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Panamá

Las escandalosas historias alrededor de Juan Manuel Henríquez, yerno del presidente Laurentino Cortizo

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El FBI le ha puesto cuidado a un posible soborno de magistrados en Panamá y en el radar de su investigación han aparecido el ex-ministro Alberto Vallarino y Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del presidente Laurentino Cortizo.

La agencia policial escarba en las supuestas coimas a la Corte Suprema a cambio del fallo que redefinió el testamento del difunto multimillonario estadounidense Wilson Charles Lucom.

Un reporte de Wren Greaney, investigadora asociada a la organización Consejo de Asuntos Hemisféricos, de Estados Unidos, da cuenta que hace varios meses el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), supo de las ‘actividades fraudulentas’ relacionadas con el testamento del millonario estadounidense Wilson Charles Lucom, y abrió una investigación que podría derivar en la imputación de delitos como conspiración y blanqueo de capitales. En medio han aparecido los nombres de  Alberto Vallarino y Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del presidente Laurentino Cortizo.

De resolverse el caso en esa dirección, se abre la posibilidad de que vuelva a plantearse el destino de la herencia que dejó Lucom, entre otros, la Hacienda Santa Mónica, que él quiso dejar, por testamento, ‘a los niños pobres del país’. Hace algunos años Alberto Vallarino se adueñó de la hacienda y designó a Henríquez Portuondo, un panameño hijo de cubanos, como administrador.

El FBI empezó por investigar la corrupción que hubo en Panamá sobre el caso, luego individualizar la pesquisa para deslindar la responsabilidad que cabe a cada uno de los involucrados.

La agencia policial conoció del expediente debido a que los dueños de la empresa GPI (Grand Panama International), que habían adelantado un acuerdo de pago a Lucom por la tierra en litigio, tienen nacionalidad estadounidense.

Entre las cosas que ha pretendido descubrir el FBI, esta la forma ‘ilícita’ en que se traspasaron las acciones de Hacienda Santa Mónica, y el trato aparentemente abusivo al que fue sometido Richard Leheman, abogado y albacea de Lucom, según se lee en el reporte del consejo.

El documento destaca que en un principio la Corte Suprema de Justicia suspendió a Lehman el acceso a las cuentas de Lucom para defender el testamento de su cliente, obligándolo a utilizar sus propios recursos para sufragar los gastos del proceso.

Hace referencia, además, a la forma en que los terrenos de Santa Mónica llegaron a manos de una fundación de la que no se conocen los tenedores de las acciones. Y sobre el fallo recuerda que fueron los magistrados Oydén Ortega, Alberto Cigarruista y Harley Mitchell quienes de forma unánime tomaron la decisión de entregarle la herencia de Lucom a su viuda, Hilda Piza.

La validación del fallo por los nueve magistrados de la Corte, añade el informe, nunca se registró. También señala que, en 2010, Mitchell se almorzó en privado, al menos una vez, con el abogado de Hilda Piza (esposa de Lucom, entonces dueña de la fortuna y propiedades del fallecido), encuentro que, según algunos testimonios, ‘pudo contribuir a un posible caso de soborno’.

Se estima que, a su muerte, Wilson Lucom tenía una fortuna de aproximadamente $100 millones.

El Testamento

Wilson Lucom heredó parte de su fortuna a los niños pobres de Panamá.

La Sala Civil de la CSJ falló en forma unánime que la heredera de sus bienes sería HIlda Piza, su tercera esposa.

Informes de peritos indican que la firma de Piza pudo haber sido falsificada para que un tercero se apropiara de los bienes.

El extraño culto del yerno del candidato a la presidencia de Panamá Laurentino Cortizo

Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del presidente Laurentino Cortizo, además de pertenecer al círculo de amistades de Alberto Vallarino y estar en la directiva de la Hacienda Santa Mónica, sería reconocido por tener encuentros licenciosos con otros caballeros, donde en sus reuniones desprovistas de pudores, sin la presencia de damas, darían rienda suelta a su imaginación.

Sería un ritual obligatorio para poder formar parte de su especie de logia espartana, con dotes de misoginia, rendir siempre culto a la naturaleza masculina y todo el simbolismo que cuanto a esta haya.

Para saber más de la Hacienda Santa Mónica repasamos este artículo escrito por Wesley W. Hoyt en el diario La Estrella de Panamá el 13 de septiembre de 2015.

Se robaron la Hacienda Santa Mónica
Domingo 13 de septiembre de 2015
Wesley W. Hoyt

Me llamo Wesley W. Hoyt, fui fiscal adjunto de EE.UU. Me reuní personalmente con el Sr. Lucom en más de una ocasión para negociar a nombre de Grand Panama International, Ltd. (‘GPI’), en septiembre de 2005.

La saga de la herencia de Wilson Lucom lleva 10 años. Hay una controversia en cuanto a quién pertenece la Hacienda Santa Mónica, S.A., hacienda patrimonial de Panamá en la provincia de Coclé. Hay un acuerdo de larga data entre el Sr. Lucom y Grand Panama International, Ltd. (‘GPI’, una empresa urbanizadora de bienes raíces) para comprar la hacienda; en 2005 se firmó un contrato que incluyó un depósito.

Es interesante que dos miembros del más alto tribunal acudieran a los medios para argumentar sus posiciones. ¿Será que al fin los alcanza el escándalo para engañar a los niños pobres de Panamá?

Qué arrogancia de estos dos magistrados al decir que a Wilson Charles Lucom no le importaban los niños pobres de Panamá, únicamente por la manera en que malinterpretaron su testamento. ¿Podrían haber obtenido información privilegiada de la Herencia de Hilda Piza Lucom que les permitió malinterpretar el testamento del Sr. Lucom? ¿Podrían haber hablado con uno de los representantes respecto de su decisión de colocar la HSM en la Herencia de Hilda Lucom? ¿No entendieron que el 40 % del impuesto sucesorio de EE.UU. se aplicaba a la herencia de Hilda? ¿Crearon una carga tributaria de $60 millones porque ella era ciudadana estadounidense? Ahora, esta misma semana, nos enteramos que todos los bienes de Hilda fueron trasladados fraudulentamente a una fundación anónima panameña en un intento por eludir los impuestos, posiblemente con documentos antedatados que falsificaron con las firmas de Hilda después de su muerte. ¿Dónde termina la corrupción en el caso Lucom?

Gilberto Arias, hijo de Hilda y abogado panameño, me ayudó a elaborar este contrato. Hizo su aportación, porque quería estar seguro de que ‘se pudiera hacer valer legalmente’. Luego peleó contra el mismo contrato que me ayudó a elaborar. GPI hizo un pago inicial muy grande como depósito en garantía al Sr. Lucom, a tenor de las condiciones del contrato. GPI haría el cierre de la transacción.

Al ayudarme a redactar el contrato y luego impugnarlo, Gilberto Arias básicamente decía: ‘Ustedes, americanos estúpidos, pueden dar un depósito, pero el secreto es que no les permitiremos obtener una ganancia sobre su inversión en Panamá’.

Wilson Charles Lucom no tuvo hijos; adoptó a la hija de su primera esposa, Isabelle Lucom Clark, y ella es su única hija. Ella estaba muy al tanto y habló de la compra de HSM de GPI. Ha firmado una declaración jurada en la cual confirma su conocimiento de la validez de la compra de GPI.

El plan original de GPI incluía $4,5 mil millones en casas, parques, alojamiento con pensiones residenciales, hoteles, condominios, puertos deportivos y otros negocios. De no haber sido interrumpido por la avaricia de la familia-herederos Arias, y su abogado y otros ‘tras bambalinas’, el proyecto de la ‘Ciudad de Marca’ ya estaría terminado, con un impacto enorme para la economía de Panamá.

A cada magistrado de la Corte Suprema le pagaron para que reinterpretara el testamento del Sr. Lucom, y causara que todos sus bienes pasaran a Hilda Arias versus los niños pobres designados. Se verificó mediante un informe de la UAF, la policía financiera de Panamá. Uno de los abogados de la Asamblea de Panamá firmó una declaración jurada autenticando su observación de este informe del ‘rastro de dinero’, con otros testigos.

Hubo un momento en que el apellido Arias se conocía como campeón de la gente del común, pero ya no. Es realmente astuto como la familia Arias se ha beneficiado dos veces, puesto que obtuvieron todo el dinero del Sr. Lucom, cuando le compró la HSM a Hilda hace muchos años, y luego nuevamente obtuvieron mucho más dinero, cuando Hilda y su pandilla se robaron la hacienda de la herencia del Sr. Lucom para poder venderla barato.

¿Realmente quiere Panamá desincentivar la inversión de extranjeros que llegan con una gran esperanza y capital fresco para construir lo que podría ser ganancia para todos?

Vea aquí un artículo de kaosenlared.net que amplía el contexto histórico de este caso.

La hija de “Nito” está casada con Juan Manuel Henríquez Portuondo, quien es socio del empresario Alberto Vallarino, además de tener negocios y ser íntimo amigo de su hijo Diego Vallarino Lewis. Incluso un negocio de piedras preciosas sería manejado por Diego y Henríquez, conocido en el Club Unión y vicepresidente de Hacienda Santa Mónica, un discutido negociado de Vallarino, que ha estado envuelto en disputas legales. Por esto se piensa que con “Nito” de presidente, los negocios de Vallarino serían “intocables”.

Henríquez Portuondo estuvo en Copa Airlines y fue agregado comercial en la Embajada de Panamá en Washington DC.

La sustracción de arena natural en el tinglado de los codiciados terrenos de Juan Hombrón y varias operaciones inmobiliarias sospechosas en Costa del Este confluyen en el nombre del cubano-panameño Juan Manuel Henríquez. Henríquez practica una suerte de soberanía encima de costosas áreas de terreno de Panamá, bajo la ley del más fuerte.

Una exitosa empresaria del campo gastronómico y alimentario, panameña, pero quien realizó estudios superiores en Europa, recordaría muchas anécdotas de cuando estudió bachillerato en el mismo colegio elitista o como otros en Panamá prefieren decir, “yeyesón”, donde cursaba estudios la hija del precandidato presidencial Laurentino Cortizo y su yerno Juan Manuel Henríquez, entonces novios y hoy esposos.

Cuenta que allí, caso o no del yerno, había estudiantes con rencores, complejos y resentimientos, primero por ser pobres en un colegio de ricos y segundo, por ser objeto de burlas sobre su virilidad. El yerno, eslabón entre el “Clan Vallarino” y el precandidato “Nito” Cortizo, debería mucho de su crecimiento social y económico a su suegro. Algunos afirman que Henríquez, en un pleito judicial meses atrás, en el que denunció unas supuestas amenazas, nunca permitió le hicieran una auditoría forense a su teléfono móvil celular que permitiesen constatar su denuncia, despertando muchas dudas que algunos han asociado a dualidades y relaciones extrañas con el “Clan Vallarino” y hasta con alocados encuentros entre hombres en el Hotel Bristol.

La Ley 52/2007, conocida en España como Ley de Memoria Histórica, reconoce la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura. En consecuencia, la citada Ley en su disposición adicional séptima permitía la adquisición por opción de la nacionalidad española de origen a las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Acogiéndose a esta ley, Juan Manuel Henríquez Portuondo y sus hermanos Ricardo y Luis Felipe, de origen cubano, solicitaron tiempo atrás a la embajada de España en Panamá un pasaporte español. Juan Manuel Henríquez, como ya se sabe, es yerno del precandidato presidencial Laurentino «Nito» Cortizo. La solicitud del documento se habría dado con el fin de marcharse de Panamá, en la misma época en la que el expresidente Martín Torrijos se sintió traicionado por «Nito» Cortizo, quien formó parte de su gabinete de ministros.

Abuso de poder

Luego de ser detenido años atrás en un reclusorio policial de manera temporal, un ciudadano extranjero fue trasladado encadenado a eso de las cinco de la tarde por una de las avenidas más transitadas de Ciudad de Panamá e ingresado por la puerta trasera del edificio Avesa y de allí por ascensor al piso de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, quien ya se había marchado y había dejado instrucciones de tomarle declaración.

La fiscalía decidiría si le otorgaba una medida cautelar, que legalmente le correspondía al procesado, pero a la que no accedería de manera gratuita. El denunciante del caso era el comerciante Juan Manuel Henríquez Portuondo, apadrinado por su suegro Laurentino «Nito» Cortizo, precandidato presidencial del partido PRD.

El ambiente era dominado por el supuesto poder de Cortizo y su presunta amistad con el presidente de la Corte José Ayú Prado. Al detenido lo intentaban imputar por extorsión, sin haber recibido ningún bien material y sin haber sido capturado en flagrancia, como lo establecen los principios básicos del derecho. Para ahondar en el tema puede leerse este concepto, naturaleza jurídica y factores objetivos y subjetivos de la extorsión.

Las pruebas presentadas eran supuestas transcripciones de mensajes de texto (SMS), donde le exigían al querellante una presunta suma de dinero, bajo supuestas amenazas contra su integridad familiar. La cantidad que le exigían era al parecer tres veces menor que los ingresos mensuales del acusado.

Los mensajes estaban tal parece alterados y editados y nunca los accionantes pudieron demostrar técnicamente la implicación del acusado. Fueron presentados ante un notario, quien los “auténticó” y aceptados por la fiscalía como prueba, gestión realizada por miembros del bufete Morgan & Morgan. La defensa del procesado aceptó todos los argumentos de los accionantes y se dedicó únicamente a “negociar” la libertad con la Fiscalía y la DIJ, lo cual como ya se dijo, no fue concedida de forma gratuita.

El encausado se quejó de las condiciones de reclusión, traslado y de la situación infrahumana de otros detenidos. Sin embargo, lo que recibió a cambio fueron advertencias de no hablar mucho o continuaría detenido.

Después de tres horas de declaraciones y de intentos por imputarle delitos de extorsión y supuestas amenazas de muerte, bajo un clima sojuzgado por el poder de «Nito» Cortizo, la fiscalía ni siquiera admitió las supuestas amenazas de muerte, pues carecían de pruebas suficientes. La ausencia luego de Henríquez Portuondo de las experticias forenses, pusieron en evidencia que algo más albergaba el móvil del acusante, quizás, como algunos creen, ciertas preferencias de alcoba.

Por el mismo caso fue presentada una denuncia en la CIDH que vinculó a Juan Manuel Henríquez Portuondo con violaciones de derechos humanos, acoso, tráfico de influencias, amedrentamiento y otras situaciones ilícitas.

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Panamá

Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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