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Panamá

Los negocios de Panacorp Casa de Valores con bonos venezolanos y su intento por salvar de la quiebra a la aerolínea Plus Ultra

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La aerolínea Plus Ultra, que ha recibido un fondo de rescate del Gobierno español tras declararse en quiebra, tiene una estrecha relación con Panamá que va más allá de que sus principales accionistas posean una extensa red de empresas en el territorio que la Unión Europea incluye en su lista negra de países no cooperadores a efectos fiscales y que «fomentan prácticas fiscales abusivas», según El Economista.

Según publicó la compañía en sus últimas cuentas, a 31 de enero de 2020 tenía más de dos millones en depósitos en la entidad panameña Panacorp Casa de Valores, la entidad que está vinculada a Rodolfo José Reyes Rojas, el empresario venezolano que entró en capital de la aerolínea en 2017 tras suscribir, a través de SNIP Aviación, una ampliación de 3,7 millones. La firma es la principal accionista con el 45% de capital, informa REPORTE DE LA ECONOMÍA.

Plus Ultra publicó que tenía un depósito con un saldo de 2.256.661 dólares en la entidad panameña cuyos apoderados (de la cuenta) son Julio Martínez Sola, Fernando González Enfedaque, Felix Javier Martín Jiménez y Santiago Fernández Lena.

Según la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, Panacorp Casa de Valores tiene actualmente Alcides José Carrión Romero, como presidente y a Javiela Matilde Cedeño Candanedo como gerente.

Alcides José Carrión Romero administra varias sociedades en Panamá donde figura Rodolfo Reyes Rojas, uno de los dueños venezolanos del 57% de Plus Ultra. Estos coinciden en las empresas Financiera Avanza o ABC Consultores.

En el consejo de Panacorp también figura María Aurora López López, la misma persona que acudió a la ampliación de capital que llevó a cabo Plus Ultra en 2018. Esta mujer, de nacionalidad española, invirtió en la aerolínea 2,9 millones de euros y se hizo con 474.332 acciones, cerca del 44% del total de los nuevos títulos que se pusieron en circulación.

María Aurora López López comparte, a su vez, otra sociedad con Reyes Rojas, denominada T.O.C. 6110, S.A.

Organización y operaciones Panacorp Casa de Valores, S. A. fue constituida conforme a las leyes de la República de Panamá el 29 de mayo de 2006 según escritura No.3820, e inscrita el 21 de junio de 2006, en el Registro Público de la República de Panamá. Su principal actividad consiste en la tramitación y negociación de valores, en la Superintendencia del Mercado de Valores, para personas naturales y jurídicas. Originalmente la sociedad se denominaba Madison Securities, S. A., realizó el cambio de nombre de sociedad en el Registro Público mediante Acta de reunión de Junta de Accionistas del 6 de febrero de 2009 y Escritura Pública No.2234 del 1 de abril de 2009 por medio del cual se protocolizó el cambio de nombre a Panacorp Casa de Valores, S. A. Su oficina principal se encuentra ubicada en el PH Oceanía Business Plaza, torre 1000, piso 22, oficina A-01, Punta Pacífica, Corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá, República de Panamá.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha financiado deuda estatal venezolana con su rescate de Plus Ultra. Precisamente, una de las tareas que debe afrontar ahora la agraciada línea aérea con los 53 millones de euros recibidos del Ejecutivo español es devolver el crédito de 6,4 millones recibido de la firma panameña ‘Panacorp Casa de Valores’.

Lo más significativo de la operación es que la empresa panameña compra y vende bonos de Venezuela y de su petrolera, PDVSA. Y este hecho le ha generado importantes pérdidas, que ahora hay que cubrir de forma inmediata.

La firma panameña ‘Panacorp Casa de Valores’ acumula bonos del Estado venezolano que nadie quiere comprar y otros tantos que debe recomprar.

Panacorp Casa de Valores, la empresa prestamista de Plus Ultra, sitúa los bonos de deuda estatal venezolana en el nivel D de riesgo, el penúltimo en confiabilidad inversora. Mientras que los bonos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana que también maneja esta financiera, sólo están un peldaño por encima en fiabilidad, el C.

Todo indica que el dinero para compensar los devaluados bonos venezolanos, que tiene enterrados en su cartera de inversiones, y los que debe recomprar con pérdidas, los ha rescatado parcialmente la financiera Panacorp a través del rescate de la compañía aérea Plus Ultra con la ayuda gubernamental española, según elcierredigital.com.

La citada empresa asume que esta calificación de los activos venezolanos no es baladí. “El riesgo de crédito surge debido a que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad de la Compañía, no cumple completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer la Compañía de conformidad con los términos y condiciones pactadas en el momento en que la Compañía adquirió u originó el activo financiero respectivo”, señala la financiera. Así, en su cartera de riesgo el estado venezolano y PDVSA copan anualmente las peores posiciones dentro del balance de la financiera panameña.

«En los últimos años Panacorp era consciente de que sufría el riesgo de comerse los bonos venezolanos sin que le devolvieran su importe… Y temía un segundo peligro. Le tocaba a plazo fijo recomprar bonos venezolanos al precio real actual, no al vendido antaño», afirman fuentes de la investigación.

“Los valores vendidos sujetos a acuerdos de recompra (Repos en compra), son transacciones de financiamiento a corto plazo con garantía de valores en las que la Compañía tienen la obligación de recomprar los valores vendidos en una fecha futura y a un período determinado. La diferencia entre el precio de venta y el valor de compra futura se reconoce como gasto por intereses bajo el método de tasa de interés efectiva”, señalan los expertos consultados. La mayor parte de los bonos vendidos con cláusula de recompra son del estado venezolano.

En un escenario para la financiera panameña de constantes pérdidas en los últimos ejercicios, en torno a unos 400.000 euros anuales, sorprende que inyectara la cantidad de 6,4 millones de euros en una compañía en quiebra como Plus Ultra.

Las investigaciones llevan a diversas casualidades panameñas. Así, la sociedad Panam Capital Market, matriz de la empresa que ha financiado a la compañía Plus Ultra, tiene como suscriptores de acciones a José Eugenio Silva y Dianteh Isabel Ospino, que figuraban también en una empresa panameña de la hermana del exvicepresidente del PP, Rodrigo Rato, dinero que luego fue repatriado a España.

El fundador de Plus Ultra, Fernando Isidoro González Enfedaque, ya fue condenado por delito fiscal en 2020 y ahora, el 47 por ciento está en manos de empresarios venezolanos que poseen sociedades offshore en Panamá.

La concesión de 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra, ya recogida hace semanas por Elcierredigital.com, por parte del Gobierno español ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. El Partido Popular ha preguntado al Gobierno español por los vínculos de Plus Ultra con la aerolínea pública de Venezuela, Conviasa. Lo ha hecho mediante varias preguntas enviadas a la Mesa del Congreso por escrito. El Ejecutivo ha rescatado a Plus Ultra con fondos de la SEPI, para empresas estratégicas españolas. El problema es, según las estadísticas de Aena, que esta compañía aporta menos del 1% de las conexiones aéreas y en 2019 representó el 0,03% del total.

La concesión del rescate fue aprobada a propuesta de cuatro ministerios y por el Consejo de Ministros. Plus Ultra está controlada al 53 por ciento por españoles y el resto del 47 por ciento por empresarios venezolanos. La decisión se tomó después de tomar en consideración tres informes, dos de consultoras privadas y un tercero de AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que depende del ministerio de Transportes. Muchos han visto detrás de esta concesión la mano favorecedora del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y su influencia en Venezuela. El 47% de las acciones de Plus Ultra pertenecen a la sociedad Snip Aviation, presidida por el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas.

El primer aliado que buscó Plus Ultra fue la compañía aérea estatal de Venezuela, Conviasa, conocida por ser la línea aérea de bandera de Venezuela y sus graves problemas derivados de la crisis económica que vivía el país. Conviasa dejó de pagar el alquiler de los aviones a Plus Ultra y la relación quedó formalmente rota. Aquel mismo año de 2015 se produjeron las renuncias de José L. Navio y Alberto Fernández Lopo al frente de la aerolínea española.

Antes de que acabase el 2015, el ministerio de Fomento le retiró el certificado de operador aéreo, la famosa AOC, por causas que el cierredigital.com no ha podido acreditar. En enero de 2016 volvían a recuperar el certificado, pero en marzo la empresa dejaba de pagar las nóminas. En el verano, la agencia mayorista Politours rompía el convenio con ellos y esos mismos días Plus Ultra disparaba el precio de sus billetes, sin aviso previo, poniendo contra las cuerdas a las agencias que habían adelantado ya esos billetes y no podían cancelarlos, un gasto que tuvieron que asumir de sus bolsillos las propias agencias.

Sin embargo, la desgracia de otros fue un golpe de suerte para Plus Ultra, pues Vueling se declaró en colapso y esto obligó a IAG, la matriz de Vueling, a contratar aparatos de otras compañías para dar servicio a toda su demanda, lo que vino en auxilio de Plus Ultra. Pero pasada la campaña de verano, Plus Ultra despedía en octubre a sus contratados temporales y obligaba a sus pilotos a tomar una excedencia voluntaria de dos meses. En 2017 Plus Ultra cancelaba su ruta regular entre Madrid y Santo Domingo perdiendo el único enlace con la República Dominicana.

A todo aquello se sumaban las quejas de los usuarios sobre el estado de los aparatos. La compañia low cost española operaba con Airbus A340 y se hablaba de motores viejos en un modelo que la inmensa mayoría de compañías aéreas estaban abandonando por su importante consumo de combustible (4 motores) y caro mantenimiento.

En septiembre de 2017 era nombrado presidente Fernando García Manso, que ejerce su cargo a través de su empresa FGM Geoanalisis System S.L., aunque Fernando Isidoro González Enfedaque continuaba en la compañía hasta el 25 de enero de 2021, según el Registro de Empresas. Ahora ya tiene 80 años y está retirado.

Aquel mismo año, en el Consejo de Administración, entraban la empresa Patrifin, Roberto Roselli, Alva Skies and Wings, El Arigie Harbie Raif y José Rodolfo Reyes Rojas, estos dos últimos venezolanos

Plus Ultra ha protagonizado numerosos escándalos a lo largo de su corta historia, uno de los últimos marzo de 2019 cuando dejó a una tripulación abandonada en Caracas, capital de Venezuela. Su flota actual se compone de tres aviones Airbus A340/300, aunque comenzaron a operar con cuatro aparatos. El resultado de 2020 arrojó pérdidas de 2.781.883 euros, aunque aseguraron en las cuentas presentadas en el Registro haber facturado 94 millones de euros en el mismo ejercicio.

El actual presidente es ingeniero de Telecomunicaciones y fue también socio director de Acker and Partners SL y administrador de Bell and Partners SL, director general de Recursos Humanos y director del Proyecto de Integración del Grupo Auna/France Telecom, antes fue director de Alstom Transporte en México y Country manager del mismo grupo. También ha trabajado como director de Unidad de Producción de Alcatel Standard Eléctrica durante 14 años.

Con el nuevo presidente al cargo de la empresa llegaron varios inversores venezolanos a la compañía, consiguiendo el 47 por ciento. De ellos, el más conocido es Rodolfo Reyes, consejero y accionista.

Fernando González Enfedaque y Julio Martínez Sola, conocidos en el sector aéreo por haber llevado a la quiebra a Air Madrid, eran accionistas de Plus Ultra a principios de 2020 a través de Fly Spain, SkySolution y Welcoming Internacional. En este punto, cabe señalar que FlySpain, de la que Enfedaque era administrador único y vocal, ha aumentado su participación en Plus Ultra por encima del 11% y ha pasado a manos de SNIP Aviation, la firma de los venezolanos vinculados a Nicolás Maduro Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie, y Roselli Mielle, tras realizar una ampliación de capital de 2,27 millones en febrero de 2020. Ese mismo mes, Fly Spain hizo una reducción de capital de unos 700.000 euros y González Enfedaque dejó de ser oficialmente administrador único para nombrar a Reyes Rojas. Así SNIP, a febrero de 2020 y según estos datos, tendría el 56% de Plus Ultra.

Además de los depósitos, Panacorp Casa de Valores ha concedido un préstamo participativo de 7,5 millones de dólares a Plus Ultra que fue fundamental para evitar que entrara en causa de disolución en el año 2019/2020, cuando cerró con un fondo de maniobra negativo de 5,7 millones, un patrimonio de 5,8 millones y unas pérdidas acumuladas de más de 10 millones de euros debido a que nunca ha ganado dinero. En este punto, y para financiar su crecimiento y renovación de flota (sumó dos A340-600 en alquiler que ya ha devuelto), Plus Ultra realizó una emisión de deuda de 10 millones de dólares a principios de 2019 que a finales de año amortizó entregando un avión A340-300 como dación en pago de la financiación.

La compañía, que perdió 2,8 millones de euros en un año récord para la aviación, ya arrastraba problemas de liquidez y en plena crisis no consiguió que la banca le diera un crédito avalado por el ICO por el alto riesgo de impago. Sin embargo, si que ha conseguido que acceder al fondo de solvencia de 10.000 millones que gestiona la Sepi y cuyo préstamo de 53 millones también tendrá que devolver en siete años. El acuerdo de financiación, que incluye la prórroga del crédito participativo panameño hasta 2028, habría sido respaldado por tres informes, según publica El País. Uno de Deloitte, otro de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), que en 2019 sancionó a la compañía aérea, y tercero de Daiwa Corporate Advisory.

Frente a todo esto, pudiera decirse que una vez más Panamá da muestras de ser un paraíso fiscal y un destino para turbias operaciones financieras de venezolanos con vinculaciones políticas.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Documentos e imágenes dejan en evidencia las mentiras del representante de Pedregal Elías Cárdenas Jordán para ocultar su culpabilidad en el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choli

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El representante de la Junta Comunal de Pedregal, Elías Cárdenas Jordán, ha intentado deslindarse de su responsabilidad, por la muerte de Rigoberto Ceberiano Santiago Choli, quien perdió la vida tras ser arrollado por Cárdenas el 29 de septiembre de 2019.

En un video, el representante señaló que las autoridades estaban realizando sus investigaciones, culpando del arrollamiento a uno de sus choferes y asegurando que no podía comentar más sobre lo sucedido.

 

Empero, documentos judiciales indican que el responsable del arrollamiento no es otro que el propio Cárdenas Jordán. Uno de los documentos señala:

«…cerca de la Parrillada Adelina, ELÍAS CÁRDENAS JORDÁN, conducía su vehículo marca Toyota, modelo Fortuner, color oscuro, sin matrícula visible, vehículo asignado a la Junta Comunal de Pedregal, cuando atropelló a RIGOBERTO CEBERIANO SANTIAGO CHOLI (Q.E.P.D.), se detiene a pocos metros de lo ocurrido y se retira del lugar, dejando a la víctima tirada en la vía, donde fallece.»

CUARTO: Que la participación que se le atribuye al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
QUINTO: La pena cuya aplicación se solicita es de 90 meses de prisión, para al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 52, 79, 80, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
SEXTO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes, no llegaron a un método alterno de resolución de conflictos,
SÉPTIMO: Que el Abogado Querellante Adimael Franco Cortéz, presentó Acción Resarcitoria a favor de su representada Berta Smith con cédula 1-720-346.
OCTAVO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes no realizaron convenciones probatorias.
NOVENO: Que el Ministerio Público solicita con fundamento en el artículo 108 y 109 del Código Procesal Penal citar al tercero civilmente responsable en esta causa a Juicio Oral, La Regional De Seguros, con oficinas en Boulevard Costa del Este y Avenida La Rotonda, Torre Panamá, piso 13, oficina 1300, responsable de la póliza AUTO-10-29-2101282″.

DÉCIMO PRIMERO: Este Tribunal De Garantía acoge la formulación de acusación en contra del acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal, y los elementos de prueba de cada uno de ellos tanto del Ministerio Público, Querellante, como la defensa particular han argumentado en audiencia. Además, se remite a disposición del Tribunal de Juicio Oral de la Ciudad de Panamá del Primer Distrito Judicial, Primer Circuito Judicial de Panamá al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859.
Remítase la presente resolución al TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL competente, fijando como fecha de audiencia para el día Miércoles 17 de Abril del 2024, a las 2:00 P.M. Sala número 1.

 

Otros documentos del caso dejan en evidencia cómo Elías Cárdenas Jordán contrató a una persona para que fingiera que la camioneta en la que arrolló a Rigoberto Santiago Choli le había sido robada a la junta comunal de Pedregal.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez encaró al ministro Arístides Royo sobre la mala utilización de recursos del Canal de Panamá

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Ante la comparecencia del ministro para Asuntos del Canal de Panamá, Arístides Royo, en el pleno del parlamento panameño, la diputada Zulay Rodríguez señaló que si el Canal de Panamá se hubiera manejado de una manera más eficiente, hubiera podido generar mayores ingresos, de no haber sido por sobreprecios en las adquisiciones realizadas por el organismo.

La diputada denunció que el exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, encargó a un astillero español la construcción de unas lanchas a un costo de $ 3 millones, aunque en Panamá las mismas embarcaciones tenían un precio de $ 700.000. La asambleísta también señaló que Quijano adquirió remolcadores inservibles, por más de $100 millones. La diputada también denunció la contratación de asesores externos por más de $ 14 millones, aún cuando las autoridades del Canal cuentan con asesores internos.

Otra de las denuncias de la diputada fue sobre la desatención que padecen los trabajadores del Canal de Panamá, muchos de los cuales han fallecido, sin contar con una pensión o ayuda, mientras que otros llevan más de 15 años de servicio sin que les otorguen la permanencia.

Por otra parte, Rodríguez acusó a las autoridades del Canal de protegerse mutuamente para encubrir las irregularidades administrativas. Dijo que algunos de ellos se han salvado de ser removidos, gracias a que varios gobiernos les deben sus campañas políticas con las donaciones. Según la diputada, la mayoría de las autoridades del Canal no representan al pueblo panameño. Acusó además a los funcionarios de tener un territorio dentro de otro territorio y de haber convertido al Canal en un país dentro de otro país.

 
 
 

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Panamá

Grupo de venezolanos fue retenido por autoridades migratorias de Panamá tras presentar pasaportes con falsos visados de la Unión Europea

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Un grupo de 11 ciudadanos venezolanos, entre ellos, cuatro menores de edad, fueron retenidos por inspectores del Servicio Nacional de Migración, al comprobarse que portaban pasaportes con visados Schengen fraudulentos. Tras realizar la consulta respectiva con el enlace de la Unión Europea, quien a través de su sistema de verificación, confirmó que las visas no aparecen en sus registros.

Un boletín de prensa de Migración señaló que las personas arribaron a Panamá, procedentes de Caracas, Venezuela, en conexión hacia México, cuando los inspectores detectaron anomalías en sus visados. Fueron remitidas para la realización del trámite correspondiente, informó La Verdad Panamá.

 
 
 

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