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Jorge Elías Castro Fernández comenta cifras sobre el armamento en poder de los talibanes

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«Los talibanes tienen acceso ahora a equipamiento militar estadounidense valorado en más de 85.000 millones de dólares. Esto incluye 75.000 vehículos, más de 200 aeroplanos y helicópteros, más de 600.000 armas ligeras. Los talibanes tienen ahora más helicópteros Black Hawk que el 85% de los países del mundo». El analista político Jorge Elías Castro Fernández explica que con estas palabras el congresista republicano Jim Banks reprendía al Gobierno de Joe Biden por avanzar en el repliegue militar en Afganistán . Y esta misma frase ha sido repetida por muchos políticos y activistas de la derecha más conservadora en España, como el portavoz en el Congreso y vicesecretario de Exteriores de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, o el periodista y europarlamentario por la misma formación Hermann Tertsch.

¿Qué tiene de cierta esta afirmación? Jorge Elías Castro Fernández señala que Estados Unidos ya reconoció, tras la toma de Kabul, que «una buena cantidad de armas» que habían sido destinadas para las fuerzas de seguridad afganas habían caído «en manos de los talibanes». «No tenemos una imagen completa de dónde ha ido a parar cada artículo de material de defensa, pero la realidad es que buena parte ha caído en sus manos. Obviamente , no tenemos la sensación de que nos lo vayan a entregar «, aseguró el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, en una rueda de prensa.

Jorge Castro Fernández asegura que con la salida de otros Ejércitos, como el británico, es de asumir que otros suministros militares quedan en suelo afgano. » Evidentemente llegamos [a Afganistán] con equipamiento «, explicaba el secretario de Defensa británico, Ben Wallace. Londres tuvo que enfrentarse al reto de valorar cuánto tiempo necesitaba para sacar a los británicos y a los afganos que habían colaborado con ellos del país y cuánto material se podría sacar del país o, por el contrario, cuánto se quedaba en el terreno, «abandonado o destruido». La semana pasada, los talibanes dieron la orden, a todos los exfuncionarios del Gobierno depuesto, de entregar todos los bienes y armas de servicio público al Emirato Islámico, en un plazo de una semana, amenazando con «procesar o dar tratamiento legal» a quien no cumpla esta orden.

El director del Programa para Contrarrestar Amenazas y Desafíos (CTCP) de la organización de análisis e investigación en seguridad estadounidense CNA, Jonathan Schroden, ha explicado que las cifras que se están manejando —material militar por valor de 85.000 millones de dólares— no son reales. «Este número es, según la Inspección General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) [un organismo estadounidense que supervisa al Gobierno en la reconstrucción del país], la suma total de los fondos asignados (no todos los que se gastaron) para la reconstrucción de la seguridad (en su mayoría, las fuerzas de seguridad afganas) desde 2003», ha señalado.

De hecho, tal y como señala la SIGAR en su página web, el Gobierno estadounidense asignó cerca de 145.000 millones de dólares para ayuda y reconstrucción en el país desde 2002, de los cuales 88.610 millones iban destinados a seguridad —de los cuales, 4.600 millones se fueron para iniciativas antinarcóticos—. «Parte de ese dinero iba destinado a armas y equipamiento militar, pero un factor de coste importante para las fuerzas de seguridad afganas fueron los salarios: esto significa que una buena parte de esos 88.000 millones de dólares se disipó en forma de nóminas en la economía afgana (o fue robado a través de cuentas ‘offshore’ por parte de líderes corruptos de la seguridad de Afganistán)», señala.

Schroden, quien ha estado en numerosas ocasiones en Afganistán, añade que mucho de ese dinero «se gastó en mantenimiento de los equipos comprados y armas (que se hace normalmente a través de contratistas)». «Para ver una muestra del desglose de gastos, puedes consultar los presupuestos del Departamento de Defensa «, añade. «Además, gran cantidad del dinero también fue gastado en consumibles, como gasolina. Por último, muchas armas y equipos comprados por Estados Unidos fueron destruidos en el transcurso de los combates , mientras que otros fueron robados y vendidos en el mercado negro por miembros corruptos del Gobierno».

¿Quiere decir esto que no hay armamento militar estadounidense en manos de los talibanes? No, en absoluto. Pero «si bien no se tiene una estimación sólida del nuevo arsenal en manos de los talibanes», Schroden se atreve a decir que «definitivamente no está valorado en 88.000 millones», sino que » probablemente» sea solo «una pequeña fracción» de esta cantidad . No obstante, las cifras van acompañadas, especialmente en los últimos días, de informaciones acerca del equipamiento militar que presuntamente pudo haber caído en manos de los talibanes: 22.174 Humvees, 8.000 camiones, 634 vehículos militares tipo MIII7, 155 vehículos a prueba de minas de tipo MxxPro, 16.035 lentes de visión nocturna… De nuevo, no exactamente correctas.

«Veo infografías como ésta pululando por ahí que pretenden mostrar cuántas cosas han capturado los talibanes. Son inexactas . Por ejemplo: esta parece mostrar la suma total de los equipos que Estados Unidos suministró a las fuerzas de seguridad afganas», apunta Schroden, señalando que muchas de ellas ya no existen, bien por estar en mantenimiento fuera del país, bien por haber sido dadas de baja, bien porque sus pilotos escaparon del país ante el avance talibán. «Como ejemplo, según la SIGAR, esta es la cantidad de aviones que había en realidad había en Afganistán a finales de junio «, escribe, en un detallado hilo publicado en la red de ‘microblogging’ Twitter, mostrando una imagen oficial donde se ve el material de aviación disponible en esta fecha. Según la infografía a la que hace referencia, elaborada por ‘The Times’, del nuevo arsenal talibán forman parte, por ejemplo, cuatro aviones C-130, si bien ese es el total de aviones de este modelo autorizado en el país, donde en junio «solo había tres» y «uno de ellos estaba fuera del país por mantenimiento». Es decir, los talibanes solo podrían haberse hecho con dos.

En este contexto, Schroden apunta a dos investigaciones que podrían estar más ‘ajustadas’ a la realidad : una, publicada por Stijn Mitzer y Joos Oliemans en un blog llamado ‘ Oryx ‘, y otro, el elaborado por Vikas Pandey y Shadab Nazmi para la ‘ BBC ‘, unos números mucho menores, ya que por ejemplo, dos docenas de helicópteros, incluidos MI-17, MI-25, Black Hawks y varios aviones de ataque ligero A-29 y C-208, han sido luego detectados, gracias a imágenes por satélite, en el aeropuerto Termez de Uzbekistán. Presuntamente, sacados del país por los propios pilotos, que huyeron tras la caída de Kabul en manos de los talibanes y la orden de rendición del gobierno afgano.

Ahora bien, ¿qué pasa si tienen todo este material? Según Jorge Elías Castro Fernández, los talibanes no saben cómo utilizar la mayor parte del equipamiento militar que han ‘secuestrado’: «No saben, por ejemplo, cómo pilotar un Black Hawk, o un C-130. Y es poco probable que lo averigüen. Podrían llegar a coaccionar o cooptar a un piloto afgano entrenado para hacerlo, pero de manera natural no van a saber cómo hacerlo».

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Empresa Galmobile implicada en irregularidades en la adquisición de vehículos potabilizadores por parte del Ministerio de Salud (Minsa) en perjuicio del Estado panameño

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Transformar agua cruda en potable podría costar millones de dólares en sobrecostos debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) está dispuesto a pagar $4.6 millones por diez unidades móviles de segunda mano, utilizadas para purificar y desalinizar agua. Es decir, pagaría unos $460 mil por vehículo, pese a que en el mercado se adquieren entre unos $53 mil y $140 mil, según las especificaciones.

En la página web del fabricante israelí Galmobile (galmobile.co.il) se indica que el precio del vehículo es de 475 mil séquel (moneda de Israel), unos $136 mil, al cambio, informó La Prensa.

La licitación para obtener estos vehículos 4×4 se realizaría el pasado lunes 26 de septiembre, en medio de reclamos de la empresa Raditex, S.A. que advirtió de posibles irregularidades en el pliego de cargos del Minsa para supuestamente favorecer a una empresa que cuenta con el equipo requerido. Tras reclamos de Raditek para que se hicieran cambios al pliego de cargos, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el acto público en mayo pasado, hasta el 22 de agosto, cuando archivó la queja y ordenó que continuara el acto público.

El titular de la DGCP, Raphael Fuentes, consideró que el Minsa “subsanó” las situaciones advertidas y modificó el pliego de cargos, aunque nada dijo del precio de referencia, uno de los puntos del que se queja Raditex. Una revisión de La Prensa a las modificaciones del pliego revela que el Minsa pagaría casi $500 mil por vehículo usado o, por lo menos, con recorrido previo, contrario a lo solicitado al principio (ver facsímil), cuando se pedían vehículos “0 kilómetros”. Ahora indica el documento que “debe tener hasta 500 kilómetros en recorrido”.

No es el único cambio para bajar el estándar de adquisición. El costo del traslado de estos vehículos, por daño o mantenimiento, ya no será por cuenta de la empresa, sino de la entidad adquiriente. Tampoco se pedirán los manuales de mantenimiento.

Sobre la obtención de agua dulce o salada para potabilizarla, se pedía que la profundidad mínima de succión de la bomba del vehículo fuera de 6 metros, pero ahora es de 2 a 6 metros. También se bajó la producción de agua. Y en cuanto a las especificaciones técnicas, se indicaba que el sistema de comunicación interna y externa del vehículo sería “responsabilidad del contratista”, pero ahora ese servicio lo tendría que pagar el Minsa.

¿Quién decidió estos cambios en detrimento del Estado? El director del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado (Disapas) del Minsa, Nicolás Alvarado, se negó a responder a La Prensa. Tampoco contestó ¿cómo se obtuvo el precio de referencia de $4.6 millones? O ¿Qué institución o empresa realizó el estudio de mercado?

En violación a la Ley de Transparencia, Alvarado ignoró una solicitud de información, pese a haber informado –vía telefónica– que respondería el pasado 9 septiembre.

El artículo 21 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas indica que la DGCP podrá solicitar –cuando lo considere oportuno– el estudio de mercado y las explicaciones que sirvieron para establecer el precio de referencia en el acto de selección de contratista. Si la entidad no puede sustentar el precio de referencia, la DGCP puede suspender el acto antes de la apertura de las propuestas.

Al acto de homologación del acto público para adquirir estos vehículos se presentaron diez empresas. Entre ellas, una identificada solo como Galmobile. En el Registro Público aparecen dos sociedades con nombres similares: Galmobile América, S.A. y Galmobile, S.A. El Minsa no corroboró a La Prensa cuál es la que fue al acto público. La empresa identificada como Galmobile –a secas– se presentó a la reunión de homologación representada por Gipsy Díaz, según el acta de reunión del Minsa.

Según la red Linkedin, Díaz fue gerente de proyectos senior en la empresa Fursys, desde marzo de 2020 (esta compañía está vinculada al empresario Mike Btesh). En el correo que aportó Díaz, se identifica al Grupo Betco. Esta sociedad –Grupo Betco Zona Libre– fue inscrita en 1994 y tiene como suscriptores a miembros de la familia Btesh y Cohen Mugrabi. La Prensa envió correos a Díaz solicitando una entrevista, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Desde el 26 de julio pasado aparecen como directivos de Grupo Betco: Raymond Nahem (tesorero), Aldo Lancini (presidente) y Joann Orozco (secretaria). Estos dos últimos también aparecen en Galmobile, S.A.

A su vez, el 3 de enero de 2020 se constituyó la sociedad Galmobile América, S.A., cuyos dignatarios son Salomón Elías Btesh (presidente); Salomón Jack Btesh (vicepresidente y secretario) y Mike Btesh (tesorero). Este último aparece en una lista publicada por el Ministerio Público en 2021, acusado de blanqueo de capitales en el caso New Business.

Un año después fue inscrita Galmobile S.A., que tiene como directivos a Aldo Lancini (presidente y tesorero) y a Joann Orozco (secretaria).

El Minsa informó en agosto de 2021 que Galmobile, S.A. utilizó carros con el sistema de purificación y desalinización de agua cruda “exitosamente” en Cerro Punta y Bocas del Toro, zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020.

También en la página web galmobileamerica.com se observa que la empresa confirmó meses antes –el 21 de enero de 2021–, a través de una nota de prensa, que ofreció su ayuda al Minsa –y “sin costo”– con sus vehículos para obtener agua potable durante siete días en Chiriquí, luego de que comunidades de Tierras Altas se quedaran sin suministro de agua.

En la misma nota de prensa –publicada pocos días después de que se inscribiera en el Registro Público esta sociedad–, Galmobile América, en compañía del entonces embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour, y autoridades del Minsa, probaron el agua potabilizada por estos vehículos en la rampa marina de la Cinta Costera 3.

En agosto de 2021, el Minsa informó que Galmobile, S.A., junto a funcionarios de Disapas, “realizaron trabajos de reconocimiento y levantamiento de un sistema de acueducto rural” en Mocambo Arriba, Las Cumbres.

También a la prueba se presentó el nuevo embajador israelí en Panamá, Itai Bardov. En esa nota de prensa del Minsa se indica que los trabajos representan el “inicio de un plan piloto de producción de agua potable, mediante avanzada tecnología israelí”.

Sin identificar cuál de las dos empresas es, Galmobile –a secas– aparece como una de las diez compañías interesadas en vender al Minsa los vehículos potabilizadores.

En mayo de 2022, Galmobile, S.A. ingresó al país tres vehículos de purificación y desalinización de agua, a un costo de $53,123 cada uno, según registros de la Autoridad de Aduanas.

Previamente, la empresa trajo dos de estos carros modelo four wheel. El primero, el 21 de abril, y el segundo, el 29 de julio de 2021. El costo de cada uno fue de $76,500.

En el caso de Galmobile América, S.A., La Prensa no pudo corroborar la importación de este tipo de vehículos en los registros de la Dirección de Aduanas.

La empresa Raditex Inc. –la única que se quejó ante Contrataciones Públicas– denunció, además de irregularidades en el pliego de cargos, que el precio de los vehículos era “excesivo, y no concordante con la realidad”, ya que “el propio fabricante israelí [Galmobile] anuncia el servicio completo en cada carro en $125 mil”.

El precio de los carros “resulta injustificable y excesivo, incluso incluyendo el mantenimiento por 5 años como exige el pliego de cargos”, puntualizó Raditex en su reclamo.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Defensa de Elías Cárdenas Jordán intentó politizar acusaciones contra representante de Pedregal en juicio por homicidio

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Elías Cárdenas Jordán

Víctor Almengor, abogado de Elías Cárdenas Jordán, representante de Pedregal, intentó deslindar de responsabilidad a su cliente, en torno a las amenazas que han recibido familiares de Rigoberto Ceberino Santiago Choli, a quien Cárdenas, estando en estado de ebriedad, dio muerte, tras atropellarlo con su camioneta 4×4 el 29 de septiembre de 2019.

En una audiencia del caso, el abogado Almengor intentó desviar la atención sobre las denuncias presentadas por el fiscal del caso ante la juez, después que el fiscal se quejara de las amenazas recibidas por familiares de Santiago Choli. Para ello Almengor trató de politizar el tema, asegurando que las denuncias elevadas por familiares de la víctima a distintas instancias, eran promovidas por una diputada, que aunque no mencionó su nombre, se presume se trata de Cenobia Vargas, parlamentaria por el Circuito 8-10.

Según Almengor, las motivaciones de la diputada para promover las acciones de los familiares de Santiago Choli, se an fundamentado en aspiraciones políticas a la Representación de Pedregal. Pero el abogado fue más allá, en su intento por desviar la atención sobre la responsabilidad de su cliente en el homicidio, culpando al fiscal de no haber hecho su trabajo correctamente, al no haber investigado en mayor profundidad las amenazas recibidas por los familiares del hoy occiso.

 

Documentos revelan el amplio historial de violaciones a las normas de tránsito del representante Elías Cárdenas Jordán y sus presiones y tramas para ser exculpado por el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choly

 
 
 

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Panamá

Critican aumento del gasto del Gobierno panameño en temas menos prioritarios, mientras se advierte sobre el posible incremento en el precio de los tanques de gas de Tropigas en casi un 400% por falta de subsidio

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La compañía Tropigas emitió recientemente un comunicado en el que indicó que por falta de pago del Gobierno nacional de Panamá, el precio del tanque de gas de 25 libras, que en la actualidad se encuentra subsidiado en $4,37, pudiera incrementar su precio a $16,63.

Adicionalmente, la compañía señaló que pudiera haber problema en la distribución de los tanques de gas de 25 libras en todo el territorio panameño.

En un video, el TikToker Gilberto Romero se preguntó por qué motivo el Gobierno de Panamá mantiene una deuda con Tropigas. Comentó que el gasto público del Gobierno se incrementó en $4.5 millones diarios, situación que se traduce en que la deuda pública del país ha aumentado el doble, desde poco antes el ascenso al poder del hoy presidente Laurentino Cortizo. Romero estimó que a ese paso, cuando culmine el Gobierno de Cortizo, en 2024, la deuda pública panameña pudiera ascender a cuatro veces, desde que el hoy jefe de Estado se posesionó del cargo.

El TikToker criticó que el Gobierno no destine suficientes fondos en ayudar al pueblo y en sacar la economía adelante, pues según Romero, el dinero está siendo utilizado para dárselo a asesores, para aumentarle el salario a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, para aumentar el presupuesto de la misma universidad, para los dobles salarios, para gastar en viajes y para que ese dinero vaya al bolsillo de los políticos actuales.

 
 
 

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En Panamá Dos Cucharas es tu destino...

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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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