntos del que se queja Raditex. Una revisión de La Prensa a las modificaciones del pliego revela que el Minsa pagaría casi $500 mil por vehículo usado o, por lo menos, con recorrido previo, contrario a lo solicitado al principio (ver facsímil), cuando se pedían vehículos “0 kilómetros”. Ahora indica el documento que “debe tener hasta 500 kilómetros en recorrido”.

No es el único cambio para bajar el estándar de adquisición. El costo del traslado de estos vehículos, por daño o mantenimiento, ya no será por cuenta de la empresa, sino de la entidad adquiriente. Tampoco se pedirán los manuales de mantenimiento.

Sobre la obtención de agua dulce o salada para potabilizarla, se pedía que la profundidad mínima de succión de la bomba del vehículo fuera de 6 metros, pero ahora es de 2 a 6 metros. También se bajó la producción de agua. Y en cuanto a las especificaciones técnicas, se indicaba que el sistema de comunicación interna y externa del vehículo sería “responsabilidad del contratista”, pero ahora ese servicio lo tendría que pagar el Minsa.

¿Quién decidió estos cambios en detrimento del Estado? El director del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado (Disapas) del Minsa, Nicolás Alvarado, se negó a responder a La Prensa. Tampoco contestó ¿cómo se obtuvo el precio de referencia de $4.6 millones? O ¿Qué institución o empresa realizó el estudio de mercado?

En violación a la Ley de Transparencia, Alvarado ignoró una solicitud de información, pese a haber informado –vía telefónica– que respondería el pasado 9 septiembre.

El artículo 21 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas indica que la DGCP podrá solicitar –cuando lo considere oportuno– el estudio de mercado y las explicaciones que sirvieron para establecer el precio de referencia en el acto de selección de contratista. Si la entidad no puede sustentar el precio de referencia, la DGCP puede suspender el acto antes de la apertura de las propuestas.

Al acto de homologación del acto público para adquirir estos vehículos se presentaron diez empresas. Entre ellas, una identificada solo como Galmobile. En el Registro Público aparecen dos sociedades con nombres similares: Galmobile América, S.A. y Galmobile, S.A. El Minsa no corroboró a La Prensa cuál es la que fue al acto público. La empresa identificada como Galmobile –a secas– se presentó a la reunión de homologación representada por Gipsy Díaz, según el acta de reunión del Minsa.

Según la red Linkedin, Díaz fue gerente de proyectos senior en la empresa Fursys, desde marzo de 2020 (esta compañía está vinculada al empresario Mike Btesh). En el correo que aportó Díaz, se identifica al Grupo Betco. Esta sociedad –Grupo Betco Zona Libre– fue inscrita en 1994 y tiene como suscriptores a miembros de la familia Btesh y Cohen Mugrabi. La Prensa envió correos a Díaz solicitando una entrevista, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Desde el 26 de julio pasado aparecen como directivos de Grupo Betco: Raymond Nahem (tesorero), Aldo Lancini (presidente) y Joann Orozco (secretaria). Estos dos últimos también aparecen en Galmobile, S.A.

A su vez, el 3 de enero de 2020 se constituyó la sociedad Galmobile América, S.A., cuyos dignatarios son Salomón Elías Btesh (presidente); Salomón Jack Btesh (vicepresidente y secretario) y Mike Btesh (tesorero). Este último aparece en una lista publicada por el Ministerio Público en 2021, acusado de blanqueo de capitales en el caso New Business.

Un año después fue inscrita Galmobile S.A., que tiene como directivos a Aldo Lancini (presidente y tesorero) y a Joann Orozco (secretaria).

El Minsa informó en agosto de 2021 que Galmobile, S.A. utilizó carros con el sistema de purificación y desalinización de agua cruda “exitosamente” en Cerro Punta y Bocas del Toro, zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020.

También en la página web galmobileamerica.com se observa que la empresa confirmó meses antes –el 21 de enero de 2021–, a través de una nota de prensa, que ofreció su ayuda al Minsa –y “sin costo”– con sus vehículos para obtener agua potable durante siete días en Chiriquí, luego de que comunidades de Tierras Altas se quedaran sin suministro de agua.

En la misma nota de prensa –publicada pocos días después de que se inscribiera en el Registro Público esta sociedad–, Galmobile América, en compañía del entonces embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour, y autoridades del Minsa, probaron el agua potabilizada por estos vehículos en la rampa marina de la Cinta Costera 3.

En agosto de 2021, el Minsa informó que Galmobile, S.A., junto a funcionarios de Disapas, “realizaron trabajos de reconocimiento y levantamiento de un sistema de acueducto rural” en Mocambo Arriba, Las Cumbres.

También a la prueba se presentó el nuevo embajador israelí en Panamá, Itai Bardov. En esa nota de prensa del Minsa se indica que los trabajos representan el “inicio de un plan piloto de producción de agua potable, mediante avanzada tecnología israelí”.

Sin identificar cuál de las dos empresas es, Galmobile –a secas– aparece como una de las diez compañías interesadas en vender al Minsa los vehículos potabilizadores.

En mayo de 2022, Galmobile, S.A. ingresó al país tres vehículos de purificación y desalinización de agua, a un costo de $53,123 cada uno, según registros de la Autoridad de Aduanas.

Previamente, la empresa trajo dos de estos carros modelo four wheel. El primero, el 21 de abril, y el segundo, el 29 de julio de 2021. El costo de cada uno fue de $76,500.

En el caso de Galmobile América, S.A., La Prensa no pudo corroborar la importación de este tipo de vehículos en los registros de la Dirección de Aduanas.

La empresa Raditex Inc. –la única que se quejó ante Contrataciones Públicas– denunció, además de irregularidades en el pliego de cargos, que el precio de los vehículos era “excesivo, y no concordante con la realidad”, ya que “el propio fabricante israelí [Galmobile] anuncia el servicio completo en cada carro en $125 mil”.

El precio de los carros “resulta injustificable y excesivo, incluso incluyendo el mantenimiento por 5 años como exige el pliego de cargos”, puntualizó Raditex en su reclamo.

 
 
 

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Defensa de Elías Cárdenas Jordán intentó politizar acusaciones contra representante de Pedregal en juicio por homicidio

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Elías Cárdenas Jordán

Víctor Almengor, abogado de Elías Cárdenas Jordán, representante de Pedregal, intentó deslindar de responsabilidad a su cliente, en torno a las amenazas que han recibido familiares de Rigoberto Ceberino Santiago Choli, a quien Cárdenas, estando en estado de ebriedad, dio muerte, tras atropellarlo con su camioneta 4×4 el 29 de septiembre de 2019.

En una audiencia del caso, el abogado Almengor intentó desviar la atención sobre las denuncias presentadas por el fiscal del caso ante la juez, después que el fiscal se quejara de las amenazas recibidas por familiares de Santiago Choli. Para ello Almengor trató de politizar el tema, asegurando que las denuncias elevadas por familiares de la víctima a distintas instancias, eran promovidas por una diputada, que aunque no mencionó su nombre, se presume se trata de Cenobia Vargas, parlamentaria por el Circuito 8-10.

Según Almengor, las motivaciones de la diputada para promover las acciones de los familiares de Santiago Choli, se an fundamentado en aspiraciones políticas a la Representación de Pedregal. Pero el abogado fue más allá, en su intento por desviar la atención sobre la responsabilidad de su cliente en el homicidio, culpando al fiscal de no haber hecho su trabajo correctamente, al no haber investigado en mayor profundidad las amenazas recibidas por los familiares del hoy occiso.

 

Documentos revelan el amplio historial de violaciones a las normas de tránsito del representante Elías Cárdenas Jordán y sus presiones y tramas para ser exculpado por el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choly

 
 
 

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Critican aumento del gasto del Gobierno panameño en temas menos prioritarios, mientras se advierte sobre el posible incremento en el precio de los tanques de gas de Tropigas en casi un 400% por falta de subsidio

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La compañía Tropigas emitió recientemente un comunicado en el que indicó que por falta de pago del Gobierno nacional de Panamá, el precio del tanque de gas de 25 libras, que en la actualidad se encuentra subsidiado en $4,37, pudiera incrementar su precio a $16,63.

Adicionalmente, la compañía señaló que pudiera haber problema en la distribución de los tanques de gas de 25 libras en todo el territorio panameño.

En un video, el TikToker Gilberto Romero se preguntó por qué motivo el Gobierno de Panamá mantiene una deuda con Tropigas. Comentó que el gasto público del Gobierno se incrementó en $4.5 millones diarios, situación que se traduce en que la deuda pública del país ha aumentado el doble, desde poco antes el ascenso al poder del hoy presidente Laurentino Cortizo. Romero estimó que a ese paso, cuando culmine el Gobierno de Cortizo, en 2024, la deuda pública panameña pudiera ascender a cuatro veces, desde que el hoy jefe de Estado se posesionó del cargo.

El TikToker criticó que el Gobierno no destine suficientes fondos en ayudar al pueblo y en sacar la economía adelante, pues según Romero, el dinero está siendo utilizado para dárselo a asesores, para aumentarle el salario a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, para aumentar el presupuesto de la misma universidad, para los dobles salarios, para gastar en viajes y para que ese dinero vaya al bolsillo de los políticos actuales.

 
 
 

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En Panamá Dos Cucharas es tu destino...

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