Un tribunal de arbitraje internacional con sede en Miami (EE.UU.) ha fallado a favor del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio liderado por la constructora española Sacyr que se encargó de la ampliación del Canal de Panamá, y le ha reconocido el derecho a cobrar 35 millones de dólares adicionales por los costes laborales derivados del proyecto.

La decisión del tribunal ICC supone un nuevo revés para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que se ha enfrentado a varias reclamaciones del consorcio por los sobrecostes de la obra, que ascendieron a más de 5.000 millones de dólares.

El laudo arbitral se refiere al conflicto sobre el diseño y la construcción de las nuevas esclusas del canal, que permiten el paso de buques de mayor tamaño y capacidad. El tribunal ha estimado por unanimidad que GUPC tiene derecho a recibir una compensación por las reclamaciones laborales que había presentado, y que ya habían sido parcialmente aceptadas por la Junta de Resolución de Disputas (DAB), un órgano previo al arbitraje.

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Sin embargo, el tribunal ha rechazado, aunque con un voto en contra, la petición del consorcio de cobrar por el rediseño de las compuertas que tuvo que hacer para adaptarlas al proyecto, de acuerdo con el diario Panamá América.

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De los 35 millones de dólares que recibirá GUPC, 14,56 millones corresponden a Sacyr, que posee un 41,6 % del consorcio. El resto se reparte entre la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA.

GUPC se adjudicó en 2009 el contrato de diseño y construcción de las nuevas esclusas del canal por valor de 3.118 millones de dólares, pero el coste final fue mucho mayor debido a imprevistos y modificaciones. La obra se entregó en 2016, con dos años de retraso sobre el plazo inicial, y durante tres años el consorcio se ocupó de su mantenimiento.

En febrero de 2022, la ACP certificó el buen funcionamiento de las esclusas y devolvió todas las garantías otorgadas por GUPC, según informó Sacyr.

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