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Los detalles de la acusación en Estados Unidos por lavado de dinero contra los hijos del expresidente Ricardo Martinelli

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Las declaraciones juradas prestadas por la fiscal del caso y un agente del FBI que participó en la investigación, revelan cómo fue la participación de los hermanos Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en esquema de corrupción implementado por la empresa brasileña Odebrecht.

La investigación determinó que los Martinelli Linares sirvieron de intermediarios para la el envió y recepción de USD 28 millones en sobornos que Odebrecht hizo en beneficio de quien en la investigación figura como “Funcionario de Gobierno de Panamá”.

Los hermanos Martinelli fueron arrestados en Guatemala y aguardan ser extraditados a los Estados Unidos para ser procesados por la justicia, informa Maibort Petit en www.maibortpetit.info.

Las bases legales de la acusación

El 27 de julio de 2020, la fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, emitió una declaración jurada ante la corte de dicha jurisdicción relacionada con el caso Número 20-M- 498, Estados Unidos contra Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.

A los señalados se les acusa de delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de sobornos a funcionarios públicos de Panamá pagados por la empresa brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de contratos.

La fiscal Nestor participó en la investigación que la brigada de corrupción internacional del FBI en Nueva York, la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal y la fiscalía llevaron a cabo sobre la citada empresa, la cual implementó un esquema de soborno masivo que involucró a los acusados, imputados por delitos de lavado de dinero.

En el caso específico de Luis Enrique Martinelli Linares, la fiscal Nestor refiere que el 27 de junio de 2020, un magistrado del Tribunal del Distrito Este de Nueva York firmó y presentó la denuncia en su contra. Por ello fue librada una orden de arresto. La demanda enmendada fue firmada el 20 de julio de 2020 por un magistrado de la referida instancia judicial neoyorquina acusándolo de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero , en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

En tal sentido, Julia Nestor refiere en su declaración jurada que a la fiscalía le corresponderá probar que Luis Enrique Martinelli Linares celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos por un valor superior a USD 10.000, que involucran el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá.

Tendrá que comprobar la fiscalía que Luis Enrique Martinelli Linares, consciente y voluntariamente, se convirtió en miembro de tal conspiración.

Apuntó la fiscal que la pena máxima de prisión por este delito es de 20 años.

Sobre el delito de encubrimiento de lavado de dinero se deberá establecer que el acusado realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucra bienes que constituyen el producto de un delito de soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la república de Panamá; que sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que igualmente conocía que la transacción fue diseñada en todo o en parte para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad del control del producto de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá. La pena máxima de prisión por este delito es de 20 años.

Respecto a los dos delitos de gastos de lavado de dinero, la fiscalía de probar que Martinelli Linares participó o intentó participar a sabiendas en una transacción monetaria; que conocía la transacción de bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, de hecho, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en Estados Unidos. La pena máxima de prisión es de 10 años.

Julia Nestor indica que con relación a los dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero y los dos delitos de lavado de dinero de gastos al ayudar e incitar a los delitos, que quien manda, procura, ayuda o causa la comisión de un crimen será responsable y castigado de la misma manera que el principal o la persona que realmente llevó a cabo la tarea. Es decir, la culpabilidad de un acusado se demuestra incluso si no realizó personalmente todos los actos relacionados con la comisión del delito imputado.

Apunta que de acuerdo título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 3282, es necesario que la acusación se formule formalmente dentro de los cinco años posteriores a la fecha en que se cometieron los delitos, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario. En el caso de la conspiración para cometer lavado de activos contra Martinelli Linares que se presentó el 27 de junio de 2020, la fiscal advierte que aun cuando los hechos se cometieron entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, los demás delitos de lavado de activos imputados ocurrieron el 11 de febrero, el 10 de noviembre y 12 de diciembre de 2013, así como el 26 de agosto de 2015; la acusación contra Luis Enrique Martinelli Linares se formuló dentro del plazo de prescripción especificado, teniendo en cuenta el período de suspensión de la prescripción relativa a la solicitud oficial de prueba.

Nestor informa que probará la culpabilidad del imputado con varios tipos de evidencia, incluyendo información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de corporaciones, correos electrónicos, entre otras pruebas.

Los hechos

La policía estableció que entre 2001 y 2016, Odebrecht a través de algunos empleados, agentes y otros co-conspiradores, desarrolló un esquema de soborno masivo mediante el cual pagaron de manera corrupta USD 700 millones a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, candidatos políticos extranjeros, con el objetivo de obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre ellos Panamá.

La constructora brasileña ocultó la naturaleza, el origen, la propiedad de los ingresos canalizándolos a cuentas bancarias de empresas fantasmas en el extranjero de los beneficiarios finales de los sobornos.

La investigación identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó los fondos irregulares en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá” desde 2009 hasta 2014. Dicho funcionario era una familiar cercano de Luis Enrique Martinelli Linares.

Entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema, actuando como intermediarios de los pagos corruptos que Odebrecht ofreció y entregó al “Funcionario de Gobierno de Panamá”. Ambos establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore para recibir y disfrazar los pagos.

Desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, los hermanos Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales sirvieron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del “Funcionario de Gobierno de Panamá”.

La declaración de Michael Lewandowski

En la misma fecha, 27 de julio de 2020, Michael Lewandowski, agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), también emitió ante el tribunal una declaración jurada que resume la investigación de la conducta delictiva de Luis Enrique Martinelli Linares.

Precisó que en el transcurso de la investigación se reunió personalmente con Luis Enrique Martinelli Linares en varias ocasiones.

Recuerda que Odebrecht se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016, admitiendo que entre 2001 y 2016, a través de algunos de sus empleados y agentes, participaron en un esquema de soborno masivo en el cual los co-conspiradores acordaron con otros pagar de manera corrupta más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios públicos, partidos políticos, funcionarios de partidos políticos y candidatos políticos para obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre ellos Panamá.

Estos pagos se realizaron a través de cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero de los beneficiarios finales del esquema de soborno. Algunas de estas cuentas estaban domiciliadas en Nueva York. Los fondos se transfirieron luego a través de múltiples cuentas bancarias de compañías fantasma en todo el mundo, antes de llegar a los destinatarios finales del soborno.

El agente Lewandowski refiere que los registros y la información proporcionada por Odebrecht a lo largo de la investigación, muestran que esta empresa utilizó un agente en los Estados Unidos para comprar sociedades fantasmas offshore que sirvieran para enviar y recibir documentos que facilitaran el establecimiento de cuentas bancarias offshore a nombre de dichas sociedades fantasma offshore de Odebrecht. El agente también recibió y envió documentos que contenían información falsa y fraudulenta, para hacer que las transacciones financieras se realizaran desde cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero.

Sostuvo que entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht, en el cual fungieron como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de otras cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó a “Funcionario de Gobierno de Panamá”. Los registros financieros obtenidos durante el curso de la investigación revelaron que los acusados establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasmas offshore para recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del citado “funcionario de Gobierno de Panamá”.

Michael Lewandowski dijo que las pruebas obtenidas a través de la investigación, incluidos correos electrónicos, registros bancarios y otros registros financieros, muestran que desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, los hermanos Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas ficticias en jurisdicciones extranjeras, las cuales utilizaron para recibir, transferir y entregar sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”.

Igualmente, correos electrónicos, registros bancarios y otros registros financieros revelaron que entre 2009 y 2012, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, abrieron una cuenta bancaria en Suiza con el propósito de recibir, transferir y entregar los sobornos de Odebrecht en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”.

Las cuentas de Sociedades Offshore se constituyeron para promover, asistir, facilitar, encubrir y servir como intermediarios para el pago de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá, a cambio de obtener una ventaja comercial indebida y ganar contratos en Panamá.

El agente del FBI dijo que entre 2009 y 2012, las Cuentas de Sociedades Offshore recibieron USD 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”. Agregó que al menos, USD 19 millones de los ingresos de esos sobornos se transfirieron a través de cuentas bancarias corresponsales de EE. UU., incluidos los bancos en Nueva York.

Como ejemplo de estas operaciones irregulares, Lewandowski refiere que el 27 de julio de 2010, se transfirieron USD 350.000 desde una cuenta bancaria de una empresa fantasma offshore controlada por Odebrecht y ubicada en Portugal, a una de las cuentas de sociedades offshore controladas por Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, a través de una cuenta en un banco de Nueva York.

Los hermanos Martinelli Linares luego realizaron numerosas transacciones financieras adicionales a través de bancos estadounidenses que involucraron el producto de los pagos de sobornos de Odebrecht.

Los registros financieros muestran que el 11 de febrero de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares transfirió USD 346.500 desde una de las cuentas de Sociedad Offshore, a través de una cuenta en un banco en Nueva York, Nueva York, a otra cuenta en el Estados Unidos. Este dinero se utilizó para la compra de un yate, según registros obtenidos de un corredor de yates en Nueva York.

También el 12 de noviembre de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares transfirieron USD 899.978,32 de una de las cuentas de la Compañía Offshore a otra de las cuentas de la Compañía Offshore a través de cuentas en un banco en Nueva York.

Los registros financieros muestran que el 10 de diciembre de 2013, los acusados transfirieron USD 30.887,21 de una de las cuentas de la Compañía Offshore a otra de las cuentas de la Compañía Offshore a través de cuentas en un banco en Nueva York.

El 26 de agosto de 2016, Luis Enrique Martinelli Linares transfirió USD 570.000 desde una de las cuentas de la Compañía Offshore a través de una cuenta en un banco en Nueva York a otra cuenta en el Estados Unidos. Se trató de un pago parcial por la compra de un condominio en Miami por parte de la corporación de Florida a su nombre.

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Omar Torrijos falleció cuando Panamá todavía era una colonia española, según un video viral de Cortizo

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Nuevamente se ha viralizado en las redes sociales un video en el que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dice estar conmemorando los 300 años de la desaparición de Omar Torrijos, quien falleció el 31 de julio de 1981, es decir, hace solo 40 años.

Si el dato de Cortizo fuera cierto, esto significaría que Torrijos falleció en los años 1700’s cuando aún Panamá era una colonia española, pues el país declaró su independencia el 28 de noviembre de 1821.

El video ya se había difundido en 2018 cuando todavía Cortizo no era presidente y ya algunos ciudadanos criticaban que alguien con semejante memoria pudiera ocupar el más alto cargo de Gobierno en Panamá.

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Señalan a la constructora Bagatrac, que ha recibido contratos millonarios del Gobierno panameño, de construir una casa para el diputado Benicio Robinson

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Un video que circula en las redes sociales denuncia que en la zona de Boquete, la constructora Bagatrac, S.A., que ha conseguido contratos con el Gobierno de Laurentino «Nito» Cortizo por el orden de los 170 millones de dólares, le construye supuestamente una mansión a legislador perredista Benicio Robinson.

En el video se señala que Bagatrac es, presuntamente, propiedad de Alberto Jurado Rosales, actual representante del corregimiento de Tijeras y su gerente general es Jessenka Espinoza Ríos, alcaldesa del distrito de Boquerón, ambos electos por el gobernante partido PRD.

Asimismo se critica que en otros tiempos un caso así hubiese provocado que muchos se rasgaran las vestiduras y que el Ministerio Público iniciara una investigación de oficio por el evidente tráfico de influencias.

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Escándalo de cuenta secreta vinculada al fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero salpica a Panamá y al banco suizo Julius Baer

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Durante seis años Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República de México, ha realizado una persecución contra Laura Morán de 94 años de edad, quien fuera durante 50 años la compañera de vida de su hermano mayor Federico. Hasta ahora la motivación de la disputa era la supuesta negligencia de Laura y su familia en la atención de Federico, lo cual según el Fiscal habría provocado su muerte. En base a esa acusación Alejandra Cuevas de 67 años, hija de Laura, fue detenida acusada de «homicidio doloso por omisión de auxilio” y se encuentra en prisión desde hace casi un año aunque un juez anuló este jueves 16 de septiembre la orden de encarcelar a esta última.

En el litigio de un asunto personal, usando su poder como Fiscal, Gertz Manero ha incurrido en actos de prepotencia, abuso, conflicto de interés, chantajes y negociaciones «poco ortodoxas”. Lo que parecía una historia de terror en el ámbito de lo personal, se ha convertido en una historia de interés público, señaló la periodista mexicana Anabel Hernández en una columna para la agencia alemana Deutsche Welle que aquí reproducimos.

Hay información que podría significar que la verdadera motivación de la persecución es otra. La familia Morán encontró en el domicilio que Laura y Federico compartieron durante años, estados de cuenta fechados en 2014 de un portafolio de inversión de 7.954 millones de dólares, manejada por Operadora Invictus, establecida en Panamá- considerado mundialmente un paraíso fiscal-, abierta en el banco suizo Julius Bär y que de los cuales tengo copia. No tienen rotulado el nombre del titular, solo un número de cliente: el 0016.9863

La cuenta creada en 2010 comenzó con un depósito de 1.298 millones de dólares, en 2012 hubo un nuevo depósito de 6.158 millones de dólares, y en 2013 uno más de 293 mil dólares. En los documentos se detalla que el 26 por ciento de los recursos están en inversiones de renta fija y corto plazo, el 44 por ciento en renta fija y plazo mayor, y el 22 por ciento en acciones.

Operadora Invictus creada en 2010 se publicita como «un grupo de profesionales calificados, comprometidos y con amplia experiencia en el sector financiero”. De acuerdo a los registros oficiales de Panamá su director y tesorero es Fernando Méndez Montes. Katia Jannette Smith Chavez, es otro de sus directivos. Ambos están vinculados como directivos de al menos otras 7 compañías de manera simultánea en Panamá. Un esquema típico en la creación de empresas para que los verdaderos propietarios queden bajo la sombra.

Como «representante” de Operadora Invictus está registrado Antonio Sacido Blasco de nacionalidad española, quien fue denunciado en 2019 en Panamá por el delito de «patrimonio económico” junto con otras ocho personas de acuerdo a registros judiciales de ese país. Mientras que el banco suizo Julios Bar fue acusado de conspiración de lavado de dinero en el escandalo FiFA Gate, y en julio pasado anunció que pagaría al Departamento de Justicia de Estados Unidos cerca de 80 millones de dólares para llegar a un acuerdo judicial.

Gertz Manero es un funcionario público del viejo establishment. Fue responsable de la campaña nacional contra el narcotráfico en 1976, fue jefe de la policía de la Ciudad de México de 1998 al 2000, fue Secretario de Seguridad Pública del 1 de diciembre del 2000 al 2004 y diputado federal de 2009 a 2012 por el Partido Convergencia. Nadie comprende cómo fue nominado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como fiscal, cargo en el que fue ratificado por el gobierno.

Existen testigos presenciales a quienes he entrevistado desde hace meses bajo la condición de no revelar sus nombres , quienes me han revelado que el Fiscal Gertz Manero a lo largo de su función pública, al menos de la época del sexenio de Felipe Calderón, cuando fue diputado federal; y cuando inició su función como Fiscal habría recibido dádivas, habría realizado llamadas de presión y negociaciones poco ortodoxas en algunos de los casos de delitos de cuello blanco abiertos en el actual sexenio.

De lo público a lo privado

El periódico El País publicó en marzo pasado un capítulo más de la tortuosa historia entre Gertz Manero y la familia Morán. Reveló que en noviembre de 2020, días después del arresto de la hija de Laura, el Fiscal a través de intermediarios habría prácticamente extorsionado a Laura y su familia para liberar a Laura a cambio de que le entregaran los bienes que le correspondían a Laura según el testamento de Federico, y desocupara la lujosa residencia en la que también, según el testamento, ella tenía derecho a vivir hasta que muriera.

Gertz Manero habló directamente con un familiar de Laura, quien esperaba por desesperación de ver a Alejandra Cuevas en la cárcel, llevar a buen término una negociación con el Fiscal. El familiar grabó la llamada. En ella el Fiscal los acusó no solo de la muerte de su hermano, sino de haberse apropiado de bienes y de haber tomado indebidamente 3.5 millones de pesos de las cuentas de Federico, cuentas que eran mancomunadas con Laura.

En la grabación, a veces en tono claramente amenazante, el Fiscal les exige que firmen escritos asumiendo la responsabilidad en la muerte de su hermano Federico. En un claro conflicto de interés y abuso de poder dio instrucciones que para terminar de llegar al acuerdo debían reunirse con Juan Ramos, subprocurador de la Fiscalía, revelando un claro conflicto de interés y abuso de poder del Fiscal quien usa como abogado privado a un subprocurador subordinado a él.

Otro de los operadores de Gertz Manero en el caso contra Laura Morán ha sido Javier Coello Trejo, quien fue quien a su nombre presentó la denuncia penal contra Laura y su familia por homicidio. Coello Trejo fue subprocurador de Investigación en la Lucha contra el narcotráfico en la PGR en el sexenio de Carlos Salinas. En expedientes judiciales de la PGR hay declaraciones ministeriales que revelan los nexos de Coello Trejo con el crimen organizado. Lo he documentado en el libro «Los Señores del Narco” desde 2010. En específico las denuncias narran las visitas personales que hacía en sus tiempos de subprocurador al capo Amado Carrillo Fuentes líder del Cartel de Juárez.

En su círculo cercano Coello Trejo solía bromear para justificarse: «esos son cuentos, no hay gordo malo”.

Casualmente Coello Trejo es el abogado de Emilio Lozoya ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado en el mayor escándalo de corrupción destapado en el en el sexenio de AMLO. Se le señala por un desfalco a la petrolera mexicana de más de 200 millones de dólares y de haber sido parte de una red de sobornos para dar contratos a Odebrecht. Pero extrañamente nunca ha pisado la cárcel y ha llegado a una benéfica negociación con la FGR cuyo titular es amigo de Coello Trejo. Es claro en éste caso un conflicto de interés entre la parte acusadora y la parte defensora.

¿De quién es y de dónde viene el dinero?

Ni la compañera de Federico ni su familia sabían de la existencia de la cuenta en Suiza de casi 8 millones de dólares , y dudan que el dinero pudiera ser realmente de Federico. Sospechan que éste en realidad era el prestanombres de Alejandro Gertz Manero según me confiaron integrantes de la familia en mayo pasado, en un encuentro que sostuvimos.

Narraron que durante los últimos meses de vida y ya con un estado de salud deteriorado por la edad- Federico tenía más de 80 años- se cayó de la cama y se golpeó la cabeza. Aun así, mal herido y pese a que los doctores que mandó llamar Laura recomendaron reposo, Alejandro, quien entonces era rector de la Universidad de las Americas en la Ciudad de México, lo sacó de su domicilio. Laura le pidió que no se lo llevara por su delicado estado de salud pero el ahora Fiscal insistió en que era algo importante y no dejo que nadie lo acompañara. Se lo llevó por 7 horas presuntamente a firmar una serie de documentos. Federico llegó muy alterado y cansado a su domicilio y ahí se aceleró el declive fatal de su salud.

La familia de Laura dice desconocer a dónde llevó el Fiscal a su hermano aquel día, pero piensan que podría estar relacionado con la cuenta en Suiza. Operadora Invictus tiene una oficina en la Ciudad de México.

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