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Panamá

La razón por la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la justicia panameña investigar 16 cuentas bancarias de los Súper 99 del expresidente Ricardo Martinelli

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El 19 de marzo de 2018, el subdirector de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, División Criminal, William Ho-Gonzalez, envió una carta a su homólogo panameño, José Antonio Candanedo, fiscal superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación. La carta era una petición de asistencia por el caso Odebrecht, que involucraba, entre otras, a la principal empresa del grupo Martinelli: Importadora Ricamar, S.A. (Irisa).

Ho-Gonzalez describió sumariamente las operaciones de lavado de dinero de Odebrecht a favor de funcionarios corruptos en varios países de América Latina.

Por ejemplo, el fiscal estadounidense citó el caso de un fallo del Tribunal 13 del Distrito Federal Penal de Curitiba (Brasil) –fechado el 8 de marzo de 2016– que hacía referencia a cuentas bancarias que usó Odebrecht en varios países, como Panamá. “Esta sentencia identificaba una cuenta a nombre de Constructora Internacional del Sur, mantenida en Cridicorp Bank, en Panamá”, indica la solicitud, sociedad esta que, junto con Select Engineering Consulting Services y varias sociedades más, transfirió al extranjero y localmente –desde ese banco– centenares de millones de dólares en sobornos.

Un dato relevante en esta solicitud es que el DOJ revela que obtuvo copia del software Drousys, una herramienta que pocos países manejan. Drousys era el sistema encriptado de comunicaciones de Odebrecht para mover el dinero sucio –a través de sus operadores financieros– a los funcionarios corruptos del continente, reveló Rolando Rodríguez en La Prensa.

Es decir, el DOJ está en posesión del software que almacenaba las planillas diarias de pagos corruptos de Odebrecht, manejado por la División de Operaciones Estructuradas o departamento de coimas de Odebrecht.

Sin embargo, estas planillas, aunque indican el monto de los sobornos que se pagaban a diario, los proyectos de donde procedían los fondos y el destino de estos, solo mencionan a los beneficiarios por sus apodos. En el caso de Panamá: Águia, Explorer, Cachaça, Periquitas, etc.

El fiscal Ho-Gonzalez –sin relación con Carlos Ho González, el exdirector de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas, condenado a 72 meses de prisión en Panamá por el caso local de Odebrecht– indicó que obtuvieron del Drousys los nombres de 52 entidades (sociedades) con sede en Panamá y “en relación con las actividades ilícitas de la División de Operaciones Estructuradas” y que habrían tenido cuentas en, al menos, 27 bancos locales y extranjeros con licencia para llevar a cabo sus actividades en el país.

Esta solicitud a Panamá buscaba “rastrear los pagos por soborno y las ganancias enviadas y recibidas en estas cuentas”.

Los fiscales estadounidenses investigaban 14 modalidades de delitos, entre ellos, delincuencia organizada y conspiración de delincuencia organizada; viaje o transporte interestatal y extranjero en apoyo de actividad de la delincuencia organizada; violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero relacionadas con delitos como corrupción en general y de contabilidad en particular; violaciones con conocimiento en declaraciones que resulten falsas y engañosas; fraudes por correo, electrónico, bancario, de valores y materias primas, lavado de activos y participación en transacciones monetarias con bienes derivados de actividades ilícitas, conspiración, etc.

En su carta, el DOJ pidió a Panamá “copias certificadas completas de cualesquier y todos los registros corporativos, incluyendo, artículos de constitución, solicitudes corporativas y todas las licencias y autorizaciones para realizar comercio en Panamá”, de una lista de al menos 50 sociedades, varias de las cuales están mencionadas en la vista fiscal del caso Odebrecht en Panamá.

Además, los estadounidenses pidieron al Ministerio Público de Panamá los registros bancarios de 47 sociedades con cuentas en 25 bancos locales y extranjeros establecidos en el país.

La mayoría de estos bancos tenía entre una y dos cuentas, aunque otros desarrollaron relaciones mucho más profundas. En algunos casos, estas sociedades contaban con por lo menos una cuenta bancaria en la misma entidad financiera.

Por ejemplo, de las más de 65 cuentas bancarias mencionadas para investigar por la solicitud de cooperación del DOJ, el Credicorp Bank tenía, al menos, 21 cuentas bancarias de sociedades, casi todas controladas por Odebrecht. Le seguía, aunque de lejos, Global Bank, con 7 cuentas, y Bancolombia (Panamá), Multibank y Scotia Bank, con 4 cuentas cada uno. El resto tenía en su mayoría 1 o 2 cuentas y en algunos casos hasta 3 cuentas bancarias.

Varias de esas sociedades investigadas por el DOJ guardan relación con empresas pertenecientes a la familia del expresidente Ricardo Martinelli, incluida la más importante del grupo de Empresas Martinelli: Importadora Ricamar, S.A. (Irisa), que es la razón social de los Súper 99.

El fiscal Ho-Gonzalez pidió al MP la investigación de 16 cuentas bancarias de Irisa en 9 bancos, a saber: Bac International Bank (2); Banco Aliado (1); Banco General (1); Banco Nacional de Panamá (2); Banco Panamá (2); Banistmo (1); Bank of Nova Scotia (1); Global Bank (2); Scotia Bank-“transformándose” (4).

En consecuencia, siendo una de las más grandes empresas, Irisa era la que tenía el mayor número de cuentas bancarias que pidió investigar el DOJ.

Se ha conocido que, de todos los bancos mencionados en los que Irisa tenía cuentas, actualmente solo está con uno: Bac Internacional Bank. Irisa, además, es objeto de una auditoría forense de parte de la Dirección General de Ingresos (DGI), que en mayo pasado recibió una alerta de inteligencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre presuntas actividades de parte de esta empresa dirigidas a la evasión fiscal.

La Prensa tuvo acceso a este documento –con fecha de mayo de 2022– en el que el FBI informó a las autoridades locales de un posible delito de “evasión fiscal”. Esa carta describe operaciones a través de las cuales la familia del expresidente Martinelli, incluidos su esposa e hijos, se beneficiarían de arreglos financieros “irregulares”, a través de Irisa.

Un mes después de la carta del FBI –el 28 de junio pasado– la DGI comenzó su investigación forense, de acuerdo con una nota que envió la institución a Irisa y que divulgó el vocero de Martinelli, Luis Eduardo Camacho.

Sin embargo, la reacción de Martinelli al informe de inteligencia del FBI fue demeritarla. Dijo que él no creía que el FBI estuviera interesado en sus actividades empresariales y fiscales, a lo que el FBI respondió que, “si bien no podemos comentar sobre este documento específico, el FBI rutinariamente comparte información con sus socios extranjeros de aplicación de la ley para apoyar sus propias investigaciones”.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

¿Se dedican verdaderamente en la Policía Nacional de Panamá a «proteger y servir» al pueblo panameño?

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Por Edmundo Dante Dolphy

Proteger y Servir es un eslogan atractivo, desde el punto de vista de mercadeo vende y sugiere que nuestros uniformados del Jardín de Los Olivos cumplen a cabalidad con el mandato constitucional al que están llamados como servidores públicos.

Lo que dudamos es de que la tropa esté motivada a servir y proteger, cuando observan que el eslogan lo aplican para protegerse entre subcomisionados y comisionados preñados de privilegios, entre ellos, las jubilaciones especiales de casi 7 mil dólares y ni hablar de los jefes de zonas.

¿Será que el pie de fuerza que representa a la tropa está desmotivada por la injusticia en el tema de la ley de los ascensos? Cuando le corresponde a la tropa -entiéndase de agente a teniente- ascender a capitán tienen que hacer 5 años con el despropósito de que la gran mayoría no llegue a ese rango ya que no les da el tiempo y se jubilan inexorablemente con las dos barras. Solo a los oficiales de carrera les dan los tiempos para llegar a comisionados.

En contravía que ustedes creen, los intocables subcomisionados y comisionados, estos últimos con salarios de 6 mil 550 dólares, se jubilan pero no firman la resolución después de 6,7 y 8 meses para continuar disfrutando de los gastos de representación. Esto casi raya en una figura de peculado.

¿Puede una tropa estar motivada para salir a combatir al hampa, sin la provisión de uniformes, zapatos y equipos que por años no reciben? Hay unidades que se ven obligadas a comprar sus calzados de sus salarios. ¿Puede una tropa salir a reprimir la delincuencia sin una comida saludable, que reúna los nutrientes necesarios? Bueno, el director de la Policía Nacional nos aseguró que los alimentos que reciben los que están de turno, es de calidad, incluso, tenemos hasta el menú; sin embargo, unidades insisten en calificar de mentiras lo planteado por su Director General.

Veamos lo que sucede en el reino de los Jefes de Zona, que, según varias unidades comprometidas con la institución y la transparencia que debiera prevalecer en este estamento de seguridad, reciben incentivos de hasta mil 500 dólares mensualmente, cuando la estadística de delitos en su área de competencia no registre incrementos en comparación con el mes anterior. Pero, ¿porqué ese incentivo no se extiende a los agentes, cabos, sargentos, subtenientes y tenientes que salen diariamente a poner el pecho contra una delincuencia feroz y muy bien armada y que dicho sea de paso, le ha dado de baja a una cantidad importante de policías?

Es frustrante para la sociedad conocer estas verdades amargas de una institución noble, en la que la mayoría de sus componentes está comprometida con la patria, con la defensa de los derechos humanos y de la seguridad de todos los ciudadanos.

Desafortunadamente, los índices de delincuencia en el país nos mantienen en un permanente estado de indefensión del cual no saldremos hasta que se corrijan las inequidades descritas y denunciadas por policías que podemos interpretar como el “Gold roll” y el Silver roll”.

Artículo original publicado en La Verdad Panamá

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

El impasse entre los gobiernos de Colombia y Panamá en la elección del nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud que agrió las relaciones diplomáticas entre ambos países

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Las relaciones diplomáticas entre Panamá y Colombia no atraviesan su mejor momento y últimamente han estado signadas por las tensiones y el malestar, luego que Panamá le ofreciera a Colombia apoyar a su candidato para dirigir la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Colombia confiaba en que su candidato podía alzarse en la elección, al lograr la mayoría de los votos, pero finalmente el apoyo no fue tal.

El candidato colombiano quedó sin la posibilidad de dirigir la OPS, a pesar del esfuerzo de la diplomacia del Gobierno de Gustavo Petro, qué no terminó siendo respaldado por el Gobierno de su homólogo panameño, Laurentino Cortizo, toda vez que Panamá decidió apoyar al candidato de México.

La propuesta de un posible acuerdo consistía en que, a su vez, Colombia respaldaría al candidato de Panamá para el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, algunos entendidos afirman que, cuando a lo interno del Gobierno de Cortizo se percataron que contaban con los votos necesarios, sin el apoyo colombiano, decidieron desconocer cualquier acuerdo previo con Colombia, votando así por el candidato mexicano.

La elección del nuevo director tuvo lugar por votación secreta durante la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana, que se celebró entre el pasado 26 y 30 de septiembre. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el organismo especializado de salud del sistema interamericano, encabezado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y también está afiliada a la Organización Mundial de la Salud. El candidato elegido, el pasado 28 de septiembre, fue el doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., representante de Brasil.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Documentos e imágenes dejan en evidencia las mentiras del representante de Pedregal Elías Cárdenas Jordán para ocultar su culpabilidad en el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choli

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El representante de la Junta Comunal de Pedregal, Elías Cárdenas Jordán, ha intentado deslindarse de su responsabilidad, por la muerte de Rigoberto Ceberiano Santiago Choli, quien perdió la vida tras ser arrollado por Cárdenas el 29 de septiembre de 2019.

En un video, el representante señaló que las autoridades estaban realizando sus investigaciones, culpando del arrollamiento a uno de sus choferes y asegurando que no podía comentar más sobre lo sucedido.

 

Empero, documentos judiciales indican que el responsable del arrollamiento no es otro que el propio Cárdenas Jordán. Uno de los documentos señala:

«…cerca de la Parrillada Adelina, ELÍAS CÁRDENAS JORDÁN, conducía su vehículo marca Toyota, modelo Fortuner, color oscuro, sin matrícula visible, vehículo asignado a la Junta Comunal de Pedregal, cuando atropelló a RIGOBERTO CEBERIANO SANTIAGO CHOLI (Q.E.P.D.), se detiene a pocos metros de lo ocurrido y se retira del lugar, dejando a la víctima tirada en la vía, donde fallece.»

CUARTO: Que la participación que se le atribuye al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
QUINTO: La pena cuya aplicación se solicita es de 90 meses de prisión, para al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 52, 79, 80, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
SEXTO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes, no llegaron a un método alterno de resolución de conflictos,
SÉPTIMO: Que el Abogado Querellante Adimael Franco Cortéz, presentó Acción Resarcitoria a favor de su representada Berta Smith con cédula 1-720-346.
OCTAVO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes no realizaron convenciones probatorias.
NOVENO: Que el Ministerio Público solicita con fundamento en el artículo 108 y 109 del Código Procesal Penal citar al tercero civilmente responsable en esta causa a Juicio Oral, La Regional De Seguros, con oficinas en Boulevard Costa del Este y Avenida La Rotonda, Torre Panamá, piso 13, oficina 1300, responsable de la póliza AUTO-10-29-2101282″.

DÉCIMO PRIMERO: Este Tribunal De Garantía acoge la formulación de acusación en contra del acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal, y los elementos de prueba de cada uno de ellos tanto del Ministerio Público, Querellante, como la defensa particular han argumentado en audiencia. Además, se remite a disposición del Tribunal de Juicio Oral de la Ciudad de Panamá del Primer Distrito Judicial, Primer Circuito Judicial de Panamá al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859.
Remítase la presente resolución al TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL competente, fijando como fecha de audiencia para el día Miércoles 17 de Abril del 2024, a las 2:00 P.M. Sala número 1.

 

Otros documentos del caso dejan en evidencia cómo Elías Cárdenas Jordán contrató a una persona para que fingiera que la camioneta en la que arrolló a Rigoberto Santiago Choli le había sido robada a la junta comunal de Pedregal.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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