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Panamá

Proyecto de fallo preparado por el magistrado Cecilio Cedalise pudiera anular proceso contra el expresidente Ricardo Martinelli

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Un proyecto de fallo de 50 páginas de extensión preparado por el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Cecilio Cedalise, declararía como inconstitucional una “decisión oral” con fecha del 4 de julio de 2018, del entonces Magistrado Juez de Garantías Jerónimo Mejía.

Esa decisión de Mejía rechazaba una impugnación de las defensa técnica del expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, y que cuestionaba la realización de una audiencia de acusación en el caso de los pinchazos, sin que antes se realizara una imputación, señaló Rodrigo Noriega en el diario La Prensa.

El proyecto de fallo del Magistrado Cedalise decidiría una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Carlos Carrillo Gomila, el 9 de febrero del presente año. De conseguir el respaldo de otros 4 magistrados del pleno de la Corte Suprema, el fallo anularía el proceso de los pinchazos iniciado en el 2015 y que actualmente se encuentra en la fase de juicio en el Sistema Penal Acusatorio.

Si se concreta el fallo de Cedalise, quedaría establecido que en Panamá no hay cosa juzgada, ya que los propios fallos de la Corte Suprema son irrespetados y solo la justicia estará disponible para el mejor postor.

El 8 de junio de 2015 llegó a los estrados judiciales de la Corte Suprema de Justicia el caso de los pinchazos. Luego de más de 6 años, esta odisea judicial podría terminar de manera inesperada: una decisión de la Corte que declararía inconstitucional todo el proceso.

El fundamento del fallo que anularía el caso de los pinchazos sería la afirmación de que en un juicio especial contra un diputado, en este caso, un diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), cargo que ostentaba el ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), no se podía realizar una audiencia de acusación sin antes haber realizado la audiencia de imputación.

Este principio, que es el común para todos los procesados, tiene una excepción en el Código Procesal Penal, en su artículo 492, cuya norma fue aprobada durante el gobierno de Ricardo Martinelli, y está contenida en la Ley 55 de 2012 que lleva su firma.

Este artículo mandata el trámite procesal que sigue a la investigación de un diputado por parte de un magistrado fiscal: “Artículo 492. Calificación de la investigación. Concluida la investigación, el Magistrado Fiscal emitirá por escrito su opinión jurídica en la que expresará su solicitud de elevación de la causa a juicio o de sobreseimiento.

La calificación de la investigación corresponderá al Magistrado que ejerza las funciones de Juez de Garantías. La audiencia de formulación de la acusación debe realizarse dentro del plazo previsto en el artículo 344 de este Código.

Admitida la petición de elevación a juicio, se remitirá lo actuado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para que en esta instancia se resuelva lo que en Derecho corresponda.

También corresponde al Magistrado que ejerza las funciones de Juez de Garantías dictar sobreseimiento, contra el cual procede el recurso de reconsideración ante el Pleno”.

Este artículo, que es el fundamento de la acusación sin imputación de los diputados en los procesos especiales ante la Corte, no aparece mencionado en el proyecto de fallo del magistrado Cedalise.

El proyecto de fallo del magistrado Cedalise tiene 50 páginas de extensión, con 7 secciones y una Parte Resolutiva. La primera sección empieza con un resumen de la acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Carlos Carrillo Gomila, el pasado 9 de febrero del presente año, contra la decisión oral del entonces juez de garantías Jerónimo Mejía, quien el 4 de julio de 2018 rechazó durante una audiencia el pedido de la defensa del expresidente Martinelli Berrocal de anular el proceso porque no se había dado una audiencia de imputación previa a la audiencia de acusación.

La segunda y tercera sección del documento son los hechos que sustentan la pretensión del abogado Carillo, y el concepto de la infracción a la Constitución que este jurista identifica como la causa del conflicto constitucional: la violación del debido proceso, según establece el artículo 32 de la Constitución.

En la cuarta sección se presenta una síntesis de la opinión del Procurador General de la Nación Encargado, Javier Caraballo, quien recibió el traslado de la acción de inconstitucionalidad por parte de la Corte, para que emitiera su opinión como corresponde. En la página 13 del proyecto de fallo, expresa que Caraballo opinó “que frente al período reducido del plazo de investigación, originalmente de dos (2) meses, tenía contemplada coherencia que luego de la admisibilidad de la denuncia o querella, a cargo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el proceso transitara hacia una fase de investigación sin audiencia de imputación, porque es a través de esta admisibilidad cualificada, en que se verifican el cumplimiento de las garantías y derechos que en el proceso ordinario asegura la imputación”.

En la quinta sección del proyecto de fallo aparecen los alegatos de 11 abogados que actúan como interesados en este caso: Roberto Ruiz Díaz, actuando en su propio nombre y representación; Carlos Eugenio Carrillo Gomila, como apoderado judicial de Martinelli Berrocal, Alejandro Pérez Saldaña, Alma Cortés, Niurka Palacios y Jamis Acosta; David Eugenio Carrillo Villarreal, en su propio nombre y representación; Samantha Clair Edwards, a nombre propio y representación; Roniel Enrique Ortiz Espinosa, en nombre y representación también de Martinelli Berrocal; Silvio Guerra Morales, en su propio nombre y representación; y, Luis Eduardo Camacho González.

Con la sola excepción de la licenciada Edwards, los restantes abogados apoyaron desde distintos aspectos la demanda de inconstitucionalidad contra la decisión oral del entonces juez de garantías Jerónimo Mejía. En el caso de la abogada Samantha Clair Edwards sus consideraciones sostienen que la acción de inconstitucionalidad no es viable puesto que “como quiera que lo impugnado no es un acto normativo de carácter general, sino una resolución que decide una petición de nulidad de lo actuado en el proceso penal, no es viable la demanda”, según se recoge en la página 19 del proyecto de fallo.

En la sexta sección titulada “el problema jurídico sometido a escrutinio judicial”, el magistrado Cedalise esboza cómo entiende el asunto que debe resolver la Corte: “Todo lo anterior conlleva a un problema jurídico que consiste en dejar zanjado -de una vez por todas- si las reglas contenidas en el artículo 280 del Código Procesal Penal son o no aplicables a los procesos penales contra Diputados de la Asamblea Nacional y los Miembros del Parlamento Centroamericano (conocidos por sus siglas PARLACEN), los cuales son ventilados y tramitados ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

La séptima sección denominada “los razonamientos del pleno de la Corte Suprema de Justicia”, es la más extensa de este proyecto de fallo, ya que transcurre desde la página 26 hasta la 50 del documento. Aquí se lee la justificación de la decisión que pretende tomar la Corte anulando el caso de los pinchazos, y en su parte resolutiva “declara que es inconstitucional la decisión oral de fecha 4 de julio de 2018, emitida por el Magistrado Jerónimo Mejía”.

El proyecto de fallo tiene serias omisiones que le restan legitimidad y debilitan la solidez de sus argumentos. La primera gran deficiencia del proyecto es que ya hubo varias decisiones judiciales en sentido contrario, lo que hace cosa juzgada que el proyecto menosprecia. Por ejemplo, en la página 48 se descalifica un fallo del 29 de enero del 2018 del pleno de la Corte que estableció que la admisión de una denuncia o querella contra un diputado equivalía a una imputación, denigrándolo por haber sido una decisión tomada en un caso legal y no en un caso constitucional. Esto significa que la gran mayoría de las decisiones de la Corte, que son en sede legal (casaciones, acciones contenciosas, habeas data) estarían expuestas a recursos de inconstitucionalidad, cosa que la propia Constitución no permite.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el pleno del Corte decidió un amparo de garantías constitucionales de la defensa de Martinelli Berrocal en el caso de los pinchazos, el 7 de diciembre de 2018, reconociendo que todo lo actuado por Mejía era correcto, salvo la continuación del proceso a pesar de la renuncia al cargo de diputado al Parlacen por parte del expresidente Martinelli Berrocal. Esto se omite en el proyecto de Cedalise. Adicionalmente, el proyecto de fallo afirma en la página 46 que no hay norma jurídica que justifique la acusación sin imputación. Eso a pesar de que existe el artículo 492 del Código Procesal Penal que fue introducido por la ley 55 del 2012 firmada por el entonces presidente Martinelli Berrocal y que fuera liderada por su bancada en la Asamblea Nacional para acelerar los juicios contra los diputados.

El 6 de diciembre de 2019, en una decisión del pleno de la Corte de la que el magistrado Cedalise fue parte, que no tenía vinculación con el caso de los pinchazos, se exploró la razón fundamental de las acciones de inconstitucionalidad y en aquella ocasión se dijo: “En consecuencia el control objetivo y abstracto de constitucionalidad, no es una instancia, ni tampoco puede sustituir o revisar la corrección o justeza de un criterio con que un tribunal o funcionario público haya aplicado o entendido la Ley en un caso concreto…”.

Ahora el magistrado Cedalise tiene que desdecirse, ignorar otros fallos constitucionales y despreciar la jurisprudencia explícita sobre el tema de la acusación sin imputación. Si concreta este proyecto de fallo se habrá anulado el caso de los pinchazos. De esa forma, quedará establecido que en Panamá no hay cosa juzgada, ya que los propios fallos de la Corte son irrespetados y solo la justicia estará disponible para el mejor postor.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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