Por tercera ocasión, se busca incluir en la agenda de la Asamblea Nacional una propuesta de ley para eliminar el récord policivo como requisito para conseguir una plaza de trabajo.

El diputado perredista Raúl Pineda, en un tercer intento, presentó un anteproyecto de ley en ese sentido, que consta de tres artículos. Modifica el artículo 18 de la Ley 69 de 2007, que crea la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional y adscribe los servicios de criminalística al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este mismo artículo fue modificado por el artículo 117 de la Ley 21 de 10 de mayo de 2017, que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso, indicó La Prensa.

De acuerdo con la iniciativa de Pineda, “la presentación del certificado de información de antecedentes penales no podrá exigirse para solicitudes de empleo, tanto de la empresa privada como del sector público, salvo que se trate de servicios bancarios, financieros o de valores y servicios de vigilancia o seguridad privada”. Señala que solo las autoridades con competencia para investigar y decidir delitos o faltas podrán solicitar que se les expida copia o certificación del documento. Establece que “las entidades públicas que sometan a tratamiento de datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, una vez prescrita la acción penal o administrativa o cumplida o prescrita la sanción o pena, no podrán comunicarlas”. Solo se exceptúa “en los casos en que esa información les sea solicitada por los tribunales de justicia competentes u otros organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, que deberán guardar respecto de ella la debida reserva o confidencialidad”.

Desde un principio, las propuestas de Pineda han sido rechazadas por sectores de la sociedad civil, entre ellos, los empresarios, por lo que no han prosperado. No se sabe si esta vez entrará a debate o será archivada. Por lo pronto, el diputado insiste en que con la eliminación del récord policivo se le daría una segunda oportunidad a aquellas personas que salen de las cárceles y buscan reinsertarse en la sociedad.

“El récord policivo, como requisito para acceder a un puesto de trabajo, es discriminatorio y violatorio de normas de los derechos humanos”, dijo.

Los proyectos presentados por Pineda en 2016 y 2020 también pretendieron eliminar la obligatoriedad de presentar el historial policial. Además, establecían que la empresa que incumpliera sería multada con $1,000 y hasta $10,000.

La “nueva” propuesta, al igual que las dos anteriores, ha recibido críticas. Algunas de las quejas están dirigidas a que se abre la puerta para que no se conozca si la personas ha sido condenada por abuso sexual contra menores y luego sean contratados en colegios, por ejemplo.

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