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Panamá

Las escandalosas historias alrededor de Juan Manuel Henríquez, yerno del presidente Laurentino Cortizo

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El FBI le ha puesto cuidado a un posible soborno de magistrados en Panamá y en el radar de su investigación han aparecido el ex-ministro Alberto Vallarino y Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del presidente Laurentino Cortizo.

La agencia policial escarba en las supuestas coimas a la Corte Suprema a cambio del fallo que redefinió el testamento del difunto multimillonario estadounidense Wilson Charles Lucom.

Un reporte de Wren Greaney, investigadora asociada a la organización Consejo de Asuntos Hemisféricos, de Estados Unidos, da cuenta que hace varios meses el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), supo de las ‘actividades fraudulentas’ relacionadas con el testamento del millonario estadounidense Wilson Charles Lucom, y abrió una investigación que podría derivar en la imputación de delitos como conspiración y blanqueo de capitales. En medio han aparecido los nombres de  Alberto Vallarino y Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del presidente Laurentino Cortizo.

De resolverse el caso en esa dirección, se abre la posibilidad de que vuelva a plantearse el destino de la herencia que dejó Lucom, entre otros, la Hacienda Santa Mónica, que él quiso dejar, por testamento, ‘a los niños pobres del país’. Hace algunos años Alberto Vallarino se adueñó de la hacienda y designó a Henríquez Portuondo, un panameño hijo de cubanos, como administrador.

El FBI empezó por investigar la corrupción que hubo en Panamá sobre el caso, luego individualizar la pesquisa para deslindar la responsabilidad que cabe a cada uno de los involucrados.

La agencia policial conoció del expediente debido a que los dueños de la empresa GPI (Grand Panama International), que habían adelantado un acuerdo de pago a Lucom por la tierra en litigio, tienen nacionalidad estadounidense.

Entre las cosas que ha pretendido descubrir el FBI, esta la forma ‘ilícita’ en que se traspasaron las acciones de Hacienda Santa Mónica, y el trato aparentemente abusivo al que fue sometido Richard Leheman, abogado y albacea de Lucom, según se lee en el reporte del consejo.

El documento destaca que en un principio la Corte Suprema de Justicia suspendió a Lehman el acceso a las cuentas de Lucom para defender el testamento de su cliente, obligándolo a utilizar sus propios recursos para sufragar los gastos del proceso.

Hace referencia, además, a la forma en que los terrenos de Santa Mónica llegaron a manos de una fundación de la que no se conocen los tenedores de las acciones. Y sobre el fallo recuerda que fueron los magistrados Oydén Ortega, Alberto Cigarruista y Harley Mitchell quienes de forma unánime tomaron la decisión de entregarle la herencia de Lucom a su viuda, Hilda Piza.

La validación del fallo por los nueve magistrados de la Corte, añade el informe, nunca se registró. También señala que, en 2010, Mitchell se almorzó en privado, al menos una vez, con el abogado de Hilda Piza (esposa de Lucom, entonces dueña de la fortuna y propiedades del fallecido), encuentro que, según algunos testimonios, ‘pudo contribuir a un posible caso de soborno’.

Se estima que, a su muerte, Wilson Lucom tenía una fortuna de aproximadamente $100 millones.

El Testamento

Wilson Lucom heredó parte de su fortuna a los niños pobres de Panamá.

La Sala Civil de la CSJ falló en forma unánime que la heredera de sus bienes sería HIlda Piza, su tercera esposa.

Informes de peritos indican que la firma de Piza pudo haber sido falsificada para que un tercero se apropiara de los bienes.

El extraño culto del yerno del candidato a la presidencia de Panamá Laurentino Cortizo

Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del presidente Laurentino Cortizo, además de pertenecer al círculo de amistades de Alberto Vallarino y estar en la directiva de la Hacienda Santa Mónica, sería reconocido por tener encuentros licenciosos con otros caballeros, donde en sus reuniones desprovistas de pudores, sin la presencia de damas, darían rienda suelta a su imaginación.

Sería un ritual obligatorio para poder formar parte de su especie de logia espartana, con dotes de misoginia, rendir siempre culto a la naturaleza masculina y todo el simbolismo que cuanto a esta haya.

Para saber más de la Hacienda Santa Mónica repasamos este artículo escrito por Wesley W. Hoyt en el diario La Estrella de Panamá el 13 de septiembre de 2015.

Se robaron la Hacienda Santa Mónica
Domingo 13 de septiembre de 2015
Wesley W. Hoyt

Me llamo Wesley W. Hoyt, fui fiscal adjunto de EE.UU. Me reuní personalmente con el Sr. Lucom en más de una ocasión para negociar a nombre de Grand Panama International, Ltd. (‘GPI’), en septiembre de 2005.

La saga de la herencia de Wilson Lucom lleva 10 años. Hay una controversia en cuanto a quién pertenece la Hacienda Santa Mónica, S.A., hacienda patrimonial de Panamá en la provincia de Coclé. Hay un acuerdo de larga data entre el Sr. Lucom y Grand Panama International, Ltd. (‘GPI’, una empresa urbanizadora de bienes raíces) para comprar la hacienda; en 2005 se firmó un contrato que incluyó un depósito.

Es interesante que dos miembros del más alto tribunal acudieran a los medios para argumentar sus posiciones. ¿Será que al fin los alcanza el escándalo para engañar a los niños pobres de Panamá?

Qué arrogancia de estos dos magistrados al decir que a Wilson Charles Lucom no le importaban los niños pobres de Panamá, únicamente por la manera en que malinterpretaron su testamento. ¿Podrían haber obtenido información privilegiada de la Herencia de Hilda Piza Lucom que les permitió malinterpretar el testamento del Sr. Lucom? ¿Podrían haber hablado con uno de los representantes respecto de su decisión de colocar la HSM en la Herencia de Hilda Lucom? ¿No entendieron que el 40 % del impuesto sucesorio de EE.UU. se aplicaba a la herencia de Hilda? ¿Crearon una carga tributaria de $60 millones porque ella era ciudadana estadounidense? Ahora, esta misma semana, nos enteramos que todos los bienes de Hilda fueron trasladados fraudulentamente a una fundación anónima panameña en un intento por eludir los impuestos, posiblemente con documentos antedatados que falsificaron con las firmas de Hilda después de su muerte. ¿Dónde termina la corrupción en el caso Lucom?

Gilberto Arias, hijo de Hilda y abogado panameño, me ayudó a elaborar este contrato. Hizo su aportación, porque quería estar seguro de que ‘se pudiera hacer valer legalmente’. Luego peleó contra el mismo contrato que me ayudó a elaborar. GPI hizo un pago inicial muy grande como depósito en garantía al Sr. Lucom, a tenor de las condiciones del contrato. GPI haría el cierre de la transacción.

Al ayudarme a redactar el contrato y luego impugnarlo, Gilberto Arias básicamente decía: ‘Ustedes, americanos estúpidos, pueden dar un depósito, pero el secreto es que no les permitiremos obtener una ganancia sobre su inversión en Panamá’.

Wilson Charles Lucom no tuvo hijos; adoptó a la hija de su primera esposa, Isabelle Lucom Clark, y ella es su única hija. Ella estaba muy al tanto y habló de la compra de HSM de GPI. Ha firmado una declaración jurada en la cual confirma su conocimiento de la validez de la compra de GPI.

El plan original de GPI incluía $4,5 mil millones en casas, parques, alojamiento con pensiones residenciales, hoteles, condominios, puertos deportivos y otros negocios. De no haber sido interrumpido por la avaricia de la familia-herederos Arias, y su abogado y otros ‘tras bambalinas’, el proyecto de la ‘Ciudad de Marca’ ya estaría terminado, con un impacto enorme para la economía de Panamá.

A cada magistrado de la Corte Suprema le pagaron para que reinterpretara el testamento del Sr. Lucom, y causara que todos sus bienes pasaran a Hilda Arias versus los niños pobres designados. Se verificó mediante un informe de la UAF, la policía financiera de Panamá. Uno de los abogados de la Asamblea de Panamá firmó una declaración jurada autenticando su observación de este informe del ‘rastro de dinero’, con otros testigos.

Hubo un momento en que el apellido Arias se conocía como campeón de la gente del común, pero ya no. Es realmente astuto como la familia Arias se ha beneficiado dos veces, puesto que obtuvieron todo el dinero del Sr. Lucom, cuando le compró la HSM a Hilda hace muchos años, y luego nuevamente obtuvieron mucho más dinero, cuando Hilda y su pandilla se robaron la hacienda de la herencia del Sr. Lucom para poder venderla barato.

¿Realmente quiere Panamá desincentivar la inversión de extranjeros que llegan con una gran esperanza y capital fresco para construir lo que podría ser ganancia para todos?

Vea aquí un artículo de kaosenlared.net que amplía el contexto histórico de este caso.

La hija de “Nito” está casada con Juan Manuel Henríquez Portuondo, quien es socio del empresario Alberto Vallarino, además de tener negocios y ser íntimo amigo de su hijo Diego Vallarino Lewis. Incluso un negocio de piedras preciosas sería manejado por Diego y Henríquez, conocido en el Club Unión y vicepresidente de Hacienda Santa Mónica, un discutido negociado de Vallarino, que ha estado envuelto en disputas legales. Por esto se piensa que con “Nito” de presidente, los negocios de Vallarino serían “intocables”.

Henríquez Portuondo estuvo en Copa Airlines y fue agregado comercial en la Embajada de Panamá en Washington DC.

La sustracción de arena natural en el tinglado de los codiciados terrenos de Juan Hombrón y varias operaciones inmobiliarias sospechosas en Costa del Este confluyen en el nombre del cubano-panameño Juan Manuel Henríquez. Henríquez practica una suerte de soberanía encima de costosas áreas de terreno de Panamá, bajo la ley del más fuerte.

Una exitosa empresaria del campo gastronómico y alimentario, panameña, pero quien realizó estudios superiores en Europa, recordaría muchas anécdotas de cuando estudió bachillerato en el mismo colegio elitista o como otros en Panamá prefieren decir, “yeyesón”, donde cursaba estudios la hija del precandidato presidencial Laurentino Cortizo y su yerno Juan Manuel Henríquez, entonces novios y hoy esposos.

Cuenta que allí, caso o no del yerno, había estudiantes con rencores, complejos y resentimientos, primero por ser pobres en un colegio de ricos y segundo, por ser objeto de burlas sobre su virilidad. El yerno, eslabón entre el “Clan Vallarino” y el precandidato “Nito” Cortizo, debería mucho de su crecimiento social y económico a su suegro. Algunos afirman que Henríquez, en un pleito judicial meses atrás, en el que denunció unas supuestas amenazas, nunca permitió le hicieran una auditoría forense a su teléfono móvil celular que permitiesen constatar su denuncia, despertando muchas dudas que algunos han asociado a dualidades y relaciones extrañas con el “Clan Vallarino” y hasta con alocados encuentros entre hombres en el Hotel Bristol.

La Ley 52/2007, conocida en España como Ley de Memoria Histórica, reconoce la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura. En consecuencia, la citada Ley en su disposición adicional séptima permitía la adquisición por opción de la nacionalidad española de origen a las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Acogiéndose a esta ley, Juan Manuel Henríquez Portuondo y sus hermanos Ricardo y Luis Felipe, de origen cubano, solicitaron tiempo atrás a la embajada de España en Panamá un pasaporte español. Juan Manuel Henríquez, como ya se sabe, es yerno del precandidato presidencial Laurentino «Nito» Cortizo. La solicitud del documento se habría dado con el fin de marcharse de Panamá, en la misma época en la que el expresidente Martín Torrijos se sintió traicionado por «Nito» Cortizo, quien formó parte de su gabinete de ministros.

Abuso de poder

Luego de ser detenido años atrás en un reclusorio policial de manera temporal, un ciudadano extranjero fue trasladado encadenado a eso de las cinco de la tarde por una de las avenidas más transitadas de Ciudad de Panamá e ingresado por la puerta trasera del edificio Avesa y de allí por ascensor al piso de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, quien ya se había marchado y había dejado instrucciones de tomarle declaración.

La fiscalía decidiría si le otorgaba una medida cautelar, que legalmente le correspondía al procesado, pero a la que no accedería de manera gratuita. El denunciante del caso era el comerciante Juan Manuel Henríquez Portuondo, apadrinado por su suegro Laurentino «Nito» Cortizo, precandidato presidencial del partido PRD.

El ambiente era dominado por el supuesto poder de Cortizo y su presunta amistad con el presidente de la Corte José Ayú Prado. Al detenido lo intentaban imputar por extorsión, sin haber recibido ningún bien material y sin haber sido capturado en flagrancia, como lo establecen los principios básicos del derecho. Para ahondar en el tema puede leerse este concepto, naturaleza jurídica y factores objetivos y subjetivos de la extorsión.

Las pruebas presentadas eran supuestas transcripciones de mensajes de texto (SMS), donde le exigían al querellante una presunta suma de dinero, bajo supuestas amenazas contra su integridad familiar. La cantidad que le exigían era al parecer tres veces menor que los ingresos mensuales del acusado.

Los mensajes estaban tal parece alterados y editados y nunca los accionantes pudieron demostrar técnicamente la implicación del acusado. Fueron presentados ante un notario, quien los “auténticó” y aceptados por la fiscalía como prueba, gestión realizada por miembros del bufete Morgan & Morgan. La defensa del procesado aceptó todos los argumentos de los accionantes y se dedicó únicamente a “negociar” la libertad con la Fiscalía y la DIJ, lo cual como ya se dijo, no fue concedida de forma gratuita.

El encausado se quejó de las condiciones de reclusión, traslado y de la situación infrahumana de otros detenidos. Sin embargo, lo que recibió a cambio fueron advertencias de no hablar mucho o continuaría detenido.

Después de tres horas de declaraciones y de intentos por imputarle delitos de extorsión y supuestas amenazas de muerte, bajo un clima sojuzgado por el poder de «Nito» Cortizo, la fiscalía ni siquiera admitió las supuestas amenazas de muerte, pues carecían de pruebas suficientes. La ausencia luego de Henríquez Portuondo de las experticias forenses, pusieron en evidencia que algo más albergaba el móvil del acusante, quizás, como algunos creen, ciertas preferencias de alcoba.

Por el mismo caso fue presentada una denuncia en la CIDH que vinculó a Juan Manuel Henríquez Portuondo con violaciones de derechos humanos, acoso, tráfico de influencias, amedrentamiento y otras situaciones ilícitas.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Documentos e imágenes dejan en evidencia las mentiras del representante de Pedregal Elías Cárdenas Jordán para ocultar su culpabilidad en el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choli

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El representante de la Junta Comunal de Pedregal, Elías Cárdenas Jordán, ha intentado deslindarse de su responsabilidad, por la muerte de Rigoberto Ceberiano Santiago Choli, quien perdió la vida tras ser arrollado por Cárdenas el 29 de septiembre de 2019.

En un video, el representante señaló que las autoridades estaban realizando sus investigaciones, culpando del arrollamiento a uno de sus choferes y asegurando que no podía comentar más sobre lo sucedido.

 

Empero, documentos judiciales indican que el responsable del arrollamiento no es otro que el propio Cárdenas Jordán. Uno de los documentos señala:

«…cerca de la Parrillada Adelina, ELÍAS CÁRDENAS JORDÁN, conducía su vehículo marca Toyota, modelo Fortuner, color oscuro, sin matrícula visible, vehículo asignado a la Junta Comunal de Pedregal, cuando atropelló a RIGOBERTO CEBERIANO SANTIAGO CHOLI (Q.E.P.D.), se detiene a pocos metros de lo ocurrido y se retira del lugar, dejando a la víctima tirada en la vía, donde fallece.»

CUARTO: Que la participación que se le atribuye al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
QUINTO: La pena cuya aplicación se solicita es de 90 meses de prisión, para al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 52, 79, 80, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
SEXTO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes, no llegaron a un método alterno de resolución de conflictos,
SÉPTIMO: Que el Abogado Querellante Adimael Franco Cortéz, presentó Acción Resarcitoria a favor de su representada Berta Smith con cédula 1-720-346.
OCTAVO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes no realizaron convenciones probatorias.
NOVENO: Que el Ministerio Público solicita con fundamento en el artículo 108 y 109 del Código Procesal Penal citar al tercero civilmente responsable en esta causa a Juicio Oral, La Regional De Seguros, con oficinas en Boulevard Costa del Este y Avenida La Rotonda, Torre Panamá, piso 13, oficina 1300, responsable de la póliza AUTO-10-29-2101282″.

DÉCIMO PRIMERO: Este Tribunal De Garantía acoge la formulación de acusación en contra del acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal, y los elementos de prueba de cada uno de ellos tanto del Ministerio Público, Querellante, como la defensa particular han argumentado en audiencia. Además, se remite a disposición del Tribunal de Juicio Oral de la Ciudad de Panamá del Primer Distrito Judicial, Primer Circuito Judicial de Panamá al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859.
Remítase la presente resolución al TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL competente, fijando como fecha de audiencia para el día Miércoles 17 de Abril del 2024, a las 2:00 P.M. Sala número 1.

 

Otros documentos del caso dejan en evidencia cómo Elías Cárdenas Jordán contrató a una persona para que fingiera que la camioneta en la que arrolló a Rigoberto Santiago Choli le había sido robada a la junta comunal de Pedregal.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez encaró al ministro Arístides Royo sobre la mala utilización de recursos del Canal de Panamá

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Ante la comparecencia del ministro para Asuntos del Canal de Panamá, Arístides Royo, en el pleno del parlamento panameño, la diputada Zulay Rodríguez señaló que si el Canal de Panamá se hubiera manejado de una manera más eficiente, hubiera podido generar mayores ingresos, de no haber sido por sobreprecios en las adquisiciones realizadas por el organismo.

La diputada denunció que el exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, encargó a un astillero español la construcción de unas lanchas a un costo de $ 3 millones, aunque en Panamá las mismas embarcaciones tenían un precio de $ 700.000. La asambleísta también señaló que Quijano adquirió remolcadores inservibles, por más de $100 millones. La diputada también denunció la contratación de asesores externos por más de $ 14 millones, aún cuando las autoridades del Canal cuentan con asesores internos.

Otra de las denuncias de la diputada fue sobre la desatención que padecen los trabajadores del Canal de Panamá, muchos de los cuales han fallecido, sin contar con una pensión o ayuda, mientras que otros llevan más de 15 años de servicio sin que les otorguen la permanencia.

Por otra parte, Rodríguez acusó a las autoridades del Canal de protegerse mutuamente para encubrir las irregularidades administrativas. Dijo que algunos de ellos se han salvado de ser removidos, gracias a que varios gobiernos les deben sus campañas políticas con las donaciones. Según la diputada, la mayoría de las autoridades del Canal no representan al pueblo panameño. Acusó además a los funcionarios de tener un territorio dentro de otro territorio y de haber convertido al Canal en un país dentro de otro país.

 
 
 

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Panamá

Grupo de venezolanos fue retenido por autoridades migratorias de Panamá tras presentar pasaportes con falsos visados de la Unión Europea

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Un grupo de 11 ciudadanos venezolanos, entre ellos, cuatro menores de edad, fueron retenidos por inspectores del Servicio Nacional de Migración, al comprobarse que portaban pasaportes con visados Schengen fraudulentos. Tras realizar la consulta respectiva con el enlace de la Unión Europea, quien a través de su sistema de verificación, confirmó que las visas no aparecen en sus registros.

Un boletín de prensa de Migración señaló que las personas arribaron a Panamá, procedentes de Caracas, Venezuela, en conexión hacia México, cuando los inspectores detectaron anomalías en sus visados. Fueron remitidas para la realización del trámite correspondiente, informó La Verdad Panamá.

 
 
 

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