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Panamá

La pobreza, la delincuencia y la desigualdad se apoderan de Colón

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Colón, una ciudad panameña situada en uno de los extremos del canal, es un ejemplo tan triste como ilustrativo de cómo un sistema económico al servicio de unos pocos puede devastar una comunidad que parece tener todos los ases de la prosperidad bajo la manga. En medio de un paisaje urbano degradado, lo único que parece prosperar es la desigualdad, la pobreza y el crimen organizado, en el que muchos jóvenes ven acaso el modo de arañar algo de esa riqueza que pasa de largo sin siquiera rozarlos.

La grieta de la desigualdad, que ensancha cada vez más las diferencias entre ricos y pobres, está presente en distintas proporciones en la mayoría de los países del mundo. Panamá es uno de los tres países con mayor desigualdad de América Latina y Colón es una de sus provincias con más pobreza, que puede llegar hasta un 97 % en alguno de sus barrios o corregimientos, según el Gabinete Social del Gobierno nacional, según un reportaje de la agencia rusa RT.

La ciudad de Colón es una de las más importantes de Panamá. A nivel histórico, económico y comercial, aporta muchísimo para el desarrollo del país. Sin embargo, su población tiene salarios muy bajos, que apenas les alcanza para sobrevivir; a lo que se une el desempleo y, consecuentemente, delincuencia.

Sociólogos y economistas encuentran un punto de inflexión histórico que desemboca en la situación actual: la invasión estadounidense de 1989. «La invasión rompe un esquema institucional, se desarticula social y políticamente el país, quiebra todo el referente cultural valórico que existía, e instaura un régimen bajo una violencia extrema. Y esta violencia extrema llega de manera agobiante a los sectores populares, tanto en Panamá como en Colón», comenta el sociólogo Enoch Mayorga.

Otra de las consecuencias de la invasión fue la gran cantidad de armas que quedaron dispersas, mayormente en Colón, y en la ciudad de Panamá también, un factor que puede hallarse en el origen de la violencia que predomina en esa zona. Según datos del Ministerio Público nacional, desde enero hasta abril de 2021 en Colón hubo 48 homicidios, un 60 % más que en el mismo periodo de 2020.

En Panamá, como en muchos otros países, el Estado casi no se ocupa integralmente de estos jóvenes para sacarlos de la delincuencia y reinsertarlos en la sociedad. Se limitan a meterlos en la cárcel. Pero el momento difícil llega cuando salen de la cárcel, porque el trabajo escasea, no solo para los expresidiarios, sino también para el pueblo colonense en general.

El problema es más complejo, ya que la delincuencia, la violencia, el desempleo y los salarios bajos son la consecuencia de un modelo económico concentrador y excluyente que afecta particularmente a Colón, pero también a todo el país, según diferentes especialistas.

Iván Berrio, guía del canal de Panamá, subraya que cada año fiscal la ganancia neta del canal supera a la anterior. El año pasado el canal reportó más de 1.800 millones de dólares de ganancias netas. «Pero lo curioso es que nadie sabe cuánto destina el Estado panameño a la Provincia de Colón de lo recaudado gracias al Canal. No hay transparencia en este punto; lo que genera reclamos del pueblo colonense e incluso habilita a que políticos locales presenten proyectos de ley que pretenden que el dinero que se genera en Colón se quede ahí», explica Berrio.

Además, en Colón está la Zona Libre donde se compra y se vende al por mayor a nivel mundial. Empresas de todos lados se establecen allí para venderles a los países de Centroamérica, las islas del Caribe y América del Sur; salvo Argentina y Brasil, que tienden a ser proveedores de mercancía para abastecer otros mercados. Lo mismo ocurre con México. La cantidad de dinero que se manejó ahí, solo en 2020, fue cercana a los 17.000 millones de dólares.

Las personas que trabajan aquí, entre empleos directos e indirectos, es de, aproximadamente, 25.000. La mayoría de ellos, casi el 90 %, son colonenses. Se puede decir que la Zona Libre es el sector que más le retribuye a Colón, ya que no solo genera empleo, sino que también aporta beneficios a la población de diferentes maneras.

Sin embargo, la Zona Libre, como todo proyecto comercial capitalista y liberal, no tiene límites en sus deseos de expandirse, y es ahí donde la gente de Colon puede verse afectada. El economista Juan Jovane explica que en Colón sacan a la gente de las casas. «Y no sólo sacan a la gente de las casas, para que otra gente no se meta, le ponen bloque a las puertas y le tumban el techo», denuncia.

«La ley que hace este tipo de cosas en Colón dice que si yo tengo una casa en Colón, y no la adecuo al plan ese que ellos quieren hacer, prácticamente la pierdo. Estoy obligado a venderla, por lo que sea, después de cierto tiempo», comenta Jovane.

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Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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