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Panamá

Lucha contra la corrupción ha permanecido estancada en Panamá durante la última década, según Transparencia Internacional

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En 10 años, Panamá no registra avances significativos en la lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.

El informe, divulgado ayer, revela que en 2021 Panamá obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 (0 corrupción rampante – 100 no corrupción), un punto más que en 2020, pero dos menos que en 2012, año cuando el país fue evaluado con 38 puntos, informó Juan Manuel Díaz en La Prensa.

El IPC tuvo en cuenta los “múltiples casos de sobornos” que se registran en el país, el nepotismo denunciando en los medios de comunicación, las contrataciones directas en medio del estado de emergencia por la pandemia y las negociaciones opacas de contratos estatales. Que no se observe habilidad del gobierno para cumplir mecanismos de integridad ni efectivas investigaciones y castigo para funcionarios corruptos, entre otros, también pesaron al momento de evaluar el país.

En el ranking de TI Panamá quedó en la misma posición de Costa de Marfil, Ecuador, Moldavia y Perú, todos con 36 puntos. A nivel mundial, quedó en el puesto 105 de 180 países evaluados.

Pese a las promesas de los distintos gobiernos de combatir la corrupción, Panamá no registra avances en este aspecto, sigue estancado.

Así lo revela el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2021 de Transparencia Internacional (TI), que calificó al país con 36 puntos sobre 100 (0 corrupción rampante- 100 limpio de corrupción), un punto más que en 2020 (35), pero 2 menos que en 2012 (38), cuando el país fue evaluado por primera vez.

Panamá, liderado por el gobierno de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, quedó en el puesto 105 de 180 países medidos, al lado de Perú, Costa de Marfil, Ecuador y Moldavia, todos con 36 puntos.

“En una década, Panamá ha tenido variaciones de 1 a 2 puntos sin avances significativos, siendo parte de los 54 países del mundo que no han hecho ningún progreso significativo en la lucha contra la corrupción, estando a un punto del mínimo histórico en su puntuación”, dice el informe.

En la región de las Américas, donde el promedio es de 43 puntos, la lista es encabezada por Canadá (74), Uruguay (73) y Chile (67). Mientras que Venezuela (14 puntos), Nicaragua (29) y Haití (20) son los más bajos.

Para ubicar al país en el ranking, Transparencia Internacional tuvo en cuenta la capacidad del país para combatir el soborno, la desviación de fondos, el uso de fondos públicos como ganancia personal y el nepotismo. El documento también menciona la captura del Estado, y aquí hace referencia a las contrataciones directas en medio de la pandemia de la Covid-19 y las negociaciones opacas de contratos estatales.

La evaluación destaca, además, que se ha registrado un marcado deterioro en la habilidad del gobierno para establecer mecanismos de integridad y detalla que no se observan efectivas investigaciones y castigo de funcionarios corruptos, lo que denota una marcada impunidad.

Por otra parte, hace énfasis en que las leyes no son adecuadas para revelar información financiera, evitar el conflicto de interés y para el acceso a la información.

De acuerdo con el informe, “la lucha contra la corrupción en el país está estancada, en un momento en que los derechos humanos y la democracia también están siendo atacados en el país, haciendo eco de la situación regional y mundial”.

Y añade que durante la pandemia se han registrado casos de hostigamiento judicial.

Aunque el documento no menciona casos concretos, es importante tener en cuenta que el Ministerio Público, a cargo del procurador encargado Javier Caraballo, archivó investigaciones relacionadas con escándalos en contrataciones en medio de la pandemia. Por ejemplo, lo concerniente a la construcción del hospital modular para atender a pacientes con Covid-19. Tampoco se han registrado resultados concretos en el caso relacionado con la intención del Ministerio de la Presidencia de comprar ventiladores con supuesto sobreprecio.

A finales de noviembre pasado, Caraballo envió de vacaciones a cuatro fiscales anticorrupción que estaban a cargo de pesquisas de alto perfil sobre supuestos actos de corrupción. La decisión del procurador surgió a raíz de que una exfuncionaria denunció a los fiscales. Se desconoce cuándo retornarán a sus puestos.

Lina Vega Abad, presidenta de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de TI, opinó que existe una clara vinculación entre la corrupción y la falta de respuesta de los gobiernos a las necesidades básicas de la población vulnerable: agua, salud, vivienda y educación. “Es preciso que se entienda que combatir la corrupción y la generalizada impunidad, es defender la democracia y el derecho de los ciudadanos a una vida digna”, añadió.

El informe sugiere al gobierno que cumpla con los compromisos anticorrupción a los que el país se comprometió en la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, en 2018, al igual que con el #RetoTransparencia2019, compromiso que adquirió Cortizo durante la campaña política de 2019.

También recomienda al país que haga frente a la corrupción “en los niveles más altos y garantizando que nadie pueda salirse con la suya en los abusos de poder”.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Organización Médicos Sin Fronteras denunció deterioro en la atención a migrantes que atraviesan la selva del Darién entre Panamá y Colombia

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Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció un deterioro en la atención a los migrantes del Darién, la peligrosa frontera natural entre Panamá y Colombia, a la vez que pidió ayuda a las autoridades panameñas para dar mayor protección a las transeúntes víctimas de violencia sexual.

La organización médica y humanitaria advirtió en un comunicado del peligro de las nuevas rutas usadas por los migrantes, pues están arribando a Canaán Membrillo, una de las primeras poblaciones al atravesar Darién, con lesiones físicas y psicológicas, informó EFE.

“Las condiciones para la recepción de migrantes son insuficientes. Cada día son cientos de personas que llegan a Canaán Membrillo”, dijo la coordinadora de MSF en Panamá, Rabia Ben Ali.

En Canaán Membrillo, la nueva puerta de entrada de los migrantes, según MSF, los migrantes “no reciben atención médica, y luego son llevados a San Vicente, donde difícilmente encuentran condiciones adecuadas para la atención, según estándares internacionales”, explicó Ben Ali.

Al ¿rededor de 300 migrantes están llegando a diario a San Vicente, Darién, donde hay una estación de recepción migratoria, y se encuentran con dificultades para acceder a atención médica o servicios de urgencia básicos, alertó MSF.

“Las condiciones de las instalaciones de San Vicente también deben ser mejoradas”, agregó Ben Ali.

MSF, que está presente en San Vicente, reveló que no hay acceso general a dormitorios, en el suelo duermen niños y mujeres embarazadas y las condiciones higiénicas son “deficientes”, lo que afecta a la salud mental y física de los migrantes.

La organización atendió a 78 pacientes en abril, siendo las enfermedades de piel y dolores corporales, las patologías más detectadas, seguido de las diarreas, infecciones respiratorias y dificultades en el sistema digestivo.

También, asistió a seis pacientes por afectaciones como estrés agudo, episodios depresivos, reacciones ansiosas y duelos relacionados con muertes de familiares durante el camino, así como muertes por ahogamiento.

Hasta abril, cerca de 19.000 migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica han llegado a Panamá tras cruzar el Darién, siendo los venezolanos la nacionalidad predominante.

El año pasado, atravesaron la jungla más 133.000 personas, una cifra histórica y más o menos igual a la registrada en toda la década anterior.

MSF anunció que con el aumento del flujo en marzo y abril han incrementando los casos de robos y violencia sexual.

Desde enero hasta la primera semana de mayo, la organización atendió a 89 víctimas de violencia sexual, mientras que entre abril y diciembre de 2021 fueron 328 casos.

En Canaán Membrilo, las mujeres víctimas de violencia sexual “no reciben ningún tipo de atención”, y luego de trasladarlas a San Vicente “muchas veces las complicaciones médicas se han agudizado y el tiempo para que un tratamiento médico preventivo sea efectivo en casos de violencia sexual, es insuficiente”, explicó MSF en el comunicado.

MSF consideró que es “indispensable” que las autoridades panameñas pongan en marcha los mecanismos para detener de los casos de violencia sexual en Canaán Membrillo y para evitar las agresiones durante de la ruta.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Irregularidades en licitación para la construcción del nuevo mercado de mariscos de la ciudad de Panamá en la que participa Ulife América Central, sancionada por el BID

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El polémico proyecto del nuevo mercado de mariscos avanza contra resoluciones judiciales y la marea de críticas que se amontonan, en medio del proceso de revocatoria del mandato del alcalde José Luis Fábrega.

José Luis Fábrega

Aunque un juzgado civil ordenó suspender “de forma inmediata” la licitación, el pasado martes 17 de mayo hubo una reunión de homologación a la que asistieron dos empresas: Corporación Continental S.A. y Ulife América Central, esta última, sancionada por fraude y corrupción, informó Sol Lauria en La Prensa.

Las empresas interesadas no tienen antecedentes conocidos en el rubro construcciones de la ciudad de Panamá. Corporación Continental S.A. es una firma de seguros que, según dijo a La Prensa, no representó a ningún cliente en el acto y asistió para conocer a los posibles proponentes.

De Ulife América Central S.A. no hay muchos legajos en el país. Según consta en los documentos de creación, se dedica a la actividad promotora de viviendas, además de a la compraventa inmobiliaria o a la exportación e importación de toda clase de bienes, entre otros fines.

Sin embargo, la evidencia fuera la condena: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de sancionarla por fraude y corrupción, excluyéndola de hacer negocios con la institución tras comprobar prácticas que violan las políticas anticorrupción del grupo. O sea: Fábrega no consiguió una empresa seria que haga la obra que tanto quiere.

En la saga que el alcalde se empeña en sostener, este acto es un capítulo más marcado por irregularidades, sospechas y faltas institucionales.

“Estamos enfrentando una dictadura municipal”, dijo Luis Pineda, del Movimiento Consulta Ciudadana. Pineda formó parte del grupo que presentó el amparo por el cual el juzgado Decimoctavo Civil ordenó frenar el proceso, debido a que se realizó “sin que se cumpliera el principio democrático representativo y participativo” en la consulta ciudadana que lo aprobó.

“Fábrega está en rebeldía y sigue violando la ley . Primero con la consulta ciudadana y ahora con el fallo, que también viola”, agregó Pineda.

Los detalles del encuentro están en el acta de homologación publicada en el sitio de compras oficiales PanamaCompra: comenzó a las 9:16 a.m., terminó media hora después y, aunque fue realizado para que los interesados puedan aclarar dudas, nadie hizo preguntas.

La convocatoria de la reunión fue publicada en el acto “Construcción del nuevo Mercado de Marisco” (2022-5-76-0-08-LV- 014686) el 5 de mayo pasado, pocos días después de que la la jueza Rosalba Sánchez Cisneros ordenara su suspensión provisional. Y a pesar de que el 13 de mayo falló para dejar en firme esa decisión, la reunión de homologación ocurrió el martes 17.

El acta indica que por la Alcaldía participaron el director de Mercados, Fernando Duque; la jefa de Compras Descentralizadas, Martha Alemán; la cotizadora, Iraida Herrera; y la abogada Cristina Bonilla. Por el lado de las empresas, Juan Jaén, de Corporación Continental; y alguien de la empresa Ulife América Central, de quien no mencionan el nombre. ¿Quiénes son estas empresas y por qué concurrieron a pesar de la orden judicial?

Por Corporación Continental, una firma de seguros familiar fundada en 1970 por Jorge Manuel Arias Thompson, asistió el especialista en seguros Juan Jaén. Jaén indicó a La Prensa que la firma suele asistir a este tipo de reuniones para conocer quiénes son los posibles proponentes de las obras que se ejecutan en Panamá, como una herramienta de captación de clientes. “No fuimos en representación de ningún cliente, porque no tenemos ningún cliente interesado”, dijo.

De Ulife America Central hay poca información en Panamá. Fue registrada el 25 de julio de 2006 por el empresario español Javier Olcina Feliu, cuyo hermano Jaime fue asesor del alcalde de Marbella, según informó el periódico El Mundo de España. Olcina Feliu comparte la directiva con Manuel de Jesús Solís Arcia y Enilda Damarys Govea Ramos de Solís, pero él aparece en dos fundaciones y cuatro sociedades más.

Ulife America Central y Olcina Feliu fueron incluidos en la lista de sancionados por el BID por fraude y corrupción. El pasado 25 de marzo, el Comité de Sanciones de la institución sentenció a ambos con la categoría más rotunda de todas (debarment, excluida), tras un proceso en el que pudo comprobar que ofrecieron, dieron, recibieron o solicitaron “cosas de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte” y actos de engaño “para obtener un beneficio”, según se describe en su sitio web.

De las dos que estuvieron, una está vinculada a hechos de corrupción y la otra no estaría interesada, ni capacitada, en hacer la obra. ¿Conseguirá Fábrega quien levante su mercado?

“El señor alcalde se burla una vez más de todos”, dijo la presidente de Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Lina Vega. “Desacato, ¿dónde queda nuestro Estado de Derecho?”, tuiteó Pineda.

En la red social del pajarito, el clima ha sido ese: “nunca les ha interesado cumplir con la ley” o “es posible que también se encuentre el delito de abuso de autoridad”, escribieron usuarios.

A contramano, el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Abdiel Sandoya, dijo a La Prensa que no hay nada de malo con la reunión (“lo que se está haciendo es solo una homologación”) y que están analizando presentar un recurso de apelación contra el amparo que dejó sin efecto el acuerdo emitido por ese organismo y que dio vida a la licitación del mercado de Fábrega. “Nuestro equipo legal está analizando la situación”, dijo Sandoya.

En la Alcaldía, no respondieron a La Prensa esa pregunta simple: ¿Por qué siguen con un proceso que la Justicia ordenó frenar?

Del lado de las organizaciones ciudadanas, tanto Pineda como Vega hacen foco en la burla, tras la burla anterior a la consulta ciudadana. “La supuesta consulta ciudadana fue una burla, se burla de las necesidades de la ciudad y su gente al impulsar un mega proyecto que no es prioridad. Francamente impresionante su desapego al estado de Derecho”, dijo Vega.

El acto que aprobó la iniciativa se hizo en plena pandemia, el miércoles 11 de noviembre de 2021, sin convocatoria abierta y con 22 personas, de las cuales al menos 4 tienen o tuvieron empleos en el municipio que Fábrega dirige. Ahí estuvo el principio de la saga que siguió con una avalancha de denuncias: una contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por ceder terrenos a la Alcaldía sin consulta, cuando hay un cambio de uso de suelo; otra del movimiento Consulta Ciudadana, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque, además de violar varias leyes, no cuenta con refrendo de la Contraloría; una más de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana para que se examine la legalidad de la consulta ciudadana, que la Procuraduría de la Administración admitió.

La historia continúa ahora con el proceso de revocatoria en marcha y el incumplimiento del fallo que ordenó frenar la licitación por $43 millones, una que Fábrega se niega a detener.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Llega a su fin el juicio en Estados Unidos contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares por lavar sobornos de Odebrecht

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En la Corte de Brooklyn se escuchará de boca del juez de distrito, Raymond J. Dearie, cuál será la pena que deberán pagar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal, por lavar fondos irregulares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

La lectura de sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares se fijó para el viernes 20 de mayo. A las 4 de la tarde, el juez de la causa, Raymond J. Dearie, establecería cuál sería la pena que deberán purgar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal. Los hermanos se declararon culpables de haber lavado USD 28 millones provenientes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio del otorgamiento de contratos en beneficio “de un familiar cercano y alto funcionario” del gobierno de Panamá, informó Maibort Petit maibortpetit.info.

Por documentos del caso, se conocieron los últimos movimientos judiciales de los Martinelli Linares, por ejemplo, para el 13 de mayo estaba programada la fecha de control para la sentencia de Ricardo Martinelli Linares luego de que el juez Dearie, le negara su pedido de fianza. Este, así como su hermano, Luis Martinelli Linares, se declararon culpables diciembre de 2021. En razón de que la defensa había solicitado una sentencia acelerada antes de una solicitud anticipada de una sentencia de tiempo cumplido, la Corte refirió que estaría dispuesta a adelantar la fecha de dicha sentencia.

Se convino en pedir al Departamento de Libertad Condicional avocarse al caso y, en tal sentido, el 28 d e marzo emitió un borrador de PSR para Luis Martinelli y el 30 de marzo recibió las objeciones y pedidos de corrección de parte de los abogados defensores.

Luego, el 4 de abril, la defensa pidió a la fiscalía que expusiera su posición respecto a la solicitud anticipada para que la Corte adelantara la sentencia del 13 de mayo a la semana del 25 de abril. El gobierno respondió el 8 de abril que se oponía a cualquier adelanto de sentencia de Martinelli porque la fiscalía continuaba “reuniendo información para las audiencias de sentencia, incluso a la espera de información adicional de Panamá sobre la posición del país como víctima para fines de restitución”.

Los abogados defensores expusieron que todas las partes habían tenido tiempo suficiente para prepararse para la sentencia, encontrándose, además, el PSR sustancialmente completo y no representa un obstáculo para un avance razonable de las audiencias de sentencia, por lo que requirieron del Tribunal un adelanto de las fechas de sentencia de Ricardo Martinelli y su hermano.

Presentaron una oferta de cronograma:

“Para una audiencia el lunes 25 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el jueves 14 de abril; presentación del gobierno para el jueves 21 de abril; la respuesta de la defensa vence el viernes 22 de abril.

“Para una audiencia el miércoles 27 de abril o el jueves 28 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el lunes 18 de abril; presentaciones del gobierno vencen el lunes 25 de abril; respuesta de la defensa para el martes 26 de abril”.

Entretanto, los fiscales han solicitado que la condena que se les dicte a los hermanos Martinelli Linares entre en el rango de los 108 y los 135 mes, es decir, entre 9 y 11 años.

El Departamento de Libertad Condicional sugirió al tribunal una sentencia de 180 meses de prisión y el pago de una multa de USD 250.000, puesto que a su juicio no existen causales que puedan hacer mitigar la pena.

Para el gobierno resulta inadmisible la pretensión de la defensa que ha pedido al juez Dearie que, incluso, deje en libertad a sus clientes, toda vez que a criterio de sus abogados defensores, ya habrían sido suficientes los 23 meses que llevan detenidos tanto en Guatemala como en Brooklyn.

Son escasos los datos biográficos de los Martinelli Linares y entre la poca información que puede encontrarse en la web, está el hecho de que ambos tienen doble nacionalidad, panameña e italiana, en razón de los orígenes de su padre, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

El exmandatario panameño es un empresario cuya mayor compañía es Súper 99, una de las principales cadenas de supermercados de Panamá. También es dueño de Importadora Ricamar S.A.,al tiempo que es socio, inversionista, directivo o accionista de otras firmas panameñas, como el Diario por la Democracia S.A., la Azucarera La Victoria, Empresa ERA, MegaDepot, ToyLand, Compañía Digital de Televisión y Plastigol S.A. Igualmente es director de Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, DirectTV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, Avipac Inc y Calox Panameña.

Entretanto, la madre es Marta Linares de Martinelli quien está titulada en Comercio en el Saint Mary of the Woods College en Indiana (Estados Unidos) y posteriormente adquiere la licencia como Corredora de Seguros en la Universidad de Panamá.

Ricardo Alberto, el mayor, tiene 42 años de edad, mientras Luis Enrique tiene 39. La tercera de los hermanos Martinelli Linares es Carolina Elizabeth.

En la red social LinkedIn, el perfil de Luis Enrique Martinelli Linares refiere que es el director general de la empresa Importadora Ricamar S.A. Allí se describe como un joven empresario panameño que dirige la firma Super-99, como también es denominada la cadena de supermercados más grande de Panamá.

Es egresado en administración de negocios de la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University) ubicada en Texas, donde igualmente cursó estudios internacionales[1].

La Importadora Ricamar S.A. es una empresa registrada en Panamá el 10 de diciembre de 1961 bajo el número 115395, cuyo estatus actual es vigente, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates. El nombre del agente es Magalis Guadalupe Reyes Reyes y el directorio está conformado por Adrián Domínguez Castro y María Concepción Rodríguez, como apoderados; Alejandro Garuz, como apoderado y gerente general; Alejandro Garuz Adames, como director y presidente; David Alejandro Jiménez Barrios, como director y secretario; Gabriel Arturo Jiménez Barrios, como director y tesorero; Roberto Antenos Reyes Reyes y Vicente González Jiménez, como suscriptores. La representación legal de la empresa la ejercen el presidente, el secretario y el tesorero. Marta Linares de Martinelli fue destituida de la presidencia entre el 25 de julio de 2019 y el 21 de mayo de 2020[2].

El 29 de enero de 2017, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa, tanto de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como de su madre, la ex primera dama panameña, Marta Linares de Martinelli[3].

La figuración pública de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal comenzó con la acusación que su contra se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde están imputados por delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de un esquema masivo de soborno en el que está involucrada el conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil, Odebrecht S.A.

De acuerdo a la documentación que se maneja en Corte de Brooklyn, el plan corrupto por el que se señala a los Martinelli Linares involucraba el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos y otros funcionario y personeros en Panamá y otros países alrededor del mundo para obtener y retener negocios para Odebrecht.

La constructora brasileña a través de sus representantes admitió su culpabilidad el 21 de diciembre de 2016. Esto ocurrió igualmente en el Distrito Este de Nueva York donde enfrentó una acusación criminal de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA)[4].

Luego de un complicado proceso, Luis Enrique Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala hacia los Estados Unidos para enfrentar la acusación presentada ante el tribunal federal en Brooklyn el 15 de noviembre de 2021. Por su parte, Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado el 10 de diciembre de 2021. Habían sido detenidos en julio de 2020, en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, cuanto procuraban abordar un avión privado que los sacara de suelo guatemalteco rápidamente y así evitar su captura en razón de la solicitud que cursaba de parte de la justicia estadounidense. Desde su aprehensión estuvieron recluidos en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala.

En el esquema corrupto de Odebrecht, los Martinelli Linares habrían lavado —de acuerdo a los documentos judiciales— aproximadamente USD 28 millones en pagos de sobornos hechos por la empresa brasileña a un alto funcionario del gobierno de Panamá que es pariente cercano de los acusados. Contra los hermanos fue presentada la denuncia penal el 27 de junio de 2020 y, posteriormente, el 4 de febrero de 2021, en contra de Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron presentados cinco cargos. En la Corte de Brooklyn. Uno de los cargos es por conspiración para cometer lavado de dinero, mientras dos son por encubrimiento de lavado de dinero. Luis Martinelli Linares enfrenta también dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente[5].

Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su desempeño en el esquema corrupto de soborno de Odebrecht S.A., ante el juez federal de distrito Raymond J. Dearie, el 2 de diciembre de 2021. Ante el magistrado dijo que participó en la conspiración junto con su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares y otras personas mediante el establecimiento de cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de compañías de fachada en las que recibirían y disfrazarían los fondos irregulares que sumaban USD 28 millones. Explicó que él y sus socios transfirieron hacia y desde los Estados Unidos el dinero, lo cual llevaron a cabo a través de transferencias electrónicas que involucraban las ganancias del esquema y que les servirían para la compra de un yate y un condominio en EE. UU.[6]

Entretanto, la declaración de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares se produjo el 14 de diciembre de 2021, cuando ante el juez federal de distrito, Raymond J. Dearie, admitió que participó en la conspiración para lavar dinero en el esquema encabezado por Odebrecht S.A. Tal como lo hizo su hermano, asintió los términos de la acusación que los señala de usar el sistema financiero de Estados Unidos para promover su esquema de corrupción, lo cual lograron constituyendo “cuentas de empresas ficticias en bancos extraterritoriales para tratar de evadir la responsabilidad y usaron parte de las ganancias de los sobornos para su beneficio personal”[7].

El artículo completo puede ser leído maibortpetit.info

 

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