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Los detalles de la acusación en Estados Unidos por lavado de dinero contra los hijos del expresidente Ricardo Martinelli

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Las declaraciones juradas prestadas por la fiscal del caso y un agente del FBI que participó en la investigación, revelan cómo fue la participación de los hermanos Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en esquema de corrupción implementado por la empresa brasileña Odebrecht.

La investigación determinó que los Martinelli Linares sirvieron de intermediarios para la el envió y recepción de USD 28 millones en sobornos que Odebrecht hizo en beneficio de quien en la investigación figura como “Funcionario de Gobierno de Panamá”.

Los hermanos Martinelli fueron arrestados en Guatemala y aguardan ser extraditados a los Estados Unidos para ser procesados por la justicia, informa Maibort Petit en www.maibortpetit.info.

Las bases legales de la acusación

El 27 de julio de 2020, la fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, emitió una declaración jurada ante la corte de dicha jurisdicción relacionada con el caso Número 20-M- 498, Estados Unidos contra Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.

A los señalados se les acusa de delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de sobornos a funcionarios públicos de Panamá pagados por la empresa brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de contratos.

La fiscal Nestor participó en la investigación que la brigada de corrupción internacional del FBI en Nueva York, la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal y la fiscalía llevaron a cabo sobre la citada empresa, la cual implementó un esquema de soborno masivo que involucró a los acusados, imputados por delitos de lavado de dinero.

En el caso específico de Luis Enrique Martinelli Linares, la fiscal Nestor refiere que el 27 de junio de 2020, un magistrado del Tribunal del Distrito Este de Nueva York firmó y presentó la denuncia en su contra. Por ello fue librada una orden de arresto. La demanda enmendada fue firmada el 20 de julio de 2020 por un magistrado de la referida instancia judicial neoyorquina acusándolo de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero , en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

En tal sentido, Julia Nestor refiere en su declaración jurada que a la fiscalía le corresponderá probar que Luis Enrique Martinelli Linares celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos por un valor superior a USD 10.000, que involucran el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá.

Tendrá que comprobar la fiscalía que Luis Enrique Martinelli Linares, consciente y voluntariamente, se convirtió en miembro de tal conspiración.

Apuntó la fiscal que la pena máxima de prisión por este delito es de 20 años.

Sobre el delito de encubrimiento de lavado de dinero se deberá establecer que el acusado realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucra bienes que constituyen el producto de un delito de soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la república de Panamá; que sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que igualmente conocía que la transacción fue diseñada en todo o en parte para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad del control del producto de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá. La pena máxima de prisión por este delito es de 20 años.

Respecto a los dos delitos de gastos de lavado de dinero, la fiscalía de probar que Martinelli Linares participó o intentó participar a sabiendas en una transacción monetaria; que conocía la transacción de bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, de hecho, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en Estados Unidos. La pena máxima de prisión es de 10 años.

Julia Nestor indica que con relación a los dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero y los dos delitos de lavado de dinero de gastos al ayudar e incitar a los delitos, que quien manda, procura, ayuda o causa la comisión de un crimen será responsable y castigado de la misma manera que el principal o la persona que realmente llevó a cabo la tarea. Es decir, la culpabilidad de un acusado se demuestra incluso si no realizó personalmente todos los actos relacionados con la comisión del delito imputado.

Apunta que de acuerdo título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 3282, es necesario que la acusación se formule formalmente dentro de los cinco años posteriores a la fecha en que se cometieron los delitos, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario. En el caso de la conspiración para cometer lavado de activos contra Martinelli Linares que se presentó el 27 de junio de 2020, la fiscal advierte que aun cuando los hechos se cometieron entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, los demás delitos de lavado de activos imputados ocurrieron el 11 de febrero, el 10 de noviembre y 12 de diciembre de 2013, así como el 26 de agosto de 2015; la acusación contra Luis Enrique Martinelli Linares se formuló dentro del plazo de prescripción especificado, teniendo en cuenta el período de suspensión de la prescripción relativa a la solicitud oficial de prueba.

Nestor informa que probará la culpabilidad del imputado con varios tipos de evidencia, incluyendo información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de corporaciones, correos electrónicos, entre otras pruebas.

Los hechos

La policía estableció que entre 2001 y 2016, Odebrecht a través de algunos empleados, agentes y otros co-conspiradores, desarrolló un esquema de soborno masivo mediante el cual pagaron de manera corrupta USD 700 millones a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, candidatos políticos extranjeros, con el objetivo de obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre ellos Panamá.

La constructora brasileña ocultó la naturaleza, el origen, la propiedad de los ingresos canalizándolos a cuentas bancarias de empresas fantasmas en el extranjero de los beneficiarios finales de los sobornos.

La investigación identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó los fondos irregulares en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá” desde 2009 hasta 2014. Dicho funcionario era una familiar cercano de Luis Enrique Martinelli Linares.

Entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema, actuando como intermediarios de los pagos corruptos que Odebrecht ofreció y entregó al “Funcionario de Gobierno de Panamá”. Ambos establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore para recibir y disfrazar los pagos.

Desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, los hermanos Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales sirvieron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del “Funcionario de Gobierno de Panamá”.

La declaración de Michael Lewandowski

En la misma fecha, 27 de julio de 2020, Michael Lewandowski, agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), también emitió ante el tribunal una declaración jurada que resume la investigación de la conducta delictiva de Luis Enrique Martinelli Linares.

Precisó que en el transcurso de la investigación se reunió personalmente con Luis Enrique Martinelli Linares en varias ocasiones.

Recuerda que Odebrecht se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016, admitiendo que entre 2001 y 2016, a través de algunos de sus empleados y agentes, participaron en un esquema de soborno masivo en el cual los co-conspiradores acordaron con otros pagar de manera corrupta más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios públicos, partidos políticos, funcionarios de partidos políticos y candidatos políticos para obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre ellos Panamá.

Estos pagos se realizaron a través de cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero de los beneficiarios finales del esquema de soborno. Algunas de estas cuentas estaban domiciliadas en Nueva York. Los fondos se transfirieron luego a través de múltiples cuentas bancarias de compañías fantasma en todo el mundo, antes de llegar a los destinatarios finales del soborno.

El agente Lewandowski refiere que los registros y la información proporcionada por Odebrecht a lo largo de la investigación, muestran que esta empresa utilizó un agente en los Estados Unidos para comprar sociedades fantasmas offshore que sirvieran para enviar y recibir documentos que facilitaran el establecimiento de cuentas bancarias offshore a nombre de dichas sociedades fantasma offshore de Odebrecht. El agente también recibió y envió documentos que contenían información falsa y fraudulenta, para hacer que las transacciones financieras se realizaran desde cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero.

Sostuvo que entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht, en el cual fungieron como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de otras cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó a “Funcionario de Gobierno de Panamá”. Los registros financieros obtenidos durante el curso de la investigación revelaron que los acusados establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasmas offshore para recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del citado “funcionario de Gobierno de Panamá”.

Michael Lewandowski dijo que las pruebas obtenidas a través de la investigación, incluidos correos electrónicos, registros bancarios y otros registros financieros, muestran que desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, los hermanos Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas ficticias en jurisdicciones extranjeras, las cuales utilizaron para recibir, transferir y entregar sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”.

Igualmente, correos electrónicos, registros bancarios y otros registros financieros revelaron que entre 2009 y 2012, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, abrieron una cuenta bancaria en Suiza con el propósito de recibir, transferir y entregar los sobornos de Odebrecht en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”.

Las cuentas de Sociedades Offshore se constituyeron para promover, asistir, facilitar, encubrir y servir como intermediarios para el pago de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá, a cambio de obtener una ventaja comercial indebida y ganar contratos en Panamá.

El agente del FBI dijo que entre 2009 y 2012, las Cuentas de Sociedades Offshore recibieron USD 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”. Agregó que al menos, USD 19 millones de los ingresos de esos sobornos se transfirieron a través de cuentas bancarias corresponsales de EE. UU., incluidos los bancos en Nueva York.

Como ejemplo de estas operaciones irregulares, Lewandowski refiere que el 27 de julio de 2010, se transfirieron USD 350.000 desde una cuenta bancaria de una empresa fantasma offshore controlada por Odebrecht y ubicada en Portugal, a una de las cuentas de sociedades offshore controladas por Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, a través de una cuenta en un banco de Nueva York.

Los hermanos Martinelli Linares luego realizaron numerosas transacciones financieras adicionales a través de bancos estadounidenses que involucraron el producto de los pagos de sobornos de Odebrecht.

Los registros financieros muestran que el 11 de febrero de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares transfirió USD 346.500 desde una de las cuentas de Sociedad Offshore, a través de una cuenta en un banco en Nueva York, Nueva York, a otra cuenta en el Estados Unidos. Este dinero se utilizó para la compra de un yate, según registros obtenidos de un corredor de yates en Nueva York.

También el 12 de noviembre de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares transfirieron USD 899.978,32 de una de las cuentas de la Compañía Offshore a otra de las cuentas de la Compañía Offshore a través de cuentas en un banco en Nueva York.

Los registros financieros muestran que el 10 de diciembre de 2013, los acusados transfirieron USD 30.887,21 de una de las cuentas de la Compañía Offshore a otra de las cuentas de la Compañía Offshore a través de cuentas en un banco en Nueva York.

El 26 de agosto de 2016, Luis Enrique Martinelli Linares transfirió USD 570.000 desde una de las cuentas de la Compañía Offshore a través de una cuenta en un banco en Nueva York a otra cuenta en el Estados Unidos. Se trató de un pago parcial por la compra de un condominio en Miami por parte de la corporación de Florida a su nombre.

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Panamá

Documentos exponen detalles del caso en Panamá contra el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín por el delito de fraude financiero

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A través de la descripción del caso de Rubén Prato, propietario de dos empresas, con cuentas en la entidad, se dejan ver las penurias de los clientes de la entidad en proceso de liquidación forzada desde 2019.

Fragmentos de la acusación penal que cursa en Panamá contra Víctor Vargas Irausquín en su carácter de propietario de AllBank Corp, revelan las irregularidades cometidas por el banquero y su entidad en la nación centroamericana en contra de los depositantes de la misma, las cuales se constituyen como elementos de convicción de la comisión del delito de fraude financiero, reveló Maibort Petit en maibortpetit.info.

El documento revela una solicitud hecha al Registro Público de Panamá de toda la información registral sobre AllBank Corp en la que se certifica el historial de dicha sociedad anónima constituida el 24 de enero de 2011, con Víctor Vargas Irausquín como director, presidente y beneficiario final.

Se refiere que la Superintendencia de Bancos de Panamá confirmó la situación financiera de AllBank[1], la cual se encuentra el proceso de liquidación forzosa administrativa desde el 8 de noviembre de 2019, por resolución Nº SBP-0205-2019 y a cuyo frente se encuentra Rafael Moscarella Valladares como liquidador administrativo[2].

En la acusación se citan declaraciones de Moscarella Valladares, quien requirió que la decisión de liquidar la institución bancaria se adoptó en razón de la duda razonable existente sobre su liquidez para afrontar sus obligaciones, especialmente, los depósitos de los clientes.

Explicó que la presunción de iliquidez partió de la imposibilidad de lograr que, tanto los fondos líquidos como las posiciones y títulos valores en poder de las entidades relacionadas —en las cuales Víctor Vargas es el beneficiario final— pudieran ser transferidas a las cuentas en el Banco Nacional. Entonces, al no contar con dicha disponibilidad de fondos se hacía imposible cubrir el pago de las obligaciones del banco.

En tal sentido, Moscarella Valladares informó que el objetivo de la liquidación era obtener fondos correspondientes a partir de los activos del banco para entonces proceder a devolver los depósitos a los clientes de la institución, así como para pagar cualesquiera otras obligaciones pendientes.

Precisó que ante la falta de respuesta por parte de las entidades relacionadas que permitieran la obtención de fondos y títulos valores, Rafael Moscarella Valladares presentó una denuncia penal en enero de 2020 a objeto de que las autoridades correspondientes procedieran a realizar la investigación correspondiente. Esta denuncia se presentó ante la Procuraduría General de la Nación de Panamá, entidad a la que se le informó acerca de la presunción de estar en presencia de un fraude financiero, dada la similitud de la situación de AllBank Corp con la de otras instituciones financieras relacionadas con Víctor Vargas en todas las jurisdicciones que no proveen información que permita que la clientela de los mismos disponga de sus fondos y porque no cumplen con las regulaciones bancarias.

Pero a pesar de la dificultad, manifestó que continuaban solicitando los fondos y títulos valores, así como otras dirigencias para lo lograr la liquidez necesaria.

El caso de Rubén Prato

Entre la información suministrada por Moscarella Valladares se encuentra la relacionada con la cuenta 001110006693, abierta el 15 de septiembre de 2013 a nombre de Edificaciones y Estructuras Seguras S.A., cuyos firmantes autorizados eran Rubén Darío Prato Zuluaga y María Rocío Zuluaga de Prato, la cual desde el 8 de noviembre de 2019 se encontraba bajo el estatus de “cuenta controlada. Tal situación impedía la aplicación de créditos y débitos sin que para ello mediara una autorización del oficial y/o área encargada.

Igualmente, la cuenta 001110017006 abierta el 15 de septiembre de 2013, a nombre de Consorcio Praval, encontrándose autorizados para firmar en ella Rubén Prato y María Martínez de Prato. Esta cuenta está controlada desde el 8 de noviembre de 2019, impedida de realizar créditos y débitos en la misma sin autorización expresa del oficial y/o área encargada.

El engaño

Se indica que se solicitó entrevista con Rubén Prato, quien dijo desconocer dicho estatus de sus cuentas, refiriendo que desde su apertura, estas cuentas funcionaron normalmente, pero sin indicación previa, el banco comenzó a manejarlas irregularmente en lo que a transacciones se refiere.

 

Agregó que AllBank en algún momento adujo que la Superintendencia de Bancos se encontraba auditándolos y en razón de que era un cliente significativo por la cuantía de sus depósitos, tenían que limitar los desembolsos, por lo cual exigió le entregaran la orden formal de la SBP de dicho acto, lo cual nunca sucedió.

Las diligencias de los cuentahabientes

Moscarella Valladares presentó copias de las múltiples peticiones formuladas por Rubén Prato en 2019 a la institución bancaria a objeto de que se le suministrara información sobre la razón de devolución de sus cheques, así como del cierre de sus cuentas y devolución de fondos.

Una de estas solicitudes tuvo lugar el 26 de agosto de 2019, suscrita por cuando Rubén Prato, en su carácter de representante legal de Consorcio Praval; la otra ocurrió en agosto de 2019 firmada por Francisco Espinosa, administrador de la citada empresa.

Rubén Prado escribió a AllBank Corp. en agosto de 2019, esta vez en representación de Edificaciones y estructuras Seguras S.A., solicitando la emisión de dos cheques de gerencia; también en nombre de esta última compañía, Prato escribió al banco el 2 de septiembre de 2019 para reiterar su pedido de dos cheques de gerencia.

El 29 de agosto de 2019, Francisco Espinosa escribió en nombre de Consorcio Praval a Francisco Abraham García, con copia a Evelyn Rojas, empleados de AllBank Corp., para solicitar respuesta a las peticiones formuladas con anterioridad y que no habían sido ejecutadas por el banco. En la misma fecha, Rubén Prato Zuluaga en representación de Edificaciones y Estructuras Seguras S.A., instruyó al banco para que emitiera dos cheques de gerencia contra la cuenta 001110006693 de dicha empresa, a favor de Panamá Viejo Development Corp. por 1.000.000 de balboas y de Constructora Selva Negra S.A. por 500.000 balboas, pero la instrucción no fue acatada por el banco y dispuso de los fondos de manera ilegal.

   El 30 de agosto de 2019, espinosa, mediante correo electrónico a Francisco Abraham García con copia a Evelyn Rojas, pidió una explicación a la entidad bancaria, al igual que el 2 de septiembre de 2019 también Rubén Prato reiteró pedido de que se corrigiera el estado de cuenta de Edificaciones y Estructuras Seguras, sin que obtuviera respuesta.

Los delitos

Se explica en el informe que la situación descrita en el caso de las cuentas de Rubén Prato en AllBank, se compadece con los hallazgos de los inspectores de la Superintendencia de Bancos de Panamá y que están vertidos en el Informe de Inspección Especial de fecha 8 de febrero de 2019. Allí se indicaba que en 2018 y 2019 se encontraron transferencias reportadas como pendientes por procesar de clientes por un total de 6.749.160,23 balboas y 556.100. Algunas de estas transacciones tenían hasta 10 meses de atraso.

El escrito deja ver que se está ante la suposición de existencia del delito de “Contra el orden económico” en la modalidad de “Delito Financiero”, tipificado en el Capítulo III, Título VII del Libro Segundo del Código Penal, artículo 250.

Se indica que los hechos se enmarcan dentro del delito de Fraude Financiero, consistente en el apoderamiento, uso indebido y transferencia ilícita del dinero de las sociedades Edificaciones y Estructuras Seguras S.A. y Consorcio Praval, las cuales confiaron sus recursos al AllBank.

REFERENCIAS

[1] Superintendencia de Bancos de Panamá. AllBank Corp. En liquidación forzosa. Informe preliminar. https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/informacion_general_bancos/Informes_Liquidacion/Allbank/INFORME_PRELIMINAR.pdf

[2] Antilavado de Dinero. “AllBank, el nuevo fraude bancario que golpea a Panamá”. 12 de abril de 2021. https://www.antilavadodedinero.com/allbank-el-nuevo-fraude-bancario-que-golpea-a-panama/

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Diputada Zulay Rodríguez denunció sobreprecio en la venta de hisopados al Gobierno panameño por parte de la empresa JERS Medical Panamá Inc.

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La diputada Zulay Rodríguez denunció un negociado por parte del Gobierno Nacional de Panamá en el manejo de los hisopados para detectar el contagio de Covid-19.

En su intervención en el periodo de incidencias del parlamento la diputada perredistas señaló: «El presidente Laurentino Cortizo dijo que va a dar más de dos millones de hisopados de a dedo, porque como estamos en un Estado de Emergencia aquí no hay licitación y que hay empresas que se están beneficiando y por supuesto como las actas fueron cerradas por diez años, está bien hazlo, pero siempre quedan rastros, dice que en el delito siempre se dejan huellas y por supuesto ya me mandaron todos los hisopados que trajo la compañía Jers Medical Panamá, donde ellos se han ganado 40 millones de dólares que ha pagado el Gobierno nacional «.

Manifestó: «Nos dimos cuenta de algo y aquí está donde nosotros sacamos la información a través de Aduanas porque ellos no pueden ocultar eso, nos dimos cuenta que la compañía Jers Medical Inc, en las pruebas Sofía, los hisopados cuestan 15 dólares aproximadamente y lo vendieron a 85 dólares en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, estamos hablando que tuvieron ganancias de 60 dólares por cada hisopado».

«También les dieron las pruebas Rthda, adivinen a cuánto $6.05 y las vendían a 85 dólares, es decir que se ganaban 79 dólares, el Gobierno les paga 40 millones ellos tienen ganancias en las pruebas Sofía de 60 dólares por hisopado y 79 de las pruebas Rthda, si hablamos de 2 millones de pruebas ellos se han ganado casi 158 millones de dólares, 60 que se han ganado por la prueba Sofía y a dos millones son 120 millones se han ganado 278 millones más los 40 millones de dólares y no pagan impuestos», denunció la diputada, según informó Panamá América.

Zulay Rodríguez retó al director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia y le dijo: «Publio Desgracia como te llamaron ese día quieres la Ley 256 para castigar a los abogados, castigar a los artistas, castigar a las profesiones liberales, y a los artesanos, aaahh, aquí el que se equivoque en la declaración jurada vaya preso, pero esta compañía ha evadido impuestos».

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Panamá

Informe revela el uso de fincas agropecuarias privadas en Panamá como escondite de cargamentos de droga provenientes de Colombia

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Los hallazgos encontrados por los estamentos de seguridad mientras realizaban los trabajos de campo para determinar las rutas del narcotráfico, muestran un punto de coincidencia, la existencia de fincas apartadas que son usadas como caletas o escondites de los cargamentos de droga que provienen de Colombia en lanchas rápidas.

La información es obtenida por estudios de inteligencia preparados por la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y que fueron transcritos en el informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que revela cómo el narcotráfico se ha enquistado en la región este de la provincia de Panamá (corregimientos de Pacora, 24 de Diciembre y San Martin, así como el distrito de Chepo y la provincia de Darién), informó Marlene Testa en La Estrella de Panamá.

El informe fue preparado por la DIJ para la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, ante el acelerado incremento de hechos delictivos de altos impacto (decomisos de droga, homicidios, robos y secuestro) en el sector este de esta región del país, que dieron origen a la ejecución de la operación Damasco que logró desmantelar la mayor organización pandillera en esa área autodenominada con los nombres de HP, Clan Agua o Manzana Cero.

Según el Senafront, la organización objeto del estudio tiene entre sus integrantes “a colaboradores con pleno conocimiento y dominio sobre toda el área costera del Pacífico de la provincia de Darién, distrito de Chepo y Panamá este”.

El Senafront logró identificar a los colaboradores encargados del dominio de estos territorios en donde operan fincas privadas dedicadas a la ganadería y la agricultura. “Sobre la identificación y soporte logístico, se pudo conocer que dicha organización contrata a colaboradores, como alertas tempranas, lancheros y cuidadores de caletas, ya que en su mayoría son residentes en estos sectores y conocen todo el terreno”, agrega el estudio.

El documento de Senafront identifica sectores como San José, Zahina y Mamoní Arriba, en el distrito de Chepo, controlados por alias El Científico y alias Chichi, este último hermano de Robert, líderes de la organización, como los colaboradores del grupo que tiene el control de pandilleros para darle el traslado y custodia de la droga que proviene de comunidades costeras del Caribe y el Pacífico.

Mientras que por parte de la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), en un trabajo de campo a estos sectores, que se complementó con interceptaciones telefónicas, determinaron cómo los líderes de esta organización conocidos con los apodos de alias Robert y alias Frankilito adquirieron fincas muy costosas que han logrado controlar a través de acercamientos con personas que han sufrido hurtos de sus reses.

Según destaca el informe, el Ministerio Público adelantó una investigaciones por el delito contra el patrimonio económico, en su modalidad de hurto pecuario, donde se vinculó a unos siete sujetos, todos relacionados con el nivel operativo del grupo pandillero HP, dirigido por alias Robert y Frankilito.

La investigación se originó tras una denuncia presentada el 30 de marzo de 2019 por una serie de hurtos pecuarios en sectores de Carriazo, Loma Bonita, Río Indio, La Chapa, entre otros.

El informe de inteligencia de la DIJ muestras que en una oportunidad el mismo Robert le indicó a una fuente de colaboración de los estamentos de seguridad que deseaba que le consiguiera una finca. “Están comprando muchas fincas”, fue el dato que la fuente le comunicó a los estamentos de seguridad, que originaron un plan de búsqueda de información que arrojó los lugares deseados, el monto y la extensión de estos terrenos.

Se trataba de fincas “no muy grandes”, como dijo Robert en interceptaciones telefónicas, entre 20 a 25 hectáreas y que estén un poco apartadas, porque desea preferiblemente que sean en el área de Cañita distrito de Chepo y que no tenga muchas casas cerca, aparentemente eran para regalárselas a un tío, para la cría de cerdos.

Fincas que adquirían a costos cercanos al medio millón de dólares y ofrecían entre 15 mil y 17 mil dólares de comisiones a los moradores que servían de intermediarios.

El trabajo de inteligencia del Senan confirmó que la base de la estructura de esta organización objeto del estudio se sostiene con la adquisición de estas fincas en zonas apartadas, porque permite el acceso a tierra firma de la droga que proviene de sectores apartados de Gonzalo Vásquez, Brujas, San Buena Ventura y Chimán, de donde desembarca la droga transportada desde Colombia por medio de lanchas rápidas.

Según el estudio del Senan, son fincas ubicadas en poblados de Tortí y Unión Santeña, los cuales poseen carretera. La gran mayoría de los terrenos poseen títulos de propiedad empeñados a la agricultura, ganadería, entre otros, condición privada que garantiza la seguridad por terceros de las rutas y accesos terrestres. Por lo que ante la necesidad del control de las rutas del narcotráfico implicaría evidentemente un aumento significativo de casos relacionados con la expropiación de muchos de estos terrenos o la oferta hacía propietarios de estos bienes inmuebles. Esto es con el fin de ser utilizados por estas organizaciones criminales, ya sea para esconder los estupefacientes o como fachada para ocultar las actividades ilegales al presentarse como ganaderos o agricultores.

Pero las constantes incautaciones realizadas por las fuerzas de orden afectan directamente las finanzas de las organizaciones criminales establecidas en sectores de Panamá este que se asocian a los eventos de impacto registrados en dicha zona. Se estima que continúen aumentando estos hechos delictivos de alto impacto, mientras sus estructuras sigan siendo afectadas producto de los golpes de las fuerzas de seguridad.

El notable flujo de casos judicializados producto de incautaciones llevadas a cabo por las fuerzas del orden ha permitido la identificación del modus operandi de esta estructura criminal.

Las fuentes de colaboración utilizadas por los estamentos de seguridad aducen que los miembros de esta organización tienen tareas muy bien definidas para estructurar el andamiaje logístico que les permita enviar grandes cantidades de droga a varios países de Centroamérica, México y Estados Unidos.

Se estima que está organización, en colaboración con organizaciones criminales de Colombia, son responsable del envío anual de 36 toneladas de estupefacientes a Estados Unidos.

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