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Panamá

Franklin Amaya Jované, un todopoderoso «abogado de la corrupción» y «La Taquilla» en Panamá

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Franklin Amaya Jované era en 2014 Fiscal Tercero de Circuito de Panamá. En esa época tuvo a su cargo diferentes casos como el de las clonaciones de tarjetas de crédito.

Tan solo un año después, en 2015, Amaya Jované había dejado de ser fiscal y se dedicaba a ejercer el derecho de manera privada.

Amaya fue también Fiscal Tercero Superior del Tercer Distrito Judicial.

Mochilas

Amaya fue quien interpuso ese mismo año (2015) ante el Juzgado Décimoquinto, una solicitud de fianza de excarcelación a favor de Poulett Morales Montero, sindicada por delitos contra la administración pública y contra el patrimonio económico, relacionados a la compra irregular de mochilas por parte del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Para lograr la excarcelación Amaya alego que Morales había sido sometida a intervención quirúrgica y que en el post operatorio habían surgido complicaciones infecciosas y de peligro, acreditando constancias de los médicos tratantes e incluso un dictamen forense de la condición clínica de Poulett Morales.

Poulett Morales

Sin embargo, en 2017 la condición de salud de Morales pareció dar un giro para mejor, pues ya para ese año estaba dedicada a la apertura restaurantes y otros locales comerciales.

Sistema de riego

Amaya también representó al exministro Emilio Kieswetter, liberado en octubre de 2015, tres meses después de haber sido detenido por el escándalo de malos manejos en el fallido sistema de riego de Tonosí. Amaya sostuvo que ese caso lo compartió con el abogado Roderick Arjona desde su nacimiento.

‘Mi hoja de vida es intachable. Trabajé por 18 años en el Ministerio Público, ocho de ellos como fiscal. Jamás he pedido o planteado algo indebido a algún juez o cliente’, aseguró Amaya, antes de cuestionar la credibilidad de su colega abogado Sidney Sittón, el denunciante: ‘Él debe respeto a sus colegas, pero no lo conoce. Siempre se pasa’, indicó.

El exfiscal se refería a las palabras de Sidney Sittón, quien había asegurado poco antes: «Los abogados piden medidas cautelares y se las niegan, pero, inmediatamente, llega «La Taquilla», presenta las mismas solicitudes y se las conceden, o las fiscalías simplemente no apelan». A eso Sittón agregó que por esa gestión «se pagan cientos de miles de dólares».

Caso Odebrecht

En 2017 el Juzgado Duodécimo de Circuito Penal de Panamá negó una solicitud de fianza de excarcelación presentada por el licenciado Franklin Amaya Jované, abogado del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima Gercich, sindicado por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, y contra la administración pública, específicamente corrupción de servidores públicos, hecho denunciado por Alvin Weeden Gamboa, en perjuicio del Estado panameño.

El juez Oscar Carrasquilla fundamentó su decisión en los aspectos vinculantes utilizados por la Fiscalía Especial Anticorrupción, para ordenar la detención preventiva del imputado, en el que se enfatiza que “el mismo ejerció dentro del período investigado, el cargo de Ministro de Economía y Finanzas, quien es el encargado de salvaguardar la correcta gestión financiera y presupuestaría del Estado, mismo período en el que canceló de forma anticipada compromisos bancarios por un monto aproximado de trecientos treinta y cinco mil balboas (B/. 335,000.00)”.

Valoró un informe elaborado por la Policía de Andorra, y la Banca Privada de Andorra, que indicaron que las sociedades vinculadas a panameños mantenía como cliente a la sociedad registrada en Panamá “Aeon Group”, con la cual señalaron tener un contrato de asociación estratégica y consultoría, cuya sociedad de acuerdo a la información suministrada pertenece al grupo Odebrecht y que sería utilizada para el traspaso de fondos con fines ilícitos.

Agregó el juzgador, que “teniendo en cuenta el cargo que mantenía y a los señalamientos en su contra, se puede suponer que utilizó el mismo para beneficiar licitaciones públicas, así como la expedición de pagos a favor de Odebrecht.

A razón de lo anterior, este Tribunal consideró que existían aspectos de suma relevancia, que pueden suponer que al ser dado el beneficio de fianza de excarcelación al imputado, se puede perjudicar la investigación, ya que él mismo se podría dar a la fuga o destruir información relevante.

Esta investigación inicia con la denuncia presentada por Alvin Weeden el 18 de septiembre de 2015, quien puso en conocimiento a las autoridades que las sociedades Constructora Norberto Odebrecht S.A., Oseal Angola DS, y Odebrecht Servicios No exterior LTD., supuestamente transfirieron millones de dólares a diversas sociedades, las cuales eran utilizadas para pagar coimas y sobornos, a través de bancos suizos y de otros países.

Caso Martinelli (hijos)

El abogado Franklin Amaya Jované tuvo otro revés en 2018, cuando el juez Décimo Segundo de Circuito Penal de Panamá, Oscar Carrasquilla, no aceptó un incidente de nulidad presentado por el jurista, a favor de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.

El 12 de octubre de 2018, el Órgano Judicial informó las siguientes decisiones relacionadas al caso Odebrecht en Panamá:

Se le negó un Incidente de Nulidad, en esta oportunidad promovido por el abogado Franklin Amaya Jované, en favor de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quien a su criterio la Fiscalía violó el derecho de defensa al ordenar la reserva del sumario.

Al respecto, el juez estimó que no se observa que la Fiscalía Especial Anticorrupción haya violentado el debido proceso o derecho a la legitima defensa, al aplicar reserva del sumario, ello en base a que la misma busca preservar la integridad de los elementos probatorios, al igual que los bienes vinculados con el proceso, cuya decisión fue debidamente fundamentada y puesto en conocimiento a los imputados y a sus respectivas defensas.

Recordemos que desde febrero del año pasado, los hermanos Martinelli mantienen una alerta internacional de la Interpol.

Vacunación clandestina

El abogado Franklin Amaya Jované también se ha dedicado a la escritura de artículos de opinión, como el publicado el 18 de junio de 2021 en el diario La Estrella de Panamá, en el que defiende la tesis de la estafa como delito válido en el caso de la vacunación clandestina.

Abogado de la corrupción

Vistos la mayoría de los casos en los que Amaya ha participado como defensor, pudiera concluirse que desde su salida de la fiscalía su función ha sido el de una suerte de «abogado de la corrupción».

Pese a insistir muchas veces en tener una trayectoria intachable, testimonios en los corrillos judiciales panameños ubican al abogado como parte supuestamente de una «tribu», «banda» o «taquilla» judicial dedicada a lograr medidas benevolentes para sus defendidos en casos penales escandalosos, del que formarían parte también otros abogados allegados al Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo Salazar, Quiénes hace una década estuvieron en la fiscalía de drogas.

Se trataría, según testimonios, de una «tribu» judicial con mucho poder en Panamá.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

Únete y forma parte del comité que tendrá la tarea de construir un nuevo templo en Ciudad del Lago

Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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