Panamá
Representante de Human Rights Watch relata hallazgos de investigación sobre graves abusos que sufren migrantes que atraviesan la selva del Darien

Hace pocos días volví de la selva del Daríen, en la frontera entre Colombia y Panamá.
Va un hilo:
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
Viajé con un equipo de investigadores de HRW.
El equipo visitó Necoclí, Colombia, y Metetí, Canaán Membrillo y David, Panamá. Entrevistamos a decenas de migrantes y autoridades, entre otros.
Documentamos graves abusos. La protección y el acceso a la justicia son muy escasos. pic.twitter.com/XeR3tXzvWB
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
El año pasado más de 130 mil migrantes, incluyendo 29 mil niños, cruzaron el Darién.
Las autoridades panameñas estiman que este año la cifra será aún mayor. Todos los meses de este año la cifra de migrantes ha sido mayor que el mismo mes del año pasado. pic.twitter.com/RUt4yBR1zs
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
La cifra de venezolanos que cruzan Darién ha aumentado dramáticamente.
Entre enero y abril 2022 fueron 7 mil. En mismos meses de 2021, 15.
Muchos nos dijeron que, como México y países de Centroamérica ahora les exigen visa, no encuentran otra opción para buscar refugio en EEUU. pic.twitter.com/NDWh5sGPwn
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
Hasta el año pasado, los migrantes llegaban a la comunidad de Bajo Chiquito, a través de Capurganá y Acandí.
Ahora llegan a Canaán. El cambio de ruta ocurrió luego de que, al parecer las AGC, asesinaran al líder Fredy Pestana Herrera, quien había promovido la ruta por Acandí. pic.twitter.com/oKKq1mOrph
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
Para llegar a Canaán, muchos pagan una lancha (hasta 300$/pasajero) desde Capurganá (Colombia) a Carreto (Panamá).
El camino de Carreto a Canaán es más corto y seguro.
Pero quienes no tienen el dinero deben caminar desde Capurganá y tienen riesgos mayores de sufrir abusos. pic.twitter.com/nQMJdikAWc
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
Decenas de migrantes que vienen caminando desde Capurganá nos relataron que son asaltados por grupos criminales.
Muchas mujeres sufren violencia sexual, incluyendo tocamientos y violaciones.
MSF ha atendido a 89 víctimas de violencia sexual solo este año. pic.twitter.com/pD5sMkWahv
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
La mayoría de los asaltos armados y abusos sexuales parecen ocurrir en una zona conocida costera conocida como Armila y después de cruzar una loma, que los migrantes identifican como "loma de la muerte". pic.twitter.com/PRqWtX3m93
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
Luego de caminar entre 2 y 10 días, los migrantes llegan, normalmente aterrados y hambreados, a una rancho indígena conocido como El Abuelo.
De ahí, deben tomar una lancha de 3 horas a Canaán Membrillo, donde las autoridades fronterizas y de migración les toman sus datos. pic.twitter.com/M4Fzs5cn6j
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
Canaán Membrillo es una comunidad indígena Embera de apenas 300 personas.
A pesar de que cuenta con un puesto de salud, que ha sido recientemente refaccionado, no hay médicos ni insumos de salud para atender a la comunidad o los migrantes. pic.twitter.com/S19ilfEWLq
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
Recientemente el Ministerio Público ubicó a un fiscal en Canaán Membrillo para recibir denuncias de los migrantes sobre crímenes sufridos en el recorrido.
Pero hay obstáculos claros para denunciar muchos delitos. Y casi ninguna investigación ha tenido avances serios. pic.twitter.com/HdnoB51ccC
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
Luego de pasar la noche en Canaán, los migrantes deben pagar 25$ para ir en piragua hasta Puerto Limón, donde un camión del gobierno los lleva hasta el puesto migratorio San Vicente.
No pueden salir de San Vicente. No hemos podido identificar el sustento legal de tal prohibición pic.twitter.com/SMWvOsaT37
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
En San Vicente, la atención a los migrantes también es muy limitada.
No vimos médicos del estado ni fiscales allí. La defensoría del pueblo, agencias humanitarias, como UNICEF, y ONGs, en especial MSF y Cruz Roja, cumplen un rol crucial, aunque no dan abasto. pic.twitter.com/4RtXlp2M91
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
Casi todos los funcionarios en San Vicente son agentes migratorios o de seguridad quienes, ante la falta de protocolos, terminan a cargo de tomar decisiones sobre casos para los que muchas veces no están capacitados (e.g. atender a niños separados o víctimas de violencia sexual). pic.twitter.com/Ve9DGEYaO3
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
El gobierno panameño está iniciando un plan para refaccionar el centro de San Vicente.
Es muy importante que este plan pueda incorporar insumos de las agencias de la ONU y de ONGs en la zona para garantizar un atención digna para los migrantes. pic.twitter.com/S7krY8fHs5
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
Desde San Vicente, los migrantes debe tomar un bus ($40) hasta la estación migratoria Planes de Gualaca en Chiriquí, frontera con Costa Rica.
Allí la atención también es precaria. No vimos ni fiscales, ni médicos, ni funcionarios de agencias de refugio o de protección de menores pic.twitter.com/eDM2wKA0lj
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
A los migrantes y solicitantes de asilo les queda mucho viaje por delante para llegar a EEUU, pero muchos ya han sufrido abusos aberrantes y han recibido poca protección y acceso a la justicia.
Pronto publicaremos todos los hallazgos en un informe. pic.twitter.com/zz0SK3vCkn
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 25, 2022
Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

Panamá
Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística
De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.
Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a
Alfonso Naranjo
$14 millones.
Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.
Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de
José Manuel Bern
$155 millones
Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.
DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island
Guillermo Saint Malo Eleta
$258 millones
Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.
Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de
Juan Carlos Tapia
$39 millones
Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.
Datos de @antonima_org
Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

Panamá
Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.
El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.
Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.
Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.
La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.
Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.
El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.
La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.
Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

Panamá
Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.
La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.
Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.
La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.
Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

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