El libro Luis Almagro no pide perdón, de los periodistas uruguayos Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira, hace una aproximación a la historia del conflicto venezolano contemporáneo desde el trasescena de las movidas diplomáticas. A continuación, hubo de los fragmentos más llamativos de este texto, que hace referencia a la deportación de colombianos desde Venezuela.

El 19 de agosto de 2015 el presidente venezolanos Nicolás Maduro ordenó el estado de excepción en el estado de Táchira y el cierre de un tramo de los 2.219 kilómetros de frontera que comparte con Colombia, con el argumento de combatir el contrabando y en respuesta a las supuestas acciones de paramilitares.

La jugada incluía fundamentalmente la deportación de 20 mil colombianos, que en cuarenta y ocho horas se movilizaron hacia la frontera. Seis días después de la decisión de Maduro, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, escuchó en Bogotá la preocupación del presidente Juan Manuel Santos y abogó por el «diálogo directo» entre las partes para resolver el tema e insistió con la importancia de una misión de observación electoral. Maduro contestó de nuevo con una negativa: «La OEA debe morir en paz y ojalá Almagro sea el sepulturero», dijo el mandatario venezolano.

Bastó solo un llamado de la canciller colombiana María Ángela Holguín a Almagro para que pudieran agendar un encuentro hemisférico de alto nivel en Washington, y convocaron a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, para decidir sobre la convocatoria a una reunión de cancilleres con el objetivo de abordar la crisis fronteriza. La intención del presidente Santos también era que una misión de la OEA fuera a Cúcuta para conocer la situación en el terreno.

Por primera vez en mucho tiempo la diplomacia hemisférica se empezaba a mover para un voto que se anunciaba dividido. Holguín hizo contactos en toda la región para obtener los 18 apoyos necesarios para que se aprobara la resolución. Pero Caracas aún era muy influyente en el organismo y daría la batalla diplomática.

Cuando habló con el Cancillería de México, Holguín se enteró de que Maduro estaba llamando al presidente Enrique Peña Nieto y calculó que lo estaría haciendo con el resto de la región. El secretario general y la canciller se pasaron todo ese 31 de agosto, día de la reunión, chateando. Holguín quería estar segura de que contaba con los 18 votos, porque de no ser así, no sometería la resolución a votación. Cuando contabilizaban les daban la cantidad de apoyos imprescindibles, lo cual era una situación riesgosa, habida cuenta de los movimientos que estaba haciendo el presidente venezolano.

«Alguien se va a correr», escribía ella por WhatsApp. Volvieron a chequear y sumaron 18. «Luis, nos lanzamos a la votación», escribió Holguín. Su embajador en la OEA, Andrés González y el propio Almagro estuvieron de acuerdo. Pero la intuición de la ministra colombiana estaba acertada. Faltando tres minutos para la votación, Holguín recibió una llamada de la canciller panameña, Isabel de Saint Malo de Alvarado, y le advirtió que Maduro había telefoneado al presidente Juan Carlos Varela (Panamá), con el ofrecimiento de saldar la deuda que mantenían con Copa Airlines a cambio del voto.

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