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Panamá

Prevalecen dudas en el escándalo del Hospital Integrado Panamá Solidario

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Uno de los primeros escándalos vinculados con la pandemia se produjo a principios del año pasado, cuando una investigación de La Prensa dio detalles sobre la construcción del polémico hospital modular de Albrook para pacientes de la Covid-19.

Durante semanas, La Prensa preguntó repetidamente el origen y calidad de los módulos usados en esta obra, pero nunca recibió respuesta directa del Ministerio de Obras Públicas –a cargo de la estructura– ni de la empresa contratada, SmartBrix Centroamérica, S.A. ni de la Contraloría, informó La Prensa.

La Fiscalía Especial Anticorrupción decidió investigar, tomando como referencia las publicaciones de La Prensa, a las que se sumó el programa Sin Filtro, de Radio Panamá, hechas en mayo y junio de 2020. Pero la investigación de la fiscal Anilú Batista –nombrada por el antiguo procurador Eduardo Ulloa– no fue concluyente.

“Todos los elementos de convicción reunidos y analizados en su conjunto descartan por completo la tesis de la existencia del hecho punible de fraude en las contrataciones públicas, ya que no existe indicio de opacidad en la incorporación de las propuestas hechas por los competidores al Ministerio de Obras Públicas, más bien se comprobó que se trata de dos propuestas diferentes en su contenido, emanadas por la empresa Turmaks…”, argumentó Batista.

“Podemos concluir de manera fehaciente –añadió– que las estructuras modulares que se encuentran dentro de la construcción del Hospital Integrado Panamá Solidario no son reutilizados”. Y así remató la investigación la fiscal, luego de que La Prensa corroborara meses atrás la importación de Costa Rica de 160 módulos de segunda, por parte de SmartBrix, la misma cantidad usada para hacer el hospital.

A pesar de que la mayor parte de las publicaciones de La Prensa se centró, precisamente, en el asunto de los módulos de segunda, cuando La Prensa preguntó, en septiembre de 2020, quién y cuándo los importó, el contralor general de la República, Gerardo Solís, respondió: “Eso no lo sé, yo no pregunté eso”. Y aún así, otorgó el refrendo al contrato de SmartBrix.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue encargado por el Gabinete para construir el hospital. Para ello, el titular, Rafael Sabonge, dispuso hacer un concurso por invitación. Las invitadas fueron tres empresas, dos de ellas controladas por donantes de la campaña de Laurentino Cortizo: TKL Import & Export y VA Project. Incluso, una de ellas, de un exsocio del titular de la cartera, Rafael Sabonge. Pero esto no llamó la atención de la fiscal Batista.

Habiendo invitado al “acto público” a dos donantes de la campaña electoral que lo convirtió en ministro de Estado, ¿habría sido posible que SmartBrix o su presidente, Nitesh Mayani, también hubiese donado a la campaña del PRD en 2019? La Prensa se lo preguntó directamente a Sabonge, pero él no respondió.

Lo que pasó tras recibir el encargo del Gabinete parece haber sido un acto de simulación para darle apariencia de concurso al “acto público” adjudicado a SmartBrix.

Las empresas “invitadas” por Sabonge llegaron a involucrar a empresas de Turquía, especialistas en la fabricación de hospitales móviles, entre ellas, Turmaks, cuyo gerente general, Alí Tunc Kemaloglu, se enteró del asunto gracias a una alerta de Google, que lo llevó hasta medios panameños que informaron del caso.

La Prensa tuvo acceso a la Carpeta 202000024896, que contiene las entrevistas hechas por la fiscal Batista el 6 de octubre de 2020, a través de videollamada, al gerente y subgerente general de Turmarks, Alí Tunc Kemaloglu e Ismail Oguz Aroymak, respectivamente, quienes acudieron a la citación virtual en la Embajada de Panamá en Ankara, donde dieron sus testimonios con la ayuda de un intérprete y en presencia de la embajadora panameña, Mariela Sagel.

TKL Imports and Exports –sociedad desconocida para Kemaloglu– presentó una oferta al MOP para construir el hospital con elementos prefabricados. La propuesta, empero, tenía el supuesto aval de la empresa Eltekser Medical Corporation, que representa a Turmaks en Panamá, y que preside Selcuk Sarigul, apoderado de esta y conocido de Kemaloglu desde el año 2017, según contó a la fiscalía.

Kemaloglu declaró que supo del nombre de TKL el 28 de mayo de 2020, a través de un artículo periodístico que hablaba de la licitación para construir un hospital en Panamá, entre cuyos proponentes figuraba su empresa. Al leer de ello, recordó haber hecho una cotización a Smartbrix para un supuesto hospital en Colombia de 250 camas, a un costo de $7.7 millones.

“La primera comunicación que tuve con Smartbrix fue con el gerente, Nitesh Mayani, el 15 de marzo del 2020 a su correo electrónico, nmayani@smartbrix.com, a quien le envié un correo el 25 de mayo de 2020 –antes de la publicación–, y no tuve respuesta. Le volví a escribir el 29 de mayo de 2020, le pregunté por el estatus de la propuesta en Colombia, y si habían presentado la misma para Panamá. Como no recibí respuesta, contacté el periodista Leonardo Grinspan”, por entonces, reportero de Radio Panamá.

A su turno, el subgerente Ismail Oguz Aroymak, afirmó a la fiscalía que cuando Selcuk Sarigul se mudó a Panamá llevó consigo catálogos de Turmaks para promocionar los productos de Turmaks. En marzo de 2020, en medio de la pandemia, Sarigul pidió una propuesta de hospitales modulares pequeños o medianos, que le fue enviada, declaró Oguz Aroymak a la fiscalía.

“El 13 de marzo de 2020, se envió la primera [propuesta] a Eltekser o a Sarigul; constaba de un hospital modular de 58 camas, 48 normales y 8 para cuidados intensivos y 2 para emergencias. La propuesta contenía área para recepción, triage, cuarto de emergencias, resucitación, farmacia intensiva, área de almacenamiento, letrinas, generador, tratamiento de aguas, deshechos médicos, y cuarto de rayos x digitales”, describió.

“Nosotros nos enteramos por la alerta de Google. No participamos de ninguna licitación ni autorizamos a nadie para que participara a nombre de Turmaks. Un particular puede participar bajo su propio nombre con nuestros productos, pero no bajo el nombre de la empresa”, aclaró el subgerente.

El ejecutivo añadió que contactó al representante de Turmarks en Panamá el 28 de mayo de 2020 para preguntarle directamente si sabía algo de la licitación. Este le respondió que no había participado, que probablemente le dio una propuesta de Turmaks a una empresa de tres letras, llamada TKL, una de las invitadas por Sabonge al “acto público” del hospital, al que se presentó con una oferta de casi $17 millones.

Sobre el costo de la oferta, el subgerente de Turmaks agregó que en la propuesta original se sugirieron $2 millones, pero que el representante final puede subir el precio.

El artículo completo se puede leer en La Prensa

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Llega a su fin el juicio en Estados Unidos contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares por lavar sobornos de Odebrecht

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En la Corte de Brooklyn se escuchará de boca del juez de distrito, Raymond J. Dearie, cuál será la pena que deberán pagar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal, por lavar fondos irregulares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

La lectura de sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares se fijó para el viernes 20 de mayo. A las 4 de la tarde, el juez de la causa, Raymond J. Dearie, establecería cuál sería la pena que deberán purgar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal. Los hermanos se declararon culpables de haber lavado USD 28 millones provenientes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio del otorgamiento de contratos en beneficio “de un familiar cercano y alto funcionario” del gobierno de Panamá, informó Maibort Petit maibortpetit.info.

Por documentos del caso, se conocieron los últimos movimientos judiciales de los Martinelli Linares, por ejemplo, para el 13 de mayo estaba programada la fecha de control para la sentencia de Ricardo Martinelli Linares luego de que el juez Dearie, le negara su pedido de fianza. Este, así como su hermano, Luis Martinelli Linares, se declararon culpables diciembre de 2021. En razón de que la defensa había solicitado una sentencia acelerada antes de una solicitud anticipada de una sentencia de tiempo cumplido, la Corte refirió que estaría dispuesta a adelantar la fecha de dicha sentencia.

Se convino en pedir al Departamento de Libertad Condicional avocarse al caso y, en tal sentido, el 28 d e marzo emitió un borrador de PSR para Luis Martinelli y el 30 de marzo recibió las objeciones y pedidos de corrección de parte de los abogados defensores.

Luego, el 4 de abril, la defensa pidió a la fiscalía que expusiera su posición respecto a la solicitud anticipada para que la Corte adelantara la sentencia del 13 de mayo a la semana del 25 de abril. El gobierno respondió el 8 de abril que se oponía a cualquier adelanto de sentencia de Martinelli porque la fiscalía continuaba “reuniendo información para las audiencias de sentencia, incluso a la espera de información adicional de Panamá sobre la posición del país como víctima para fines de restitución”.

Los abogados defensores expusieron que todas las partes habían tenido tiempo suficiente para prepararse para la sentencia, encontrándose, además, el PSR sustancialmente completo y no representa un obstáculo para un avance razonable de las audiencias de sentencia, por lo que requirieron del Tribunal un adelanto de las fechas de sentencia de Ricardo Martinelli y su hermano.

Presentaron una oferta de cronograma:

“Para una audiencia el lunes 25 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el jueves 14 de abril; presentación del gobierno para el jueves 21 de abril; la respuesta de la defensa vence el viernes 22 de abril.

“Para una audiencia el miércoles 27 de abril o el jueves 28 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el lunes 18 de abril; presentaciones del gobierno vencen el lunes 25 de abril; respuesta de la defensa para el martes 26 de abril”.

Entretanto, los fiscales han solicitado que la condena que se les dicte a los hermanos Martinelli Linares entre en el rango de los 108 y los 135 mes, es decir, entre 9 y 11 años.

El Departamento de Libertad Condicional sugirió al tribunal una sentencia de 180 meses de prisión y el pago de una multa de USD 250.000, puesto que a su juicio no existen causales que puedan hacer mitigar la pena.

Para el gobierno resulta inadmisible la pretensión de la defensa que ha pedido al juez Dearie que, incluso, deje en libertad a sus clientes, toda vez que a criterio de sus abogados defensores, ya habrían sido suficientes los 23 meses que llevan detenidos tanto en Guatemala como en Brooklyn.

Son escasos los datos biográficos de los Martinelli Linares y entre la poca información que puede encontrarse en la web, está el hecho de que ambos tienen doble nacionalidad, panameña e italiana, en razón de los orígenes de su padre, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

El exmandatario panameño es un empresario cuya mayor compañía es Súper 99, una de las principales cadenas de supermercados de Panamá. También es dueño de Importadora Ricamar S.A.,al tiempo que es socio, inversionista, directivo o accionista de otras firmas panameñas, como el Diario por la Democracia S.A., la Azucarera La Victoria, Empresa ERA, MegaDepot, ToyLand, Compañía Digital de Televisión y Plastigol S.A. Igualmente es director de Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, DirectTV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, Avipac Inc y Calox Panameña.

Entretanto, la madre es Marta Linares de Martinelli quien está titulada en Comercio en el Saint Mary of the Woods College en Indiana (Estados Unidos) y posteriormente adquiere la licencia como Corredora de Seguros en la Universidad de Panamá.

Ricardo Alberto, el mayor, tiene 42 años de edad, mientras Luis Enrique tiene 39. La tercera de los hermanos Martinelli Linares es Carolina Elizabeth.

En la red social LinkedIn, el perfil de Luis Enrique Martinelli Linares refiere que es el director general de la empresa Importadora Ricamar S.A. Allí se describe como un joven empresario panameño que dirige la firma Super-99, como también es denominada la cadena de supermercados más grande de Panamá.

Es egresado en administración de negocios de la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University) ubicada en Texas, donde igualmente cursó estudios internacionales[1].

La Importadora Ricamar S.A. es una empresa registrada en Panamá el 10 de diciembre de 1961 bajo el número 115395, cuyo estatus actual es vigente, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates. El nombre del agente es Magalis Guadalupe Reyes Reyes y el directorio está conformado por Adrián Domínguez Castro y María Concepción Rodríguez, como apoderados; Alejandro Garuz, como apoderado y gerente general; Alejandro Garuz Adames, como director y presidente; David Alejandro Jiménez Barrios, como director y secretario; Gabriel Arturo Jiménez Barrios, como director y tesorero; Roberto Antenos Reyes Reyes y Vicente González Jiménez, como suscriptores. La representación legal de la empresa la ejercen el presidente, el secretario y el tesorero. Marta Linares de Martinelli fue destituida de la presidencia entre el 25 de julio de 2019 y el 21 de mayo de 2020[2].

El 29 de enero de 2017, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa, tanto de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como de su madre, la ex primera dama panameña, Marta Linares de Martinelli[3].

La figuración pública de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal comenzó con la acusación que su contra se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde están imputados por delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de un esquema masivo de soborno en el que está involucrada el conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil, Odebrecht S.A.

De acuerdo a la documentación que se maneja en Corte de Brooklyn, el plan corrupto por el que se señala a los Martinelli Linares involucraba el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos y otros funcionario y personeros en Panamá y otros países alrededor del mundo para obtener y retener negocios para Odebrecht.

La constructora brasileña a través de sus representantes admitió su culpabilidad el 21 de diciembre de 2016. Esto ocurrió igualmente en el Distrito Este de Nueva York donde enfrentó una acusación criminal de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA)[4].

Luego de un complicado proceso, Luis Enrique Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala hacia los Estados Unidos para enfrentar la acusación presentada ante el tribunal federal en Brooklyn el 15 de noviembre de 2021. Por su parte, Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado el 10 de diciembre de 2021. Habían sido detenidos en julio de 2020, en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, cuanto procuraban abordar un avión privado que los sacara de suelo guatemalteco rápidamente y así evitar su captura en razón de la solicitud que cursaba de parte de la justicia estadounidense. Desde su aprehensión estuvieron recluidos en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala.

En el esquema corrupto de Odebrecht, los Martinelli Linares habrían lavado —de acuerdo a los documentos judiciales— aproximadamente USD 28 millones en pagos de sobornos hechos por la empresa brasileña a un alto funcionario del gobierno de Panamá que es pariente cercano de los acusados. Contra los hermanos fue presentada la denuncia penal el 27 de junio de 2020 y, posteriormente, el 4 de febrero de 2021, en contra de Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron presentados cinco cargos. En la Corte de Brooklyn. Uno de los cargos es por conspiración para cometer lavado de dinero, mientras dos son por encubrimiento de lavado de dinero. Luis Martinelli Linares enfrenta también dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente[5].

Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su desempeño en el esquema corrupto de soborno de Odebrecht S.A., ante el juez federal de distrito Raymond J. Dearie, el 2 de diciembre de 2021. Ante el magistrado dijo que participó en la conspiración junto con su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares y otras personas mediante el establecimiento de cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de compañías de fachada en las que recibirían y disfrazarían los fondos irregulares que sumaban USD 28 millones. Explicó que él y sus socios transfirieron hacia y desde los Estados Unidos el dinero, lo cual llevaron a cabo a través de transferencias electrónicas que involucraban las ganancias del esquema y que les servirían para la compra de un yate y un condominio en EE. UU.[6]

Entretanto, la declaración de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares se produjo el 14 de diciembre de 2021, cuando ante el juez federal de distrito, Raymond J. Dearie, admitió que participó en la conspiración para lavar dinero en el esquema encabezado por Odebrecht S.A. Tal como lo hizo su hermano, asintió los términos de la acusación que los señala de usar el sistema financiero de Estados Unidos para promover su esquema de corrupción, lo cual lograron constituyendo “cuentas de empresas ficticias en bancos extraterritoriales para tratar de evadir la responsabilidad y usaron parte de las ganancias de los sobornos para su beneficio personal”[7].

El artículo completo puede ser leído maibortpetit.info

 

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Panamá

Participación de los hermanos Martinelli Linares en Digicel habría desencadenado reveses sufridos por la empresa en Panamá

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En opinión de algunos ciudadanos, ha quedado claro que reveses recientes que ha sufrido Digicel en Panamá se han desencadenado en parte debido a la vinculación de la familia Martinelli con la empresa.

El pasado mes de abril la compañía solicitó su liquidación voluntaria ante los Tribunales de Justicia Civiles, como consecuencia de la aprobación, por parte del Gobierno Nacional de Panamá, de la fusión de Cable & Wireless Panamá (CWP) y Claro, decisión que representa el fin de la libre competencia para el mercado de las telecomunicaciones en el país, según dijo la compañía en una declaración.

Revelaciones recientes han indicado que tras bastidores los verdaderos accionistas de la compañía son los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quienes esperan sentencia tras haberse declarado culpables de lavar dinero de sobornos de Odebrecht.

Los fiscales del caso de los hermanos Martinelli en Nueva York confirmaron que 9.2 millones de dólares de las coimas de Odebrecht fueron utilizados para comprar una empresa de telefonía celular, informó FOCO.

Diversas fuentes consultadas confirmaron a FOCO que la empresa a la que se refieren es Digicel.

 

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Panamá

El video viral con imágenes del presidente Laurentino Cortizo en el que un hombre asegura arrepentirse de «haber votado por usted»

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En las redes sociales se viraliza un video con un audio de fondo en el que una persona dice arrepentirse de «haber votado por usted», mientras se muestran imágenes del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

En el vIdeo el hombre señala: «…porque usted no ayuda al pueblo, usted ayuda al rico…».

No está claro si se trata de un vídeo auténtico, de un montaje o si el reclamo iba dirigido realmente a Cortizo.

 

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