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La historia de Radio Panamá que une a Prisa de España con testaferros, violación de derechos laborales y evasión de impuestos en “Congolandia”

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Laentrevista dada por el hasta hace poco director de Servicios Informativos de Radio Panamá al diario La Prensa, el pasado 12 de julio, es sumamente reveladora, no solo por lo ocurrido en esa empresa radial, propiedad del grupo español Prisa, sino también porque ofrece datos de cómo se manejan las cosas en los medios de comunicación y en otros negocios en Panamá.

Un poquito de historia

Tras la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, en medio de un país ocupado por las tropas yanquis, el integrante del triunvirato juramentado en la base militar norteamericana de Clayton, Ricardo Arias Calderón, presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), asumió el Ministerio de Gobierno de Justicia y, con ello, el control de la dirección nacional de medios de comunicación social.

Durante su gestión, ocurrieron cosas interesantes e inexplicables. Por ejemplo, cómo Cable Onda pasó a ser propiedad de la Iglesia católica y, años después, llegó a manos privadas para ser finalmente vendida en 2018 a Millicon por los “pobrecitos” Motta, Eleta y González Revilla, sus propietarios, por casi 1,500 millones de dólares, es decir por 1,450 millones más por los que Medcom pagó por Cable Onda a la iglesia católica (32 millones), y quedándose además con el 20 % de las acciones. Millicon es la misma empresa con la que Cortizo se reunió en su actual periplo por Texas. Es decir, lo que es un negocio para Millicom también lo es para los propietarios del 20% de las acciones (Motta, Eleta, González Revilla).

Ver: “La historia de Cable Onda” publicada por FRENADESO en Kaos en la Red.

Se creo la Fundación FETV, cuyo objetivo era la difusión de la fe católica. Entre sus propiedades estaban la televisión por cable (Cable Onda) y Canal 5.

Según Ricardo Arias Calderón:

“Como al segundo mes de instalado el Gobierno democrático después de la dictadura, se presentaron a la oficina del director de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno y Justicia, Edwin Cabrera, tres personalidades eclesiásticas ―Mons. McGrath, Mons. Emiliani y el padre Crestar Durán― para solicitar algunas frecuencias de radio que le permitieran a la Iglesia cubrir todo el territorio nacional, pues entonces sólo tenía Radio Hogar, fundada en 1954, y Radio Veraguas, fundada en 1969. El director les dijo que tendría que consultar con el ministro de Gobierno y Justicia, pero que, conociendo su pensamiento, él estaba seguro que sería cuestión de que se formalizara la solicitud y se considerarán los aspectos técnicos”.

“Ese mismo día, en un evento al que asistimos los dos, el director me informó en mi calidad de ministro del ramo de la solicitud y me preguntó si a la Iglesia no le interesaría más bien el canal 5 de televisión. En efecto, en el Ministerio habíamos encontrado que, bajo la dictadura, dicho canal había cambiado de presuntos propietarios según los militares cambiaban de presunto presidente, de manera que su condición legal era harto dudosa. Además, los presuntos propietarios le debían al Estado, en concreto a COFINA, una suma considerable y no habían abonado nada en mucho tiempo”.

“Sin embargo, a los pocos días, Mons. McGrath me comunicó que la Iglesia no estaba en condiciones de cubrir los costos de comprarle el equipo a sus dueños, pagar las prestaciones laborales acumuladas y cubrir los costos iniciales de operación. El Ministerio dio entonces un paso más. Le ofreció a la fundación por crearse la concesión de Cable Onda, que producía un importante ingreso, pero cuya situación legal y financiera era análoga a la de TV5. Con ello se completó la creación de la única televisora en el país que no era ni comercial ni política”.

La “venta” de Cable Onda

En 1996, FeTV le vende a MEDCOM Cable Onda por 32 millones de dólares. Según Arias Calderón: “Cuando la fundación responsable por FeTV decidió vender el negocio de Cable Onda para constituir un fideicomiso que le permitiera concentrar toda su atención en la televisora, obtuvo B/32,000,000. Con ello pagó deudas y obligaciones y pudo constituir fideicomiso de unos 24 millones de balboas”.

Con una inversión de 6.3 millones, se construyó lo que se dijo que eran las instalaciones de TV católica más grande de Centroamérica, al lado de la USMA, en Tumba Muerto.

En 2009, se firma un acuerdo entre Medcom (González Revilla-Eleta) y FeTV Canal 5, en la cual TVN y la Corporación Medcom financiarían las operaciones de FeTV Canal 5. Como parte de ese acuerdo, TVN (Motta) se muda a las instalaciones de FeTV. Se dice que por ello TVN pagó 5 millones.

Antes, en 2002, Telecarrier Inc., presidida por Stanley Motta, adquirió la totalidad de las acciones de Cable Data, negocio de procesamiento de datos de la empresa Cable Onda S. A.

También en ese periodo ocurrió otro hecho: TVN, representada por un testaferro de los militares, Carlos Duque, su candidato presidencial y del PRD en las elecciones de 1989, pasó a manos de Stanley Motta y su grupo, entre ellos, Jaime “Jimmy” Arias Calderón, hermano de Ricardo Arias Calderón y, a su vez, ambos hermanastros de Gabriel Lewis Galindo (PRD), el poder real y la persona que tenía los contactos en Washington que propiciaron la invasión del 20 de diciembre.
PDC y los medios
Arias Calderón organizó un grupo de partidarios para tomarse las televisoras, las radios y La Prensa (en esta última tuvo un fuerte enfrentamiento con el evasor de Coronado, Roberto “Bobby” Eisenmann).

Ese grupo estuvo conformado, entre otros, por Milton Henríquez, Carlos Arellano Lenox, Guillermo Cochez, Edwin Cabrera, Danilo Toro y el yerno de Ricardo Arias Calderón y de la furibunda anticubana Teresita de Arias, Temi de Obaldía, quien llegó a ser vicepresidente de Asuntos Informativos de TVN, y fue reemplazado posteriormente por Sabrina Bacal. Ninguno era periodista, pero ingresaron a los medios como comentaristas o analistas políticos.

Ya hemos hablado de la relación de Arias Calderón con TVN, pero también tenía vínculos con MEDCOM. Recordemos que el candidato del PDC en 1968 fue Antonio González Revilla, pariente de los González Revilla, unos de los principales accionistas de MEDCOM, quienes, al igual que los Lewis Galindo y los Eleta, estuvieron ligados a la dictadura militar. Los González Revilla también son primos hermanos del cazador de leopardos y elefantes, Ernesto Pérez Balladares González Revilla.

Las crisis internas del PDC (Partido Popular) reducido hoy a un partido bisagra, desintegró a este grupo. Algunos volvieron a sus faenas propias y otros se mantienen en los medios de manera individual como es el caso de Edwin Cabrera, quien fue director nacional de Medios de Comunicación con Ricardo Arias Calderón y luego secretario general de la Asamblea Legislativa. En ese último cargo llegó a Radio Panamá con un contrato de servicios profesionales que, increíblemente, perduró por 21 años.

La entrevista

De acuerdo a Edwin Cabrera, él llega a Radio Panamá de mano de Boli Bárcenas, el publicista de Ernesto Pérez Balladares, quien había (le dijo) conseguido varias frecuencias de radio y se asocia a Radio Caracol de Colombia. Es decir, el publicista logra las frecuencias del Estado gracias a esa relación con aquel Gobierno del hoy que posa con animales en peligro de extinción que ha cazado. ¿Cuánto pagó por Bárcenas por esas frecuencias?

Cabrera entra así a ser analista político, estando como director de noticias Hugo Famanía, que fue sustituido por Lucy Molinar, de TVN, aparentemente debido a los percances personales que tuvo el primero en esa época. Al llegar Ricardo Martinelli a la Presidencia, Lucy Molinar es nombrada ministra de Educación, y Edwin Cabrera pasa a ser director de Servicios Informativos. El grupo Prisa (diario El País, Cadena Ser de España, etc.) compra Radio Caracol, y Cabrera se mantiene en el puesto todavía con un contrato de servicios profesionales.

Cabrera mismo indica que, en una ocasión, se le propuso incorporarlo a la planilla, pero él rechazó la oferta, pues las deducciones de impuestos lo pondrían por debajo del salario que devengaba por servicios profesionales y “lo menos que quería era fastidiar a la empresa”.

Edwin Cabrera era un empleado de confianza. En Radio Panamá no existían sindicatos. Ocurre como en otros medios donde tampoco hay convenciones colectivas de trabajo. Muchos periodistas quedan desamparados. Algunos responden a los intereses de los dueños. No se sienten trabajadores. Se dicen “colaboradores”.

Es obvio que, con Edwin Cabrera, estamos en orillas opuestas. Muchas veces hemos polemizado ideológica y políticamente. Pero también es cierto que, en medio del brutal cerco informativo de los medios, abría alguna que otra ventana. Sin dejar de ser su programa y de su acompañante ―también con contrato de servicios profesionales― una tribuna de ataques contra las organizaciones populares y sus luchas. Recordamos la indescriptible entrevista al dirigente de ASOPROF, Fernando Abrego, hecha hace apenas algunas semanas.

21 años de evasión de cuotas de la CSS y de impuestos
De lo que surge en esta entrevista, se deduce que la española Prisa y sus antecesoras evadieron impuestos y cuotas de la Caja de Seguro Social por más de 21 años sin que el Gobierno ni la institución de seguridad social se enteraran.

Cabrera habla de la llegada en 2017, en el Gobierno de Varela, de unos auditores de la Dirección General de Ingresos (DGI) a la emisora para hacerle un alcance. Sospechaba de evasiones, pero él no se metía en lo administrativo para que eso no afectará la labor de difundir noticias.

Imagínense una información en Radio Panamá que dijera “Hoy se han presentado en la estación unos auditores de la DGI para investigar una posible evasión en el pago de impuestos”. Si eso ocurriera en otra empresa, ocuparía titulares, pero, siendo un medio de comunicación, se silenció.

Cabrera dice que cree que a otros colegas les han cumplido sus indemnizaciones luego de ser despedidos, y los volvieron a contratar reduciéndoles el 40 % del salario que devengaban antes y por la misma labor que desempeñaban.

Es lo mismo que ocurre en otros medios durante la pandemia, pero nadie habla de ello, ni siquiera los mismos afectados, para no “fastidiar” a los dueños. Es lo mismo que sucede en la mayoría de las empresas y con los llamados contratos suspendidos que dicen que se han reactivado. Por menos paga, al trabajador se le obliga, no solo a realizar las mismas laborales, sino las que hacían dos o tres trabajadores antes. A otros se les reduce la jornada laboral y, por ende, el salario, lo cual les impide cumplir con deudas y obligaciones. Es la esclavitud en pandemia, que quiere ser legalizada con nuevas reformas al Código de Trabajo para imponerlas en un madrugonazo en diciembre. CONUSI ha interpuestos sendos recursos ante la Corte Suprema de Justicia contra estas violaciones a los derechos laborales que aguardan fallos.

Lo de los servicios profesionales de Cabrera es injustificable. Él cumplía horarios en la mañana y la tarde, tenía que asistir diariamente a la empresa, tenía bajo su cargo a un cierto número de trabajadores a los que les distribuía funciones y tareas. Eso no son servicios profesionales, figura que utilizan algunas empresas para evadir impuestos y el pago de la CSS. Y eso sucedió por más de dos décadas.

La Caja de Seguro Social (CSS) y la DGI ya deberían haber iniciado una investigación, independientemente de que esté implicada Prisa, gigante de la comunicación de España y América Latina. Estamos seguros de que no se trata de un hecho aislado. Eso también debe de estar ocurriendo en otros medios. Hay que ver, por ejemplo, si Flor Mizrachi, Sabrina Bacal, Mariela Ledezma, Annette Planells, Guido Rodríguez, FOCO-MOVIN y otros no están en las mismas condiciones.

El cerco informativo

En otra entrevista a Álvaro Alvarado, quién hasta hace poco laboró en Medcom, Edwin Cabrera revela cómo las grandes empresas de comunicación prohíben que se hable de ciertos temas. Por ejemplo, en TVN serían: la huelga de los pilotos de COPA, la huelga de la Cervecería, etc.

Alvarado le dice: “se le olvidó el SUNTRACS, profesor, se le olvidó el SUNTRACS”. Y Cabrera se ríe y dice “SUNTRACS ni hablar, aquí no sale el SUNTRACS”, y cuenta una anécdota de hace años en RPCTV, cuando Genaro López estaba al frente del sindicato y él monitoreaba las noticias, le dijo al director, “aquí no aparece Genaro”, y le respondieron, “es que aquí no sale el SUNTRACS”. “SUNTRACS no me gusta”, dice Cabrera, “por su estilo de lucha, pero SUNTRACS es una realidad en este país, cómo obviarlos en los medios, ¿porque al dueño no le gusta? ¿Y qué pasó con la responsabilidad de la opinión pública? ¿Cómo queda?”.

Cabrera habló también de cómo cada cinco años los dueños de los medios le dicen que tienen que apoyar a este u otro candidato, y recuerda el caso del famoso “voto útil” impulsado en las elecciones de 2014 por el Movimiento Nueva República de Roberto Eisenmann, Mario Galindo, Alvin Weeden, Ricardo Bermúdez, Olimpo Sáenz, Aurelio “Yeyito” Barría (ex Cruzada Civilista) y otros para favorecer al candidato presidencial del PRD, Juan Carlos Navarro. Cabrera dice que estaba en una empresa de medios que le pidió que en la noche le hiciera un análisis de las elecciones, y él dijo que el voto útil no existía, que existía el voto a conciencia, y pidió que no le hicieran caso al voto útil, “hágale caso a su conciencia”. Y un ejecutivo del medio llamó al productor para pedirle: “dile que no venga más”. El medio era Telemetro, en esas elecciones Medcom y los González Revilla se inclinaron por Juan Carlos Navarro.

Cabrera también se refirió a lo que siempre ha señalado FRENADESO, las frecuencias de radio y televisión pertenecen al Estado, es decir, a todos los panameños, y por ello demandamos mayor democracia, verdadera libertad de opiniones. Ellos censuran (como reconoció Cabrera y asintió Álvaro Alvarado) y llevan a los mismos de siempre. Buscan imponer un pensamiento único. En función de ello y lo sucedido en Radio Panamá, Cabrera pide transparentar la propiedad de los medios de comunicación, cuyas frecuencias son del Estado, y que cumplen una función social.
Jorge Ritter y la compra y venta de Radio Panamá.

Según Edwin Cabrera, Ritter le dijo un día “Paso a ser propietario del 100 % de las acciones de Radio Panamá” y le advirtió sobre la venta de la misma.

Todos sabemos que Jorge Ritter es un testaferro y que ni él ni los que comparten directiva de la empresa tienen el dinero para comprar Radio Panamá.

Jorge Ritter es representante de las acciones de la española Prisa a través de la empresa Green Emerad Busness Inc., creada en 1998 y que tiene entre sus directores a:

· Jorge Eduardo Ritter;
· Ricardo Alarcón;
· Rubén Darío Murgas Torraza;
· Kerube del C. Valencia;
· Lorena Beatriz Roquebert.

Suscriptores

· Pablo Javier Espino;
· Adelina M. de Estribí.
Agente
· Morgan y Morgan.

Esta empresa traspasó Radio Panamá a la empresa Aproinsa, registrada en 1994, hace 27 años, cuyos directivos son:

· Jorge Eduardo Ritter;
· Ricardo Alarcón;
· Rubén Darío Murgas Torraza;
· Kerube del C. Valencia;
· Lorena Beatriz Roquebert;
· Juan Bautista Causadias Lasso.

Suscriptores

Lithuania de Solís;
José Batista.
Agente
Ritter, Díaz y Asociados.

Es decir, se traspasó Radio Panamá de Ritter a Ritter o, mejor dicho, de Prisa a Prisa. Según Cabrera, no hubo tal venta, y es cierto. Solo se cambiaron papeles, se “saneó” la empresa y se liquidó a los trabajadores para recontratar a algunos en peores condiciones. Valga decir que los despidos fueron autorizados por el Ministerio pro-patronal de Trabajo (Mitradel).

Cabrera dice que no sabe de dónde salió la plata, pero seguramente de Prisa, que, con Ritter, espera venderla a otro. Se habló en un momento de Movin, de los Motta, pero también puede ser el Grupo Gilinski (Panamá Pacífico) que intentó comprarle Radio Caracol de Colombia a Prisa y que incursionó en los medios de ese país adquiriendo la revista Semana.

Ritter comenzó ofreciéndole 18,000 dólares a Cabrera, que este no aceptó. Luego le ofreció 60,000 dólares, que Cabrera tampoco aceptó porque estaba lejos incluso de la mitad que debería recibir. Y, finalmente, le dieron una carta de despido con un cheque por un mes, es decir, los 6,000 dólares que cobraba mensualmente.

Las andanzas de Jorge Ritter como testaferro son de vieja data. El que fuera canciller de Noriega y que compartió la junta directiva del Banco Interoceánico-Interbanco con otro ministro de la dictadura, Rodolfo Chiari de León y con nada menos que Guillermo Endara Galimany, el presidente después de la invasión. En un momento, el presidente de ese banco llegó a ser Carlos Ernesto González de la Lastra (en ese tiempo, del Partido Demócrata Cristiano). Deben comprender que para esta gente una cosa son los negocios y otra lo son las nimiedades de la política por la que se desgarra la camisa mucha gente. El banco fue acusado de lavado de dinero por los gringos y fue clausurado. Pero, antes, fue usado para darle préstamos a los dueños actuales del Hotel Panamá, los Fernández Espina, mencionados también en casos de narcotráfico en Colombia y España, y uno de los grandes financiadores de la campaña de Cortizo.

Para ampliar este tema, recomendamos la obra publicada por FRENADESO, CSS: 80 años de saqueo oligárquico-burgués.

Por lo visto, Ritter se prestó para una gran operación de evasión de impuestos y de cuotas de la CSS. Ha violado los derechos laborales de los trabajadores de Radio Panamá. Pero él sigue hablando de ética y contra la corrupción en los programas de TVN, mientras que ninguno de sus colegas, fieles a sus patronos, se atreven a preguntarle al respecto. Como dice Cabrera ahora, hay temas de los que los dueños no permiten que se hable.

Debe darse una investigación y una auditoría tanto en Radio Panamá como en otros medios.

Como hemos dicho, Radio Panamá y otros medios son lugares donde se violan los derechos laborales de los trabajadores. Muchos, como Cabrera, pasan años con contratos por servicios profesionales y a otros se les paga a destajo. Esto hay que pararlo.
Mediante empresas de papel, se evaden impuestos y cuotas de la Caja de Seguro Social. De eso no se habla.

Sería interesante saber cuánto cobró Radio Panamá en publicidad estatal y de la CSS en esos 21 años.

La CSS, la Dirección General de Ingresos (DGI) del MEF y MITRADEL deben iniciar una investigación seria y profunda.

Nosotros insistimos en que se cumpla con los trabajadores y que Radio Panamá pague a la CSS las cuotas que dejó de pagar, así como los impuestos que evadieron.

Mientras tanto, todo indica que seguiremos viendo a Jorge Ritter en TVN opinando de todo como si nada, sin ninguna autoridad moral y sin que ningún colega le pregunté: ¿Qué pasó en Radio Panamá?

Panamá, 17 de julio de 2021.

FRENADESO
FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 12 al 18 de mayo de 2022

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Diputado Benicio Robinson: El ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge no tiene la capacidad para ejercer y el presidente Cortizo debe tomar una decisión

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Benicio Robinson, Rafael Sabonge

El diputado Benicio Robinson cuestionó la labor del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge de quien dijo no tiene la entereza para resolver los problemas de esta cartera y que el presidente Cortizo debe tomar una decisión.

El fue nombrado de a dedo y debe hacer el trabajo que los panameños estamos esperando que haga. “ No puede ser que tengamos la ciudad llena de huecos, los distritos llenos de huecos y las carreteras sin rehabilitar y que en tres años todavía estemos con un ministro que no tiene la capacidad para ejercer…”

Yo como diputado de la provincia de Bocas del Toro le digo hoy que el señor presidente debe tomar la decisión con una persona como lo es el ministro Sabonge, expresó.

Esa es una potestad del señor presidente, pero yo como diputado y presidente del PRD creo que lo mejor que podemos hacer como gobierno es escoger a las personas que puedan ejercer los cargos y en nuestro partido hay bastantes y con mística de trabajo.

 

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Sacerdote Ramón Buriticá Giraldo, acusado de encubrir casos de pederastia en Colón, se desempeña ahora como profesor del Colegio De La Salle en la Ciudad de Panamá

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Un sacerdote investigado por encubrir casos de pederastia y violaciones a niños por parte de miembros del clero, es profesor de lógica en el Colegio De La Salle, en la Ciudad de Panamá.

Se trata del reverendo Ramón Buriticá Giraldo, quien fue denunciado por al menos tres víctimas, de haber encubierto violaciones en la Ciudadela Jesús y María, en Colón, alrededor del año 2009, informó FOCO.

Las declaraciones bajo juramento de las víctimas son sumamente graves, según FOCO. Señalan directamente cómo Buriticá Giraldo, encargado de la ciudadela, llamada a las víctimas y las presionada para que no delataran los abusos por parte de diferentes sacerdotes.

Una niña de 16 años narró bajo juramento ante el Ministerio Público, cómo le transmitieron una enfermedad venérea y una monja la inyectaba diariamente para tratársela.

Los abusos eran dance constantes, que era rutina chequear a las menores con pruebas de embarazo, pues los sacerdotes no quería utilizar preservativo.

Pero las denuncias cayeron en saco roto y todo fue archivado en el Ministerio Público.

En el caso hubo solamente un condenado, mientras que muchos sacerdotes implicados fueron enviados al extranjero para encubrir el escándalo.

Ramón Buriticá fue asignado posteriormente al Colegio De La Salle en Panamá, dónde interactúa con cientos quizás miles de niñas y niños, impartiendo la clase de lógica.

 

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¿Cumple Panamá con las observaciones del análisis de 2020 del PNUD sobre el impacto socioeconómico causado por la pandemia?

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La pandemia por COVID-19, producida por el virus Sars-CoV-2, ha detenido a la economía global. Todas las economías del mundo se encuentran sufriendo los efectos de parar la actividad para contener el virus y salvar vidas. Frente a un virus desconocido, para el cual no existían vacuna ni medicamentos antivirales disponibles, los países se han visto obligados a recurrir a la aplicación de estrictas cuarentenas que llegaron a  afectar al 81% de la fuerza laboral del mundo. A pesar de ser una tecnología para el control de epidemias que data de siglos de antigüedad, la cuarentena se volvió el recurso más eficiente en el control del COVID-19, según un análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2020.

Las cuarentenas imponen un fuerte costo a las economías por su extensión generalizada a la mayoría de los sectores, con excepción de aquellos indispensables y, por su duración. Como consecuencia de la crisis de salud hoy, la mayoría de los pronósticos de los especialistas esperan que esta crisis económica mundial sea la más grande desde la Gran Depresión de 1929.

Los pronósticos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) apuntan a una caída del comercio global de entre 13% y 32%, especialmente fuerte para el comercio de servicios. Señala que existe mucha incertidumbre y una recuperación rápida no es segura. En el caso específico del continente americano y de Panamá, no es alentadora. Las exportaciones en América del Norte podrían tener una contracción entre el 17% y 40% y en América del sur entre 12% y 31%. En las importaciones será entre 14% y 34% en América del Norte y entre 22% y 44% en América del Sur. Para Panamá este efecto reducirá fuertemente el tránsito en el canal.

Frente a este difícil escenario que conlleva tanto una crisis de salud, como una crisis económica, Panamá, al igual que el resto de los países en la región, se verá forzado a adoptar políticas agresivas que deben poder cumplir varios objetivos. Primero: que coadyuven a la protección de la salud de las personas, es decir, deben estar alineadas a los objetivos del control de la epidemia en su territorio. Segundo: dados los elevados niveles de pobreza e informalidad, estas medidas deben poder garantizar la subsistencia de las personas durante el tiempo que sea necesario para superar la epidemia. Tercero: deben proporcionar el suficiente respaldo a la economía, para que una vez se controle la epidemia, el proceso de recuperación económica sea veloz. En este sentido, las medidas de apoyo económico deben estar enfocadas a salvaguardar la estructura ocupacional y evitar la quiebra masiva de empresas. Cuarto: en lo posible, deben ser medidas que permitan mantener o regresar a la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo.

 

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