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Panamá

Panama Ports desembolsará $164.4 millones por prórroga de más de dos décadas en un cuestionado acuerdo

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La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) decidió de manera unánime reconocer el cumplimiento de las condiciones básicas del contrato ley con Panama Ports Company, por lo que autorizó al Administrador de la AMP a certificar la vigencia del segundo período del contrato de concesión por 25 años más hasta el 2047.

La decisión de la Junta Directiva de la AMP se da luego de más de 20 días de sesión permanente, y posterior a las presentaciones de los informes de auditoría de cumplimiento por parte de la Contraloría General de la República de Panamá y de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá, además de la revisión documental y análisis de las proyecciones de ingresos al Estado, informó Gustavo A. Aparicio O. en La Estrella de Panamá.

De acuerdo con un comunicado de la AMP, por gestión de la actual administración presidencial, en fiel seguimiento al cumplimiento de este contrato, se gestionó que la empresa realice un pago de $130 millones en concepto de dividendos, $20 millones en concepto de responsabilidad social, más $14,464,491.35 en concepto de tarifas desde el primero de julio de 2019, lo cual totaliza un ingreso de $164,464,491.35. No han faltado las críticas sobre el monto, que muchos han considerado irrisorio.

 

Se detalla además que en este segundo período de vigencia, la empresa deberá pagar al Estado en concepto de dividendos un mínimo de 7 millones de dólares anuales, el cual se formalizará a través de la firma de un acuerdo de accionistas y serán revisadas y actualizadas las tarifas por movimiento de contenedores de todas las terminales de contenedores de la República de Panamá las cuales serán efectivas a partir del 2022.

De igual manera, basados en las proyecciones de ingresos por tarifas (movimiento de contenedores, muellaje) y dividendos del contrato en mención, se estiman ingresos al Estado, superiores a los $800 millones durante los próximos 25 años, según las nuevas negociaciones.

«La República de Panamá se confirma como fiel garante de la Seguridad Jurídica de las inversiones que se realizan en nuestro país sin dejar de enfocarnos en la continua búsqueda de los mejores beneficios para el estado y sus ciudadanos», señala el comunicado de la AMP.

La empresa Panama Ports Company S.A., ha pagado en concepto de tasas y tarifas en este primer período de vigencia $444,978,979.60 millones, ha realizado una inversión de $1,696,546,955 millones y ha pagado en concepto de dividendos $9 millones en administraciones anteriores, según datos de la Contraloría General de la República.

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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