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Panamá

Unión Europea mantiene a Panamá en lista negra de territorios no cooperadores en materia fiscal

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La Unión Europea (UE) hizo oficial la permanencia de Panamá en la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, mientras que en poco más de dos semanas se espera conocer la nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre el régimen de blanqueo de capitales del país.

Con este escenario como telón de fondo, se produce la renuncia de Dani Kuzniecky como secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), la entidad encargada de coordinar los esfuerzos del Gobierno por salir de las listas, informó Roberto González Jiménez en La Prensa.

Ayer, el Consejo de la UE actualizó la lista de territorios no cooperadores en materia fiscal, y Panamá permaneció en ella, como había sido adelantado la semana pasada.

El bloque señaló que Panamá no tiene una calificación de al menos “ampliamente cumplidor” en las evaluaciones de intercambio de información a requerimiento por parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que tiene un régimen de exención de renta de fuente extranjera pernicioso, asunto que no ha resuelto, según la UE.

La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que desde junio de 2021, la UE comunicó a la República de Panamá que consideraba el régimen fiscal territorial como pernicioso, algo que rechazó el MEF. Al contrario de los regímenes de renta mundial, un régimen fiscal territorial solo grava las rentas generadas dentro de la jurisdicción.

El bloque europeo habría solicitado el compromiso del país para hacer modificaciones normativas a su régimen fiscal, con la implementación de las mismas en enero de 2023. Desde el MEF advirtieron que no hubo una petición expresa de pasar de un régimen fiscal territorial a uno mundial.

El Gobierno señaló que cualquier modificación al régimen fiscal territorial debería ser el resultado de un estudio que contemple el impacto que representaría a la nación, y por lo tanto no accedió al compromiso.

En la lista de la UE fueron incorporados otros países de la región, como Uruguay y Costa Rica, pero al Anexo II o lista gris.

En ambos casos la UE también considera que tienen regímenes fiscales perniciosos, pero estos países sí mostraron compromiso para abordar los aspectos señalados por el Código de Conducta.

El abogado Carlos Barsallo señaló que en el caso de esta lista se llegó a un punto en el que el país solicitó ser excluido, pero la Unión Europea pidió cambios al régimen fiscal y el Gobierno no accedió. Por lo tanto, dijo que tendría que haber algún cambio de posición de Panamá para poder avanzar.

De manera paralela, y también este mes de octubre, se conocerá el resultado de otra importante evaluación: la del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El organismo celebra entre el 19 y el 21 de octubre su última reunión plenaria del año y en ella actualizará sus listas de territorios con deficiencias en sus regímenes de prevención de blanqueo de capitales.

Panamá figura en la llamada lista gris desde junio de 2019. En la última evaluación, de junio de este año, el organismo señaló que el país había completado cinco puntos de los 15 que tiene el plan de acción e instó a tomar medidas urgentes para resolver las deficiencias existentes.

Tanto Barsallo como Julio Aguirre, consultor financiero especialista en prevención de lavado de dinero, no esperan que se produzcan grandes avances en la próxima evaluación, y por lo tanto prevén que el país se mantendría en la lista gris.

Aguirre puso como ejemplo que en marzo de 2020 se aprobó la Ley 129 para crear un registro de beneficiarios finales y a la fecha no se ha creado. Aunque la misma creación del registro no es un estándar de GAFI, el organismo sí pide que las autoridades puedan acceder a información oportuna sobre los beneficiarios finales de las sociedades.

Tampoco habrá avances sobre las reformas que se quieren hacer a través del proyecto de Ley 624, que introduce modificaciones en varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales, iniciativa que no ha tenido mayor avance en el debate legislativo y que ha sido cuestionada por algunos gremios, como los de abogados.

Barsallo dijo que sí ha habido avances en los controles sobre remitentes de dinero sin licencia, pero se refirió a otras tareas pendientes, como el entendimiento de los riesgos, mostrar multas disuasorias y sanciones proporcionales, así como aumentar el uso de los productos de la Unidad de Análisis Financiera para las investigaciones de lavado de capitales.

A este complejo escenario se suma la renuncia del secretario técnico de la CNBC, Dani Kuzniecky, confirmada ayer.

La CNBC es una entidad adscrita al Despacho del Ministro de Economía y Finanzas, y en ella están representados el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Presidencia, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

La renuncia de Kuzniecky, quien no comentó sobre los motivos de su salida, se une a la de Darma Romero, efectiva desde el 9 de septiembre, quien hacía equipo con el abogado desde la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF.

Romero dijo a este diario que tenía nuevos proyectos personales y profesionales tras casi una década en el sector gubernamental.

Sobre las salidas en este momento, Aguirre comentó que el país debe cumplir lo acordado con el GAFI indistintamente de quién esté como figura ejecutora y que por eso las instituciones involucradas se agrupan en el CNBC.

Por su parte, Barsallo dijo que es lamentable que haya cambios porque puede generar retrasos dentro de lo que ya está atrasado, que es la ejecución del cronograma [del plan de acción], además del bagaje técnico que se tenía, algo que, dijo, es importante a la hora de lidiar con evaluadores.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

Únete y forma parte del comité que tendrá la tarea de construir un nuevo templo en Ciudad del Lago

Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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