Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

Datos de @antonima_org

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

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