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Los detalles de la acusación en Estados Unidos por lavado de dinero contra los hijos del expresidente Ricardo Martinelli

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Las declaraciones juradas prestadas por la fiscal del caso y un agente del FBI que participó en la investigación, revelan cómo fue la participación de los hermanos Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en esquema de corrupción implementado por la empresa brasileña Odebrecht.

La investigación determinó que los Martinelli Linares sirvieron de intermediarios para la el envió y recepción de USD 28 millones en sobornos que Odebrecht hizo en beneficio de quien en la investigación figura como “Funcionario de Gobierno de Panamá”.

Los hermanos Martinelli fueron arrestados en Guatemala y aguardan ser extraditados a los Estados Unidos para ser procesados por la justicia, informa Maibort Petit en www.maibortpetit.info.

Las bases legales de la acusación

El 27 de julio de 2020, la fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, emitió una declaración jurada ante la corte de dicha jurisdicción relacionada con el caso Número 20-M- 498, Estados Unidos contra Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.

A los señalados se les acusa de delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de sobornos a funcionarios públicos de Panamá pagados por la empresa brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de contratos.

La fiscal Nestor participó en la investigación que la brigada de corrupción internacional del FBI en Nueva York, la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal y la fiscalía llevaron a cabo sobre la citada empresa, la cual implementó un esquema de soborno masivo que involucró a los acusados, imputados por delitos de lavado de dinero.

En el caso específico de Luis Enrique Martinelli Linares, la fiscal Nestor refiere que el 27 de junio de 2020, un magistrado del Tribunal del Distrito Este de Nueva York firmó y presentó la denuncia en su contra. Por ello fue librada una orden de arresto. La demanda enmendada fue firmada el 20 de julio de 2020 por un magistrado de la referida instancia judicial neoyorquina acusándolo de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero , en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

En tal sentido, Julia Nestor refiere en su declaración jurada que a la fiscalía le corresponderá probar que Luis Enrique Martinelli Linares celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos por un valor superior a USD 10.000, que involucran el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá.

Tendrá que comprobar la fiscalía que Luis Enrique Martinelli Linares, consciente y voluntariamente, se convirtió en miembro de tal conspiración.

Apuntó la fiscal que la pena máxima de prisión por este delito es de 20 años.

Sobre el delito de encubrimiento de lavado de dinero se deberá establecer que el acusado realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucra bienes que constituyen el producto de un delito de soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la república de Panamá; que sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que igualmente conocía que la transacción fue diseñada en todo o en parte para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad del control del producto de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá. La pena máxima de prisión por este delito es de 20 años.

Respecto a los dos delitos de gastos de lavado de dinero, la fiscalía de probar que Martinelli Linares participó o intentó participar a sabiendas en una transacción monetaria; que conocía la transacción de bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, de hecho, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en Estados Unidos. La pena máxima de prisión es de 10 años.

Julia Nestor indica que con relación a los dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero y los dos delitos de lavado de dinero de gastos al ayudar e incitar a los delitos, que quien manda, procura, ayuda o causa la comisión de un crimen será responsable y castigado de la misma manera que el principal o la persona que realmente llevó a cabo la tarea. Es decir, la culpabilidad de un acusado se demuestra incluso si no realizó personalmente todos los actos relacionados con la comisión del delito imputado.

Apunta que de acuerdo título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 3282, es necesario que la acusación se formule formalmente dentro de los cinco años posteriores a la fecha en que se cometieron los delitos, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario. En el caso de la conspiración para cometer lavado de activos contra Martinelli Linares que se presentó el 27 de junio de 2020, la fiscal advierte que aun cuando los hechos se cometieron entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, los demás delitos de lavado de activos imputados ocurrieron el 11 de febrero, el 10 de noviembre y 12 de diciembre de 2013, así como el 26 de agosto de 2015; la acusación contra Luis Enrique Martinelli Linares se formuló dentro del plazo de prescripción especificado, teniendo en cuenta el período de suspensión de la prescripción relativa a la solicitud oficial de prueba.

Nestor informa que probará la culpabilidad del imputado con varios tipos de evidencia, incluyendo información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de corporaciones, correos electrónicos, entre otras pruebas.

Los hechos

La policía estableció que entre 2001 y 2016, Odebrecht a través de algunos empleados, agentes y otros co-conspiradores, desarrolló un esquema de soborno masivo mediante el cual pagaron de manera corrupta USD 700 millones a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, candidatos políticos extranjeros, con el objetivo de obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre ellos Panamá.

La constructora brasileña ocultó la naturaleza, el origen, la propiedad de los ingresos canalizándolos a cuentas bancarias de empresas fantasmas en el extranjero de los beneficiarios finales de los sobornos.

La investigación identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó los fondos irregulares en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá” desde 2009 hasta 2014. Dicho funcionario era una familiar cercano de Luis Enrique Martinelli Linares.

Entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema, actuando como intermediarios de los pagos corruptos que Odebrecht ofreció y entregó al “Funcionario de Gobierno de Panamá”. Ambos establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore para recibir y disfrazar los pagos.

Desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, los hermanos Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales sirvieron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del “Funcionario de Gobierno de Panamá”.

La declaración de Michael Lewandowski

En la misma fecha, 27 de julio de 2020, Michael Lewandowski, agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), también emitió ante el tribunal una declaración jurada que resume la investigación de la conducta delictiva de Luis Enrique Martinelli Linares.

Precisó que en el transcurso de la investigación se reunió personalmente con Luis Enrique Martinelli Linares en varias ocasiones.

Recuerda que Odebrecht se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016, admitiendo que entre 2001 y 2016, a través de algunos de sus empleados y agentes, participaron en un esquema de soborno masivo en el cual los co-conspiradores acordaron con otros pagar de manera corrupta más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios públicos, partidos políticos, funcionarios de partidos políticos y candidatos políticos para obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre ellos Panamá.

Estos pagos se realizaron a través de cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero de los beneficiarios finales del esquema de soborno. Algunas de estas cuentas estaban domiciliadas en Nueva York. Los fondos se transfirieron luego a través de múltiples cuentas bancarias de compañías fantasma en todo el mundo, antes de llegar a los destinatarios finales del soborno.

El agente Lewandowski refiere que los registros y la información proporcionada por Odebrecht a lo largo de la investigación, muestran que esta empresa utilizó un agente en los Estados Unidos para comprar sociedades fantasmas offshore que sirvieran para enviar y recibir documentos que facilitaran el establecimiento de cuentas bancarias offshore a nombre de dichas sociedades fantasma offshore de Odebrecht. El agente también recibió y envió documentos que contenían información falsa y fraudulenta, para hacer que las transacciones financieras se realizaran desde cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero.

Sostuvo que entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht, en el cual fungieron como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de otras cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó a “Funcionario de Gobierno de Panamá”. Los registros financieros obtenidos durante el curso de la investigación revelaron que los acusados establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasmas offshore para recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del citado “funcionario de Gobierno de Panamá”.

Michael Lewandowski dijo que las pruebas obtenidas a través de la investigación, incluidos correos electrónicos, registros bancarios y otros registros financieros, muestran que desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, los hermanos Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas ficticias en jurisdicciones extranjeras, las cuales utilizaron para recibir, transferir y entregar sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”.

Igualmente, correos electrónicos, registros bancarios y otros registros financieros revelaron que entre 2009 y 2012, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, abrieron una cuenta bancaria en Suiza con el propósito de recibir, transferir y entregar los sobornos de Odebrecht en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”.

Las cuentas de Sociedades Offshore se constituyeron para promover, asistir, facilitar, encubrir y servir como intermediarios para el pago de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá, a cambio de obtener una ventaja comercial indebida y ganar contratos en Panamá.

El agente del FBI dijo que entre 2009 y 2012, las Cuentas de Sociedades Offshore recibieron USD 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”. Agregó que al menos, USD 19 millones de los ingresos de esos sobornos se transfirieron a través de cuentas bancarias corresponsales de EE. UU., incluidos los bancos en Nueva York.

Como ejemplo de estas operaciones irregulares, Lewandowski refiere que el 27 de julio de 2010, se transfirieron USD 350.000 desde una cuenta bancaria de una empresa fantasma offshore controlada por Odebrecht y ubicada en Portugal, a una de las cuentas de sociedades offshore controladas por Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, a través de una cuenta en un banco de Nueva York.

Los hermanos Martinelli Linares luego realizaron numerosas transacciones financieras adicionales a través de bancos estadounidenses que involucraron el producto de los pagos de sobornos de Odebrecht.

Los registros financieros muestran que el 11 de febrero de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares transfirió USD 346.500 desde una de las cuentas de Sociedad Offshore, a través de una cuenta en un banco en Nueva York, Nueva York, a otra cuenta en el Estados Unidos. Este dinero se utilizó para la compra de un yate, según registros obtenidos de un corredor de yates en Nueva York.

También el 12 de noviembre de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares transfirieron USD 899.978,32 de una de las cuentas de la Compañía Offshore a otra de las cuentas de la Compañía Offshore a través de cuentas en un banco en Nueva York.

Los registros financieros muestran que el 10 de diciembre de 2013, los acusados transfirieron USD 30.887,21 de una de las cuentas de la Compañía Offshore a otra de las cuentas de la Compañía Offshore a través de cuentas en un banco en Nueva York.

El 26 de agosto de 2016, Luis Enrique Martinelli Linares transfirió USD 570.000 desde una de las cuentas de la Compañía Offshore a través de una cuenta en un banco en Nueva York a otra cuenta en el Estados Unidos. Se trató de un pago parcial por la compra de un condominio en Miami por parte de la corporación de Florida a su nombre.

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La vacunación VIP a los Pérez Valladares y otros escándalos que desataron la indignación de panameños en las redes sociales

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«Nadie que te importe». Esa fue la respuesta del expresidente Ernesto «El Toro» Pérez Valladares cuando le preguntaron en las redes sociales quiénes habían sido las diez personas vacunadas en su casa contra la COVID-19 y con cuál vacuna.

Es justamente la vacunación VIP a la familia Pérez Valladares el tema que ocupa la posición número 28 en una lista de 48 escándalos recientes relacionados con gobernantes, políticos y otras figuras públicas panameñas, algunos de estos atizados durante la pandemia.

También en las redes sociales se ha propagado el video de una ciudadana que reflexiona con indignación sobre mucho de lo malo que sucede en Panamá.

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Vicepresidente de Panamá José Gabriel Carrizo quiere proceder legalmente contra los “infundidos” de “mentes malsanas”

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El Vicepresidente y Ministro de la Presidencia de Panamá, José Gabriel Carrizo, ha advertido con emprender acciones legales contra periodistas y personas que interactúan en las redes sociales, quienes han mencionado la presunta vinculación de individuos de su entorno familiar con hechos irregulares.

Carrizo ha rechazado menciones a su familia, anunciando que procederá legalmente contra quienes resulten responsables de estos ataques.

Carrizo escribió mensajes en Twitter en el que reaccionó a escritos que circulan en redes sociales donde “señalan vínculos supuestos en asuntos indebidos, que solo pueden ser concebidos por mentes malsanas.

“Durante largos meses he soportado con estoicismo un sinfín de infundidos, oprobios y calumnias, pese a que estos carecen de fundamento alguno. He procedido así en virtud de ser un funcionario electo y convencido que, como tal, debo respetar el escrutinio público” han sido las primeras publicaciones de Carrizo, quien quizás intentó referirse a los «infundios» y no «infundidos», que según el vicepresidente cree, esparcen algunas personas.

El vicepresidente agregó que: “No obstante, resulta intolerable que, ante el hecho de no responder a señalamientos por completo injustos, los ataques se dirijan hacia miembros de mi familia, señalando vínculos supuestos con asuntos indebidos, que solo puede ser concebidos por mentes malsanas”.

“Me reservo el derecho de proceder legalmente contra quienes puedan resultar autores materiales o promotores de estas infamias.

Continuaré cumpliendo con mis responsabilidades al servicio del país, de las cuales puedo rendir cuentas puntuales”, señaló el ministro de la Presidencia.

“Agradezco el apoyo recibido de todos los que repudian este tipo de prácticas contrarias a la verdad y a la esencia de la democracia”, puntualizó.

 

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Los involucrados en las vacunas «clandestinas» de Pfizer en Panamá

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Por Frenadeso | Kaos en la Red

Se hacía un show en cada llegada de las vacunas a través de los medios de comunicación. Se transmitía hasta en horas de la madrugada. Se filmaba la “cadena de custodia”. Pero nadie se percató que algunas vacunas de los lotes que llegaban iban a parar a una clínica en el lujoso residencial de Coco del Mar

El nombre que ha salido a relucir es el de la Dra. Denisse Alexandra Vega Croker, hija y hermana de dos reconocidos ginecólogos obstetras, de igual nombre, Mario Gilberto Vega Rich y Mario Gilberto Vega Croker de Panamá Fertility y de Salud Pacífica donde son socios de Camilo Alleyne del PRD. Junto a sus padres y hermanos, Denisse Vega aparece en varias empresas, también con su madre, Alice Grace Croker de Vega y su otra hermana, Ana Patricia Vega.

Las empresas envueltas en el centro de vacunación clandestino son Cordón de Vida, S.A, cuyos directoras son Alice Grace Coker de Vega y sus hijas, Denisse Alexandra Vega de Murzi y Ana Patricia Vega de Cannavagio, y la otra, Laboratorio VDATEC, S.A. donde también aparecen como directores, Alice Grace Coker de Vega y Denisse Vega de Murzi, el esposo de ésta última, Domingo Antonio Murzi Arias, y, ¡sorpresa!, el ex administrador del Canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta y su socio, José Álvaro Restrepo.

Es decir, la élite económica y el administrador del Canal implicados en un centro clandestino de vacunación de Pfizer. Este país no deja de asombrar al mundo.

En 2014, Capital Financiero reseñaba:

“Aprovechamos también esta ocasión para darle nuestra más cordial bienvenida al país al ingeniero Álvaro Restrepo, un panameño brillante que lideró al equipo de innovación de Procter & Gamble por décadas como vicepresidente Global de Investigación y Desarrollo y que ha decidido volver a su Patria y sumarse a la firma de consultoría Abco Global, en la que trabajará en calidad de socio con Alberto Alemán Zubieta y José Barrios Ng.”

“La innovación logística será uno de los grandes desafíos de Panamá en los próximos años y estamos seguros de que Don Álvaro tiene mucho que aportarle al país para la construcción del hub logístico de Las Américas.”

Restrepo se asoció con Alemán Zubieta en Abco Global, una firma que el administrador del Canal creó luego de su salida de ese cargo. José Álvaro Restrepo Arango, aparece también como director en otras firmas, por ejemplo, en Compañía Panameña de Licores con la ex ministra de Economía y Finanzas, Eyra Chinchilla de Varela y Luis José Varela Rodríguez (Varela Hermanos y hermano del ex presidente Juan Carlos Varela) y en Destiladora Nacional, S.A. con este último.

¿Cómo aparecen los nombres de los ingeniero Alemán Zubieta y Restrepo Arango en un laboratorio clandestino en Coco del Mar?, es algo que ellos deben explicar.

Alice Grace Coker de Vega apareció también en los famosos Panama Papers de Mossack Fonseca a través de la empresa Revo Inc..

Curiosamente, en una de las tantas empresas en las que figura Denisse Vega está como directora Denise Eisenmann Vallarino, la hija de Ithiel Roberto Eisenmann Field, fundador de La Prensa y su verdadero dueño. ¿La “investigación” de Flor Mizrachi de La Prensa no habrá sido fuego amigo?

Denisse Vega está casada, como dijimos, con Domingo Antonio Murzi Arias, quien es hijo del venezolano Domingo Antonio Murzi Simonpietri y de Elvira Arias Vallarino, quién es a su vez prima hermana de Isabel Ida Vallarino Arias, esposa de Felipe “Pipo” Virzi López.

Como ven, siempre en actos de esta naturaleza salen a relucir los mismos apellidos de siempre. Lo de vacunación clandestina no es un caso aislado. Es esta clase empresarial, coimera y corrupta que crearon este Estado mafioso. Es su modus operandi. Así se hicieron ricos, mientras sus medios de comunicación impulsan campaña de odio y miedo contra las organizaciones populares.

Formulamos estas preguntas:

¿Desde cuándo se aplicaron vacunas en el centro clandestino de Coco del Mar?

¿Que protección se dio a la escena del crimen si los familiares de la implicada entraron como Pedro por su casa al mismo ?

¿Cuántas vacunas fueron?

¿Si eran del lote de Pfizer a Panamá, a cuántos panameños se le arrebataron sus dosis y los que se vacunaron qué se le aplicó, agua, como se venía denunciando?

¿Cuál es la relación de Denisse Vega de Murzi con la ministra “consejera”, Eyra Ruiz?

¿Qué confianza puede haber de ahora en adelante con la vacunación

Están jugado y negociando con la salud del pueblo.

FRENADES

Panamá, 9 de junio de 2021.

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