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Panamá

Revelaciones de coimas y corrupción en el Segundo Tribunal Superior de Panamá desde 2017 nunca fueron investigadas

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Entre los años 2017 y 2019 se difundieron en las redes sociales imágenes y grabaciones de audio de conversaciones de una secretaria del Segundo Tribunal Superior de Panamá con un procesado, en donde se ve reflejada una red de corrupción para la emisión de fallos judiciales a cambio de sobornos.

Pasados unos años, no se ha producido una denuncia penal, más allá que la secretaria fue removida de su cargo, sin que se le abriera un proceso administrativo conducente a su inhabilitación.

El Ministerio Público panameño, el Órgano Judicial o la policía tampoco abrieron un expediente por el caso, que hasta la fecha ha quedado impune, siendo una muestra de porqué Panamá es considerado un país con uno de los sistemas judiciales menos transparentes del continente americano.

Las pruebas del “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá son evidentes y contundentes. Constan de depósitos bancarios a nombre de una secretaria del tribunal, en el que a cambio de coimas se ofrecía supuestamente vencer el retardo procesal. También hay fotografías de la secretaria Melissa Puga y chats donde se habla de supuesta mediación y conversaciones con el presidente de la corte, José Ayú Prado y los magistrados Wilfredo Sáenz y Adolfo Mejía.

Los chats certifican que con las coimas se sufragarían gastos personales. La decencia, moral y buenas costumbres se ven ausentes en el comportamiento de la secretaria del tribunal.

 

 

Las contundentes denuncias y evidencias de corrupción en el Órgano Judicial de Panamá son desatendidas, ya que no existen gestos de querer ponerle coto a la putrefacción que contaminó al sistema judicial panameño, mientras que las mafias tratan muchas veces de involucrar a sus víctimas en falsos delitos, solo por denunciar los atropellos de los cuales son objeto, lo cual pareciese ser práctica común en Panamá.

Caso tal es el de los chats y audios del Segundo Tribunal Superior, estelarizados por la secretaria del tribunal Melissa Puga, donde la justicia se impartiría al mejor postor. Panamá, un país rico en muchos aspectos, pero pobre en otros, en el cual se le da más preponderancia a los juegos de la selección nacional de fútbol, que a la educación, la administración de justicia o la salud.

La situación de la justicia panameña se ha vuelto precaria, producto del alto nivel de corrupción, uno de los más elevados de toda Latinoamérica. Pese a muchas denuncias, no se observan correctivos o mejoras. En el Segundo Tribunal Superior de Panamá, la única medida tomada habría sido supuestamente el despido de la secretaria Melissa Puga, cuya voz, según diversos chats y audios, admite la recepción de coimas, e implica otros funcionarios, tratando luego de llegar a un acuerdo para devolver el dinero y evitar querellas en su contra.

Los afectados que acuden a la oficina de atención al público del Segundo Tribunal Superior, mientras, seguirían siendo objeto de la dilación de sus procesos, maltratos y desplantes por parte de secretarias del juzgado. Los audios y chats son comprometedores y elocuentes, ya que reflejan la existencia de una red que exige coimas bajo amenazas, para luego y como continúan mostrando las evidencias contra Puga, tender trampas a sus víctimas e implicarlas como cómplices.

Las evidencias siguen mostrando el alto nivel de corrupción en el Órgano Judicial de Panamá, donde la justicia se negocia al mejor postor, como lo demuestran el hecho que secretarias cambien favores de cama y la agilización de trámites por dinero. Tales evidencias constan de comunicaciones que dejan mucho que decir de la pulcritud de los dictámenes judiciales y donde además se menciona al magistrado José Ayú Prado.

Poco pueden esperar los ciudadanos de un país donde la justicia funciona de esa forma, como reflejan los audios y chats relativos a la secretaria del Segundo Tribunal Superior Melissa Puga. La CIDH tampoco se pronuncia frente a tan grave situación, en la cual los encausados reciben una justicia tardía, excluyente y como ya se mencionó, no gratuita.

 

En más de los “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá se aprecia cómo una de las secretarias del tribunal confiesa la petición de coimas a un procesado, que como se evidencia en chats y audios, tenía como propósito la supuesta agilización de trámites judiciales.

La única medida aplicada, sin embargo, fue la remoción de la funcionaria Melissa Puga sin que se abriese sobre la misma un procedimiento jurídico, no siendo suficiente el daño material, moral y el tiempo perdido en el proceso judicial, que nadie repone.

El “Coima Papers” muestra que al parecer había otros funcionarios coludidos a los que no se sancionó con despido, ni de otra forma en el tribunal. Los más afectados por el “coimeo” en los órganos públicos panameños, resultan muchas veces siendo también víctimas de otras injusticias por denunciar los abusos de los que son objeto.

El órgano judicial de Panamá no ha dado respuesta a las denuncias sostenidas en audios, chats y otras evidencias que demuestran actos de corrupción para la concreción de dictámenes en el Segundo Tribunal Superior de Panamá. Las únicas medidas adoptadas por el magistrado José Ayú Prado, fueron las de desempolvar una denuncia que fue realizada en el año 2015 y que se encontraba engavetada, con la cual logró en tiempo récord la imputación de unas 30 personas, entre funcionarios y ex funcionarios del Tribunal Segundo Superior, por diversos hechos de corrupción, cobro de coimas, etc. y principalmente uso del Sistema Penal Acusatorio para en conjunto con los jurados, lograr beneficios y decisiones absolutorias para implicados en casos de homicidios.

 

 

Los audios y chats que estelariza la secretaria Melissa Puga, reflejan una situación muy grave en el Segundo Tribunal Superior, pues reflejan que dictámenes y decisiones son concedidos al mejor postor por mafias que las tramitan a su antojo.

En este sentido la anarquía reina en Panamá, ya que es impensable que a la Corte; la Asamblea Nacional, que está al mismo nivel del poder judicial, o la Procuraduría, se les vea investigando irregularidades como las que ocurren en el Segundo Tribunal Superior.

Los chats correspondientes a comunicaciones sostenidas por secretarias del Órgano Judicial de Panamá, en poder de muchos panameños, dejan de manifiesto que los que tarifan los dictámenes judiciales en el Segundo Tribunal Superior, logran incluso estar codo a codo, supuestamente, con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado y su secretaria.

Las comunicaciones, en las cuales la secretaria Melissa Puga juega un papel estelar, matizan la influencia que tendrían en el Segundo Tribunal Superior miembros de Morgan & Morgan, bufete de abogados que habría contribuido en la creación de empresas en paraísos fiscales, muchas de ellas relacionadas con tramas de corrupción en algunos países, según se vio en los Panamá Papers. En los chats se refieren también a Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno de Laurentino «Nito» Cortizo, hoy presidente de Panamá, expresándose acerca del uso de dinero para influir en decisiones judiciales que ha manejado el Segundo Tribunal Superior en contra de ciertos ciudadanos, afirmaciones que no tendrían ningún asidero, ya que tales procesados ya habrían sido juzgados.

 

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 12 al 18 de mayo de 2022

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Panamá

Diputado Benicio Robinson: El ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge no tiene la capacidad para ejercer y el presidente Cortizo debe tomar una decisión

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Benicio Robinson, Rafael Sabonge

El diputado Benicio Robinson cuestionó la labor del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge de quien dijo no tiene la entereza para resolver los problemas de esta cartera y que el presidente Cortizo debe tomar una decisión.

El fue nombrado de a dedo y debe hacer el trabajo que los panameños estamos esperando que haga. “ No puede ser que tengamos la ciudad llena de huecos, los distritos llenos de huecos y las carreteras sin rehabilitar y que en tres años todavía estemos con un ministro que no tiene la capacidad para ejercer…”

Yo como diputado de la provincia de Bocas del Toro le digo hoy que el señor presidente debe tomar la decisión con una persona como lo es el ministro Sabonge, expresó.

Esa es una potestad del señor presidente, pero yo como diputado y presidente del PRD creo que lo mejor que podemos hacer como gobierno es escoger a las personas que puedan ejercer los cargos y en nuestro partido hay bastantes y con mística de trabajo.

 

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Panamá

Sacerdote Ramón Buriticá Giraldo, acusado de encubrir casos de pederastia en Colón, se desempeña ahora como profesor del Colegio De La Salle en la Ciudad de Panamá

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Un sacerdote investigado por encubrir casos de pederastia y violaciones a niños por parte de miembros del clero, es profesor de lógica en el Colegio De La Salle, en la Ciudad de Panamá.

Se trata del reverendo Ramón Buriticá Giraldo, quien fue denunciado por al menos tres víctimas, de haber encubierto violaciones en la Ciudadela Jesús y María, en Colón, alrededor del año 2009, informó FOCO.

Las declaraciones bajo juramento de las víctimas son sumamente graves, según FOCO. Señalan directamente cómo Buriticá Giraldo, encargado de la ciudadela, llamada a las víctimas y las presionada para que no delataran los abusos por parte de diferentes sacerdotes.

Una niña de 16 años narró bajo juramento ante el Ministerio Público, cómo le transmitieron una enfermedad venérea y una monja la inyectaba diariamente para tratársela.

Los abusos eran dance constantes, que era rutina chequear a las menores con pruebas de embarazo, pues los sacerdotes no quería utilizar preservativo.

Pero las denuncias cayeron en saco roto y todo fue archivado en el Ministerio Público.

En el caso hubo solamente un condenado, mientras que muchos sacerdotes implicados fueron enviados al extranjero para encubrir el escándalo.

Ramón Buriticá fue asignado posteriormente al Colegio De La Salle en Panamá, dónde interactúa con cientos quizás miles de niñas y niños, impartiendo la clase de lógica.

 

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Panamá

¿Cumple Panamá con las observaciones del análisis de 2020 del PNUD sobre el impacto socioeconómico causado por la pandemia?

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La pandemia por COVID-19, producida por el virus Sars-CoV-2, ha detenido a la economía global. Todas las economías del mundo se encuentran sufriendo los efectos de parar la actividad para contener el virus y salvar vidas. Frente a un virus desconocido, para el cual no existían vacuna ni medicamentos antivirales disponibles, los países se han visto obligados a recurrir a la aplicación de estrictas cuarentenas que llegaron a  afectar al 81% de la fuerza laboral del mundo. A pesar de ser una tecnología para el control de epidemias que data de siglos de antigüedad, la cuarentena se volvió el recurso más eficiente en el control del COVID-19, según un análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2020.

Las cuarentenas imponen un fuerte costo a las economías por su extensión generalizada a la mayoría de los sectores, con excepción de aquellos indispensables y, por su duración. Como consecuencia de la crisis de salud hoy, la mayoría de los pronósticos de los especialistas esperan que esta crisis económica mundial sea la más grande desde la Gran Depresión de 1929.

Los pronósticos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) apuntan a una caída del comercio global de entre 13% y 32%, especialmente fuerte para el comercio de servicios. Señala que existe mucha incertidumbre y una recuperación rápida no es segura. En el caso específico del continente americano y de Panamá, no es alentadora. Las exportaciones en América del Norte podrían tener una contracción entre el 17% y 40% y en América del sur entre 12% y 31%. En las importaciones será entre 14% y 34% en América del Norte y entre 22% y 44% en América del Sur. Para Panamá este efecto reducirá fuertemente el tránsito en el canal.

Frente a este difícil escenario que conlleva tanto una crisis de salud, como una crisis económica, Panamá, al igual que el resto de los países en la región, se verá forzado a adoptar políticas agresivas que deben poder cumplir varios objetivos. Primero: que coadyuven a la protección de la salud de las personas, es decir, deben estar alineadas a los objetivos del control de la epidemia en su territorio. Segundo: dados los elevados niveles de pobreza e informalidad, estas medidas deben poder garantizar la subsistencia de las personas durante el tiempo que sea necesario para superar la epidemia. Tercero: deben proporcionar el suficiente respaldo a la economía, para que una vez se controle la epidemia, el proceso de recuperación económica sea veloz. En este sentido, las medidas de apoyo económico deben estar enfocadas a salvaguardar la estructura ocupacional y evitar la quiebra masiva de empresas. Cuarto: en lo posible, deben ser medidas que permitan mantener o regresar a la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo.

 

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