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Panamá

Panama Ports Company debe comprometerse con el desarrollo portuario de la República de Panamá

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Al oído del gobierno (sobre Panama Ports)…..

Por Tomás Paredes Royo

En mi último escrito sobre el contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC) para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, incluyendo otras áreas aledañas a dichos recintos portuarios, hice recomendaciones puntuales a esa empresa para mejorar su opción de obtener del gobierno una renovación “automática” del contrato firmado hace 25 años.

Mucha gente me llamó o me escribió para darme sus comentarios, la mayoría de ellos favorables a mis opiniones, sin embargo no puedo esconder que algunos me advirtieron que esa prórroga ya estaba pactada, incluso con  los montos y los nombres de las personas que habían o estaban negociando, y que por lo tanto, me recomendaban que no fuera iluso y que me dedicara a otros temas.

“A pesar de todo”, como cantaba Javier Solís, y porque me resisto a pensar que todo está perdido, ahora escribo para sugerirle al gobierno algunas  propuestas puntuales para modificar el contrato el Estado y PPC, con la intención de que si ya existe una decisión oficial de renovar dicha relación y no llamar a un nuevo proceso de licitación como es mi preferencia,  entonces que esa extensión por lo menos  asegure aumentar los ingresos del Estado y reducir los ingresos de PPC, en búsqueda de los mejores términos y condiciones para la República de Panamá.

Mi primera sugerencia es que PPC renuncie a cualquier derecho sobre las áreas consideradas como “extensiones futuras” en el Pacífico (Diablo) y en el Atlántico (Isla Telfers), permitiendo con ello al Estado tomar control pleno del desarrollo portuario en ambas puntas del Canal de Panamá y en toda la región interoceánica.   En este sentido, se debe acabar el papel de PPC como sub-arrendador de terrenos en áreas dadas a esta en concesión por el Estado, y que claramente representan un excedente a las necesidades y a las actividades de PPC.

Varias empresas establecidas en Isla Telfers pagan mensualmente altos cánones de arrendamiento a PPC por terrenos amparados en esas “extensiones futuras” (Diablo y Telfers), que fueron otorgadas como parte de “los puertos”, previendo una expansión de las operaciones de PPC.   No obstante, sin ningún mérito o esfuerzo, la empresa recibe ingresos por el negocio de alquiler de esas tierras, ingresos que le corresponden al Estado

Otro cambio fundamental que proponemos es la revisión de los pagos recurrentes al Estado por la concesión. Debe retomarse el concepto de una renta fija anual y de pagos variables en función del negocio, tal como se pactó en 1997.  Sin embargo, por razón que los montos de inversión durante este segundo periodo serán significativamente menores, ambos pagos, tanto el fijo como el variable, deben reflejar un alza importante a favor del Estado panameño.

Los requerimientos en mejoras para los próximos 25 años en los puertos de Balboa y Cristóbal no serán ni la sombra del nivel de inversión que PPC alude haber realizado hasta la fecha en esos recintos.  La infraestructura portuaria de la empresa ha sido ya elevada a un punto de madurez que permite, con inversiones marginales, potenciar a niveles óptimos la eficiencia de las operaciones y los servicios portuarios del concesionario.  Cualquier inversión a futuro en equipos por razón de nuevas  tecnologías o nuevos negocios se justificaría por el crecimiento puntual de esas demandas y tendrían un periodo de retorno dentro del curso de la concesión.

En caso de una prórroga, se debe mantener el concepto y la estructura de las diferentes tarifas que actualmente paga PPC al Estado, con una cláusula de revisión y ajuste cada 5 años en base al nivel de operaciones e ingresos de la empresa y no en función del Índice de Precios al Consumidor, que por tratarse de una operación internacional, poco o nada guarda relación con el comportamiento de la economía nacional.

No obstante, además de cancelar las cantidades dejadas de pagar en dividendos y otras afectaciones por incumplimiento del contrato, PPC debe pagar al inicio del nuevo periodo, y por una sola vez, una cantidad de USD 350 millones en reconocimiento de los efectos favorables de la inversión realizada por el Estado panameño en la ampliación del Canal, específicamente la Autoridad del Canal de Panamá, condición que no existía en 1997 y que le permite a la empresa tener acceso a un mayor número de barcos con mayor capacidad de contenedores y ampliar sus negocios.

Además, PPC debe comprometerse con el desarrollo portuario de la República de Panamá, ayudando al país a liderar el movimiento y trasiego de bienes en la región, aportando a la creación de nuevas cadenas de valor con el fin de diversificar la oferta y enriquecer los servicios logísticos que se puedan ofrecer desde nuestro país.

Por último, el gobierno debe nombrar como su representante en la Junta Directiva a un Director que ponga los intereses del país por delante de sus propios beneficios; una persona que supervise la gestión del concesionario y la ejecución y el cumplimiento del contrato con rigor profesional, con pundonor y  con responsabilidad de patria, lo que claramente nos ha faltado en los primeros 25 años.

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Panamá

Omar Torrijos falleció cuando Panamá todavía era una colonia española, según un video viral de Cortizo

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Nuevamente se ha viralizado en las redes sociales un video en el que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dice estar conmemorando los 300 años de la desaparición de Omar Torrijos, quien falleció el 31 de julio de 1981, es decir, hace solo 40 años.

Si el dato de Cortizo fuera cierto, esto significaría que Torrijos falleció en los años 1700’s cuando aún Panamá era una colonia española, pues el país declaró su independencia el 28 de noviembre de 1821.

El video ya se había difundido en 2018 cuando todavía Cortizo no era presidente y ya algunos ciudadanos criticaban que alguien con semejante memoria pudiera ocupar el más alto cargo de Gobierno en Panamá.

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Panamá

Señalan a la constructora Bagatrac, que ha recibido contratos millonarios del Gobierno panameño, de construir una casa para el diputado Benicio Robinson

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Un video que circula en las redes sociales denuncia que en la zona de Boquete, la constructora Bagatrac, S.A., que ha conseguido contratos con el Gobierno de Laurentino «Nito» Cortizo por el orden de los 170 millones de dólares, le construye supuestamente una mansión a legislador perredista Benicio Robinson.

En el video se señala que Bagatrac es, presuntamente, propiedad de Alberto Jurado Rosales, actual representante del corregimiento de Tijeras y su gerente general es Jessenka Espinoza Ríos, alcaldesa del distrito de Boquerón, ambos electos por el gobernante partido PRD.

Asimismo se critica que en otros tiempos un caso así hubiese provocado que muchos se rasgaran las vestiduras y que el Ministerio Público iniciara una investigación de oficio por el evidente tráfico de influencias.

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Escándalo de cuenta secreta vinculada al fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero salpica a Panamá y al banco suizo Julius Baer

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Durante seis años Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República de México, ha realizado una persecución contra Laura Morán de 94 años de edad, quien fuera durante 50 años la compañera de vida de su hermano mayor Federico. Hasta ahora la motivación de la disputa era la supuesta negligencia de Laura y su familia en la atención de Federico, lo cual según el Fiscal habría provocado su muerte. En base a esa acusación Alejandra Cuevas de 67 años, hija de Laura, fue detenida acusada de «homicidio doloso por omisión de auxilio” y se encuentra en prisión desde hace casi un año aunque un juez anuló este jueves 16 de septiembre la orden de encarcelar a esta última.

En el litigio de un asunto personal, usando su poder como Fiscal, Gertz Manero ha incurrido en actos de prepotencia, abuso, conflicto de interés, chantajes y negociaciones «poco ortodoxas”. Lo que parecía una historia de terror en el ámbito de lo personal, se ha convertido en una historia de interés público, señaló la periodista mexicana Anabel Hernández en una columna para la agencia alemana Deutsche Welle que aquí reproducimos.

Hay información que podría significar que la verdadera motivación de la persecución es otra. La familia Morán encontró en el domicilio que Laura y Federico compartieron durante años, estados de cuenta fechados en 2014 de un portafolio de inversión de 7.954 millones de dólares, manejada por Operadora Invictus, establecida en Panamá- considerado mundialmente un paraíso fiscal-, abierta en el banco suizo Julius Bär y que de los cuales tengo copia. No tienen rotulado el nombre del titular, solo un número de cliente: el 0016.9863

La cuenta creada en 2010 comenzó con un depósito de 1.298 millones de dólares, en 2012 hubo un nuevo depósito de 6.158 millones de dólares, y en 2013 uno más de 293 mil dólares. En los documentos se detalla que el 26 por ciento de los recursos están en inversiones de renta fija y corto plazo, el 44 por ciento en renta fija y plazo mayor, y el 22 por ciento en acciones.

Operadora Invictus creada en 2010 se publicita como «un grupo de profesionales calificados, comprometidos y con amplia experiencia en el sector financiero”. De acuerdo a los registros oficiales de Panamá su director y tesorero es Fernando Méndez Montes. Katia Jannette Smith Chavez, es otro de sus directivos. Ambos están vinculados como directivos de al menos otras 7 compañías de manera simultánea en Panamá. Un esquema típico en la creación de empresas para que los verdaderos propietarios queden bajo la sombra.

Como «representante” de Operadora Invictus está registrado Antonio Sacido Blasco de nacionalidad española, quien fue denunciado en 2019 en Panamá por el delito de «patrimonio económico” junto con otras ocho personas de acuerdo a registros judiciales de ese país. Mientras que el banco suizo Julios Bar fue acusado de conspiración de lavado de dinero en el escandalo FiFA Gate, y en julio pasado anunció que pagaría al Departamento de Justicia de Estados Unidos cerca de 80 millones de dólares para llegar a un acuerdo judicial.

Gertz Manero es un funcionario público del viejo establishment. Fue responsable de la campaña nacional contra el narcotráfico en 1976, fue jefe de la policía de la Ciudad de México de 1998 al 2000, fue Secretario de Seguridad Pública del 1 de diciembre del 2000 al 2004 y diputado federal de 2009 a 2012 por el Partido Convergencia. Nadie comprende cómo fue nominado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como fiscal, cargo en el que fue ratificado por el gobierno.

Existen testigos presenciales a quienes he entrevistado desde hace meses bajo la condición de no revelar sus nombres , quienes me han revelado que el Fiscal Gertz Manero a lo largo de su función pública, al menos de la época del sexenio de Felipe Calderón, cuando fue diputado federal; y cuando inició su función como Fiscal habría recibido dádivas, habría realizado llamadas de presión y negociaciones poco ortodoxas en algunos de los casos de delitos de cuello blanco abiertos en el actual sexenio.

De lo público a lo privado

El periódico El País publicó en marzo pasado un capítulo más de la tortuosa historia entre Gertz Manero y la familia Morán. Reveló que en noviembre de 2020, días después del arresto de la hija de Laura, el Fiscal a través de intermediarios habría prácticamente extorsionado a Laura y su familia para liberar a Laura a cambio de que le entregaran los bienes que le correspondían a Laura según el testamento de Federico, y desocupara la lujosa residencia en la que también, según el testamento, ella tenía derecho a vivir hasta que muriera.

Gertz Manero habló directamente con un familiar de Laura, quien esperaba por desesperación de ver a Alejandra Cuevas en la cárcel, llevar a buen término una negociación con el Fiscal. El familiar grabó la llamada. En ella el Fiscal los acusó no solo de la muerte de su hermano, sino de haberse apropiado de bienes y de haber tomado indebidamente 3.5 millones de pesos de las cuentas de Federico, cuentas que eran mancomunadas con Laura.

En la grabación, a veces en tono claramente amenazante, el Fiscal les exige que firmen escritos asumiendo la responsabilidad en la muerte de su hermano Federico. En un claro conflicto de interés y abuso de poder dio instrucciones que para terminar de llegar al acuerdo debían reunirse con Juan Ramos, subprocurador de la Fiscalía, revelando un claro conflicto de interés y abuso de poder del Fiscal quien usa como abogado privado a un subprocurador subordinado a él.

Otro de los operadores de Gertz Manero en el caso contra Laura Morán ha sido Javier Coello Trejo, quien fue quien a su nombre presentó la denuncia penal contra Laura y su familia por homicidio. Coello Trejo fue subprocurador de Investigación en la Lucha contra el narcotráfico en la PGR en el sexenio de Carlos Salinas. En expedientes judiciales de la PGR hay declaraciones ministeriales que revelan los nexos de Coello Trejo con el crimen organizado. Lo he documentado en el libro «Los Señores del Narco” desde 2010. En específico las denuncias narran las visitas personales que hacía en sus tiempos de subprocurador al capo Amado Carrillo Fuentes líder del Cartel de Juárez.

En su círculo cercano Coello Trejo solía bromear para justificarse: «esos son cuentos, no hay gordo malo”.

Casualmente Coello Trejo es el abogado de Emilio Lozoya ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado en el mayor escándalo de corrupción destapado en el en el sexenio de AMLO. Se le señala por un desfalco a la petrolera mexicana de más de 200 millones de dólares y de haber sido parte de una red de sobornos para dar contratos a Odebrecht. Pero extrañamente nunca ha pisado la cárcel y ha llegado a una benéfica negociación con la FGR cuyo titular es amigo de Coello Trejo. Es claro en éste caso un conflicto de interés entre la parte acusadora y la parte defensora.

¿De quién es y de dónde viene el dinero?

Ni la compañera de Federico ni su familia sabían de la existencia de la cuenta en Suiza de casi 8 millones de dólares , y dudan que el dinero pudiera ser realmente de Federico. Sospechan que éste en realidad era el prestanombres de Alejandro Gertz Manero según me confiaron integrantes de la familia en mayo pasado, en un encuentro que sostuvimos.

Narraron que durante los últimos meses de vida y ya con un estado de salud deteriorado por la edad- Federico tenía más de 80 años- se cayó de la cama y se golpeó la cabeza. Aun así, mal herido y pese a que los doctores que mandó llamar Laura recomendaron reposo, Alejandro, quien entonces era rector de la Universidad de las Americas en la Ciudad de México, lo sacó de su domicilio. Laura le pidió que no se lo llevara por su delicado estado de salud pero el ahora Fiscal insistió en que era algo importante y no dejo que nadie lo acompañara. Se lo llevó por 7 horas presuntamente a firmar una serie de documentos. Federico llegó muy alterado y cansado a su domicilio y ahí se aceleró el declive fatal de su salud.

La familia de Laura dice desconocer a dónde llevó el Fiscal a su hermano aquel día, pero piensan que podría estar relacionado con la cuenta en Suiza. Operadora Invictus tiene una oficina en la Ciudad de México.

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