Guillermo Cochez: ¿Por qué en Panamá no se investiga a los poderosos?

Por Guillermo A. Cochez

En una de las dos reuniones que sostuve con Eduardo Ulloa como Procurador, así como en los mensajes de WhatsApp que intercambié con él, planteé mi preocupación sobre el por qué los fiscales rehuían a investigar los VarelaLeaks que, por su explosivo contenido, hasta ocasionaron la renuncia de su antecesora en el puesto.

El argumento de los fiscales era que tales mensajes, que Juan Carlos Varela nunca negó eran suyos, hecho públicos quizá por alguien muy cercano a él, no podían constituir pruebas al ser publicados sin su autorización. Ni siquiera los consideraron como graves indicios, válidos para dar inicio a una investigación por los graves delitos que algunos de ellos mostraban. Archivaron las denuncias que presenté que comprobaban el modus operandi de Varela para ayudar a sus amigos, facilitándole lo necesario para sus negocios. No puedo imaginarme que esos constantes empujoncitos fueran a título gratuito.

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Mis denuncias contra Varela sobre el establecimiento de relaciones con China Popular, fueron varias. La primera cuando supe que Panamá otorgaría a los chinos una valiosa área de cuatro hectáreas en Amador, en las riberas del Canal para que allí construyeran su sede diplomática. El 10 de septiembre de 2018 hice público en las redes video filmado en el Causeway en el lugar que graciosamente les darían, denunciando el injustificable hecho. Lo primero que verían los barcos al llegar al Canal sería ondeando la roja bandera de China.

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Al preguntarle los medios a Varela sobre mi concreta denuncia, se enredó de tal manera que sus declaraciones fueron calificadas como un perfecto “mafá”. Desistieron de la idea, por la presión ciudadana que generó la denuncia, y tuvieron que echar para atrás los documentos del traspaso que ya tenían listos.

Igual ocurrió cuando tuitee el 26 de noviembre de 2019 que, de acuerdo a otro mensaje en VarelaLeaks, el director de la Autoridad Marítima de Panamá, Jorge Barakat, le recordaba a Varela sobre los 1,000 millones de yuanes ($143 millones) que China había “donado” a Panamá para supuestos proyectos educativos. En el actual gobierno, el ministro de Economía y Finanzas, reiteró que ningún monto así había sido registrado entrando a Tesoro Nacional. Esa grave denuncia tampoco encontró resonancia alguna en las Procuradurías de Kenia Porcell y Ulloa. Por supuesto que los chinos dijeron que esa noticia era falsa, pero: ¿Qué más iban a decir, los “expertos” en transparencia y en secretos de Estado? Ni siquiera llamaron a declarar a Barakat.

De repente por esos estrechos acercamientos con China que incluían detalles como la posibilidad de vender allá los productos de la familia Varela (Varelaleaks), es que despojaron de su visa a Estados Unidos al expresidente, tal como tuitee el 28 de marzo pasado, hecho no negado ni confirmado después por el representante norteamericano en Panamá Stuart Tuttle.

Pareciera que la tónica de los investigadores locales ha sido ignorar los hechos de corrupción cuando vinculan a un poderoso. A pesar de que durante el reinado de Porcell, en una de sus presentaciones públicas se mencionó como recipiente de coimas de más de $4 millones al gobierno de Martín Torrijos por la Cinta Costera 1 (Coimera, como le decían) y la ampliación de la Autopista a Colón, nunca lo llamaron a declarar. La denuncia que al respecto presenté fue archivada.

En los 12 meses que Ulloa estuvo al frente del Ministerio Público no se supo de interrogatorio alguno a la exprocuradora Porcell por lo que hizo durante su gestión, como tener como asistentes en fiscalías sensitivas a altos mandos de la Policía Nacional, algo vergonzoso nunca visto ni siquiera en los tiempos de los militares. Tampoco se supo de investigación alguna a la llamada Procuraduría paralela que dirigía el abogado Rogelio Saltarín (qepd). Se mantuvo el permanente comentario de que los cargos importantes en el despacho de Ulloa seguían respondiendo a las directrices de Porcell y, por ello, de su “amigo” Varela.

La justicia en Panamá debe ser igual para todos llámese Torrijos, Martinelli, Varela, Motta, Cortizo o Carrizo. Mientras ello no ocurra, será ilusorio pensar que los problemas del país se resolverán en diálogos sin garras y sin agallas. También es ilusorio pensar que al país vendrán muchas inversiones cuando carecemos de seguridad jurídica y de certeza del castigo. Lo que puede no ser ilusorio es que la sociedad, por el cansancio de tantas promesas incumplidas y la indolencia de los gobernantes, explote el día menos pensado.

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