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Panamá

Panameño Omar Guevara Barrios, empleado contable de oficina adscrita a la Embajada de España en Panamá, es buscado por la justicia por desfalcar a la entidad cinco millones de euros y gastar parte en apuestas

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El grupo parlamentario de Vox en el Congreso de España anunció que el partido acudirá a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar un presunto desfalco de $5 millones por parte de una oficina española en Panamá.

Se trata de la Oficina Técnica de Cooperación, adscrita a la Embajada de España en Panamá y dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Omar Guevara Barrios, contable de la oficina mencionada, estuvo presuntamente sustrayendo fondos de manera irregular, al menos $5 millones en un periodo de diez años.

El contable supuestamente falsificaba la firma del coordinador general para sustraer el dinero de la Aecid, según FOCO.

Al menos 40% del dinero sustraído terminó en casinos.

La Fiscalía de Panamá dictó en abril de 2020 una orden de aprehensión y conducción en contra de Guevara Barrios como posible autor del delito de hurto con abuso de confianza.

Ahora el partido político español Vox quiere denunciar los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción española y también pedir que comparezcan en el Congreso de Diputados nueve cargos y excargos del Ministerio de Exteriores.

Qué más se sabe

Un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España revela que el empleado panameño de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) que se apropió de cinco millones de euros gastó gran parte del dinero en casinos que explota la multinacional CIRSA en el país centroamericano.

Así se detalla en el dosier elaborado el 22 de mayo de 2020 por la Dirección de la División de Control y Mejora de la Gestión -dependiente de la Dirección General del Servicio Exterior- y que se puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas 17 días después por el daño causado a los fondos públicos. Este procedimiento contable se desarrolla en España mientras la Fiscalía panameña investiga los hechos desde la vertiente penal.

Las alarmas saltaron en la oficina técnica de cooperación de la Aecid en Panamá a mediados de febrero de 2020, a raíz de que Omar Guevara Barrios -contratado como administrativo contable desde 1992- dejara de acudir a su puesto de trabajo sin explicación. Las pesquisas permitieron conocer que durante años había estado sustrayendo fondos para cooperación de manera irregular, motivo por el que la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria de Panamá dictó el 2 de abril de 2020 una «orden de aprehensión y conducción» contra él como posible autor de un delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto con abuso de confianza. Sigue en paradero desconocido, informó Antonio Salvador en El Independiente.

El modus operandi desplegado por Guevara Barrios consistía en la «falsificación de la firma» del coordinador general de la cooperación española en Panamá en «innumerables talones» con cargo a tres cuentas bancarias que la Aecid tiene en dos bancos panameños, según se detalla en el informe de Asuntos Exteriores. Éste se ha conocido al cabo de casi dos años y después de que la justicia obligara al Gobierno a facilitárselo al grupo de Vox en el Congreso de los Diputados, al que inicialmente se le negó en su labor de fiscalización al Ejecutivo. El partido ha pedido la comparecencia del ministro José Luis Albares y otros siete altos cargos para que den explicaciones por este desfalco y anunció que denunciaría los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.

La apropiación se iniciaba con la emisión de un talón firmado por el contable (Omar Guevara) y la rúbrica falsificada del coordinador general, como ha constatado la Policía panameña tras realizar una prueba caligráfica. El empleado no negociaba los cheques directamente en el banco para evitar tener que ir constantemente a la entidad financiera, sino que los endosaba.

La «mayor parte» de los cheques se endosaron a Gaming and Services, la filial con la que la multinacional española CIRSA explota casinos, bingos y salas de máquinas tragaperras en Panamá. En un ángulo del reverso del talón aparece una «pequeña firma» del casino en el que se entregaba, hace constar Asuntos Exteriores en su informe. Uno de los locales que frecuentaba era el conocido como ‘Fantastic Casino CC Dorado’, ubicado en el centro de la ciudad de Panamá.

Tan sólo en una de las tres cuentas afectadas, concretamente una de las abiertas en una sucursal del BAC Credomatic, el rastreo ha permitido conocer que Gaming and Services fue el destino de cheques con fondos desviados por Omar Guevara por un montante de 1.397.653,96 dólares (1,27 millones de euros al cambio de hoy). Ello representa casi el 40 % de los 3.587.284,44 dólares (3,26 millones de euros) sustraídos tan sólo de esa cuenta.

El ministerio ha tardado 13 años en descubrir la actuación fraudulenta de su antiguo empleado

Según ha podido conocer El Independiente, uno de los delitos que la Fiscalía panameña imputa al hoy prófugo es el de blanqueo de capitales. El Ministerio Público trabaja con la hipótesis de que Guevara Barrios consumía en los casinos una parte del dinero que conseguía con los cheques y otra se la llevaba en efectivo.

En este sentido, Asuntos Exteriores ha descubierto que parte de los fondos -a través de la emisión irregular de talones- terminó en manos del propio Omar Guevara: 840.843,89 dólares (unos 765.650 euros). El fugado también debió hacer compras en un concesionario de vehículos de la firma Panameña de Motores (24.000 euros) y emitió cheques a favor de una persona llamada Micky Liao Chen. Éste es uno de los cuatro imputados que acumula el caso -los otros tres restantes eran personas que el huido contrataba- y sobre el que pesan medidas cautelares (entre ellas la prohibición de abandonar el país y la obligación de personarse periódicamente en la Fiscalía para acreditar que no se han fugado), según han informado fuentes conocedoras de la investigación.

Sólo con cargo a dos de las tres cuentas alcanzadas por las irregularidades se ha contabilizado el endoso de unos 1.500 cheques con la firma de Omar Guevara en el reverso, teniendo lugar la «masiva» salida de fondos durante 2019. La emisión de talones, su endoso y posterior negociación con el banco era el «método habitual», si bien se ha detectado también movimientos tanto de salida como de ingreso «de origen desconocido» o entre cuentas bancarias.

El empleado no sólo simulaba la firma del coordinador general de la oficina técnica de cooperación, la persona sobre la que recae la función de cajero-pagador. Para no despertar sospechas también falsificaba los estadillos de las cuentas bancarias, de modo que apareciera el saldo teórico y «sin apenas movimiento». El pufo afloró a raíz de que la Dirección del Subsector del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas) -entidad local ejecutora del ‘Programa de agua potable y saneamiento en áreas rural e indígena de Panamá– advirtiera de que no se le había hecho una transferencia de más de un millón de dólares y el banco confirmara que el saldo no llegaba a 2.000 dólares. Entonces «saltan todas las alarmas», subraya el informe.

La ocultación de los extractos bancarios dificultó que se descubriera el agujero y que la práctica fraudulenta se prolongara durante al menos 13 años. «Al inicio, en los años 2007 y 2008, en la cuenta ‘otras Administraciones’, las salidas de fondos (cheques fraudulentos) no mermaban el saldo de la cuenta, es decir, no se hacían con cargo a los ingresos de fondos públicos que dichas cuentas habían tenido, sino que previamente se depositaban grandes sumas de dólares de origen desconocido», precisa el director de la División de Control y Mejora de la Gestión.

Si bien la mayor parte del dinero desviado fue a través de la operativa del endoso de cheques, el arqueo a la caja de efectivo de la oficina técnica de cooperación también ha revelado que faltaban otros 1.720,94 dólares (unos 1.560 euros), dado que no se había producido ningún movimiento entre el 31 de diciembre de 2019 y el 10 de marzo de 2020, cuando personal de Asuntos Exteriores se desplazó a Panamá para conocer el alcance del problema.

A la espera de que avance la investigación penal en el país centroamericano, tras la querella presentada por la Aecid el 11 de junio de 2020, el ministerio entonces dirigido por Arancha González Laya puso los hechos también en conocimiento del Tribunal de Cuentas español para que depure las eventuales responsabilidades contables por el daño producido a los fondos públicos.

En este sentido, Asuntos Exteriores responsabiliza de malversación a Omar Guevara, al tiempo que considera que también son presuntamente responsables por alcance los dos coordinadores generales de la oficina técnica de cooperación durante el periodo en el que se llevó a cabo la sustracción. «Presumiblemente ha podido existir una actuación culposa grave dado que no se tomaron las medidas mínimas necesarias para evitar la actuación delictiva del administrativo contable», sostiene.

La Aecid tampoco descarta exigir responsabilidades a Games and Services, destinatarios identificados de salida fondos, la empresa externa que auditó las cuentas de su oficina en Panamá y muy especialmente los bancos, dado el «elevadísimo» número de talones negociados con el hoy prófugo de la justicia.

Mientras tanto, la Policía panameña estrecha el cerco sobre Guevara Barrios y la Fiscalía panameña continúa adelante con la investigación a fin de esclarecer los hechos. En una audiencia celebrada hace dos semanas, el juez de garantías accedió a la petición del Ministerio Público y declaró compleja la causa, lo que permitirá ampliar el periodo de pesquisas al menos otros seis meses (como mínimo hasta finales de octubre).

5 millones birlados a España

Omar Antonio Guevara Barrios es uno de los cien fugitivos más buscados por la Policía Nacional de Panamá. Está acusado de desfalcar a España al menos cinco millones de euros en fondos para cooperación en el país centroamericano mediante un depurado sistema de falsificación de firmas y estados bancarios que logró mantener en el tiempo sin que sonaran las alarmas. La justicia local espera desde hace dos años su detención para ajustar cuentas con él.

A Guevara Barrios se le perdió el rastro hace dos años, poco antes de que se declarara la pandemia del coronavirus. Empleado de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Panamá de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) -dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación- desde 1992, dejó de acudir a su puesto de trabajo sin explicación en febrero de 2020 y se descubrió el pastel. Se quitó de en medio cuando sabía que se iba a destapar el pufo. Huyó y desde entonces no se sabe dónde está.

El entonces coordinador general de la cooperación española en Panamá, Carlos Cano Corcuera, se identificó como la persona que había «descubierto y denunciado» este desfalco millonario. Lo hizo en un mensaje enviado meses después a compañeros destacados en otros países del mundo -cuyo contenido desveló Vozpopuli– y en el que vinculaba el paso que había dado con la decisión de la Secretaría Estado de Comunicación de no renovarle el contrato a menos de dos años de jubilarse. El 31 de julio de 2020, el ministerio dirigido entonces por Arancha González Laya prescindió de sus servicios a causa de estos hechos.

La Policía panameña busca desde hace dos años a Omar Guevara por el desfalco millonario en la oficina española de cooperación

«En su condición de coordinador de la oficina técnica de cooperación fue designado cajero-pagador de la OTC y tenía, por tanto, las funciones y responsabilidades asociadas a esta designación. La decisión de no renovar el contrato obedece a un juicio de oportunidad realizado por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional junto a la dirección de la Aecid», contestó el Gobierno en respuesta a la pregunta escrita con la que las diputadas de Ciudadanos Sara Giménez Giménez y Marta Martín Llaguno querían conocer las razones por las que Carlos Cano no había continuado en su puesto.

Formalmente, Omar Antonio Guevara Barrios está prófugo de la justicia desde el 2 de abril de 2020, cuando la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria de Panamá dictó una «orden de aprehensión y conducción» contra él como posible autor de un delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto con abuso de confianza. La Aecid presentó querella el 11 de junio de 2020, semanas después de contratar los servicios del bufete local FDR Legal Advice & Consulting para que dirigiera la acusación en su nombre.

Fuentes conocedoras de la investigación han confirmado a El Independiente que Guevara Barrios continúa huido y que el caso acumula ya cuatro imputados, colaboradores del cabecilla y ajenos a la oficina técnica de cooperación sobre los que pesan medidas cautelares. Ello alimenta la tesis de la Fiscalía de que se trata de un caso de crimen financiero organizado, declarado ya complejo por el juez de garantías a fin de disponer de más tiempo para llevar a cabo la instrucción. Dos años después de que se iniciaran las pesquisas quedan muchas incógnitas por despejar, entre ellas la cuantía real de la que logró apoderarse el fugado falsificando las firmas de su superior y manipulando los extractos bancarios, según Antonio Salvador en El Independiente.

Cuando el 2 de marzo de 2021 compareció en el Congreso de los Diputados la entonces secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau cifró en al menos cinco millones de euros el montante del desfalco provocado por Guevara Barrios en diez años. Teniendo en cuenta que la vinculación laboral de este empleado con la oficina de la Aecid en Panamá se prolongó durante casi tres décadas, no se descarta que el cálculo ofrecido en sede parlamentaria por la hoy número dos del Ministerio de Asuntos Exteriores termine siendo mucho mayor.

Junto con la contratación de los citados abogados penalistas panameños, la dirección de la Aecid formalizó el pasado 7 de octubre la contratación de Rosse Mary Flores Quinteros para que realizara una auditoría financiera en la oficina técnica de cooperación con un coste de 38.816,19 euros. El plazo de ejecución del trabajo era de 90 días, por lo que ya ha debido de concluir. No han trascendido los resultados que ha arrojado este encargo, de los que el ministerio ha eludido dar detalles.

El director de la Aecid, Antonio Lois, ha invocado genéricamente uno de los límites que prevé la ley para limitar el derecho de acceso -concretamente el relativo a «la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios»- pero sin motivar suficientemente por qué dicha causa concurre en este caso concreto. La respuesta ya ha sido recurrida ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que tendrá que pronunciarse en los próximos meses para determinar si avala la actuación de la Administración o si insta a ésta a facilitar el documento que se ha negado a proporcionara.

El caso acumula ya cuatro imputados, colaboradores del huido y sobre los que pesan medidas cautelares

La interposición de la querella y la realización de una auditoría financiera para conocer el alcance real de la apropiación indebida cometida por Omar Antonio Guevara Barrios no son los únicos pasos que ha dado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación. En marzo de 2020 envió a Panamá a la Inspección General de Servicios y la División de Control y Mejora de la Gestión, órgano éste que elaboró un informe que se puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas el 8 de junio de 2020.

El máximo organismo fiscalizador del sector público tendrá que decretar si existe responsabilidad contable por alcance y, en ese caso, quién o quiénes deben responder por ello. Fuentes del Tribunal de Cuentas han indicado que se abrió diligencia preliminar y se turnó al departamento primero de enjuiciamiento, donde se encuentra en fase de tramitación en actuaciones previas.

En septiembre de 2020, en la respuesta a la citada pregunta parlamentaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores no garantizó que se pueda reintegrar el dinero sustraído. «La potencial recuperación de los fondos desfalcados dependerá de la eventual detención, enjuiciamiento y sentencia del presunto autor del desfalco, todavía hoy en paradero desconocido», admitió. En este tiempo ha tenido contactos permanentes con el Gobierno panameño a fin de que se esclarezca el caso y se depuren las responsabilidades penales.

En dicha respuesta, el Ejecutivo informó de que la Aecid iba a «reforzar las medidas de control interno» a fin de «prevenir estas prácticas». Entre otras determinaciones citó la realización de circularizaciones bancarias trimestrales de todas las cuentas de titularidad de las unidades de cooperación en el exterior y de arqueos de caja sorpresivos con periodicidad aleatoria; ofrecer mayor formación en gestión económica y presupuestaria de los directivos/cajeros-pagadores, así como llevar a cabo inspecciones regulares y extraordinarias en las citadas unidades por personal de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Gobierno ha reconocido que el agujero provocado por Omar Antonio Guevara ha afectado a los planes de cooperación que España viene desarrollando en el país centroamericano. En concreto, los fondos detraídos se iban a destinar al denominado ‘Programa de agua potable y saneamiento en áreas rural e indígena de Panamá’, una iniciativa cuya ejecución se inició el 20 de diciembre de 2014 y que debía terminar el 19 de diciembre de 2020 tras contar con un presupuesto de 10,35 millones de euros.

Centrada en la comarca de Ngäbe-Buglé, la intervención consistía en la mejora de la cobertura y el servicio de aprovisionamiento de agua y saneamiento en zonas del oeste del país consideradas prioritarias por el Ministerio de Salud, mejorando las condiciones de unas 19.300 personas. «La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está haciendo el máximo esfuerzo para reponer los fondos de la manera más urgente posible para no perjudicar a los beneficiarios», contestó en septiembre de 2020 a una pregunta presentada por el grupo de Vox.

Han pasado ya más de dos años desde que Guevara Barrios dejó de acudir a la oficina ubicada en la zona residencial de Clayton, en las cercanías del Canal de Panamá y donde Estados Unidos tuvo una base militar que cerró en 1999. Su cara figura en los carteles como uno de los fugitivos más buscados de Panamá, pero la policía sigue sin poder atraparlo para sentarlo delante del juez. Su rastro se pierde en febrero de 2020, justo cuando el coronavirus empezaba a extenderse por todo el mundo.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Organización Médicos Sin Fronteras denunció deterioro en la atención a migrantes que atraviesan la selva del Darién entre Panamá y Colombia

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Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció un deterioro en la atención a los migrantes del Darién, la peligrosa frontera natural entre Panamá y Colombia, a la vez que pidió ayuda a las autoridades panameñas para dar mayor protección a las transeúntes víctimas de violencia sexual.

La organización médica y humanitaria advirtió en un comunicado del peligro de las nuevas rutas usadas por los migrantes, pues están arribando a Canaán Membrillo, una de las primeras poblaciones al atravesar Darién, con lesiones físicas y psicológicas, informó EFE.

“Las condiciones para la recepción de migrantes son insuficientes. Cada día son cientos de personas que llegan a Canaán Membrillo”, dijo la coordinadora de MSF en Panamá, Rabia Ben Ali.

En Canaán Membrillo, la nueva puerta de entrada de los migrantes, según MSF, los migrantes “no reciben atención médica, y luego son llevados a San Vicente, donde difícilmente encuentran condiciones adecuadas para la atención, según estándares internacionales”, explicó Ben Ali.

Al ¿rededor de 300 migrantes están llegando a diario a San Vicente, Darién, donde hay una estación de recepción migratoria, y se encuentran con dificultades para acceder a atención médica o servicios de urgencia básicos, alertó MSF.

“Las condiciones de las instalaciones de San Vicente también deben ser mejoradas”, agregó Ben Ali.

MSF, que está presente en San Vicente, reveló que no hay acceso general a dormitorios, en el suelo duermen niños y mujeres embarazadas y las condiciones higiénicas son “deficientes”, lo que afecta a la salud mental y física de los migrantes.

La organización atendió a 78 pacientes en abril, siendo las enfermedades de piel y dolores corporales, las patologías más detectadas, seguido de las diarreas, infecciones respiratorias y dificultades en el sistema digestivo.

También, asistió a seis pacientes por afectaciones como estrés agudo, episodios depresivos, reacciones ansiosas y duelos relacionados con muertes de familiares durante el camino, así como muertes por ahogamiento.

Hasta abril, cerca de 19.000 migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica han llegado a Panamá tras cruzar el Darién, siendo los venezolanos la nacionalidad predominante.

El año pasado, atravesaron la jungla más 133.000 personas, una cifra histórica y más o menos igual a la registrada en toda la década anterior.

MSF anunció que con el aumento del flujo en marzo y abril han incrementando los casos de robos y violencia sexual.

Desde enero hasta la primera semana de mayo, la organización atendió a 89 víctimas de violencia sexual, mientras que entre abril y diciembre de 2021 fueron 328 casos.

En Canaán Membrilo, las mujeres víctimas de violencia sexual “no reciben ningún tipo de atención”, y luego de trasladarlas a San Vicente “muchas veces las complicaciones médicas se han agudizado y el tiempo para que un tratamiento médico preventivo sea efectivo en casos de violencia sexual, es insuficiente”, explicó MSF en el comunicado.

MSF consideró que es “indispensable” que las autoridades panameñas pongan en marcha los mecanismos para detener de los casos de violencia sexual en Canaán Membrillo y para evitar las agresiones durante de la ruta.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Irregularidades en licitación para la construcción del nuevo mercado de mariscos de la ciudad de Panamá en la que participa Ulife América Central, sancionada por el BID

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El polémico proyecto del nuevo mercado de mariscos avanza contra resoluciones judiciales y la marea de críticas que se amontonan, en medio del proceso de revocatoria del mandato del alcalde José Luis Fábrega.

José Luis Fábrega

Aunque un juzgado civil ordenó suspender “de forma inmediata” la licitación, el pasado martes 17 de mayo hubo una reunión de homologación a la que asistieron dos empresas: Corporación Continental S.A. y Ulife América Central, esta última, sancionada por fraude y corrupción, informó Sol Lauria en La Prensa.

Las empresas interesadas no tienen antecedentes conocidos en el rubro construcciones de la ciudad de Panamá. Corporación Continental S.A. es una firma de seguros que, según dijo a La Prensa, no representó a ningún cliente en el acto y asistió para conocer a los posibles proponentes.

De Ulife América Central S.A. no hay muchos legajos en el país. Según consta en los documentos de creación, se dedica a la actividad promotora de viviendas, además de a la compraventa inmobiliaria o a la exportación e importación de toda clase de bienes, entre otros fines.

Sin embargo, la evidencia fuera la condena: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de sancionarla por fraude y corrupción, excluyéndola de hacer negocios con la institución tras comprobar prácticas que violan las políticas anticorrupción del grupo. O sea: Fábrega no consiguió una empresa seria que haga la obra que tanto quiere.

En la saga que el alcalde se empeña en sostener, este acto es un capítulo más marcado por irregularidades, sospechas y faltas institucionales.

“Estamos enfrentando una dictadura municipal”, dijo Luis Pineda, del Movimiento Consulta Ciudadana. Pineda formó parte del grupo que presentó el amparo por el cual el juzgado Decimoctavo Civil ordenó frenar el proceso, debido a que se realizó “sin que se cumpliera el principio democrático representativo y participativo” en la consulta ciudadana que lo aprobó.

“Fábrega está en rebeldía y sigue violando la ley . Primero con la consulta ciudadana y ahora con el fallo, que también viola”, agregó Pineda.

Los detalles del encuentro están en el acta de homologación publicada en el sitio de compras oficiales PanamaCompra: comenzó a las 9:16 a.m., terminó media hora después y, aunque fue realizado para que los interesados puedan aclarar dudas, nadie hizo preguntas.

La convocatoria de la reunión fue publicada en el acto “Construcción del nuevo Mercado de Marisco” (2022-5-76-0-08-LV- 014686) el 5 de mayo pasado, pocos días después de que la la jueza Rosalba Sánchez Cisneros ordenara su suspensión provisional. Y a pesar de que el 13 de mayo falló para dejar en firme esa decisión, la reunión de homologación ocurrió el martes 17.

El acta indica que por la Alcaldía participaron el director de Mercados, Fernando Duque; la jefa de Compras Descentralizadas, Martha Alemán; la cotizadora, Iraida Herrera; y la abogada Cristina Bonilla. Por el lado de las empresas, Juan Jaén, de Corporación Continental; y alguien de la empresa Ulife América Central, de quien no mencionan el nombre. ¿Quiénes son estas empresas y por qué concurrieron a pesar de la orden judicial?

Por Corporación Continental, una firma de seguros familiar fundada en 1970 por Jorge Manuel Arias Thompson, asistió el especialista en seguros Juan Jaén. Jaén indicó a La Prensa que la firma suele asistir a este tipo de reuniones para conocer quiénes son los posibles proponentes de las obras que se ejecutan en Panamá, como una herramienta de captación de clientes. “No fuimos en representación de ningún cliente, porque no tenemos ningún cliente interesado”, dijo.

De Ulife America Central hay poca información en Panamá. Fue registrada el 25 de julio de 2006 por el empresario español Javier Olcina Feliu, cuyo hermano Jaime fue asesor del alcalde de Marbella, según informó el periódico El Mundo de España. Olcina Feliu comparte la directiva con Manuel de Jesús Solís Arcia y Enilda Damarys Govea Ramos de Solís, pero él aparece en dos fundaciones y cuatro sociedades más.

Ulife America Central y Olcina Feliu fueron incluidos en la lista de sancionados por el BID por fraude y corrupción. El pasado 25 de marzo, el Comité de Sanciones de la institución sentenció a ambos con la categoría más rotunda de todas (debarment, excluida), tras un proceso en el que pudo comprobar que ofrecieron, dieron, recibieron o solicitaron “cosas de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte” y actos de engaño “para obtener un beneficio”, según se describe en su sitio web.

De las dos que estuvieron, una está vinculada a hechos de corrupción y la otra no estaría interesada, ni capacitada, en hacer la obra. ¿Conseguirá Fábrega quien levante su mercado?

“El señor alcalde se burla una vez más de todos”, dijo la presidente de Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Lina Vega. “Desacato, ¿dónde queda nuestro Estado de Derecho?”, tuiteó Pineda.

En la red social del pajarito, el clima ha sido ese: “nunca les ha interesado cumplir con la ley” o “es posible que también se encuentre el delito de abuso de autoridad”, escribieron usuarios.

A contramano, el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Abdiel Sandoya, dijo a La Prensa que no hay nada de malo con la reunión (“lo que se está haciendo es solo una homologación”) y que están analizando presentar un recurso de apelación contra el amparo que dejó sin efecto el acuerdo emitido por ese organismo y que dio vida a la licitación del mercado de Fábrega. “Nuestro equipo legal está analizando la situación”, dijo Sandoya.

En la Alcaldía, no respondieron a La Prensa esa pregunta simple: ¿Por qué siguen con un proceso que la Justicia ordenó frenar?

Del lado de las organizaciones ciudadanas, tanto Pineda como Vega hacen foco en la burla, tras la burla anterior a la consulta ciudadana. “La supuesta consulta ciudadana fue una burla, se burla de las necesidades de la ciudad y su gente al impulsar un mega proyecto que no es prioridad. Francamente impresionante su desapego al estado de Derecho”, dijo Vega.

El acto que aprobó la iniciativa se hizo en plena pandemia, el miércoles 11 de noviembre de 2021, sin convocatoria abierta y con 22 personas, de las cuales al menos 4 tienen o tuvieron empleos en el municipio que Fábrega dirige. Ahí estuvo el principio de la saga que siguió con una avalancha de denuncias: una contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por ceder terrenos a la Alcaldía sin consulta, cuando hay un cambio de uso de suelo; otra del movimiento Consulta Ciudadana, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque, además de violar varias leyes, no cuenta con refrendo de la Contraloría; una más de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana para que se examine la legalidad de la consulta ciudadana, que la Procuraduría de la Administración admitió.

La historia continúa ahora con el proceso de revocatoria en marcha y el incumplimiento del fallo que ordenó frenar la licitación por $43 millones, una que Fábrega se niega a detener.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Llega a su fin el juicio en Estados Unidos contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares por lavar sobornos de Odebrecht

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En la Corte de Brooklyn se escuchará de boca del juez de distrito, Raymond J. Dearie, cuál será la pena que deberán pagar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal, por lavar fondos irregulares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

La lectura de sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares se fijó para el viernes 20 de mayo. A las 4 de la tarde, el juez de la causa, Raymond J. Dearie, establecería cuál sería la pena que deberán purgar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal. Los hermanos se declararon culpables de haber lavado USD 28 millones provenientes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio del otorgamiento de contratos en beneficio “de un familiar cercano y alto funcionario” del gobierno de Panamá, informó Maibort Petit maibortpetit.info.

Por documentos del caso, se conocieron los últimos movimientos judiciales de los Martinelli Linares, por ejemplo, para el 13 de mayo estaba programada la fecha de control para la sentencia de Ricardo Martinelli Linares luego de que el juez Dearie, le negara su pedido de fianza. Este, así como su hermano, Luis Martinelli Linares, se declararon culpables diciembre de 2021. En razón de que la defensa había solicitado una sentencia acelerada antes de una solicitud anticipada de una sentencia de tiempo cumplido, la Corte refirió que estaría dispuesta a adelantar la fecha de dicha sentencia.

Se convino en pedir al Departamento de Libertad Condicional avocarse al caso y, en tal sentido, el 28 d e marzo emitió un borrador de PSR para Luis Martinelli y el 30 de marzo recibió las objeciones y pedidos de corrección de parte de los abogados defensores.

Luego, el 4 de abril, la defensa pidió a la fiscalía que expusiera su posición respecto a la solicitud anticipada para que la Corte adelantara la sentencia del 13 de mayo a la semana del 25 de abril. El gobierno respondió el 8 de abril que se oponía a cualquier adelanto de sentencia de Martinelli porque la fiscalía continuaba “reuniendo información para las audiencias de sentencia, incluso a la espera de información adicional de Panamá sobre la posición del país como víctima para fines de restitución”.

Los abogados defensores expusieron que todas las partes habían tenido tiempo suficiente para prepararse para la sentencia, encontrándose, además, el PSR sustancialmente completo y no representa un obstáculo para un avance razonable de las audiencias de sentencia, por lo que requirieron del Tribunal un adelanto de las fechas de sentencia de Ricardo Martinelli y su hermano.

Presentaron una oferta de cronograma:

“Para una audiencia el lunes 25 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el jueves 14 de abril; presentación del gobierno para el jueves 21 de abril; la respuesta de la defensa vence el viernes 22 de abril.

“Para una audiencia el miércoles 27 de abril o el jueves 28 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el lunes 18 de abril; presentaciones del gobierno vencen el lunes 25 de abril; respuesta de la defensa para el martes 26 de abril”.

Entretanto, los fiscales han solicitado que la condena que se les dicte a los hermanos Martinelli Linares entre en el rango de los 108 y los 135 mes, es decir, entre 9 y 11 años.

El Departamento de Libertad Condicional sugirió al tribunal una sentencia de 180 meses de prisión y el pago de una multa de USD 250.000, puesto que a su juicio no existen causales que puedan hacer mitigar la pena.

Para el gobierno resulta inadmisible la pretensión de la defensa que ha pedido al juez Dearie que, incluso, deje en libertad a sus clientes, toda vez que a criterio de sus abogados defensores, ya habrían sido suficientes los 23 meses que llevan detenidos tanto en Guatemala como en Brooklyn.

Son escasos los datos biográficos de los Martinelli Linares y entre la poca información que puede encontrarse en la web, está el hecho de que ambos tienen doble nacionalidad, panameña e italiana, en razón de los orígenes de su padre, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

El exmandatario panameño es un empresario cuya mayor compañía es Súper 99, una de las principales cadenas de supermercados de Panamá. También es dueño de Importadora Ricamar S.A.,al tiempo que es socio, inversionista, directivo o accionista de otras firmas panameñas, como el Diario por la Democracia S.A., la Azucarera La Victoria, Empresa ERA, MegaDepot, ToyLand, Compañía Digital de Televisión y Plastigol S.A. Igualmente es director de Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, DirectTV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, Avipac Inc y Calox Panameña.

Entretanto, la madre es Marta Linares de Martinelli quien está titulada en Comercio en el Saint Mary of the Woods College en Indiana (Estados Unidos) y posteriormente adquiere la licencia como Corredora de Seguros en la Universidad de Panamá.

Ricardo Alberto, el mayor, tiene 42 años de edad, mientras Luis Enrique tiene 39. La tercera de los hermanos Martinelli Linares es Carolina Elizabeth.

En la red social LinkedIn, el perfil de Luis Enrique Martinelli Linares refiere que es el director general de la empresa Importadora Ricamar S.A. Allí se describe como un joven empresario panameño que dirige la firma Super-99, como también es denominada la cadena de supermercados más grande de Panamá.

Es egresado en administración de negocios de la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University) ubicada en Texas, donde igualmente cursó estudios internacionales[1].

La Importadora Ricamar S.A. es una empresa registrada en Panamá el 10 de diciembre de 1961 bajo el número 115395, cuyo estatus actual es vigente, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates. El nombre del agente es Magalis Guadalupe Reyes Reyes y el directorio está conformado por Adrián Domínguez Castro y María Concepción Rodríguez, como apoderados; Alejandro Garuz, como apoderado y gerente general; Alejandro Garuz Adames, como director y presidente; David Alejandro Jiménez Barrios, como director y secretario; Gabriel Arturo Jiménez Barrios, como director y tesorero; Roberto Antenos Reyes Reyes y Vicente González Jiménez, como suscriptores. La representación legal de la empresa la ejercen el presidente, el secretario y el tesorero. Marta Linares de Martinelli fue destituida de la presidencia entre el 25 de julio de 2019 y el 21 de mayo de 2020[2].

El 29 de enero de 2017, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa, tanto de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como de su madre, la ex primera dama panameña, Marta Linares de Martinelli[3].

La figuración pública de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal comenzó con la acusación que su contra se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde están imputados por delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de un esquema masivo de soborno en el que está involucrada el conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil, Odebrecht S.A.

De acuerdo a la documentación que se maneja en Corte de Brooklyn, el plan corrupto por el que se señala a los Martinelli Linares involucraba el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos y otros funcionario y personeros en Panamá y otros países alrededor del mundo para obtener y retener negocios para Odebrecht.

La constructora brasileña a través de sus representantes admitió su culpabilidad el 21 de diciembre de 2016. Esto ocurrió igualmente en el Distrito Este de Nueva York donde enfrentó una acusación criminal de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA)[4].

Luego de un complicado proceso, Luis Enrique Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala hacia los Estados Unidos para enfrentar la acusación presentada ante el tribunal federal en Brooklyn el 15 de noviembre de 2021. Por su parte, Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado el 10 de diciembre de 2021. Habían sido detenidos en julio de 2020, en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, cuanto procuraban abordar un avión privado que los sacara de suelo guatemalteco rápidamente y así evitar su captura en razón de la solicitud que cursaba de parte de la justicia estadounidense. Desde su aprehensión estuvieron recluidos en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala.

En el esquema corrupto de Odebrecht, los Martinelli Linares habrían lavado —de acuerdo a los documentos judiciales— aproximadamente USD 28 millones en pagos de sobornos hechos por la empresa brasileña a un alto funcionario del gobierno de Panamá que es pariente cercano de los acusados. Contra los hermanos fue presentada la denuncia penal el 27 de junio de 2020 y, posteriormente, el 4 de febrero de 2021, en contra de Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron presentados cinco cargos. En la Corte de Brooklyn. Uno de los cargos es por conspiración para cometer lavado de dinero, mientras dos son por encubrimiento de lavado de dinero. Luis Martinelli Linares enfrenta también dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente[5].

Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su desempeño en el esquema corrupto de soborno de Odebrecht S.A., ante el juez federal de distrito Raymond J. Dearie, el 2 de diciembre de 2021. Ante el magistrado dijo que participó en la conspiración junto con su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares y otras personas mediante el establecimiento de cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de compañías de fachada en las que recibirían y disfrazarían los fondos irregulares que sumaban USD 28 millones. Explicó que él y sus socios transfirieron hacia y desde los Estados Unidos el dinero, lo cual llevaron a cabo a través de transferencias electrónicas que involucraban las ganancias del esquema y que les servirían para la compra de un yate y un condominio en EE. UU.[6]

Entretanto, la declaración de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares se produjo el 14 de diciembre de 2021, cuando ante el juez federal de distrito, Raymond J. Dearie, admitió que participó en la conspiración para lavar dinero en el esquema encabezado por Odebrecht S.A. Tal como lo hizo su hermano, asintió los términos de la acusación que los señala de usar el sistema financiero de Estados Unidos para promover su esquema de corrupción, lo cual lograron constituyendo “cuentas de empresas ficticias en bancos extraterritoriales para tratar de evadir la responsabilidad y usaron parte de las ganancias de los sobornos para su beneficio personal”[7].

El artículo completo puede ser leído maibortpetit.info

 

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